LA CONSELLERA CAPDEVILA SE DESPIDE RIÉNDOSE DEL SECTOR GEROASISTENCIAL

Si algo está claro en Cataluña en relación a las próximas elecciones es que en el Departamento competente en Servicios Sociales (hoy d'Acció Social i Ciutadania) habrá cambios profundos, como mínimo en lo que a personas se refiere. Es inimaginable que, sea quien sea quien gane, vuelva a hacer cohabitar a una consejera de un partido con una directora general del ICASS de otro viendo cómo han ido las cosas.

Es cierto que el gobierno que acaba ha visto como tenía que poner en funcionamiento el Sistema de la Dependencia y la Llei de Serveis Socials, elaborados en una época de vacas gordas, en plena crisis económica, pero también lo es que los presupuestos de dependencia han sido de los menos afectados por las medidas contra el déficit.

En su relación con el sector geroasistencial empresarial, este gobierno se ha ido moviendo entre el acercamiento y la desconfianza. Es cierto que las mesas técnicas se han reunido y que, tanto la Consejera como la directora del ICASS han participado en actos públicos organizados por asociaciones patronales, pero no lo es menos que, en todo momento han actuado como si el sector empresarial de atención a mayores fuese poco digno de confianza. Sólo así puede entenderse que, a pesar de comprometerse en diversas ocasiones no hayan sido capaces de aprobar un decreto de acreditación; que hayan dejado en la estacada durante dos años a las residencias que esperaban poder acreditarse durante 2009 y 2010 o que, en relación a la subida de tarifa de los conciertos hayan ido alargando las cosas hasta muy, muy al final.

Tan al final que, el día 3 de noviembre (a poco más de tres semanas de las elecciones), la Consellera dicta una resolución en la que se entrelee su carcajada. ¿Queríais subida de concierto?, Aquí la tenéis.

Al final la subida no es subida sino "propinilla", y además "propinilla envenenada". Una subida de tarifas supone que los precios quedan determinados de una forma de ahora en adelante. Una "propinilla envenenada" consiste en dar una cantidad que "no implica consolidación de derechos económicos para ejercicios futuros" (literal de la resolución) y que supone incrementar los costes del servicio de forma permanente.

Vayamos por partes. Esta resolución se parece mucho a la que ya circuló como propuesta en junio pero hay algún cambio. Para conseguir la "aportación económica" hay que cumplir tres requisitos:

1. Condiciones laborales:

Según me cuentan personas que han asistido a las reuniones de la mesa técnica, la necesidad de que exista un convenio colectivo catalán es una fijación de la Sra. Carolina Homar (Directora del ICASS), que no acepta que, aplicando la Ley de la negociación colectiva, los sindicatos y empresarios hayan acordado el V Convenio Marco Estatal de la Dependencia que es de aplicación en Cataluña. Esta fijación se alimenta a su vez de los sindicatos, sobre todo UGT, que consideran que cualquier subida de tarifas debe ir dirigida a subir los salarios de los empleados. Desde hace años se ha intentado negociar el convenio catalán, y hace poco casi se alcanzó, pero se rompieron las negociaciones (por decisión de los sindicatos, según dos fuentes de la parte empresarial).

De uno de aquéllos intentos surgió un pacto de eficiacia (una especie de convenio pero que sólo aplican las partes que lo han firmado) que firmaron los sindicatos con la patronal de las entidades religiosas (entonces FERS) y que tiene unas condiciones laborales diferentes al V Convenio estatal. El salario y la jornada anual son mejores para los trabajadores pero la forma de computar los festivos trabajados así como los descansos, por ejemplo, no lo son tanto.

Explico todo esto porque sin saberlo no se entiende que ahora la Generaliat diga que las residencias que quieran recibir la "propinilla" tienen que aplicar el pacto de eficacia o garantizar que sus gerocultores cobran un salario base de 991,2€ (un 8% más que en el V Convenio) y tener una jornada anual de 1744horas (un 3% menos que el V Convenio). Este requisito está muy bien para quien ya aplica el pacto de eficacia pero, ¿Puede una residencia arriesgarse a cambiar el salario y jornada de sus trabajadores con efecto 1 de Enero de 2010 para cobrar una cantidad este año que no está garantizada el que viene?. Además, la subida sólo se aplica a los usuarios de plaza pública por lo que las residencias que tengan plazas públicas y privadas verían incrementar sus costes para todos sólo a cambio de la "propinilla".

2. Indicadores de calidad

Se exige el registro de los famosos "26 indicadores" que ya se hicieron públicos pero que ahora se complementan con un manual de 80 páginas para su aplicación. Además se pide, para poder cobrar la "propinilla" que la residencia presente un certificado emitido por una empresa auditora reconocida e independiente. ¿Cuánto creen que cobrará Applus+ o Bureau Veritas por acreditar que se cumplen unos indicadores el manual de los cuales tiene 80 páginas? No piensen en cientos de Euros sino más bien en miles. Por otro lado, ¿existe alguna auditoria reconocida e independiente preparada para acreditar antes de finales de 2010 que una residencia cumple con los indicadores?. Lo digo porque supongo que esas auditadoras necesitarán de un tiempo para preparar su manual de auditación y formar a algún auditor antes de empezar a auditar residencias concretas. Yo creo que es imposible que en siete semanas las residencias se preparen y las auditoras auditen. También creo que esto lo saben perfectamente la consellera y la directora del ICASS y por eso creo que se están mofando del sector.

Sigo pensando que la Generalitat tendría que gastar menos en inventar y más en aplicar. Existen certificaciones y sistemas de calidad creados, algunos genéricos (ISO, EFQM) y otros más específicos como las normas UNE 158000. ¿De verdad hace falta exigir algo nuevo y diferente? Pues parece que sí.

3. Titulación de los gerocultores

La regla general para todas las comunidades es que todas las gerocultoras tengan un título o reconocidas sus competencias a finales de 2015 (así lo estableció el Consejo Territorial) y que, a medio camino, a finales de 2011, se alcance el 35%.

Aquí, por un lado somos más lanzados que los demás y queremos que el 35% sea a finales de 2010 para poder cobrar la "propinilla". Pero, por otro lado sabemos que el proceso está atascado (la resolución dice que es un "proceso en construcción") y que es imposible que se cumpla tal como estaba previsto por lo que imaginaremos que cumple quien se haya inscrito en un proceso (o sea registrado una solicitud) y se comprometa a alcanzar el 100% en el futuro.

El tercer requisito no supone ningún obstáculo pero los otros dos, unidos al carácter puntual de la subida hacen que, casi ninguna residencia perteneciente a una empresa vaya a obtener la "propinilla".

Incluso si alguna, de las que aplican el V Convenio, se lo plantease, debería pagar con efectos enero un aumento del 8% a sus gerocultores y reducirles la jornada anual un 3%. Admitiendo que alguna lo hiciese ¿Aceptarían los trabajadores que eso funciosase sólo en 2010 debido a que lo que se cobrará de más será algo puntual y no consolidable?. Lo más seguro es que no, por lo que las residencias que se arriesguen a hacerlo saben que están cargando su cuenta de resultados con un gasto que se mantendrá cuando los ingresos no están garantizados. Claro que si lo hacen, cuando se den cuenta del error y se quejen a la Generalitat, las quejas se las tendrán que presentar a los nuevos inquilinos de Palau de Mar (sean del partido que sean pero que seguro, no serán las mismas personas). Un regalito que deja en el cajón la Consellera.

Me gustaría poder contrastar lo que pienso con alguien que esté viviendo directamente la situación, yo veo una jugada política: Cuando presentaron en junio el borrador, la Consejera ofreció una rueda de prensa y la mayor parte de los periodistas se fueron sin entender de qué iba exactamente la cosa. Supongo que ahora habrá otra.

El final de la resolución parece un pequeño guiño al sector ya que, después de mostrar "el caramelo que no comeréis", abre la puerta a que las residencias concertadas que ofrezcan habitaciones individuales con baño y una superfície un 10% superior a la exigida (o sea 6m2) puedan cobrar un suplemento a quien las ocupe como servicio opcional.

Y, cómo si de un homenaje a Gila se tratase, se establece una excepción: Los centros en que todas las habitaciones san individuales no podrán cobrar el suplemento ya que en ese caso tener habitación individual no será una opción. Ya lo saben esas residencias, sea como sea hay que tener una habitación doble.