viernes, 24 de noviembre de 2006

¿PERDERÁ EL PROYECTO FUELLE EN LA RECTA FINAL?

Cuando todo parecía indicar que el PP votaría en contra del proyecto de Ley de Dependencia: una reunión entre los dos grandes partidos, una cincuentena de enmiendas pactadas y, todo arreglado. Los populares se suman a la mayoría y sólo CiU y PNV quedan fuera, por motivos más de competencia que de fondo.

La posición de los dos partidos nacionalistas proyecta una oscura sombra sobre la futura vida del Sistema Nacional de Dependencia ya que el artículo de la Constitución que da fuerza competencial a la Ley (el 149.1.1) ha sido tradicionalmente mirado con lupa por parte del Tribunal Constitucional de forma que, un eventual recurso de inconstitucionalidad podría dar al traste con todo el invento.

Las enmiendas pactadas entre PP y PSOE serán incorporadas en el Senado siendo entonces cuando sabremos cómo queda definitivamente el sistema

Dejando a un lado la alegría por que se llegue a conseguir la aprobación, hay una cuestión que no puede dejar de plantearse.

Durante los once meses que llevamos hablando del anteproyecto y proyecto de ley se han planteado dudas, sobre todo desde comunidades no gobernadas por el PSOE respecto a la viabilidad económica del Sistema Nacional de Dependencia y sobre la poca eficacia que puede tener un sistema que se basa en la firma anual de diecisiete convenios que concreten necesidades y financiación. Sin ir más lejos, la Gerencia de servicios sociales de Castilla León hacía público, pocos días antes del anuncio del pacto, un estudio en el que se ponía de manifiesto que, sólo en esa comunidad y durante el primer año harían falta 270 millones de Euros para poner en marcha el sistema cuando la memoria económica del proyecto preveía únicamente 64.

Se ha planteado también durante estos meses que la apuesta que hará la ley por la calidad y la profesionalización generará necesariamente un encarecimiento del servicio debido principalmente a que el coste de personal se incrementará de forma sustancial. Encarecimiento que no ha tenido en cuenta la memoria económica.

Parece, además, que parte de las enmiendas que se introducirán en el texto cuando pase por el senado supondrán ampliar el abanico de personas dependientes susceptibles de recibir servicios y prestaciones, lo que necesariamente comportará un aumento de recursos necesarios.

Hasta ahora, las aportaciones y críticas recibidas por el gobierno de parte de la oposición y de algunos colectivos nos permitían contrastar las luces y sombras del proyecto de ley. ¿Encontrará el texto que finalmente se apruebe la inspiración y recursos necesarios para que el Sistema pueda nacer viable y se acallen las críticas? ¿Dejarán las comunidades autónomas de plantear sus dudas y quejas ahora que los dos grandes partidos se han puesto de acuerdo?

Esperemos que este caballo no pierda fuelle en la recta final y que en el próximo número de la revista podamos hablar de celebraciones y no de decepción.

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