En principio, las personas mayores que viven
en residencias de tercera edad, cuando se relacionan con la sanidad publica son ciudadanos normales y corrientes que viven
en sus domicilios por lo que pueden hacer el mismo uso de los recursos sanitarios
públicos que cualquier otro ciudadano.
Pueden ir al centro de salud, a los servicios de urgencias si se encuentran mal y llevar
su receta a cualquier oficina de farmacia donde, haciendo frente al copago
correspondiente, les será facilitada la medicación prescrita.
Hace años que entre la teoría y la realidad existe una creciente diferencia: muchísimas residencias de tercera edad disponen de médicos contratados que atienden a los residentes (que se convierten en sus pacientes) y, de
alguna forma (existen muchas variantes) consiguen que la sanidad pública convierta
sus indicaciones en recetas que son llevadas a oficinas de farmacias que a su
vez las convierten en medicamentos.
Aunque existen modalidades muy diferentes, en la mayoría de ellas se
acaba pagando por un servicio (el que presta el médico contratado por la
residencia) que debería estar cubierto por la sanidad pública; y se acaban
creando sistemas de suministro de medicamentos en los que las oficinas de
farmacia “avanzan” productos antes de disponer de las recetas produciéndose
después regularizaciones.
Nada de esto es nuevo, ni lo es que las administraciones de las comunidades autónomas intenten “poner orden” a la situación con
ideas que en muchos casos pasan porque no sean las oficinas de farmacia
las que suministren los medicamentos a las personas que viven en residencias de mayores.
Hace unos meses, esas ganas de regular ha vivido un crecimiento interesante y han surgido iniciativas en Andalucía, Comunidad Valencia y
Cataluña. En las tres comunidades están n encontrando una resistencia importante por parte de las
oficinas de farmacia y también de algunas residencias de mayores.
El caso de Andalucía
En Andalucía, un Decreto
de 2015 regulaba hasta hace poco la prestación farmacéutica en los
centros sociosanitarios residenciales.
En éste se establecía un sistema que excluía el suministro de medicamentos
a algunas residencias públicas y privadas por parte de las oficinas de
farmacia. El Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en dos sentencias de principios de 2018 ha declarado nulo y extendido la nulidad del
Decreto. La clave de la nulidad descansa
en que, según el tribunal, las
condiciones de dispensación y la alteración de las existentes que recoge esta
normativa corresponde determinarlas exclusivamente al Estado y, por tanto, no
son competencias de las Comunidades.
El caso de la Comunidad Valenciana
En la Comunidad Valencia el proyecto
planteado por la Generalidad, 'Servicio
de preparación de unidosis y su distribución a los centros de asistencia
social sociosanitarios' 'Resi-EQUIFar', establece el suministro de medicamentos a las
residencias mediante un sistema “unidosis” por parte de un suministrador que
elige la propia Generalidad mediante un concurso público, y que en la práctica
excluye a las oficinas de farmacia. La patronal AERTE ha mostrado
reiteradamente su rechazo y ha paralizado durante un tiempo, un modelo que se
está intentando implantar sin haber contado con la participación del sector.
El caso de Cataluñ
En Cataluña la Generalitat está
trabajando en un modelo más ambicioso de atención sanitaria a personas mayores
que viven en residencias y que se fundamenta en tres documentos que se están elaborando
con bastante más participación que en la Comunidad Valenciana y que se han ido
presentando en su versión provisional en varios actos, algo muy loable por
parte de la administración, aunque también con sus sombras ya que, aunque se
presenta como un modelo pactado con las diferentes patronales, en el que no se
pasa a redactar normas hasta que se alcanza un “consenso necesario”, cuando
hablas con quien ha estado en las reuniones te explica una historia diferente
en la que la Generalitat tiene muy claro lo que quiere hacer.
Para poderse hacer una idea de por dónde
van las cosas pongo a continuación unos enlaces a unas versiones de borradores
de los documentos que han sido entregados a algunos de los participantes en las
reuniones de trabajo. Éstos deben ser tomados con gran cautela ya que son de
hace unos meses y dicen de forma clara que son documentos de trabajo y
borradores. Aún así, pueden servir para
ver por dónde van los tiros.
El motivo por el que difundo unos
borradores es que, para algunas personas estos documentos son más que meros
papeles de trabajo. De hecho, la Asociación
de Farmacéuticos Comunitarios de Asistencia Residencial AFCAR, ha pensado que
suponen una actuación de hecho de la Generalitat que puede ser impugnada y han
decidido presentar un recurso contencioso ante los tribunales (aquí
está el recurso).
Lo curioso es que, así como en la Comunidad Valenciana los tribunales no aceptaron el recurso de AERTE porque consideraron que no era parte interesada, en el caso de AFCAR, el Tribunal sí ha aceptado tramitar el
recurso contencioso administrativo (aquí
está la aceptación) por lo que en los próximos meses vamos a poder
seguir un litigio interesante.
Así las cosas creo que los
argumentos van a ir por dos caminos diferentes:
Por un lado, y en eso creo que estaremos
todos de acuerdo, hay que encontrar un sistema claro y eficiente para que las
personas mayores que viven en residencias reciban el servicio público de
sanidad al que tienen derecho, que incluye la prestación farmacéutica, sin
necesidad de duplicar profesionales ni de tener que recurrir a “sistemas
imaginativos” para conseguir los medicamentos cuando son requeridos. Respecto a este punto la finalidad que
persiguen las comunidades autónomas parece la correcta aunque quizás el camino
que siguen no lo sea tanto.
Por otro lado, habrá que determinar si la
competencia para establecer ese sistema corresponde a cada comunidad autónoma
por separado o al Estado. A estos
efectos, ayudaría que el Estado se posicionase, cosa que, si ha hecho, no ha
llegado a mis oídos y que corresponde ahora a la nueva Ministra María Luisa Carcedo.
Como es una cuestión que tiene mucha
afectación sobre las personas mayores que viven en residencias, los
profesionales que trabajan en ellas, y también sobre los farmacéuticos, sería
positivo ver un debate de ideas fundamentadas.
A ver si éste llega.
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