OPINIONES FUNDADAS: GRACIAS AQUILINO

Agradezco mucho a todos los que me estáis llamando y escribiendo sobre la difícil situación en toda España de unas residencias y servicios de atención a mayores que cobran tarde y mal de las administraciones que contrataron sus servicios.

Lo de Cataluña parece que al final será incluso menos malo de lo que nos dijeron ayer.  Ahora todas las residencias concertadas y las empresas que gestionan residencias públicas cobrarán en Septiembre (o sea, hoy o mañana) el 50% de lo que deberían cobrar (o sea, la estancia de los residentes de Julio) y las colaboradoras el 65%, a finales de Octubre cobrarán la totalidad de lo que les toca y, si Dios quiere, todo se regularizará a finales de año.

Hoy he recibido un mensaje de un buen amigo, Aquilino Miralles, que, como director general de una empresa que está prestando servicios de atención a la dependencia en diferentes comunidades autónomas puede ver el sector desde una perspectiva amplia.  Aquí va su opinión.  Gracias Aquilino:

Efectivamente yo también soy uno de los sorprendidos del "eco social y mediático" que ha tenido la decisión de la Generalitat de posponer o retrasar sensiblemente el pago de los servicios asistenciales prestados por las empresas, y de igual forma me sorprendo también del "mutismo" que se mantiene para hechos similares en otras comunidades cuyos periodos de pago, van mucho mas allá que los de la Generalitat.

Baste decir que la propia Comunidad de Madrid, la última factura que tiene abonada a algunos de los operadores es la correspondiente al mes de Diciembre de 2010. En idéntica situación esta la comunidad de Castilla la Mancha, y si ya nos vamos a la deuda contraída por muchas de las corporaciones locales que contratan servicios para la Dependencia, habrá muchos contertulios que puedan asegurar que el plazo se va a mas de un año y en algunos casos hasta 2 años.

La verdad es que nos esta tocando vivir situaciones nunca vistas. Esto se esta convirtiendo en "el mundo al revés" y ante esta situación cabria preguntarse algunas cuestiones de orden mayor:

¿No seria oportuno que, al igual que cuando las Administraciones Publicas exigen un aval bancario que garantice el cumplimiento de las obligaciones del prestatario, no se pueda exigir igualmente un aval bancario a las administraciones para que ellas cumplan igualmente con los suyos (pago incluido)? Porque sabido es que para el sistema financiero español, hay muchas administraciones públicas clasificadas como “insolventes” o incluso “morosas”.

¿No seria oportuno que se pudiera establecer un sistema de compensación de saldos para aquellas empresas que, debido a la falta de pago de las Administraciones, no pueden cumplir con sus obligaciones con las Administraciones?

Esto es, no deja de tener gracia que, las Administraciones puedan pagar cuando quieran y los proveedores de servicios tengamos que cumplir fielmente con nuestras obligaciones para con las Administraciones.

Cuando cualquier empresa se retrasa tan solo un día en el pago de sus cuotas de la S.S o de su IVA, tiene seguro que resulta penalizado con una importante sanción. ¿Porque no se aplican esos mismos criterios para los compromisos de pago de las Administraciones Publicas ?


La ley ya lo contempla y recoge un periodo máximo de pago de 60 días, periodo que prácticamente nadie cumple y sorprendente no pasa nada. ¿Para que esa Ley entonces?. Que pasa, que hay Leyes que deben cumplirse y otras que no? Sorprendente.



¿Es que, en este "mundo al revés" que estamos viviendo, somos las empresas prestadoras de servicios las que debemos financiar los presupuestos y servicios que prestan las Administraciones Publicas?.

¿Es que las empresas privadas estamos obligados a tener o a conseguir el dinero que las Administraciones Publicas no tienen o no consiguen?

Las empresas de servicios, estamos muy lejos de ser, ni de convertirnos en "proveedores financieros". Para eso están lo Bancos y Cajas de Ahorro, que en este momento, se niegan en rotundo a financiar o factorear deuda de las Administraciones, cuando paradójicamente, bien que hicieron "cola" frente a la Administracion Central cuando hace algún tiempo, ésta, inyectó importantísimas cantidades de dinero en el sistema financiero español sin que, curiosamente se impusiese condición o contraprestación alguna tratando de “vestir el muñeco” de que, esas importantes inyecciones lo eran para fomentar el crédito, cuando en realidad, y tal y como el tiempo ha demostrado, su único fin era el de salvar la critica situación en la que se encontraban los Bancos y por ende los intereses de sus accionistas.

Como contrapartida a ello, ¿No podría imponerse a base de “decretazo” que los bancos que se vieron favorecidos con aquella “maniobra orquestal” queden ahora obligados a descontar el papel y las facturas que hayan de abonar las Administraciones Publicas, bajo pena de devolver lo que en su día recibieron?.


A grandes problemas grandes soluciones.


¿Quien puede pensar que la situación que estamos viviendo con respecto al importantísimo retraso en el pago de los servicios a la dependencia, no esta poniendo en una critica situación a los prestadores de servicios comprometiendo muy seriamente su viabilidad futura ?, ante lo que cabe preguntarse ¿Es que las empresas prestadoras de servicios quedan obligadas a arruinarse en pro de las Administraciones Publicas ?

Y entrando ya en un terreno tremendamente delicado, cual podría ser la responsabilidad de aquellos representantes de las administraciones publicas que contratan o mantienen servicios a la Dependencia aun a sabiendas de que no podrán satisfacer el pago de los mismos ?.

Ese es justo el principio fundamental de la “declaración concursal” y la responsabilidad de quienes suscriben esos contratos debería ser, al igual que para el caso de las empresas privadas, solidaria con la persona que los suscribe, con independencia de que pudieran igualmente "salpicar" responsabilidades incluso de ámbito penal, hecho que en mas de un caso se ha iniciado ya por algún que otro sector y se encuentra en este momento “sub-judice” .


En fin, mucho que arreglar y mucha valentía para hacerlo, valentía que, hasta ahora, no se evidencia por parte de nadie y que concluye con que nuestro sector, esta atravesando la mayor crisis de su historia desde que las hermanitas de la caridad crearan aquellos establecimientos a los que llamaron "asilos" y como en el caso de Cristóbal Colon, descubrieran, sin saberlo, que estaban inventando la que hoy llamamos Ley de la Dependencia.

Aquilino Miralles


29 de Septiembre de 2011

PAGO DE CONCIERTOS:SE SUAVIZA EL VARAPALO

Imaginen a un paciente a quien su médico le acaba de comunicar que, para salvar su vida, tiene que firmar inmediatamente una autorización para que le ampute las dos piernas.  Después del shock inicial, el paciente, que confía en su médico, firma.  Al cabo de dos horas el médico vuelve y le dice que, después de analizar a fondo todas las posibilidades, puede salvarle la vida amputándole sólo un pie.  El paciente se emociona, llevaba dos horas haciéndose a la idea de lo que sería vivir sin piernas y ahora es como si las hubiese recuperado.

Unas semanas después, mientras convalece de la operación,  le invade una duda “¿Cómo habría reaccionado si de inicio me hubiesen dicho que me iban a amputar un pie? ¿Sabía todo el médico desde el principio y me manipuló para que no me pareciese tan dura la decisión?” Tan insistente es la duda que pide acceso la historia clínica y ve que todo está registrado, es cierto que el médico en todo momento le dijo la verdad, está allí, escrito. Entonces el paciente se siente mal consigo mismo, “¿cómo he podido dudar de mi médico?, ¿por qué me ha podido la desconfianza?”.

Esto es lo último que sabemos del sainete del pago de los conciertos, las colaboraciones y los contratos de gestión  (es una traducción de la nota aparecida en la web de ACRA):

En una conversación con la presidenta de ACRA, el titular de Bienestar Social y Familia también asegura que la diferencia no cobrada este mes se pagará antes de fin de año

 En relación al aplazamiento en los pagos de los servicios colaboradores, concertados y de gestión, anoche el consejero de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries llamó a la presidenta de ACRA, M ª Cinta Pascual para comunicarle que, tras negociar con los Departamentos de Presidencia y de Economía y Finanzas, podía garantizar que este mes de septiembre los centros colaboradores cobrarán un 65% y los centros de concierto y gestión cobrarán un 25% de la nómina.

Igualmente, el consejero aseguró que el mes de octubre colaboradores, concertados y gestionados cobrarán la nómina completa y la diferencia no cobrada en el mes de septiembre se pagará antes de fin de año.

Quiero creer que el conseller está actuando en defensa del sector de la atención a mayores y discapacitados.  De verdad, quiero.  Pero a diferencia del paciente no puedo acceder a ninguna historia clínica porque no existe.  Seguimos sin tener un documento “oficial” de la Generalitat enviado a los interesados (las residencias afectadas) en el que se les diga exactamente “algo”.  Los que siguen las noticias e internet pueden llegar a saber “algo”, pero para alcanzar el conocimiento  deberán hacer un puzle con lo que dicen las diferentes patronales.  Quienes entren en www.gencat.cat/benestar se podrán dejar los ojos sin encontrar ninguna mención. 

O sea que, como si del oráculo de Delfos se tratara, sólo las sacerdotisas (patronales y asociaciones) tienen acceso y pueden comunicar a los mortales lo que se les ha transmitido verbalmente.  Según ellas, el conseller estuvo mucho mejor en la reunión del 27 por la noche que la directora general en la del 26 al mediodía.  Se le vio más cercano y preocupado por intentar encontrar una solución pero, aquí queda la cosa, los que no estuvimos tenemos que fiarnos de las percepciones de quienes nos  informan.

Eso sí, parece que no será tan terrible como parecía.  Parece que Cleries ha conseguido ablandar el corazón de economía y las cosas no serán tan malas.  Quizás al final las residencias tengan que agradecer al conseller que haya conseguido  que este mes de septiembre los centros colaboradores cobren un 65% de aquello a lo que tienen derecho  y los centros de concierto y gestión, un 25% de la nómina.  

Por otro lado, siempre hay alguien que está peor que tú.  Durante estos días he recibido llamadas y una opinión en este mismo blog de directores de residencias de otras comunidades autónomas que vienen a decirme, “¡qué raros sois los catalanes!, os pagan a 60  días y, como van a pasar a pagaros a 120 convocan a las patronales, se justifican y os dan explicaciones.  Aquí se han ido retrasando, poco a poco, sin decir nada a nadie y ¡ya nos gustaría cobrar a 120 días!”  Si es cierto lo que nos dicen, en alguna Comunidad las residencias no han cobrado todavía el concierto de abril.  Bueno, mal de muchos, consuelo de…

UNA REFLEXIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL PAGO DE LOS CONCIERTOS

Desde que la Generalitat anunció que dejaría de pagar durante dos meses las plazas que tenía contratadas con las residencias geriátricas privadas mediante el sistema de concierto y que sólo pagaría una parte de lo que tenía comprometido con otras residencias para personas mayores dependientes mediante el sistema conocido como “de colaboración”, el enfado y la confusión se instaló en el sector.

Ese día hablé con varios medios de comunicación que me pedían aclarar conceptos y conseguir cifras: ¿qué diferencia hay entre colaboración y concierto?, ¿cuántas plazas hay de cada tipo en residencias? ¿de cuánto dinero estamos hablando?.  No era yo el primero a quien llamaban.  Antes habían intentado obtener respuesta en organizaciones patronales, asociaciones o en la propia administración.  Lo que consiguieron fue saber que el sistema es artificialmente complicado y que la Generalitat convergente no ha mejorado la opacidad estadística a que nos tenía acostumbrado el anterior gobierno.

Voy a intentar explicar en pocas líneas de qué va la cosa y qué puede suponer la medida adoptada por la Generalitat.

Lo primero es destacar que en Cataluña existe una tupida red de mil residencias asistidas para mayores con un tamaño medio de unas 55 plazas de las que más de dos terceras partes corresponde a una activa iniciativa privada (mercantil y sin ánimo de lucro) que lleva años invirtiendo y trabajando en el cuidado a personas mayores.

Una peculiaridad del sector de las residencias geriátricas en Cataluña, antes de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia es que, cuando la administración quería financiar estancias de personas mayores en residencias, en vez de utilizar el sistema del concierto (compra de plazas) utilizaba el sistema de “colaboración”: una ayuda económica al mayor para ayudarle a pagar el precio de la residencia geriátrica privada “colaboradora” en la que ingresaba.  El usuario podía elegir en qué centro geriátrico ingresaba y, si no le gustaba podía cambiar.  Las residencias geriátricas privadas que querían ser colaboradoras se acreditaban cumpliendo unos requisitos y se comprometían a ingresar a un cierto número de residentes “del programa” cobrando como máximo un precio que determinaba la Generalitat.  El sistema de “copago” era también bastante equitativo ya que, alguien con capacidad adquisitiva podía llegar a pagar más del 90% del precio y, si los hijos de la persona mayor tenían capacidad adquisitiva se les hacía participar  con aportaciones que en muy pocas ocasiones superaban los 120€ al mes.  La verdad es que era un sistema que funcionaba bastante bien.  Yo diría que, si se hubiese ajustado la tarifa y agilizado la tramitación burocrática hubiera sido perfecto, y lo mismo pensaba casi todo el mundo.  El problema es que desde determinado posicionamiento ideológico se veía como un “cheque” y,   el “cheque es de derechas”.  Así que se tomó un sistema que funcionaba y se decidió cambiarlo por otro, el concierto, dejando el sistema de colaboración como algo “a extinguir”.

A todo ello, la Ley de Dependencia (LAPAD) creó dos nuevas modalidades de financiación: la Prestación Económica Vinculada, que supone más o menos lo mismo que la “colaboración” (una ayuda económica para ingresar en una residencia de tercera edad privada mientras se encuentra plaza en una pública o concertada) y la Prestación para el cuidado en el entorno familar (una ayuda de hasta 525€ al mes para que el mayor se quede en casa cuidado por un familiar) de forma que, en cuestión de poco tiempo se pasó de un  sistema a cuatro.

¿De qué depende hoy que un ciudadano acabe cuidado en su casa, en un centro residencial geriátrico público, privado, concertado o de prestación económica vinculada?.  La respuesta es ruborizante ya que no existe una clara. Teóricamente son personas con idéntico derecho pero si uno acaba atendida en una residencia geriátrica pública gestionada por la propia administración costará a las arcas públicas unos 4.000 Euros al mes, si se le atiende en una residencia geriátrica pública gestionada por una empresa o en una concertada el coste baja a menos de la mitad, si se utiliza el sistema de colaboración o el de prestación vinculada, difícilmente pasará de los 1.200 euros; si se opta por dar la ayuda para el cuidado en casa no subirá de 525 euros.  Por supuesto las cifras son estimaciones ya que en Cataluña no se hacen públicos los datos de coste per cápita según sistema de prestación.

Así las cosas, durante los últimos años la Generalitat ha mantenido unas cuantas residencias geriátricas públicas gestionadas por la propia administración, ha construido residencias públicas contratando a empresas para gestionarlas,  ha ido firmando conciertos de miles de plazas y ha reconocido prestaciones económicas vinculadas dejando el sistema de colaboración como algo residual pero numéricamente importante. Pero también desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, la misma Generalitat ha permitido que el 70% de las personas que piden prestaciones de la Ley de Dependencia sean cuidados por sus familiares a precio de saldo. Durante estos mismos años los costes de las residencias han crecido (nuevos requisitos administrativos, creciente costes de personal) mientras la “tarifa pública” se ha congelado o a crecido por debajo de los costes  llevando a una situación difícil a muchas empresas.  También durante este tiempo la administración ha seguido relacionándose con el sector privado desde la desconfianza, ha reglamentado hasta el detalle el funcionamiento de las residencias (hoy es más meticulosa la reglamentación de personal y espacios que se aplica  a una residencia que a un hospital) y se ha aprobado  una ley  super-sancionadora no comprensible si no es desde la desconfianza.

Un último elemento nos servirá para entender el intríngulis de la situación actual: la forma de actuar de la Generalitat:  dejando aparte un proceso de concertación transparente en 2008 en que, se concertaron 1.500 plazas permitiendo concurrir a todas las residencias de tercera edad privadas, se ha utilizado sistemáticamente un sistema del cual el nombre lo dice todo: “sistema negociado sin publicidad”.  También la administración ha ido convirtiendo en “informal” su relación con el sector.  En vez de dictar resoluciones y normas publicándolas en el diario oficial y notificándolas a los interesados, la Generalitat ha ido optando por “colgar” documentos en su página web o informar a las patronales de asuntos que, legalmente requerirían de unos requisitos y formalidades que permitiesen un grado de seguridad jurídica.

Sólo la falta de visión general o el “cortoplacismo político” pueden explicar que se haya dejado llegar la situación hasta aquí, pero aquí estamos.

Veamos ahora lo que parece que ha hecho la Generalitat, digo “parece” porque hasta hoy (28 de septiembre) no ha entregado un documento escrito a nadie en  el que se explique qué  ha decidido exactamente:

Dejar de realizar dos de los pagos periódicos que reciben los centros concertados y las empresas que gestionan residencias públicas 

y que deberían hacerse el 30 de septiembre y el 30 de octubre.  Estos pagos corresponden a las estancias producidas en la residencias los meses de julio y agosto.  Cuando las residencias reciban el 30 de noviembre un pago, éste corresponderá a las estancias de septiembre, por lo que los dos pagos no realizados quedarán en una especie de limbo que, según han asegurado, se liquidará antes de finalizar el año.  La Generalitat sabe que muchas de las empresas que gestionan residencias públicas tienen como mayor cliente a la propia Generalitat  por lo que espera que, si se quejan lo hagan con la boca pequeña.  Más o menos puede esperar lo mismo de aquéllas empresas que hayan concertado mediante un sistema negociado sin publicidad ya que, al fin y al cabo, muchas hubieran querido tener ese concierto pero no fueron llamadas.  Así, las que se quejarán con más fuerza serán las que concurrieron al concierto de 1.500 plazas, ajustaron su precio, constituyeron la fianza que se les pedía y ahora se enteran de que no van a cobrar.  Algunas  de estas empresas pueden tener verdaderos problemas para hacer frente a sus gastos corrientes si no reciben más ingreso que el copago de los usuarios (que difícilmente alcanzará al 30% del total). 

Pagar únicamente el 65% a las colaboradoras en los libramientos que reciban en Septiembre y Octubre.  

Estas residencias tienen una connotación diferente ya que teóricamente la cantidad no la van a dejar de recibir las residencias sino los usuarios. La “colaboración” es una ayuda económica al ciudadano para que pague la residencia, lo que pasa es que desde hace años, para facilitar las cosas, la administración ingresa directamente las cantidades al centro.  O sea que, en teoría, las residencias colaboradoras podrían comunicar a la Generalitat que ya no quieren cobrar directamente y que prefieren cobrar el 100% del usuario y que sea éste quien cobre la ayuda de la Generalitat.  No creo que haya demasiadas residencias que lo hagan  ya que, en muchos casos los familiares no podrán pagar o, sencillamente se negarán, trasladando el problema al propio centro.

¿Por qué no ha afectado la suspensión a las prestaciones económicas vinculadas o a las prestaciones para el cuidador familiar?   

No le veo ninguna lógica ya que son cantidades que vienen a sufragar exactamente la misma contingencia relativa exactamente a las mismas personas.  Además, si se busca salvar un problema de tesorería, porqué no afectar a la prestación que se está prestando en el 70% de los casos.  Imaginemos que se hubiese dicho que los cuidadores familiares recibirán en septiembre y octubre el 65% o el 80% de la ayuda. Esta medida podría haber permitido atemperar las otras o incrementar su efecto sobre “la falta puntual de tesorería”.  Quizás el problema es que, después del desgaste que tuvo el Departament durante el verano con la PIRMI, no les ha parecido correcto abrir un nuevo frente.  Si este ha sido su razonamiento, ha sido erróneo ya que la polémica estaba servida y no hubiese sido mucho más ruidosa habiendo acabado de hacer el trabajo.

Decía más arriba que no sabemos exactamente en qué quedará todo esto, pero vayamos a lo que sí sabemos:

Hablando con directores y gerentes de residencias para mayores saco la conclusión de que, muchos de ellos estaban esperando que se produjese “algo” y en la medida de sus posibilidades se estaban preparando.  Sólo quien no lea ningún periódico podía pensar que la restricción pasaría de largo del sector de mayores.  Lo que les ha indignado es el alcance de la medida y las formas:

-          Anunciar el varapalo cuatro días antes de que tenga efecto.

-          Encargar el anuncio a la Directora General del ICASS sin la presencia del conseller ni de nadie de Economía.  Es más, algunos de los asistentes al anuncio me comentaron que parecía que la Directora General estuviese anunciando una especie de imposición “de fuera” como si no fuese tan Generalitat Benestar y Familia como Economía y Finanzas.

-          No comunicar nada a los interesados directamente y por escrito sino de forma informal a las patronales (no olvidemos que muchas residencias no están adscritas a ninguna de estas patronales).  Esto ha producido que la reunión se haya convertido en una especie de “aparición” de la que cada testigo tiene su versión.

-          Anunciar la suspensión sin acompañarla de alguna medida que permitiese aligerar sus efectos y que demostrase un mínimo de empatía con el sector.  Estas medidas, que no tendrían efecto presupuestario podrían ser, entre otras, la flexibilización en la forma de exigir los requisitos de personal a los centros concertados y colaboradores; permitir cobrar los servicios hoteleros extras o aplicar directamente el IPC a la cuota que pagan los usuarios.

-          Incrementar la falta de empatía cuando el Conseller aparece en televisión y quita importancia a la medida.

A principios de octubre y de noviembre, cuando se tengan que pagar las nóminas (el personal supone más del 60% de los gastos de una residencia) conoceremos el alcance de la medida y veremos en qué medida los empleados y proveedores de los centros la sufren como las empresas prestadoras de servicios a personas ancianas dependientes.

El sector privado de la atención a mayores es un tesoro para Cataluña en el que conviven fundaciones, asociaciones y órdenes religiosas con empresarios de diferente tamaño y naturaleza que durante años, y mucho antes de que la administración adquiriese protagonismo, ya invertían y prestaban servicios.  Quizás debería tenerse esto en cuenta antes de tomar otras decisiones o antes de pensar cómo comunicarlas.

Mientras tanto.  Los que están buscando plaza en una residencia para personas mayores privada, ya sea que piensen o no pedir una ayuda pública, tardarán un poco en sufrir las consecuencias de este impago, pero de alguna forma, la sufrirán.