Hace algunos meses, una asociación que agrupa a directores
de residencia en Cataluña (ASCAD) decidió poner en marcha una Iniciativa
Legislativa Popular que, de llegar a buen puerto, supondría modificar la Ley de
forma que se garantizase el pago de los servicios que reciben los grandes
dependientes.
A priori parece una tontería, ¿no están acaso garantizados
todos los pagos que debe realizar la administración por servicios que contrata?. Si bajamos a la realidad vemos que no lo es
en absoluto.
En Cataluña, las entidades y empresas que gestionan
residencias que ofrecen plazas a la administración, en forma de gestión,
colaboración o concierto. Han visto en
los últimos años como el cobrar o no por los servicios prestados depende de las
prioridades que en cada momento tenga el gobierno de la Generalitat. Así, cabe la posibilidad de que un mes
sencillamente “no se pague” y las residencias tengan que esperar hasta catorce
meses para cobrar un servicio prestado.
Por otro lado, en el caso de las plazas conocidas como “de
colaboración”, sucede algo peculiar: el
usuario ingresa en la residencia con un papel de la Generalitat pero sin tener
todavía regularizada su situación (o sea, sin tener todavía un Plan Individual
de Atención – PIA). La residencia
empieza a cobrar del residente una parte
del precio de la estancia (de media alrededor del 25% del coste total) y la
administración, en algunos casos no paga nada hasta meses después o paga una cantidad
mensual a cuenta (adelantos o “vestretes”).
Las residencias quedan totalmente en manos de la Generalitat
ya que ésta puede pagar o no, atrasarse más o menos y, si además tiene la
opción de avisar o no.
Sería injusto no decir que últimamente los pagos están
mejorando pero, aún así, es la sensación de inseguridad la que más preocupa a
los propietarios de las residencias (empresarios o entidades), ya que, como el
60% o un poco más, de su cuenta de resultados corresponde a gastos de personal,
un atraso en el pago puede suponer no poder pagar las nóminas o ingresar el
dinero correspondiente a seguros sociales y retenciones del IRPF.
Por supuesto que las residencias sufren “voluntariamente” ya
que nadie las obliga a acoger a usuarios financiados por la
administración. Lo que pasa es que, en
la situación actual, renunciar a intentar acoger plazas concertadas o de
colaboración resulta aún peor (especialmente cuando las Prestaciones Económicas
Vinculadas llevan paradas desde Agosto).
Total, que en este contexto, un grupo de directores de
residencia plantean una ILP que, de prosperar supondría que las facturas de las
residencias tendrían una especia de “prioridad en el pago” de forma que,
después de pagar sus propias nóminas y alguna cosa más, las primeras en la cola
de pago serían ellas.
El gobierno de la Generalitat se ha resistido durante todo
el proceso a que la iniciativa prospere ya que de alguna forma se vería con
menos capacidad de maniobra a la hora de ejecutar el presupuesto. Hoy, si no tiene dinero puede preguntarse “¿a
quién no pago este mes?”, y allí, delante suyo tiene unas cifras
correspondientes a lo que debe a las farmacias, a las residencias o a los
colegios concertados, entre otros.
Pero, a pesar de la resistencia del Govern, la ILP comenzó su andadura, se recogieron más de 50.000
firmas y ahora tiene que tramitar en el Parlament.
Por supuesto que 50.000 personas no pueden aprobar una
Ley. La ILP lo que obliga es a discutir
la proposición en el Parlament, pero, una vez dentro, los parlamentarios pueden
aprobarla, no hacerlo o modificarla.
Durante los próximos días veremos si los grupos políticos
deciden apoyarla o presentar enmiendas que podrían desvirtuarla del todo.
Por eso creo que es el momento de preguntarse: Sabemos que si la ILP prosperase las cosas
serían diferentes, pero, ¿sería peores?
Si nos creemos que las personas que están ocupando una plaza
pública, de colaboración o concierto en una residencia, son beneficiarias de un
derecho subjetivo que le reconoce la Ley de Dependencia, y entendemos que el
hecho de dejar de pagar o atrasarse significativamente en los pagos pone en
riesgo ese derecho. Entonces sólo
podemos estar de acuerdo con que la iniciativa es buena y debería ser aprobada.
Además resulta que, como mínimo una parte de lo que se debe
a las residencias viene de la a administración del Estado en aplicación del
sistema de financiación de la dependencia, por lo que, como mínimo esa parte
sólo debería ser gastada en atender a los dependientes. Es cierto que esa parte es pequeña en
relación al total pero aún así, existe.
Si, como parece, las cosas a partir de ahora no han de ir
peor sino mejorando lentamente, es posible que las tensiones de tesorería acuciantes de los últimos dos años no se
repitan de forma que, aprobada la ILP no supondría menoscabo para la
discrecionalidad de la Generalitat, como mínimo de momento. Así las cosas, el gobierno podría colgarse la
medalla de apoyar, en un momento en el que reclama que la sociedad se
manifieste sobre su proyecto estrella (el proceso soberanista), una iniciativa
salida directamente de la sociedad civil.
Si el gobierno y la coalición que le apoya (CiU)
sencillamente consiguen apoyos (posiblemente ERC) para tumbar la
propuesta. Habrán realizado una maniobra
perfectamente democrática y ostensiblemente antipopular. Además, una opción que puede tener
repercusiones imprevisibles.
La Asociación de directores ASCAD era desconocida para casi
todo el mundo hasta que hace dos años, coincidiendo con un impago del ICASS,
presentaron una denuncia ante la Fiscalía indicando que se podría estar
cometiendo un delito contra los residentes.
El revuelo mediático fue
impresionante y cuando al cabo de un tiempo el entonces conseller fue cesado, a
muchos les fue imposible no ver la relación entre ambos hechos.
Ahora nos podemos encontrar ante otra situación similar.
Aprobar la ILP no tendrá un coste demasiado elevado para la
Generalitat, dará la imagen de una administración que escucha a la sociedad y
se preocupa por los débiles y la situará en la cabeza de las administraciones
autonómicas en lo que a apoyo a las personas dependientes se refiere.
En un momento en el que la administración catalana anuncia
que piensa tramitar una Ley Catalana de
Autonomía Personal (o sea una Ley Catalana de Dependencia), la ILP le ofrece la
posibilidad de crear un pedestal diferenciado del sistema estatal, o sea, un
elemento que dé a la Ley un verdadero carácter de “derecho garantizado”.
Sinceramente veo muchos motivos para que Convergència i Unió
apoyen la ILP. ¿Por qué entonces oigo una vocecita que me
dice que no lo harán?
