jueves, 7 de marzo de 2013

COMPARECENCIA EN EL PARLAMENT E ILP


Hace unos días los amigos de ASCAD, asociación que agrupa a directores de residencias y otros servicios a la dependencia, me dicen que el Parlament de Catalunya les ha convocado a una comparecencia para tratar sobre la cuestión de los impagos a las residencias por parte de la Generalitat  y me preguntan si me gustaría asistir ya que, como comparecientes cuentan con alguna invitación.  Les digo que sí.  Nunca antes he asistido a una sesión de trabajo de ningún parlamento  y me parece interesante poder escuchar en persona  el sonido de los engranajes de nuestra democracia  al girar.

Sabía algo de esta sesión porque, tanto ACRA como UPIMIR, patronales del sector, me habían enviado notas diciendo que iban a comparecer ante el Parlament.  Según me explican, esto de las comparecencias funciona  mediante invitaciones hechas por los grupos parlamentarios por lo que no es que uno pida comparecer sino que se le llama a hacerlo.

Cuando empieza la sesión empiezo a dudar sobre el grado de conocimiento que nuestros parlamentarios tienen sobre el sector geroasistencial:  Los que “están, son” pero “no están todos los que son”.  Por la mañana han comparecido del sector "no lucrativo".  Por la tarde echo de menos a la Unió, una patronal que aunque  numéricamente no agrupa a muchas empresas, sí representa una parte del sector: la de los grandes grupos.  Empresas que, en su mayor parte cuentan en Cataluña con unas 10.000 plazas de naturaleza, muchas de ellas concertadas y gestionan residencias públicas por lo que están, como mínimo tan afectadas por el impago como las otras.  Quizás un representante de la Unió hubiese acabado diciendo algo muy parecido a lo que dijeron Cinta Pascual, presidenta de ACRA;  Vicente Botella, presidente de UPIMIR o Andrés Rueda, presidente de ASCAD.  Pero, hubiese demostrado que los grupos parlamentarios conocen un poco la realidad de nuestro sector.  También quizás hubiera podido defenderse de la arremetida que se hizo desde Iniciativa hacia las grandes empresas..

Creo que los comparecientes estuvieron a la altura de lo que se esperaba de ellos.  Puede verse toda la sesión en  internet (http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/sequencia/videos?p_cp1=6564671&p_cp3=6565746).  Dejaron claro que no se trata sólo de lo que no se pagó en Julio (70 millones) sino también se deben unos 50 millones en atrasos en la tramitación de ayudas (personas que ingresan en una residencia con una ayuda pública reconocida pero que la residencia tarda hasta siete meses en empezar a cobrar).

El clamor fue unánime.  La Generalitat tiene que pagar lo que debe, tiene que agilizar el pago de los nuevos usuarios y el presupuesto tiene que mantener el gasto social.

Recordaron que la deficiente aplicación de la Ley de Dependencia con la sobredimensionada ayuda al cuidador no profesional hace un magro favor a las personas y al sector.  Cinta Pascual calculó que si un 50% de la cantidad que de gasta en ayudas al cuidador no profesional se gastase en acogimiento residencial  se podrían ocupar parte de las 12,5% de plazas que actualmente están vacías en residencias privadas generándose de paso más de 5.000 puestos de trabajo.

Vicente Botella, entre otras cosas  recordó con cariño al defenestrado conseller  Josep Lluís Cleries, reclamó que no se ataque al tejido básico empresarial formado por  muchas residencias de tamaño pequeño y medio y expuso la situación en la que están quedando debido al impago, la congelación de tarifa y las exigencias.

Andrés Rueda desveló lo que, a mi parecer, es lo más llamativo.   Pero, vayamos por partes. Para empezar, sorprendía que el Parlamento llamase a una asociación no patronal sino profesional (ASCAD agrupa a directores de residencias).  Estoy seguro de que cuando se produjo en Julio pasado el impago y ASCAD interpuso una denuncia ante Fiscalía por los perjuicios que éste podía provocar, supieron ponerse hábilmente en el centro del foco de atención.  Posteriormente han ido difundiendo comunicados con un tono, normalmente más elevado que el que se utiliza desde las patronales lo que les ha dado una relevancia mediática considerable.  El haber sido invitados a compareces es sólo una muestra de esa relevancia que han sabido ganarse durante los últimos dos años.

El anuncio llamativo que hizo Andrés Rueda es que ASCAD había presentado al Parlament, y éste ha admitido a trámite, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, caso de ser aprobada, supondría que las cantidades que la Generalitat deba pagar a los proveedores de servicios dirigidos a grandes dependientes,  ganen prioridad de forma que se coloquen al nivel de las obligaciones que generan las sentencias judiciales.
La verdad es que resulta importantísimo que una ILP de este tipo se plantee y sea admitida a trámite.  Por supuesto que, una vez presentada al Parlament puede ser tumbada pero, el sector debería intentar que esto no suceda.

Los partidos me provocaron una sensación bastante descorazonadora.  Supongo que los mejores parlamentarios no se dedican a servicios sociales si no a otras cuestiones.  Ilusamente esperaba alguna intervención brillante pero no escuché cosas demasiado interesantes.  Dijeron muchas cosas (se me hizo larguísimo) y destacaría: de ERC que con la independencia el problema del impago no se hubiera producido; del PP que la culpa es del tripartito y que se debería fomentar la natalidad; de Iniciativa que las residencias deberían ser más verdes y que los bancos son muy malos, casi tanto como las grandes empresas que entran en el sector de la atención a mayores;   el PSC reclamó que se hiciese ya el pago y CiU habló de un “impago puntual” de su cercanía con el sector, de su transparencia y de cómo son los continuos incumplimientos del Gobierno y el estrangulamiento económico al que someten a Cataluña lo que ocasiona los problemas.    Seguro que me dejo cosas porque hablaron mucho.  Incluso tuvieron tiempo para interpelarse mutuamente, lo que resultó entre cómico y grotesco cuando parecía que la función de la comparecencia era que tomasen un pulso a la realidad.

Yo quería ver cómo se movían los resortes de la democracia y me llevé dos tazas.

Está muy  bien que el Parlament quiera escuchar a los representantes de quienes están sufriendo por el impago  y, si al final esto sirve para que desde ese mismo Parlament todos apoyen la ILP y se establezca por Ley una prioridad en el pago de los conciertos, colaboraciones y gestión; les felicito por la iniciativa.
Dentro de poco seguiré hablando de la ILP, que espero reciba un gran apoyo.  Hasta entonces habrá que seguir cruzando los dedos para que, mes a mes ICASS pueda pagar  y para que, más pronto que tarde, pague lo que dejó de pagar.

jueves, 28 de febrero de 2013

MANERAS DE ENTENDER EL ENDOSE DE LAS PEV


La Generalitat ha decidido que la mejor forma de transmitir a las residencias cómo funcionarán los pagos de las Prestaciones Económicas Vinculadas es convocar una serie de reuniones y explicarlo directamente a los afortunados asistentes.

Quizás sería más “del siglo XXI” poner una información clara y para todos en la web del Departament de Benestar Social i Família.  Quizás sería más “de estado de derecho”, publicar una norma o comunicar a los interesados unas instrucciones. Pero no, la Generalitat parece valorar más la cercanía  y la comunicación verbal.

El problema es que no todas las residencias acreditadas han podido asistir a las reuniones que se llevaron a cabo entre el 19 y el 21 de febrero. Bueno, también es un problema que no todos los que asistieron entendieron lo mismo.

Para ayudar a aclarar las cosas, tres patronales:  ACRA, Upimir y la Unió han hecho llegar a sus asociados sendas circulares en las que les comunican lo que se dijo en la reunión.  De nuevo un problema: o lo entendieron diferente, o no se dijo lo mismo en todas las reuniones, o quienes escriben tienen diferente capacidad de condensación de la información.

Durante los últimos días me han llegado de diferentes personas las circulares y recomiendo la lectura de las tres para poder aclarar un poco las cosas.


La sensación al leerlas es parecida a la que se tiene al leer los Evangelios:  hay varios, todos nos ofrecen un mensaje básicamente igual aunque a veces hay matices e incluso contradicciones.  No soy nadie para opinar sobre la forma en que la Divinidad transmite su mensaje pero sí lo soy para exigir más concreción y seguridad a mis gobernantes.

Centrándome en el mensaje: Está claro que a partir de ahora no es obligatorio endosar las PEVs y que tampoco hay que tomar una opción que afecte a todos los residentes por lo que las residencias podrán acabar teniendo algunas prestaciones endosadas y otras no. 

Queda también claro que la opción, por defecto es el endose.

No es que haya enormes diferencias pero, algunas frases llaman la atención.

En la circular de ACRA se indica que “Mientras no haya resolución administrativa que le reconozca la prestación, el centro puede cobrar al usuario el precio de la plaza privada”.

En la de Upimir se indica “Desde ahora todas las altas y las bajas de residentes que sean beneficiarios de una PEV se deben hacer vía web del Departamento, o sea, a todos los usuarios que tengan reconocida una PEV y no se les haya dado de alta en un establecimiento vía la página web del Departamento se les parará la tramitación del PIA hasta que les conste el alta en un establecimiento adecuado  a su reconocimiento de la Dependencia”.

Si ICASS no decide sacar una instrucción y enviarla a todos los centros acreditados aclarando todos los extremos corremos el grave riesgo de mantener una situación de inseguridad jurídica. 

Por lo menos parece que estamos a 28 de febrero y mañana las residencias concertadas cobrarán lo que toca este mes.

jueves, 21 de febrero de 2013

AGRADECER REGLAMENTARIAMENTE

Nuestros gobernantes tienen con la potestad reglamentaria una relación verdaderamente escatológica.  Y no lo digo por los calificativos con los que vulgarmente nos referimos a las normas que promulgan sino a la forma misma en que las emiten.

Así, cuando un acuerdo estatal del Consejo Teritorial de la Dependencia les impuso la obligación de dictar un decreto de acreditación antes de finalizar 2008, casi todas las comunidades sufrieron un ataque de estreñimiento reglamentario que hasta hoy les dura a las pobres.  Lo mismo les sucede cuando tienen que dictar normas de copago que contemplen la diferenciación entre costes hoteleros y de servicios: parece que se esfuerzan pero.. no sale nada.

En cambio, cuando se trata de promulgar otro tipo de normas les entra una fluidez quasi diarréica.

No es que no sea urgente dictar nuevos reglamentos de participación o regular los comités de ética asistencial.  Pero indudablemente lo es mucho más dictar una norma de acreditación de servicios que llevamos esperando desde hace cinco años y que hubiera sido una pieza clave en el desarrollo de la difunta Ley de Dependencia.

Ahora la Generalitat Valenciana nos ha sorprendido con la elaboración de una de esas normas que parecen más fruto de un retortijón que de la reflexión en tiempos de crisis.  Se trata del "Proyecto de Orden por la que se regula el sistema de quejas, sugerencias y agradecimientos en el ámbito de los centros e instituciones de servicios sociales dependiente de la consellería".

Resulta sorprendente que se quiera reglamentar en un texto de siete páginas qué son, cómo deben formularse, tramitarse y responderse las quejas, sugerencias y ¡los agradecimientos!.  

Para empezar la norma distingue las quejas de las denuncias, solicitudes, recursos y reclamaciones.  Más adelante se establecen unos requisitos de presentación y un filtro para distinguir las denuncias que se presenten bajo apariencia de queja.  Así el artículo 6.3 dice "Si el escrito en el que se formula la queja, sugerencia o agradecimiento, no reúne los requisitos exigidos, o la cumplimentación del impreso es defectuosa, el órgano competente para su respuesta requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la deficiencia advertida, con la indicación expresa de que, si no lo hiciera, se procederá al archivo de la queja, sugerencia o agradecimiento".

¿Verdad que llama la atención que se pueda archivar un agradecimiento por un defecto formal?

Sigamos con los agradecimientos.  El artículo 13.2 dice que "Los escritos de respuesta a los agradecimientos serán personalizados, estarán redactados de forma clara y sencilla y expresarán tanto la gratitud de la persona remitente por su formulación, como la voluntad de la administración  de continuar en esa línea de calidad en la gestión de los servicios para la adecuada y completa satisfacción de los derechos y necesidades de la ciudadanía".

- ¡Ay Vicenta, estoy tan contenta! En la residencia cuidaron muy bien a mi padre, escribí un agradecimiento y mira que carta tan bonita he recibido.  ¿Tu no estabas contenta también?-

- ¡Que va!  Yo me quejé pero me dijeron que "la cumplimentación del impreso en el que formulé la queja era defectuosa" y me dieron un plazo de diez días  para "subsanar la deficiencia advertida". Total, que me dio pereza y lo dejé.  Pero, déjame mirar tu carta... pues sí que es bonita, ¡Qué claridad y sencillez! "completa satisfacción de derechos y necesidades..".  Me parece que mañana agradeceré algo para recibir una.

¿Es malo que la Generalitat Valenciana regule el agradecimiento?

Probablemente no, pero lo es que para hacerlo elija la fórmula de la "metralleta reglamentaria" que se utiliza para evacuar normas casi idénticas desde diferentes órganos de la administración.

No hace falta buscar demasiado para encontrar en internet la ORDEN de 27 de septiembre de 2007, de la Conselleria de Sanitat, por la que se regulan las quejas, sugerencias y agradecimientos en el ámbito de las instituciones sanitarias dependientes de la Agencia Valenciana de Salud y de la Conselleria de Sanidad.  El proyecto de orden que ahora tratamos es casi un calco de esta que tiene seis años.

¿De verdad es prioritario acometer esta regulación? Y, si lo es, ¿No sería más lógico crear un único sistema  que permitiese al ciudadano conocer que tiene ese derecho, tanto en sanidad como en servicios sociales, educación o seguridad vial?. ¿De verdad hace falta que cada consejería regule esto por su cuenta?

Si alguien pudiera prescribir un antidiarréico reglamentario a nuestras múltiples administraciones, ¡cuánto podrían adelgazar los boletines oficiales!.