SOBRE EL "DINERO NUEVO" DE LA LEY DE DEPENDENCIA

El mayor sueño de un político mediocre es tener una legión vociferante de seguidores sin criterio que le sigan con igual arrojo diga lo que diga. Ese político puede pactar con quien sea y hacer lo que quiera, aunque suponga renunciar a lo que eran sus principios ya que sabe que “su legión” le seguirá. El secreto del político mediocre triunfador es el clientelismo y su mayor miedo, que las personas adquieran criterio y cuestionen lo que se hace y miren con visión crítica la realidad.


Resulta difícil encontrar a inocentes en el fracaso de la Ley de Dependencia y en cambio los culpables surgen casi sin buscarlos.

Según el informe que hizo público el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad el pasado 4 de Noviembre  el Gobierno de España aporta al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) un 54 por ciento del presupuesto total para financiar el gasto nuevo (1.828 millones), es decir, “el relativo a las nuevas plazas y servicios respecto a las ya existentes en el 2005, así como las prestaciones económicas de la Ley de Dependencia que se consideran que son nuevas”.

La derivada de esta información es que las Comunidades Autónomas ponen menos de la mitad.

La pregunta que cabe hacerse es ¿por qué hablan de “gasto nuevo”?

Vamos a intentar descubrirlo:

Esto es lo que dice la Ley de Dependencia en su artículo 32

Artículo 32. Financiación del Sistema por las Administraciones Públicas.


1. La financiación del Sistema será la suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que


correspondan a las Administraciones Públicas competentes y se determinará anualmente en los correspondientes Presupuestos.


2. La Administración General del Estado asumirá íntegramente el coste derivado de lo previsto en el


artículo 9.


3. En el marco de cooperación interadministrativa previsto en el artículo 10, los Convenios que se suscriban entre la Administración General del Estado y cada una de las administraciones de las Comunidades Autónomas determinarán las obligaciones asumidas por cada una de las partes para la financiación de los servicios y prestaciones del Sistema. Dichos Convenios, que podrán ser anuales o plurianuales, recogerán criterios de reparto teniendo en cuenta la población dependiente, la dispersión geográfica, la insularidad, emigrantes retornados y otros factores, y podrán ser revisados por las partes. La aportación de la Comunidad Autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado como consecuencia de lo previsto en este apartado y en el anterior.

O sea, si atendemos a la letra de la Ley, el Estado pone una cantidad X de dinero (con la que asume el nivel mínimo garantizado en su integridad y una parte del nivel conveniado) y la Comunidad Autónoma pone, como mínimo otra cantidad igual.

El problema es que el Estado considera que, aunque la Ley diga eso, lo que de verdad quiere decir es que, cuando se habla de financiación del sistema siempre se hace refiriéndose a “cuánto dinero de más” se gasta en relación con 2005. Si esto se hace así, habría que descontar del sistema lo que una comunidad autónoma estuviera gastando antes de la LAPAD en atender a personas dependientes en residencias, centros de día, o ayuda a domicilio mediante servicios públicos o concertados. Si eso se hace así, una comunidad que estuviese gastando mucho en servicios “caros” (residencias y centros de día) se vería perjudicada respecto a otra que gastase menos.

La discusión sobre si debe considerarse todo el gasto o sólo el gasto nuevo es el hacha de guerra con la que llevan atizándose las Comunidades Autónomas y el Estado desde casi el inicio de la Ley.

Pero, ¿coincide lo que dijo el Gobierno después de entrar en vigor la Ley con lo que pensaba antes? Yo creo que no:

Si leemos el capítulo X del Libro Blanco de la Dependencia, concretamente la página 658 del Libro, encontramos lo siguiente:

El hecho de que se establezca un umbral de entrada para tener derecho a las prestaciones del Sistema Nacional de Dependencia no implica que las personas que no superen ese umbral, pero tengan necesidades de ayuda para realizar tareas domésticas o presenten discapacidad moderada para alguna actividad básica de la vida diaria, vayan a quedar sin protección. Por el contrario, es razonable esperar que, al garantizar el Sistema Nacional de Dependencia la cobertura de las necesidades de atención de las personas dependientes, las Administraciones Públicas, y en especial las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, podrán ampliar los recursos que actualmente vienen dedicando a la atención de ese otro segmento de población. La ayuda a domicilio de baja intensidad y los programas masivos de teleasistencia, orientados a personas que no son dependientes en sentido estricto, podrán y deberán extenderse a nuevos grupos de usuarios, garantizando así la adecuada cobertura de sus necesidades. Como resultado, se generará un importante volumen de empleo en estos programas, que puede estimarse con criterios realistas, en el horizonte de 2010, en unos 50.000 empleos netos a jornada completa.

O sea que lo que se pensaba en un principio es que las Comunidades Autónomas podrían dedicar lo que, hasta la entrada en vigor de la Ley, gastaban en dependencia, en atender a personas no dependientes pero necesitadas de servicios sociales.

Donde sí aparece la idea de la financiación nueva es en la memoria económica de la Ley  donde en la página 50 aparece esta frase “El resultado final es que la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas financiarán el coste nuevo que suponga la implantación del Sistema de Dependencia al 50 por ciento, aportando las Corporaciones Locales los terrenos necesarios para la creación de infraestructura de Centros.”

Vemos pues, que si sólo tomas la Ley, parece que la financiación se refiere a “todo el dinero” pero si tomas la memoria económica se refiere a “dinero nuevo” y si lees el Libro Blanco, parecería otra vez que se refiere a todo.

¿A alguien le queda claro? A mí tampoco.

Parece que en esto de la Dependencia existía un acuerdo para confundir de forma que todo quisiera decir una cosa y la contraria, así las prestaciones económicas para el cuidado no profesional son excepcionales pero se pueden dar a quien las pida, el Estado puede dictar contenidos comunes de acreditación “sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas” (que, recordemos, son exclusivas en materia de servicios sociales), o “para fijar la participación del beneficiario en el coste del servicio, se tendrá en cuenta la distinción entre servicios asistenciales y de manutención y hoteleros”, según se contemple en un acuerdo que no lo regula.

Así, la confusión está servida, los políticos mediocres pueden lanzar soflamas a sus legiones y, hagan lo que hagan, encontrarán en la ciénaga de la Ley una explicación imposible que les justifique y algo de lodo para lanzar al adversario.

En fin, espero que estas líneas sirvan para aclarar un poco eso del “dinero nuevo”.

MAREANDO LA PERDIZ

Estoy repasando los últimos números de la revista  Balance de la Dependencia, que edita el Grupo Senda bajo la profesional dirección de Matilde Pelegrí.  Desde que Negocios y Gestión Residencial (de Planeta) desapareció a principios de año, esta revista se ha convertido en un punto de lectura obligada dentro del sector de atención a los dependientes.

Llevo un rato leyendo el número de Septiembre de 2011 y, cuando sólo voy por la página 12, me han entrado unas ganas locas de escribir.  Me hace gracia que, tan cerca de las elecciones como estamos, y siendo una de las pocas cosas en que casi todos los lectores de esa revista estaremos de acuerdo que la aplicación de la Ley de Dependencia ha traído más desilusión que éxito, resulta que los políticos que escriben desde su torre de marfil ajenos al parecer a la tormenta que sobre todos está descargando.

Nada más empezar la lectura (pág. 5) me encuentro con una columna de la Directora General del Imserso en la que, por enésima vez explica la Ley (como si lo hubiese escrito en 2008) y sus grandes ventajas.  Unas setecientas palabras: ni una mención a las dificultades; la última frase:“estamos contribuyendo a la generación de empleo y bienestar para toda la sociedad”.

Al lado, una columna de opinión del Consejero de Salud y Servicios Sociales de la Rioja.  Otro que parece encantado de haberse conocido. “La Rioja cumple con las personas dependientes”. A la autopregunta sobre si el sistema es sostenible, su respuesta “Estoy convencido de que sí, el sistema creado tiene futuro y no solamente un futuro inmediato, si no como país y como sociedad que vive en libertad y en solidaridad”.  Al final algo de reflexión sobre volver a recuperar el valor del esfuerzo y un final para  la reflexión “Este sistema es viable, pero no derrochador”.

Pasando una sola página llego a un tema interesantísimo.  La coordinación sociosanitaria.  El último juguete de nuestros gobernantes. Algo, tan, tan importante para el sistema de la dependencia que en la Ley sólo aparece una vez y de pasada: Concretamente en el artículo 11.1 c, cuando establece las funciones que tienen las Comunidades Autónomas en el Sistema de la Dependencia dice que éstas pueden Establecer los procedimientos de coordinación sociosanitaria, creando, en su caso, los órganos de coordinación que procedan para garantizar una efectiva atención.

Ahora nos anuncian cosas interesantísimas.  La Ministra Pajín anuncia que en seis meses (sí, ya sé que las elecciones son en siete semanas) se habrá acordado una Estrategia Nacional de Coordinación Sociosanitaria.  Para ello se contará con un Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria.  Si a estas alturas alguien no sabe de qué estamos hablando, tranquilos, nos lo explica la Directora General del Imserso: “La coordinación sociosanitaria debe ser un proceso de normalización entre los servicios y recursos existentes. Para ello, las políticas públicas deben ser transversales para afrontar el reto de la coordinación entre el Sistema de Salud y el Sistema de Servicios Sociales”. ¿Queda claro?

A mí me parece que, si con una Ley que habla en muchos artículos de establecer un sistema de atención a la dependencia no han sido capaces de triunfar.  Con la tímida mención a la coordinación sociosanitaria el fracaso es seguro.  Quizás sería mejor cumplir en este caso la Ley y dejar esa coordinación en manos de las comunidades, a ver qué hace cada una.  Si se opta por esta vía, el intento de detectar y difundir buenas prácticas en varios ámbitos de la atención a personas dependientes por parte del Imserso sí merece la alabanza y el reconocimiento.

La forma en que nos hablan estos políticos me recuerda un cuadro que he visto varias veces en internet que está dividido entres columnas y que permite, leyendo sucesivamente un fragmento de cada una, encadenar un discurso aparentemente juicioso pero totalmente falto de contenido.

Sigo leyendo y me llega como un soplo de aire fresco la entrevista a Cinta Pascual, nueva presidenta de la patronal catalana ACRA.   Sólo cinco frases para dar una idea “La principal problemática de la Ley de Dependencia es que está mal presupuestada desde su concepción”; “(La política de concertación en Cataluña) en estos momentos está en la UCI, mejor dicho, en proceso de congelación”; “Estamos subsistiendo con economía de guerrilla”; sobre la existencia de plazas libres en residencias “Lo primero que se debe hacer es no crear nuevas plazas de residencia y en caso de necesidad de plazas en el sector público, concertar primero”; sobre la coordinación sociosanitaria “El problema principal es que no se hace nada para conseguirla.  Parece que no es la prioridad de ningún gobierno”.

Por desgracia no tengo más tiempo para leer o escribir así que aquí lo dejo con una pequeña reflexión.  Parece que nuestros queridos gobernantes están abonados a las palabras bonitas y a marear la perdiz mientras son los que viven la realidad los que hablan con palabras no tan bonitas pero cargadas de razón.

Autor del post Josep de Martí

PAJÍN EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

Cuando le quedan pocas semanas para despertar a la realidad, la ministra Pajín ha decidido seguir en su burbuja hasta el final, meciendo entre sus brazos a la gemela siniestra mientras hace público un informe del que se desprende que todo está yendo bien y, todavía iría mejor si no fuera por las comunidades gobernadas por el PP que no gastan lo que debieran. En la nota de prensa de presentación del informe ni un atisbo de autocrítica. Nos habla Pajín desde el país de las maravillas-

Cuando Zapatero la nombró como ministra me pareció que era una muestra más de que al presidente nunca le había importado la atención a la Dependencia más allá del ruido y de poder ganar el voto de algún incauto. Lo dije en este blog hace un año por lo que espero que nadie me acuse ahora de hacer leña del árbol caído.

Lo cierto es que, aunque la ministra pretenda no verlo, lo que se quiso hacer con la Ley de Dependencia no se ha conseguido. Objetivamente la Ley es un fracaso, pero, por supuesto, se puede encontrar la manera de que un informe diga que las cosas van bien.

Imagínese que propongo hacer una Ley para acabar con el analfabetismo en un país subdesarrollado. El sistema consiste en que los analfabetos puedan elegir entre dos opciones: a) recibir unos cursos al final de los cuales habrá unos exámenes para saber si se han aprovechado las enseñanzas y b) recibir una cantidad de dinero para que un amigo les enseñe a leer y escribir. Si se elige la opción b) no hay que demostrar nada.

Al cabo de unos años, estoy gastando mucho dinero en la aplicación de la Ley, miles de personas reciben “algo” y ese “algo” en la mayor parte de los casos es dinero. Por supuesto se ha construido alguna escuela pero muchos ven el dinero que reciben como una ayuda para ir tirando que viene muy bien en tiempos de crisis.

Ante las críticas que surgen porque el analfabetismo no se ha reducido sustancialmente a pesar del dinero gastaso, porque hay muchos analfabetos que no pueden acceder a la opción a) ni b) y que, ni siquiera se valora igual si una persona es o no analfabeta, decido pasar una encuesta entre los que han recibido “algo” y, por supuesto el resultado es positivo. No planteo si el dinero gastado está obteniendo los objetivos que se plantearon; no miro si el sistema está siendo equitativo; no persigo cuantificar la eficacia o eficiencia. No, sólo números.

La presentación del informe del ministerio dice que éste está estructurado en dos partes diferenciadas; en la primera se examina el Sistema desde el punto de vista del análisis normativo, de costes y financiación, de impacto económico, análisis comparado europeo, análisis del Sistema de Información del SAAD (SISAAD) y la memoria de actividades de la Administración General del Estado en el ámbito del SAAD. En la segunda parte viene la encuesta.

Si alguien quiere tomarse a risa lo que ha dicho la ministra en la nota de prensa difundida hoy, aquí hay alguna perla:

“El calendario de desarrollo de la LAPAD ha sido cumplido fielmente según lo previsto” (¿A sí? Pues existía la obligación de tener unas normas comunes de copago, de acreditación y calidad y lo único que hay son unos acuerdos tan vagos que no sirven de nada).

“La administración general del Estado (AGE) ha financiado el 47% del gasto total en atención a la dependencia en 2009” Este dato no es consistente con ningún otro estudio como el del Observatorio de la Dependencia de la Asociación de Directores, que en su página 160 indica que la aportación del Estado al sistema supone el 34,8%, o los que ofrecen las Comunidades Autónomas.

“Los avances más importantes en el SAAD se han sustentado, entre otros, en:”

• Establecer un baremo de valoración de la situación de dependencia único para todo el Estado (Lo cierto es que se valora de forma diferente en las diferentes comunidades por lo que el baremo está mal. Las valoraciones no coinciden en absoluto con lo previsto en el Librlo Blanco. Se puede ver en el artículo publicado en Actas de la Dependencia sobre el baremo)

• Desarrollar una catálogo común de servicios de atención para todos los grados y niveles (no se ha desarrollado nada con posterioridad a la Ley).

• Establecer criterios comunes de calidad de los centros y servicios (No existen criterios comunes de acreditación ni calidad)

• Garantizar prestaciones económicas para las personas beneficiarias (La Ley prevé las prestaciones económicas para el cuidador no profesional como excepcionales y son la norma)

• Integrar en el Sistema de Seguridad Social a las personas cuidadoras no profesionales (Ni un tercio de los cuidadores no profesionales se han integrado porque o ya cotizaban o eran jubilados).

Yo prefiero no reírme. Que Pajín y Zapatero consuman sus últimos días en el gobierno encantados con su gestión, sin dejarse contaminar por la realidad, publicando cifras buenísimas que no se cree nadie y pensando que no nos damos cuenta de que lo que nos presentan como atención a la Dependencia no es más que una copia defectuosa de lo que debería ser.

En Junio de 2007, cuando la Ley justo empezaba su desarrollo escribí una columna para Negocios y Gestión que ahora está en el blog, en él me preguntaba:

¿Caerán nuestros queridos gobernantes en la tentación de crear el PER de la Dependencia o serán valientes y harán una apuesta por los principios que establece la Ley?

Hoy sabemos la respuesta.