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domingo, 22 de febrero de 2015

NECESITAMOS DINERO PARA RESIDENCIAS. ¿VOLVER AL COPAGO DE LOS HIJOS?

Esto de llevar años tratando y escribiendo sobre los mismos temas me lleva a que, a veces lea algo que escribí hace un tiempo y, ni me acuerde de que lo escribí yo.
Pronto se cumplirán diez años desde el momento en que en Cataluña la Generalitat decidió que los hijos con recursos ya no tendrían que asumir una parte del precio de la residencia pública, concertada o colaboradora en la que vivían sus padres mayores.  Lo cierto es que ese sistema hacía que algunos hijos pagasen cantidades, casi siempre muy reducidas.  Esta medida que afectaba a las residencias de Cataluña, también se aplicaba en otra.
A mí me pareció que lo que proponían no era correcto y así lo escribí en un a noticia que publiqué en el portal Inforesidencias.com (ver noticia de 2005).
Pasados diez años me sigue pareciendo que la decisión que se tomó entonces fue equivocada y que, con la tensión económica que sigue existiendo, renunciar a unos ingresos que podrían ayudar a sobrellevar la situación, es poco menos que un derroche.
Por supuesto que no hablo de que pague un hijo que tiene pocos recursos y obligaciones familiares más acuciantes.  Pero en vez de volverlo a escribir, me permito sacar del baúl de los recuerdos esto que escribí en 2005 y que considero sigue siendo de plena actualidad.  Me gustaría leer opiniones.

Quizás la coparticipación de los hijos en el pago de la residencia ha funcinoado mal en Cataluña pero no porque la idea sea mala sino por los siguientes motivos:
- Una ineficaz colaboración entre administraciones hace que un hijo pueda negarse a aportar sus datos fiscales a la administración y que la Generalitat pueda comprobar la veracidad de los datos aportados. Esto genera casos en los que la injusticia es manifiesta (hijos que no pagan nada porque no aportaron sus datos en el expediente). Esto podría solucionarse con la incorporación en una norma con rango de Ley de una obligación de los hijos a participar en el mantenimiento de los padres cuando estos reciben servicios sociales públicos (obligación recíproca fundamentada en el Derecho/obligación de alimentos entre parientes que perdería su carácter personalísimo). Esto podría comportar una reforma del Código Civil y una inclusión específica en la Ley de Dependencia. Una vez hecho, la posibilidad de cruzar datos de la Agencia Tributaria para el cálculuo de los pagos sería mucho más fácil. 
- Una infecicaz gestión administrativa hace que los hijos que tienen la obligación de pagar y no lo hacen no tengan consecuencia alguna. En Cataluña hoy, cuando una residencia privada colaboradora tiene un usuario acogido al programa de acogimimento público (algo parecido al cheque residencia) y el familiar se niega a pagar la parte que le corresponde según lo establecido por la Generalitat, la residencia se ve totalmente desprotegida y abocada a intentar que la Generalitat recalcule las aportaciones. Esto podría solucionarse si el sistema se cambiase y el hijo y el propio residente no tuviesen que pagar a la residencia directamente sino a la Administración. Desde el momento en que la deuda se tuviese con la administración, el sistema de cobro sería mucho más eficaz. Para que este sistema fuese totalmente eficaz las administraciones deberían pagar a los prestadores de servicios en un plazo máximo de treinta días.
- En algunos casos, el hecho de hacer pagar a los hijos por los servicios recibidos por sus padres ha resultado ser poco equitativo o incluso totalmente injusto. La culpa en esos casos no es del sistema sino de los baremos que se utilice para calcular la aportación. Si se llegase a hacer las modificaciones legales a que hacíamos referencia, el gobierno de turno podría después ir modificando los baremos de forma que se hiciese pagar a más o menos personas. Ramon Nicolau nos dice que la estructura de la familia ha cambiado y los hijos ya no pueden asumir el pago de los servicios que reciben los padres, eso es cierto solo en parte: Si se universaliza el derecho a recibir la prestación querrá decir que todo el mundo que tenga necesidad podrá recibir el servicio independientemente de su capacidad económica, esto quiere decir que los que tengan nula capacidad económica lo recibirán sin pagar nada, y los que tengan mucha capacidad económica lo recibirán pagando lo que cuesta el servicio. Entre un extemo y otro habrá copago. En este sistema universal que incluye a todos nos encontraremos con una amplia posibilidad de combinaciones (padre "rico" con hijos "pobres"; padre "pobre" con un hijo "rico" y uno "pobre", padre "ni rico ni pobre" con hijos "ni ricos ni pobres". etc.. etc..). ¿Por qué renunciar a que hijos con ingresos elevados y pocas obligaciones participen en el pago del servicio que recibe su madre?
Quizá sí haya un motivo para renunciar a este sistema, pero de él no se ha hablado. ¿Cuál sería su nivel de eficiencia? Para saberlo se debería hacer un cálculo de lo que podría aportar al Sistema y del coste que tendría su puesta en funcionamiento y mantenimiento. Si los ingresos a obtener no son muy superiores al coste debería dejarse de lado ya que cuando hablamos del coste de la Dependencia deberíamos intentar que la mayor cantidad e euros posibles vaya al cuidado y la mínima a los despachos de los ministerios y las consejerías.

Como, aunque la pauta general del copago la tiene que establecer el Estado,  son las comunidades autónomas las que tienen que hacer la regulación.  Por ello es muy posible que acabemos en una situación en que, quien viva en una residencia geriátrica en Madrid pueda tener obligación familiar de copago y quien esté en otra, pongamos en Castilla la Mancha, no o viceversa.

Otro de los regalos escondidos de la Ley de Dependencia.

lunes, 27 de octubre de 2014

COPAGO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Recientemente en la Comunidad Valenciana a sido noticia que el Tribunal Superior de Justicia ha declarado nulo el Decreto 113/2013 de 2 de agosto del Consell, "por el que se establece el régimen y las cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales", o sea que ha declarado nula la regulación del copago en los servicios sociales.  La clave para declarar la nulidad es que el copago se impone como "precio público" a un servicio que no es voluntario sino "objetivamente indispensable para poder satisfacer las necesidades básicas de la vida personal o social de los particulares" porque "se trata de servicios primarios asistenciales, básicos e imprescindibles".  Así las cosas el tribunal interpreta que lo que está estableciendo la Generalitat Valenciana es una tasa y que para hacerlo necesita dictar una Ley del parlamento y no un decreto del gobierno.

Aunque el fallo no entra tanto en el contenido de la norma sino en la forma, CERMI y las asociaciones que han apoyado el recurso, han obtenido un gran triunfo en su lucha contra la norma.

La reacción de la Generalitat ha sido la de iniciar la tramitación para convertir el precio público en tasa mediante una Ley que, presumiblemente entrará en vigor en 2015 con lo que, si acaba así, el triunfo se habrá quedado en un año de margen.

Lo cierto es que esto del copago es una cuestión muy peliaguda.  Según unos (aquellos que le llaman "repago") los ciudadanos pagamos los servicios públicos con impuestos y no deberíamos volver a pagarlos cuando se nos prestan.  Según otros el copago es necesario porque con los impuestos no hay suficiente o porque es una medida necesaria para evitar un uso excesivo de los servicios públicos.

Los que opinan lo segundo suelen ser los que gobiernan  administran "lo público" y al final resulta que cuando he visitado residencias en países europeos como Suecia, Holanda o Suiza, en todos ellos las personas que viven en residencias públicas pagan el alquiler de la habitación (si pueden) y una parte de la atención.  Por supuesto que quien no puede pagar nada no paga nada pero quien sí puede colabora en una medida.

Cuando se habla de dependencia y de su coste suele surgir un argumento que me encanta por su claridad y candidez: "Me niego a aceptar que no hay dinero para pagar los servicios de necesitan los dependientes".  El problema es que, cuando quien dice esa frase llega a gobernar y a tener que administrar el dinero público con negarse no hay suficiente.  

Sabemos que hoy es difícil pagar la factura pero el problema principal es que dentro de diez años habrá muchos más dependientes que ahora, y dentro de veinticinco la cifra se habrá casi triplicado.

Por eso hay que plantear un sistema que permita garantizar que quien necesita el servicio lo reciba y quien pueda participe en el coste en la medida en que pueda.  Sé que es poco menos que la cuadratura del círculo pero sino se plantean soluciones ahora nuestro nietos nos pedirán explicaciones cuando les pidamos que nos cuiden.

Sobre esto escribí el año pasado en la revista de la patronal AMADE que agrupa a residencias para mayores de Madrid (y otros servicios de atención a la dependencia), un artículo en el que decía entre otras cosas lo siguiente, a ver qué os parece:


Cuando se habla de salvar la Ley de Dependencia, a menudo se plantea hacer participar en cierta medida a los hijos en el copago del servicio que reciban sus padres dependientes.  Sé que es una cuestión que levanta apasionados debates y que pocos quieren afrontar, pero si analizamos un poco nuestro sistema jurídico vemos que tiene algún fundamento.

En España eres libre de querer o no a tus hijos pero, mientras dependan de ti, tienes la obligación de “prestarles alimentos”, o sea de darles, cobijo, comida, ropa, afrontar el coste de su educación y mantenerles según “sus necesidades y tu capacidad”.   Esa obligación no desaparece cuando los hijos se independizan y, además es de doble sentido.  Eso quiere decir que, si un padre está en una situación de necesidad podría reclamar una pensión de alimentos a sus hijos.  Ésta dependería del grado de necesidad de quien reclama; del de disponibilidad de quien debe prestarlos y de un tercer requisito que lo complica todo: debe existir una reclamación.

No cuesta demasiado imaginarse lo difícil que sería que, para obtener plaza en una residencia pública o concertada fuese requisito la demanda previa a los hijos.  Estoy seguro de que muchos mayores preferirían malvivir antes que pasar por el brete de interponer la demanda.

Un simple cambio legislativo y una coordinación efectiva entre la Agencia Tributaria y los servicios sociales de las Comunidades Autónomas harían todo mucho más fácil.

A quien le parezca una idea novedosa le diría que algo así se hizo durante unos cuantos años en varias comunidades autónomas y, si se dejó de hacer fue porque la Ley de Dependencia lo prohibió de facto.

Hoy, un sistema que permitiese establecer un “copago familiar equitativo” en el que se tuviese en cuenta la capacidad económica y cargas de cada uno de los hijos, en el que hubiese un nivel exento que permitiese no pagar a la mayoría y, que estableciese un máximo para las rentas más altas de, por ejemplo 300€/mes por hijo tendría un efecto positivo sobre el sistema que vendría de dos lugares.

En primer lugar, se podría atender a más dependientes con el mismo dinero. En segundo, algo más enrevesado; en el momento que para tramitar las ayudas de la dependencia se pidiese la declaración de la renta de los hijos, habría un grupo que dejaría la tramitación y optarían por cuidar con recursos propios.

Por supuesto sería una medida impopular y la oposición intentaría embarrar el terreno.  Yo creo que la clave está en la equidad del sistema, o sea, quiénes quedarían exentos y cuál sería el copago máximo familiar.

Cuando en 2008 escribí un artículo titulado “Acciones necesarias para salvar la Ley de Dependencia” esta medida ya aparecía entre las propuestas.  Entonces nadie hizo caso por lo que supongo que ahora tampoco lo harán.
Quizás les apetezca a nuestros queridos gobernantes hacer algo más “chinesco”.  Lo digo porque en la República Popular China han aprobado recientemente una Ley  que obliga a los hijos a cuidar y visitar a sus padres de más de 60 años si no quieren tener que afrontar multas o incluso la cárcel.  No es broma, apareció en los periódicos del pasado 8 de julio.

Aquí somos muy dados a eso, a crear leyes que después no sirven ni mucho menos para aquello que las justificó.  Muchos dicen que la Ley de Dependencia tuvo como gran logro el instaurar un derecho subjetivo.  Yo les contesto (tras recomendarles que se lean la Ley) “sí, el derecho a ser valorado”.

Autor del post Josep de Martí


viernes, 4 de mayo de 2012

SOBRE EL COPAGO SANITARIO

Aunque normalmente la salud me acompaña, hace dos semanas he pasado uno de esos días que, cuando pasan te hacen valorar lo maravilloso que es encontrarse bien.

Todo empezó con un leve dolor de barriga, seguido por un malestar  intenso y, por la noche, un viaje al lavabo que se truncó  a causa de un mareo, un desmayo y un golpe en la cabeza durante la inconsciente caída.  Como en casa somos del "seguro público", mi mujer llamó al 061 y en unos diez minutos teníamos en casa una ambulancia y dos profesionales que se quedaron durante unos cuarenta minutos, tomándome la tensión, el nivel de azúcar y observándome hasta que, vuelto en mí, decidimos que me quedaba en casa y, si seguía encontrándome mal acudiría a un servicio de urgencias no hospitalario.

Dicho y hecho, al día siguiente, visita al centro Dos de Maig de Barcelona.  Más observación, examen físico, analítica de sangre y orina, medicación inyectada, receta de Omeprazol y, ¡para casa!.

Dos días después, todavía no me encontraba bien y pedí hora al médico, ese mismo día por la tarde, visita.  Ya estoy algo mejor pero sigo "no bien".  La doctora me escucha, me envía a hacer un electrocardiograma, descarta la afección cardíaca y me envía a casa.  Al día siguiente  me llama por teléfono para saber si me encuentro mejor y, efectivamente, en cuestión de dos días más, después de cinco mal, vuelvo a ser el de siempre.

No puedo hablar por toda la sociedad pero en mi caso, con mi nivel de renta y mi situación familiar, si me hubiesen dicho que tenía que participar en el coste de la atención que he recibido, lo hubiese encontrado totalmente razonable.  Es cierto que tuve que esperar bastante en el Dos de Maig y en el ambulatorio pero cuando llamamos a la ambulancia ésta vino en seguida.  Para mí la cuestión no es el copago en sí, sino encontrar una cantidad que sea lo suficientemente alta como para que "se note" (reduciendo costes y atenciones no necesarias) y lo suficientemente ajustada como para que no suponga que alguien pueda quedarse fuera de cobertura.

Estoy muy contento con la atención recibida y, podría decir lo mismo de las otras veces que he necesitado atención médica (para mí u otros miembros de mi familia).  Quiero que se mantenga un buen nivel de calidad y me parece que el copago razonable debería haber existido siempre (como existe en casi todos los países de nuestro entorno).  Por eso no creo que el copago deba implantarse como un remedio contra la crisis actual sino como parte de un modelo racional y equitativo.

Se me olvida una cosa.  Después de mi visita al Dos de Maig hablé con mis padres, ambos jubilados, les comenté lo que me estaba pasando y me dijeron: "no compres el Omeprazol" nosotros tenemos varias cajas que ya no necesitamos y te podemos dar una. ¿Por qué tenían mis padres varias cajas del medicamento? ¿Lass tendrían en casa si hubiesen tenido que pagar aunque fuera una pequeña cantidad por ellas?