Opiniones sobre atención a personas mayores, Ley de Dependencia y políticas públicas. Cooperación público privada. Residencias, centros de día y servicios de ayuda a domicilio.
Enlace al proyecto de Orden de Acreditación de entidades proveedoras mediante Gestión Delegada
Desde que escribí el post sobre la Orden he recibido varias informaciones contradictorias. Lo siento mucho. Recomiendo, de momento que cada uno lo lea.
No todo es lo que parece, como bien nos enseñó Gaudí
Ahora mismo entro en el fondo, pero voy a permitirme tratar un poco la forma: Publicar en Agosto una convocatoria que requiere que quien vaya a presentarse elabore un proyecto de unas 70 páginas en el que ha de participar una parte importante del equipo del centro, y establecer un plazo de presentación que en la práctica deja siete días laborables para su presentación es por lo menos peculiar. La propia Generalitat ha sido consciente de esa circunstancia, hasta el punto de haber indicado en un comunicado a las patronales que entendía que el plazo era breve por lo que pedía un esfuerzo a las entidades y se ofrecía a utilizar mecanismos de "mejora de la solicitud", algo que en la práctica supone el ofrecimiento de plazos adicionales para presentar documentación.
Entrando en el fondo, la ORDEN TSF/197/2017, de 22 de agosto, de convocatoria para la acreditación de entidades colaboradoras para la prestación de servicios de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública para el año 2017 pretende permitir que las residencias para mayores y a los centros de día de Cataluña que todavía no están acreditados puedan obtener esa acreditación.
Lo cierto es que la Orden va más allá ya que también se dirige a centros para personas con discapacidad o enfermedad mental. Yo me centraré en residencias y centros de día.
Si prefieres una explicación en vídeo, aquí la tienes
También es cierto que cuando se hace una primera lectura del texto es fácil interpretarlo pensando que lo que está haciendo es convocar plazas públicas más que acreditación de centros. Esto es así porque se refiere en algunos puntos a la reserva de plazas o al pago de las plazas, lo cierto es, tal como han informado las patronales, que sólo pueden solicitar la acreditación los centros que no estén acreditados ya.
Como llevo unos cuantos días hablando con mucha gente sobre esto, he pensado que quizás pueda ayudar algo situar esta orden en su contexto y ver lo que de verdad va a suponer.
Empecemos por lo básico (cuando hablo de "residencias" me refiero a "residencias de mayores y centros de día"):
Autorización y acreditación de residencias de personas mayores
- Todas las residencias necesitan una autorización administrativa para funcionar. En Cataluña, esa autorización se consigue cuando, tras tener la licencia ambiental del ayuntamiento la Generalitat inscribe el centro en el Registro de Entidades Servicios y Establecimientos Sociales (RESES). El hecho de disponer de una autorización administrativa supone que se puede funcionar acogiendo a usuarios privados que pagan por su estancia con sus propios medios.
- Según la Ley de Dependencia y la Llei de Serveis Socials. Para que una residencia privada pueda acoger a usuarios cuya estancia está financiada por la administración (plazas concertadas, acreditadas o de personas beneficiarias de Prestación Económica Vinculada), ésta debe ser previamente acreditada. La acreditación, supone el cumplimiento de unos requisitos más elevados que los de autorización. Estos requisitos deberían estar recogidos en un Decreto de Acreditación que debería existir en todas las comunidades autónomas desde finales del 2008.
Cataluña no dispone a día de hoy de un Decreto de acreditación
Si todo fuese como debiera ser, cuando la Generalitat quisiera concertar plazas, financiar mediante sistemas como el de colaboración o el de la Prestación Económica Vinculada (PEV), sólo tendría que llamar a las residencias acreditadas y seleccionar entre ellas las que más se ajustasen a sus necesidades.
El problema es que la Generalitat no ha aprobado el Decreto de Acreditación por lo que, para cumplir la Ley, deber recurrir a circunvalaciones y malabarismos.
Así, a través de una disposición transitoria del Decreto de Cartera de Servicios Sociales se ha entendido desde hace unos años que son acreditadas las residencias concertadas, las colaboradoras y las autorizadas que cumplan con las cláusulas administrativas y las prescripciones técnicas para contratar con la administración dentro de su respectiva tipología.
A partir de 2011, el sistema de Acreditación Transitoria de residencias y centros de día, permitió que los centros "no colaboradores ni concertados", pudiesen acreditarse, demostrando el cumplimiento de unos requisitos y acoger usuarios de PEV. En principio la Generalitat asignaba a cada centro un número de plazas acreditadas y, recientemente, ha extendido la acreditación a toda la capacidad.
Así las cosas, las residencias concertadas y colaboradoras pueden ocupar sus plazas privadas con usuarios beneficiarios de PEV y las "acreditadas transitoriamente", pueden tener PEVs y esperar a que algún día la Generalitat abra el tan esperado concierto.
¿Qué hace la Orden TSF/197/2017?
Lo que permite la Orden es que los centros que no sean acreditados por ser colaboradores o concertados y que no estén acogidos a la acreditación transitoria, puedan acreditarse como "centros colaboradores".
Eso y sólo eso.
Esta convocatoria no asignará plazas a las residencias. Eso se deja para un segundo momento.
Si leemos la disposición transitoria más los artículos 5.2 y 9.1 queda algo más claro:
Disposición Transitorias: Aquellas entidades que en la fecha de publicación de esta Orden ya dispongan de plazas colaboradoras,
concertadas, acreditadas para acoger a personas usuarias con prestaciones económicas vinculadas o
subvencionadas seguirán considerándose acreditadas como colaboradoras de la Red de Servicios Sociales de
Atención Pública mientras sigan cumpliendo los requisitos de acreditación.
5.2 La acreditación como entidad colaboradora no conlleva la recepción efectiva de personas usuarias de los
servicios acreditados. Para la concreción del número de personas usuarias que podrán tener acceso a los
servicios acreditados en virtud de esta Orden se requerirá una resolución de la consejera del Departamento de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, que establecerá el número de personas en cada servicio y demás
condiciones de acceso.
9.1 La asignación de plazas colaboradoras a cada entidad solicitante estará condicionada a la disponibilidad
presupuestaria, al cumplimiento de los requisitos de esta Orden de acreditación, a la calidad en la atención a
las personas usuarias, a la equidad y al equilibrio territorial.
Parece que la Orden establece esos dos momentos.
En el primero, considerando que las residencias concertadas, colaboradoras y "acreditadas PEV" ya son "acreditadas como colaboradoras", lo que se hace es abrir la posibilidad de que presenten su solicitud las que no lo son.
En el segundo: Una vez ya tenemos identificadas a todas las "acreditadas como colaboradoras", la administración asignará plazas concretas a las que lo soliciten, siguiendo unos criterios entre los que está el cumplir los requisitos de la Orden y con un proceso en el que tendrán prioridad los centros de determinadas zonas de Cataluña y aquéllos que tengan naturaleza pública.
Aunque la redacción podría ser mucho más clara, creo que lo que estoy diciendo refleja bastante lo que pretende la Generalitat y, cuanto más lo pienso, más veo que esta vez están acertando.
¿Qué supone para los diferentes tipos de residencia de tercera edad?
Con este procedimiento en dos fases me parece que la Generalitat ha encontrado la forma de hacer una concertación sin perjudicar a las residencias existentes, colaboradoras desde hace años y que no pueden cumplir los últimos requisitos de acreditación; mientras que a la vez consigue que sólo las residencias que cumplen todos los requisitos puedan tener nuevas plazas.
Si lo he entendido bien, la única función que tiene la Orden en todo este proceso es la de plasmar de forma clara y en un boletín oficial, cuáles son los requisitos de acreditación, ya que hasta ahora sólo los habían publicado en la web del Departamento.
O sea que, en ese primer momento, muy pocas residencias privadas deben estar preparando la documentación. ¿El motivo? Salvo que hayan abierto hace dos días, todas las residencias que han querido plazas de financiación pública y no eran colaboradoras o concertadas han pedido y obtenido la acreditación PEV. Si no lo han hecho es porque no cumplían los requisitos o porque no querían.
Quizás sí hay alguna residencia municipal de gestión directa o algún centro de día haciéndolo.
El momento importante vendrá en el segundo momento, o sea, cuando la Generalitat, efectivamente adjudique plazas.
Las residencias colaboradoras y concertadas que tienen plazas privadas podrán ampliar sus plazas públicas pero sólo si cumplen los requisitos de la Orden, o sea que, las más antiguas, las que se acreditaron con requisitos de los años 90 no podrán acceder a más y se quedarán como están.
Las residencias acreditadas para PEV verán por fin una oportunidad de concertar mediante el nuevo sistema, siempre que estén en una zona considerada como preferente por la administración.
Supongo que alguna residencia municipal de gestión directa entrará también en el sistema.
Nota:
Admito que en los últimos días he ido entendiendo diferentes cosas en diferentes momento y que ha sido al leer las comunicaciones que han enviado UPIMIR y especialmente, ACRA a sus asociados cuando he acabado de comprender lo que pasaba. Aún así, no estoy seguro al 100% de que el segundo momento acabe siendo como he previsto.
En los últimos meses estoy teniendo muchas oportunidades de viajar por España presentando el libro sobre la Ley de Dependencia o impartiendo conferencias. Es algo con lo que me lo paso muy bien y que me permite conocer en persona cómo se vive la atención a mayores en las diferentes comunidades autónomas.
Últimamente, vaya donde vaya escucho una música de fondo que tiene que ver con la obligación de las gerocultoras de tener una cualificación profesional antes de 2015. La última vez que lo he escuchado ha sido en una residencia de tercera edad de Madrid y me he animado a escribir esta entrada.
“Según una leyenda
urbana, todos los gerocultores que trabajan en residencias para personas
mayores en España deberán tener acreditada su cualificación profesional en
2015. Para dar cumplimiento a ese requisito, siempre según esa leyenda, las
residencias deben acreditar que las gerocultoras tienen una formación
específica (formación profesional) o cuentan con una experiencia más una
formación no reglada que, mediante un proceso administrativo de reconocimiento
de determinadas competencias y una formación complementaria les permita
equipararse a los gerocultores cualificados. Para ayudar en ese proceso se han
seleccionando asesores, evaluadores y se cuenta con la intervención de algunos
institutos de educación secundaria y las patronales”.
Así empezaba un artículo que escribí en este blog en abril de 2011.Entonces no tuvo demasiado eco,
pero ahora que se acerca la fecha fatídica,resulta importante decir claramente, que, por lo menos en la Comunidad
de Madrid,no tiene por qué pasar nada
cuando acabe 2015 y haya gerocultoras sin capacitación profesional.
¿Por qué?Sencillamente, porque la Comunidad de Madrid no ha publicado todavía una
norma de acreditación que establezca la obligatoriedad de la capacitación.
O sea, que se trata todo de un malentendido (si queremos ser
benévolos) o de una chapuza (si optamos por ser descriptivos).
El problema viene de lejos.
El 17 de Diciembre de 2008 el BOE publicó una resolución del
Consejo Territorial de la Dependencia que establecía los criterios que debían
utilizar las Comunidades Autónomas para redactar sus respectivas normas de
acreditación de servicios de atención a la dependencia.Entre esos requisitos estaba la capacitación
profesional progresiva de las gerocultoras (35% en 2011 y 100% en 2015).El acuerdo establecía que las Comunidades
tenían hasta finales de 2009 para aprobar sus normas de acreditación.
Cinco años después de vencido el plazo, la Comunidad de
Madrid (al igual que muchas otras comunidades) todavía no han aprobado su norma
de acreditación.
Así las cosas, ese criterio que debía haber convertido en
obligatorio la Comunidad se ha quedado en un limbo.
Por supuesto que es bueno que las gerocultoras tengan
reconocida una capacitación y que las residencias les ayuden a conseguirlo,
pero esto debería hacerse sin utilizar el miedo como herramienta.
Durante los últimos años, alrededor de la capacitación se ha
movido bastante dinero en forma de cursos, evaluaciones y procedimientos
varios.Entiendo que para los centros
de formación y para quiénes se hayan formado como evaluadores, que el proceso
siga adelante resulta muy conveniente.No obstante, nadie debiera recurrir a argumentos no contrastados para
conseguir sus objetivos.
La Comunidad de Madrid tiene la solución al problema en sus
manos y en su “máquina de hacer normativas”.Sólo necesitaría ponerse manos a la obra, aprobar (más vale tarde que
nunca) un Decreto e incorporar los criterios del acuerdo de 2008.
Si lo hiciese, además, tendría varias posibilidades de
facilitar las cosas alas residencias y profesionales.Una sería ampliar los plazos del acuerdo y
determinar que, por ejemplo, éstos se amplían hasta 2020.
Otra más original sería utilizar de forma extensiva el
recurso que permite el propio acuerdo de 2008 y “admitir, con la transitoriedad que las administraciones competentes establezcan
en sus normativas de acreditación, los certificados de acciones de formación
profesional para el empleo impartidas en cada Comunidad Autónoma”.
Hasta que la Comunidad de ponga las pilas y haga aquello a
lo que está obligada desde hace cinco años, mi consejo es que las gerocultoras
se vayan capacitando como algo positivo, aunque no obligatorio.
