martes, 16 de agosto de 2016

Residencias clandestinas y el paso del tiempo

Aunque en verano no puedo desconectar del todo sí me permito leer alguna novela de esas “para pasar rato” y, en la medida que puedo, pasar tiempo sin hacer nada productivo.

Me había propuesto no escribir nada en el blog pero…

En Junio leí una noticia que anunciaba que en Alicante habían clausurado una residencia clandestina.  Recuerdo la fotografía con el membrete de la Guardia Civil y que en aquel momento me quedé un poco sorprendido.

¿Una residencia clandestina hoy en día? 

Recordé mi entrada en el sector de la geroasistencia hace veinticinco años cuando, con esa misma edad, entré en la inspección de servicios sociales de la Generalitat.  Entonces una de las ocupaciones que teníamos los inspectores era precisamente detectar residencias clandestinas (que entonces la prensa llamaba ampulosamente “piratas”).

 A la inspección nos llegaban denuncias, aunque éstas no eran siempre necesarias ya que, sólo hacía falta salir a la calle para ver algún letrero en un balcón que anunciaba que allí se cuidaba a mayores. 

Había tantas que casi se podían establecer varios niveles de “piratidad”:

Existían verdaderos antros con sinvergüenzas como promotores.  Muy pocos, pero que recuerdo perfectamente.  En un caso, un sótano sin ventanas, en otro un garaje.  Esos se detectaban y se cerraban sin demasiado problema.

Después estaban las residencias que estaban tramitando la autorización, en un sistema tan proceloso y complejo que hacía que en muchas ocasiones un emprendedor tuviese que esperar meses y meses con todo preparado (las obras, las instalaciones y el equipamiento) a que “llegase el papel del ayuntamiento” o a que los inspectores fuésemos de visita.

Algunas de esas residencias se habían abierto antes de la publicación de la primera normativa y funcionaban bajo la forma pensión u otra actividad con lo que vivían en una peculiar “zona gris”.

La normativa de autorización estaba tan mal diseñada que en la mayoría de casos las residencias abrían antes de recibir el permiso definitivo a riesgo de ser sancionadas.  Como la administración conocía las deficiencias del sistema solía hacer la vista gorda con lo que, si todo estaba bien cuando se hacía la visita de inspección no se tenía en cuenta si habían o no ingresado residentes las semanas o meses anteriores.  Los problemas aparecían cuando la residencia “con todo en regla pero sin autorización definitiva” recibía una denuncia.  En esos casos, la residencia de arriesgaba a una sanción.

Ahora lo recuerdo en la distancia y, como hace dieciséis años que dejé la inspección me pregunto cómo deben actuar ahora ante esos casos ya que  el deficiente sistema de autorización de 1991 no ha cambiado demasiado en Cataluña  en lo que a residencias se refiere.

Lo que sí ha cambiado en los últimos 25 años es el sector geroasistencial en general.  A principios de los 90 había más demanda que oferta.  O sea, más familias buscando plaza en  una residencia que plazas “legales”.  Las normativas eran poco exigentes en lo que a personal se refería, los mayores que ingresaban tenían en muchos casos necesidad de apoyo personal más que dependencia o demencia y los precios de las residencias privadas eran relativamente asequibles (un mes de estancia en una residencia en 1991 rondaba el equivalente al sueldo de una gerocultora).

En esa situación la tentación de los propietarios de residencias podía ser cometer “sobreocupaciones”, y la de quienes no eran propietarios de residencias, convertirse en uno de ellos sin seguir el conducto reglamentario.

Algunos familiares que necesitaban una residencia y veían como éstas estaban llenas aceptaban que su padre o madre durmiese en un espacio sin condiciones con tal de solucionar lo que vivían con un problema.

¡Cómo han cambiado las cosas!

Por un lado, el número de residencias y de plazas se ha incrementado de forma exponencial, también lo han hecho los requisitos así como la cantidad y calidad de profesionales que atienden a los residentes.  Ese aumento de calidad no ha sido neutro en lo que a precio se refiere.  Hoy podemos decir grosso modo que el precio medio de una residencia geriátrica privada en España equivale al sueldo medio de dos gerocultoras.

O sea, tenemos residencias mejores pero a un coste muy superior.  Ese aumento ha repercutido en el tipo de residente que se atiende en los centros.  Si una plaza cuesta 1.000 Euros quizás pueda pagarse con la pensión y “poniendo un poco cada hermano”; si cuesta 2.000 la cosa es diferente y los hermanos intentarán buscar otras soluciones dejando la residencia como la última.

Del sueño de la Ley de Dependencia, que prometía que cada dependiente tendría lo que necesitase participando en un copago asumible, nos despertamos hace algún tiempo con un sabor agridulce:  muchas personas han accedido a “algo” pero no se ha creado un sistema coherente y sostenible que permita afrontar un presente envejecido y un futuro que lo estará más.  Así, mientras lo que queda de la Ley sigue ayudando a unos cuantos, otros mueren en la lista de espera sin recibir nada.

De momento, lo que sabemos es que muy pocas (o ninguna) residencia tiene hoy la tentación de poner una cama donde no toca y, creo, que casi nadie se plantearía (salvo los de la noticia) abrir una residencia “pirata”.

El caso de Alicante es peculiar ya que se trata de una familia inglesa que montó en su casa una residencia de cinco habitaciones para ingleses mayores que no hablasen español, una vez dentro, según los medios quedaban aislados del exterior y vigilados permanentemente.

“Los ancianos no presentaban en general signos de maltrato, pero según los investigadores, les convencían para que guardaran en su caja fuerte las escrituras de sus propiedades y les incomunicaban al ingresar en el centro. La cuota por estancia oscilaba entre los 2.500 y los 3.000 euros al mes”. 

La verdad es que después de leer la noticia creo que estamos ante un caso peculiar de “residencia pirata” que la administración ha hecho bien en cerrar y que debería recibir una multa.  Me ha sorprendido que a los propietarios les hayan imputado delitos de estafa, intrusismo profesional y pertenencia a organización criminal.  Más que nada porque es muy posible que si, como dice la noticia los residentes recibían un tato digno y no había maltrato de ningún tipo, los cargos no aguantarán ante la jurisdicción penal, en cambio una sanción administrativa hubiera sido más efectiva.


En fin, ya he pasado un rato de Agosto escribiendo.  Ahora volveré a tareas menos productivas.