Aunque en verano no puedo desconectar del
todo sí me permito leer alguna novela de esas “para pasar rato” y, en la medida
que puedo, pasar tiempo sin hacer nada productivo.
Me había propuesto no escribir nada en el
blog pero…
En Junio leí
una noticia que anunciaba que en Alicante habían clausurado una residencia
clandestina. Recuerdo la fotografía con
el membrete de la Guardia Civil y que en aquel momento me quedé un poco
sorprendido.
¿Una residencia clandestina hoy en
día?
Recordé mi entrada en el sector de la
geroasistencia hace veinticinco años cuando, con esa misma edad, entré en la
inspección de servicios sociales de la Generalitat. Entonces una de las ocupaciones que teníamos
los inspectores era precisamente detectar residencias clandestinas (que
entonces la prensa llamaba ampulosamente “piratas”).
A
la inspección nos llegaban denuncias, aunque éstas no eran siempre necesarias
ya que, sólo hacía falta salir a la calle para ver algún letrero en un balcón
que anunciaba que allí se cuidaba a mayores.
Había tantas que casi se podían
establecer varios niveles de “piratidad”:
Existían verdaderos antros con
sinvergüenzas como promotores. Muy
pocos, pero que recuerdo perfectamente.
En un caso, un sótano sin ventanas, en otro un garaje. Esos se detectaban y se cerraban sin
demasiado problema.
Después estaban las residencias que
estaban tramitando la autorización, en un sistema tan proceloso y complejo que
hacía que en muchas ocasiones un emprendedor tuviese que esperar meses y meses
con todo preparado (las obras, las instalaciones y el equipamiento) a que
“llegase el papel del ayuntamiento” o a que los inspectores fuésemos de visita.
Algunas de esas residencias se habían
abierto antes de la publicación de la primera normativa y funcionaban bajo la
forma pensión u otra actividad con lo que vivían en una peculiar “zona gris”.
La normativa de autorización estaba tan
mal diseñada que en la mayoría de casos las residencias abrían antes de recibir
el permiso definitivo a riesgo de ser sancionadas. Como la administración conocía las
deficiencias del sistema solía hacer la vista gorda con lo que, si todo estaba
bien cuando se hacía la visita de inspección no se tenía en cuenta si habían o
no ingresado residentes las semanas o meses anteriores. Los problemas aparecían cuando la residencia
“con todo en regla pero sin autorización definitiva” recibía una denuncia. En esos casos, la residencia de arriesgaba a
una sanción.
Ahora lo recuerdo en la distancia y, como
hace dieciséis años que dejé la inspección me pregunto cómo deben actuar ahora ante
esos casos ya que el deficiente sistema
de autorización de 1991 no ha cambiado demasiado en Cataluña en lo que a residencias se refiere.
Lo que sí ha cambiado en los últimos 25
años es el sector geroasistencial en general.
A principios de los 90 había más demanda que oferta. O sea, más familias buscando plaza en una residencia que plazas “legales”. Las normativas eran poco exigentes en lo que
a personal se refería, los mayores que ingresaban tenían en muchos casos
necesidad de apoyo personal más que dependencia o demencia y los precios de las
residencias privadas eran relativamente asequibles (un mes de estancia en una
residencia en 1991 rondaba el equivalente al sueldo de una gerocultora).
En esa situación la tentación de los
propietarios de residencias podía ser cometer “sobreocupaciones”, y la de
quienes no eran propietarios de residencias, convertirse en uno de ellos sin
seguir el conducto reglamentario.
Algunos familiares que necesitaban una
residencia y veían como éstas estaban llenas aceptaban que su padre o madre
durmiese en un espacio sin condiciones con tal de solucionar lo que vivían con
un problema.
¡Cómo han cambiado las cosas!
Por un lado, el número de residencias y
de plazas se ha incrementado de forma exponencial, también lo han hecho los
requisitos así como la cantidad y calidad de profesionales que atienden a los
residentes. Ese aumento de calidad no ha
sido neutro en lo que a precio se refiere.
Hoy podemos decir grosso modo que el precio medio de una residencia
geriátrica privada en España equivale al sueldo medio de dos gerocultoras.
O sea, tenemos residencias mejores pero a
un coste muy superior. Ese aumento ha
repercutido en el tipo de residente que se atiende en los centros. Si una plaza cuesta 1.000 Euros quizás pueda
pagarse con la pensión y “poniendo un poco cada hermano”; si cuesta 2.000 la
cosa es diferente y los hermanos intentarán buscar otras soluciones dejando la
residencia como la última.
Del sueño de la Ley de Dependencia, que
prometía que cada dependiente tendría lo que necesitase participando en un
copago asumible, nos despertamos hace algún tiempo con un sabor agridulce: muchas personas han accedido a “algo” pero no
se ha creado un sistema coherente y sostenible que permita afrontar un presente
envejecido y un futuro que lo estará más.
Así, mientras lo que queda de la Ley sigue ayudando a unos cuantos,
otros mueren en la lista de espera sin recibir nada.
De momento, lo que sabemos es que muy
pocas (o ninguna) residencia tiene hoy la tentación de poner una cama donde no
toca y, creo, que casi nadie se plantearía (salvo los de la noticia) abrir una
residencia “pirata”.
El caso de Alicante es peculiar ya que se
trata de una familia inglesa que montó en su casa una residencia de cinco
habitaciones para ingleses mayores que no hablasen español, una vez dentro,
según los medios quedaban aislados del exterior y vigilados permanentemente.
“Los ancianos no presentaban en general
signos de maltrato, pero según los investigadores, les convencían para que
guardaran en su caja fuerte las escrituras de sus propiedades y les
incomunicaban al ingresar en el centro. La cuota por estancia oscilaba entre
los 2.500 y los 3.000 euros al mes”.
La verdad es que después de leer la
noticia creo que estamos ante un caso peculiar de “residencia pirata” que la
administración ha hecho bien en cerrar y que debería recibir una multa. Me ha sorprendido que a los propietarios les
hayan imputado delitos de estafa, intrusismo profesional y pertenencia a
organización criminal. Más que nada
porque es muy posible que si, como dice la noticia los residentes recibían un
tato digno y no había maltrato de ningún tipo, los cargos no aguantarán ante la
jurisdicción penal, en cambio una sanción administrativa hubiera sido más
efectiva.
En fin, ya he pasado un rato de Agosto
escribiendo. Ahora volveré a tareas
menos productivas.
