PENSANDO EN UN NUEVO SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Llevo tiempo abogando por que  las administraciones públicas garanticen que quiénes necesitan una atención a la dependencia la reciban.  En esto estoy de acuerdo con casi todo el mundo, a partir de aquí empiezo a discrepar con muchos.

Según lo veo yo, la función de los poderes públicos debe ser garantizar que existan medios para que las personas que necesitan de apoyos para poder realizar las actividades básicas de la vida diaria (AVD) los obtengan.  Como esto resulta enormemente costoso, defiendo algunos principios que creo deberían ser sacrosantos:

-  Hay que buscar sistemas que permitan que la mayor parte del dinero que se gaste en dependencia vaya a la prestación y lo mínimo posible al funcionamiento burocrático del sistema (en 2011 escribí sobre ello en una entrada titulada "Los escribas del faraón").

- Hay que apostar por los servicios profesionalizados dejando las prestaciones económicas para casos verdaderamente excepcionales como la dependencia en menores que residen en sus domicilios.

- Hay que apostar por la posibilidad de elección por parte del dependiente.

- Hay que determinar un copago que sea justo y equitativo de forma que, quien tenga capacidad económica suficiente participe en el coste del servicio que recibe.

- A la hora de determinar quién presta el servicio (la propia administración, entidades o empresas) hay que utilizar herramientas objetivas que midan eficacia y eficiencia.  Dentro de "eficacia" hay que considerar especialmente la calidad de vida y la satisfacción.

Para que todo esto funcione bien resulta indispensable que exista transparencia.  O sea, que todos sepan "lo máximo".  Esto obliga a las administraciones a publicar cuánto cuesta cada paso del proceso de atención al dependiente: desde la valoración, la redacción del PIA, la atención a residentes en residencias públicas, concertadas o de Prestación Económica Vinculada (PEV), etc..

En el sistema resultante creo que las administraciones tenderían a reconocer muchas Prestaciones Económicas Vinculadas y serían los propios dependientes y sus familiares quiénes elegirían en qué residencia quieren gastar "su" prestación.

Si queremos gastar lo menos posible en burocracia, podría hacerse desaparecer la acreditación de centros.   Se podría establecer un sistema de autorización (ahora que comunidades como Cataluña o Castilla León están cambiando los suyos) que previese el progresivo deterioro en el estado de los dependientes de forma que todas las residencias autorizadas se entendiesen como acreditadas.  Estas residencias y centros de día estarían obligados a pasar unas auditorías de calidad periódicas el resultado de las cuales se haría público.

La experiencia nos demuestra que el precio de concertación que establece una comunidad autónoma se convierte en poco tiempo en una especie de "precio de referencia" para las residencias privadas.  En el sistema que propongo, la cuantía máxima de la Prestación Económica Vinculada debería ser equivalente al precio de concertación actual.  De esta forma, cualquiera que tuviese una PEV encontraría su residencia.

Si el sistema se mantuviese en el tiempo y todos supiésemos que, aunque cambie el gobierno no se tocará, habría empresas que invertirían en la construcción de nuevos centros.

El sistema que imagino, por supuesto tiene pegas:

La primera es qué hacer con las residencias públicas que gestiona la propia administración.  Estas cuestan mucho más que las privadas o privadas/concertadas pero no existen estudios contrastados que nos permitan decir cuánto cuestan exactamente y si la diferencia de costes está justificada en una mejor calidad de atención.  Para quiénes quieran ahondar en esta cuestión les recomiendo leer esta entrada de 2011 donde se decía que a la Diputación de Soria le costaba una plaza pública 4.000 Euros al mes.

Si las residencias públicas entrasen en el sistema que propongo deberían ofrecer sus plazas a menos de la mitad de precio.  ¿Podrían?  Aquí está el problema.  Y me cuesta creer que un político vaya a meter la mano en este avispero.

La segunda pega es que existen zonas rurales con una población escasa pero muy envejecida.  Es posible que allí haya pocas empresas dispuestas a invertir en la construcción de una residencia.  En ese caso serían necesarios incentivos públicos, algo que es contrario a la filosofía que planteo.

También tenemos la pega del precio.  En el sistema que propongo la administración se convierte en el "determinador del precio" no porque concierta sino porque determina la cuantía de las ayudas.  Es cierto que las personas pueden complementar lo que reciban de la administración, pero, para el gran grupo de los que "no puedan complementar", la cuantía máxima de la prestación determina su capacidad.

Si las administraciones entienden que el nuevo sistema "libera" recursos burocráticos e ineficiencias  y que todo ese ahorro debe ser canalizado hacia el aumento del número de atendidos, la cosa puede ir bien.  Si en cambio, cada euro ahorrado se dedica a "otra cosa", entonces lo que propongo podría resultar contraproducente.

He empezado a escribir este post después de leer una noticia aparecida en el periódico "El Comercio" según la cual el Principado  está concertando plazas en residencias geriátricas asistidas de Astuiras a 1.223 Euros al mes mientras mantiene vacías 125 plazas en residencias públicas.

La noticia me ha hecho pensar que, si no se concibe un sistema racional y se mantiene en el tiempo, la única opción es ir a salto de mata con medidas cortoplacistas que parece que los políticos adoptan esperando que, cuando exploten, ellos ya no estarán en el gobierno.

Por cierto, espero que nadie se presente al concierto.

AL FINAL DE 2015 NO LE PASARÁ NADA A LAS GEROCULTORAS

A cualquiera que escriba de forma más o menos regular se le escapa uno de vez en cuando.  Me refiero al  anacoluto, un cambio repentino en la construcción de la frase que produce una inconsistencia. Hablando lo hacemos constantemente y suele pasar desapercibido pero en escrito salta a la vista.

Un ejemplo lo hemos tenido muy recientemente cuando el Consejo Territorial del Sistema de la Dependencia SAAD nos ha regalado un papel sin firmar en el que dice que han decidido posponer la obligación que, parecía ser, tenían las gerocultoras de obtener alguna forma de cualificación profesional.

Alguien me ha dicho que ese papel no tiene ningún valor porque no está firmado ni publicado. Yo les he contestado que sólo le he dado valor desde que lo he visto publicado en la web de la Generalitat de Cataluña, una administración que forma parte del Consejo Territorial y que, en principio no debería tener interés en divulgar algo que no fuese cierto sobre esta cuestión.

Siguiendo con el fondo del asunto. Aunque la verdad es que sólo existía la obligación en las comunidades autónomas que lo hubieran introducido en su normativa (Ver “La Leyenda Urbana de lacualificación profesional de las gerocultoras”), en estos años se ha ido extendiendo una sensación de ansiedad injustificada en muchas gerocultoras.

Veamos el documento en el que el Consejo Territorial comunica que se propondrá una nueva fecha situada más allá de diciembre del 2015

COMUNICADO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES Y DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.

En el Pleno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de 27 de noviembre de 2008, se aprobó el Acuerdo sobre Criterios Comunes de Acreditación para garantizar la Calidad de los Centros y Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, publicado mediante Resolución de 2 de diciembre de 2008.

En dicho Acuerdo se recoge que las categorías profesionales de Cuidadores/as, Gerocultores/as y Auxiliares de Ayuda a Domicilio, deben acreditar la cualificación profesional y cumplir los requisitos que en el Acuerdo se establecen siendo el 31 de diciembre de 2015 el plazo establecido para que el 100% de estos profesionales tengan la acreditación de la cualificación profesional.

Diversas causas no han hecho posible la culminación de los procesos de acreditación.

Este hecho no debe perjudicar ni a los trabajadores que estén actualmente prestando servicios y que no hayan podido participar en estos procedimientos por no estar desarrollados, tampoco a las empresas o entidades prestadoras de la atención, ni a las Administraciones Públicas.

Por lo anterior, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia Acuerda difundir el siguiente comunicado:

Mantener el compromiso de seguir avanzando en el cumplimiento del proceso de acreditación.

Analizar el procedimiento con todas las partes implicadas, a través de un grupo de trabajo creado con esta finalidad y antes de que finalice el año 2015, se determinen las actuaciones a realizar y se fije un nuevo plazo para la consecución de la cualificación profesional del total de los profesionales recogidos en el Acuerdo.

La falta de acreditación no tendrá efectos sobre los trabajadores, que estén participando en estos procesos , sobre las empresas o entidades prestadoras de la atención, ni a las Administraciones Públicas, hasta la finalización de los procedimientos de acreditación, garantizando de este modo la estabilidad en el sector.

Madrid ,a 4 de marzo de 2015.

Creo que todos entendemos lo mismo si lo leemos rápidamente, aunque si lo hacemos con mayor detención surge la duda.

Parece que la frase clave del documento es  se “fije un nuevo plazo para la consecución de la cualificación profesional del total de los profesionales recogidos en el Acuerdo”.  O sea, que queda sin vigor el de finales de 2015.

Entonces, por qué dice  “La falta de acreditación no tendrá efectos sobre los trabajadores, que estén participando en estos procesos”.  ¿Quiere decir que sí puede tener efectos sobre los trabajadores que no estén participando?.

Yo creo que no.

Es más, pienso que la intención es que no sea así y me baso en…. El anacoluto.

Leamos detenidamente la frase:

“La falta de acreditación no tendrá efectos sobre los trabajadores, que estén participando en estos procesos , sobre las empresas o entidades prestadoras de la atención, ni a las Administraciones Públicas”

He resaltado  la disonancia.  Lo correcto sería decir que no tendrá efectos sobre … ni sobre…;  o decir que no perjudicará a…. ni a…  Aquí claramente ha habido un texto que se ha ido redactando sobre la marcha o abusando del “copia y pega”.

En un texto tan corto tenemos además otra frase que dice casi lo mismo pero con diferente redactado:

“Este hecho no debe perjudicar ni a los trabajadores que estén actualmente prestando servicios y que no hayan podido participar en estos procedimientos por no estar desarrollados, tampoco a las empresas o entidades prestadoras de la atención, ni a las Administraciones Públicas”

En conclusión, creo que, dejando de lado las florituras, el texto dice una cosa clara.  Que la fecha límite de finales de 2015 ya no es de aplicación y  piensan determinar otra.

Cuando leo que la nueva fecha será determinada  por un grupo de trabajo que se va a constituir y que la determinará antes de finalizar 2015 me da la risa.

Cuando se aprobó el acuerdo de acreditación del Consejo Territorial a finales de 2008, ese acuerdo daba a las comunidades un año para aprobar sus decretos de acreditación.  A abril de 2015 la mayoría de las comunidades no lo han hecho.

Si pensamos que en mayo y septiembre casi todas las comunidades autónomas tienen sus elecciones, y en noviembre a más tardar tendremos las generales, ¿alguien cree de verdad que vamos a tener “nuevo plazo” “dentro de plazo”?

Yo tampoco.

Otro punto por dirimir es qué sucederá en aquellas comunidades autónomas que han introducido en sus decretos de acreditación o en algún requisito de concertación o contratación pública la obligatoriedad del plazo.

Entiendo que aquí es donde radica el verdadero problema, aunque la solución sería tan fácil como acordar una prórroga del plazo cuando se sepa cuál es el nuevo  y, mientras tanto, sencillamente dejar las cosas como están.

No quisiera acabar sin reiterar que la cualificación profesional de las gerocultoras es algo muy positivo por lo que administraciones, prestadores y los propios trabajadores, deberían esforzarse para que el proceso siga adelante y se pueda certificar la cualificación profesional del máximo número de gerocultoras.  Eso sí, sin amenazas.

BLOGUISTA INVITADO. SALVADOR ALTIMIR

Conozco al Dr. Salvador Altimir desde hace bastantes años.  Hemos coincidido en la Sociedad Catalana de Geriatría y Gerontología y en muchos otros "saraos".

Entre otras cosas, aprecio de él su visión poliédrica de la atención geriátrica y gerontológica ya que no sólo conoce lo que es el "paciente geriátrico" que está ingresado en el hospital, sino que también tiene la experiencia de "médico de residencia", docente e investigador.

Por eso este mensaje que me envía como bloguista invitado tiene mucho valor y debería ser leído con atención.

Aquí os dejo con Salvador Altimir (os recomiendo entrar en su perfil tocando el enlace):

Esta tarde he tenido una larga conversación con Josefina R. 83 años. Vive en una Residencia desde hace 3 meses. Usa un andador para caminar. Necesita un poco de ayuda en la ducha. De cabeza, bien.

Dr. Salvador Altimir

Empezamos con los calambres en las piernas, la cabeza que le da vueltas cuando se levanta, ese dolor en el brazo derecho que no hay manera que remita y todas esas comidas que no le sientan bien. “Porque mi problema está en el esófago, no en el estómago”.

La verdad es que no siente que la traten bien. Ella quiere desayunar un zumo de naranja natural. No puede ni ver los guisantes. Tampoco el pimiento o las patatas fritas.

Las enfermeras no le hacen caso. Reconoce que es lenta para comer. Sólo puede masticar por el lado izquierdo y, si come deprisa, tiene miedo a atragantarse. Pide hora con el médico, pero parece que cada día hay alguien que está peor y nunca la visitan.

Su hija le dice que aquí está muy cuidada. Pero ella cree que no. Ya ni sabe que medicamentos toma. Se los dan en una bolsita y no puede ver el nombre. Antes de la entrevista hablé algo con los profesionales. Opiniones bien razonadas, pero al final entendí que le había caído el mote de “pesada” y quien más, quien menos estaba ya un poco harto de sus quejas. Quedamos que tomaría nota de todo lo que me había dicho. El viernes, en la reunión de equipo, veríamos como podíamos mejorar y el próximo lunes volveríamos a reunirnos para que yo le explicara qué podríamos hacer para que se sintiera mejor.

Una Residencia no es un hospital. Es verdad que tenemos que preocuparnos por resolver los problemas de salud sin necesidad de recurrir al hospital. Pero sin que se note demasiado. El equipo sanitario tiene que estar “escondido”. No ser la cara visible de la vida en la Residencia. Nuestra prioridad no debe ser que la persona que vive en una Residencia esté permanentemente limpia, bien sentada, que haga una dieta perfecta, que duerma sus horas y siempre esté tranquila. Que participe en todas las actividades, que vaya al gimnasio y disfrute con la película semanal o del jardín. Los profesionales no tenemos que establecer prioridades.

Eso es algo que ha de decidir la persona que vive ahí. Finalmente, la residencia es su casa. Y si quiere beber vino, o gintonics, acostarse tarde, pasar del bingo o saltarse la dieta para diabéticos, eso, tenemos que aceptarlo y adaptarnos. Está en su casa. Y ha de mandar. Tampoco le queda demasiada vida para disfrutarla. Eso es la “atención centrada en la persona”. Y esa ha de ser nuestra manera de organizarnos. Lo demás es terrible. Nos lo están diciendo cada día.