Cuando empecé a trabajar como inspector de residencias en 1991, en todas las que visitaba encontraba a personas mayores con diferentes grados de dependencia. Entonces se hablaba de residencias de válidos y de asistidos debido a que había establecimientos enteros en los que los mayores habían ingresado por no tener un sitio adecuado donde vivir o por otro motivos no necesariamente relacionados con las necesidades de atención continuada.
Fueron pasando los años, y la mayoría de “hogares residencia” (las de válidos), se fueron reconvirtiendo en residencias asistidas. Las administraciones vieron como algunos de sus “mega-residencias de pensionistas”, pensadas en los años ochenta, se convertían en obsoletas al no poder afrontar arquitectónicamente las necesidades de unos mayores que, en muchos casos, utilizaban andadores o sillas de ruedas.
En los últimos años las cosas se han acelerado.
Por un lado, las normativas y aumento de calidad de la prestación del servicio, han hecho que los centros residenciales de mayores estén preparados para atender a personas con más necesidades de atención. Por otro (y en parte motivado por lo anterior), el precio que cobra una residencia por atender a una persona de edad, ha crecido por encima de lo que lo han hecho los salarios, con lo que, en la actualidad las familias esperan lo máximo posible antes de tomar la decisión de ingresar a un ser querido en un centro geriátrico para cuyo pago tendrán que asumir sacrificios.
Con ello llegamos a un momento como el actual en el que no resulta raro visitar una residencia en la que más de la mitad de los residentes sufran algún tipo de demencia y más de dos terceras partes tengan dificultades graves para realizar por sí mismos las actividades de la vida diaria.
Iba pensando en estas cosas el otro día, durante el V Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida al que tuve la ocasión de asistir en Madrid. Allí pude escuchar hablar por activa, pasiva y perifrástica, de la necesidad de “modelos integrados de atención”, de “coordinación e integración sociosanitaria”, de “historias compartidas” y otros conceptos que, en algunos casos, tienen plasmación en la realidad de algún programa piloto en una comunidad autónoma o país lejano y en otras, no son más que brillantes líneas y gráficos en un powerpoint.
Entre todas las exposiciones, una puso el dedo en la llaga de forma particularmente siginificativa. Se trató de la presentación del informe “Perfil sanitario de las personas ingresadas en centros residenciales”. Un análisis, realizado por Edady Vida, basado en los datos recogidos en 111 residencias, públicas, privadas y privadas/concertadas sobre un total de casi 15.000 residentes.
Resultados llamativos:
- El 76% de los nuevos ingresos tienen 3 o más diagnósticos activos (el 43% más de 5)
- El 66% consumen de forma asidua más 7 o más fármacos.
- Un 73% de los residentes padecen incontinencia urinaria.
- El 58% de los nuevos ingresos sufren riesgo de padecer úlceras por presión según una escala reconocida.
Hay muchos más datos que se pueden consultar en el informe.
Lo que me llama la atención es que, mientras los planificadores y políticos hablan de la necesidad de coordinar e integrar la atención social y sanitaria, la realidad nos indica que a falta de coordinación o integración lo que se está produciendo es un trasvase de personas mayores con grandes necesidades de atención hacia las residencias geriátricas de tipo social, sin que se les dé los recursos o se les facilite el acceso a la sanidad pública.
Es cierto que se están haciendo avances desiguales en diferentes comunidades autónomas, aún así, la sensación que tengo es que parece que los planificadores piensen que han de pensar “de cara a futuro” cuando es la realidad actual la que debieran intentar resolver.
En esa realidad no existe una única forma de obtener medicamentos, de derivar personas al hospital o de relacionarse con la atención primaria.
El informe, elaborado por Edad y Vida acaba con una serie de recomendaciones de las que éstas son sólo una muestra:
· Los centros residenciales, debidamente acreditados por Sanidad y Servicios Sociales deberían ser considerados centros de Atención Sociosanitaria o Atención intermedia y no sustitutos del hogar, tal como sucede actualmente.
· Debería proponerse un modelo de acreditación sanitario social para los servicios de atención a la cronicidad y a la dependencia por grados de dependencia, orientados a resultados y que garantice la excelencia y la mejora continua en la calidad de la atención (aquí, por supuesto proponen el modelo de acreditación que elaboró Edad y Vida en 2012)
· Así mismo, la financiación de la atención sociosanitaria prestada por los centros residenciales debería establecerse por cada Comunidad Autónoma dentro de los esquemas de su modelo de financiación, teniendo encuentra el peso de la prestación sanitaria y social que asumen los centros.
· En relación al modelo de atención farmacéutica en centros residenciales, la consideración de estos dispositivos como centros de atención sociosanitaria debería significar un cambio en el modelo de atención a los medicamentos y productos sanitarios y en el modelo de financiación (de nuevo Edad y Vida dirige a su propuesta de modelo de gestión de medicamentos en residencias asistidas).
· Además, deberían existir servicios de farmacia con farmacéutico responsable de la gestión de medicamentos y productos sanitarios en los centros residenciales con un elevado número de plazas. Ello contribuiría a la mejora del servicio prestado y permitiría un sensible ahorro económico.
Ahí queda la cosa. Lo cierto es que coincido totalmente con el diagnóstico del informe: las residencias atienden a personas que, en muchos casos son dependientes pero también “pacientes” y deberíamos encontrar la forma de acomodar esa situación con la realidad.
Sobre las propuestas concretas, me gustaría leer opiniones.
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