Frente a los que han repetido machaconamente que la Ley de Dependencia era una muy buena idea pero que la crisis y el partidismo la habían estropeado, yo llevo desde 2008 diciendo que es una mala Ley por varios motivos: el Libro Blanco de la Dependencia estaba apañado; no reparte claramente funciones y competencias; hace depender su financiación en unos convenios que politizan innecesariamente una parte que debería ser técnica; tiene contradicciones claras que han generado que lo "excepcional" se convierta en "general" y algunas cosas más que quise sintetizar en forma de cuento en "La Gemela Siniestra" y en una entrada en mi blog que titulé "Pajín en el país e las maravillas".
Ahora, un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas añade un motivo más al despropósito. No sólo la Ley es mala sino que la aplicación que de ella se hizo fue pésima.
En ese informe, que critica de forma descarnada una forma de actuar que sobrepasa la negligencia, se refleja que, entre 2007 y 2011, o sea durante el gobierno Zapatero, el estado financió ayudas a personas que habían muerto antes de entrar en vigor la Ley de Dependencia, también financió a comunidades autónomas por los servicios que "recibían" 30.000 fallecidos. En algunas ocasiones pagaba dos veces por la misma persona y en otras "se equivocaba" y aparecía que era la comunidad autónoma la que tenía que pagar al IMSERSO (algo no previsto en la Ley).
Estos "errorres" y "descontroles" supusieron de forma global que el Estado pagase a las Comunidades 140 millones de más de lo que correspondía. Lo , pero lo curioso es que la cifra no es un total sino un saldo. Lo cierto es que algunas recibieron de más y otras de menos.
¿Adivina alguien a quíén pagó el gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero 175 millones de euros más de los que le correspondían? Pues sí señor, a Andalucía.
¿Adivinan a quién se le escatimaron cinco millones y medio y a quién veinte millones? Pues a Madrid y Cataluña respectivamente.
¡Qué casualidad! y todo ello después de haber gastado 14 millones de Euros en un programa informático.
Cataluña, una comunidad que está intentando tomar medidas de contención y racionalización del gasto, teniendo en contra a una parte de la sociedad y al gobierno del Estado (con sus recursos y suspensiones), r podría haber tenido 20 millones más que se fueron a cubrir las trampas y errores de otros. ¿Nadie de quien estaba en la Generalitat entre 2007 y 2011 se dio cuenta de nada? No olvidemos que en casi todos esos años gobernaba en Cataluña el segundo tripartido y en el Departamento competente en servicios sociales convivía una consejera de ERC y una directora general del ICASS del PSC. ¿Pudo esa bicefalia provocar que nadie se diese cuenta de que algunos errores perjudicaban las arcas catalanas?
Es cierto que la Comunidad Valenciana recibió 2,8 millones de más o que Asturias 2,2. O sea, cifras que podrían encontrar alguna justificación teniendo en cuenta que todo el sistema era nuevo. Pero lo que hace verdaderamente escandalosa la situación es que una comunidad, que ya se beneficiaba de un trato claramente favorable a la hora de negociar el convenio con el Estado, haya sido también la que se haya beneficiado de forma desproporcionada de los"errores".
El informe del Tribunal de Cuentas no exculpa al gobierno del PP, sencillamente su ámbito de estudio acaba en 2011. Tendremos que esperar para saber qué dice el Tribunal de cuentas sobre lo que está pasando ahora. El problema es que, como en muchas ocasiones, la verdad conocida tarde tiene pocos efectos sobre el comportamiento de la gente.
¿Alguien cree que al Sr. Rodríguez Zapatero o a Leire Pajín les quitará un minuto de sueño este informe?
Yo tampoco.
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