miércoles, 26 de septiembre de 2012

UN SISTEMA ESTABLE Y SOSTENIBLE

Justo antes del verano tuve la ocasión de asistir en la misma semana a la inauguración de una residencia de mayores con presencia del Presidente de la Generalitat, a una conferencia del conseller Cleries y me tocó impartir una charla sobre la situación de la acreditación de residencias en Cataluña.

Han pasado tres meses y la sensación que tengo es que hemos "encapsulado" el discurso de forma que, debido a que aquí la administración no ha publicado su decreto de acreditación, todo lo que dijeron las autoridades y yo mismo podría decirse, sin cambiar una coma, hoy mismo, hace seis meses o dos años.  Ahora la situación económica es peor, la administración debe un mes a los centros concertados pero las palabras sobre el marco de relación entre la administración y el sector son las mismas

La Generalitat tendría que haber aprobado su decreto de acreditación de residencias hace cuatro años y sigue sin hacerlo.  Ahora, con unas elecciones convocadas para el 25 de noviembre el horizonte se ha alejado considerablemente pero ya antes del verano me hizo gracia escuchar a Josep Lluís Cleries, a quien aprecio, decir que no era necesario esperar a nadie más para que Cataluña saque adelante su decreto de acreditación y que, en uso de su competencia exclusiva en materia de servicios sociales lo haría.  Yo pensé "¿por qué lo dice?  Lleva casi un año en el gobierno y, si hubiese querido lo habría hecho ya tres veces.  En vez de decirlo, ¿por qué no lo hace?".

La respuesta la obtuve en ese mismo acto.  Se trataba de a presentación de la propuesta de acreditación que elaboró Antares Consulting por encargo de la Fundación Edad y Vida.  Una propuesta que, tras analizar los modelos inglés, francés, sueco y  el sociosanitario de Cataluña, recomienda crear un sistema, no puramente de acreditación sino de clasificación.  La base del mismo es que no son necesarios los mismos requisitos de acreditación para cuidar a una persona con gran dependencia que a un dependiente moderado.  Por ese motivo, la propuesta propugna que se establezcan tres niveles de forma que algunas residencias geriátricas asistidas podrían acoger sólo a usuarios de baja dependencia y algunas otras a los de alta.  El sistema prevé un plazo de adecuación de forma que todas las residencias que se pudieran y quisieron adaptar tuviesen tiempo para hacerlo.

Como  en casi todos los actos a los que asisto, lo más interesante estuvo en los "corrillos del café".

Nadie puede atacar el estudio desde su vertiente técnica pero algunos me dijeron que veían que, si se adoptase, supondría en la práctica que casi nadie querría ir a las residencias acreditadas "de nivel bajo".  La reflexión es obvia, ¿por qué ingresar en esta residencia durante un tiempo si después tendré que cambiar una o dos veces a centros más especializados?  Mejor entro directamente en una de "alta dependencia" que me cobre mi módulo de "baja dependencia".

No sorprenderá a nadie que la mayoría de los asistentes al acto de presentación, muchos de ellos responsables o propietarios de residencias, mirasen la propuesta exclusivamente en primera persona: ¿Cómo me afecta esto a mí?

Las residencias que llevan más de quince años abiertas, sea cual sea su tamaño, y las que tengan menos de 50 plazas, sea cual sea el año de apertura, tendrían serias dificultades para ser clasificadas como de alta dependencia.  Por un lado por los requisitos arquitectónicos y por otro porque hace falta una cierta "masa crítica" para que los modelos de gestión sean eficientes.

Por eso, detrás de una propuesta, en apariencia neutra, se esconde una apuesta clara por un modelo de sector de atención a mayores.

Un modelo basado en una acreditación de un único escalón en la que todos los centros acreditados se entienden preparados para poder dar atención a todo tipo de residentes a igual precio puede llevar a la existencia de un sector con residencias de diferentes tamaños y tipos.  En ese sistema no existe un incentivo para la especialización ni para atender los casos más complicados. Las empresas que han hecho grandes inversiones en la creación de grupos asistenciales pueden ver que se enfrentan a una competencia que tienen gastos inferiores a los suyos.  A la administración un sistema de un único escalón con un sector atomizado le puede interesar para reducir costes y "mantener a raya" a un sector a veces díscolo.

En definitiva, que el gobierno se encuentra ante una disyuntiva y tiene que tomar una decisión.  Debe tener en cuenta que la opción que tome sea sostenible, que se pueda aplicar equitativamente y, algo que a veces se olvida, debe considerar qué quieren los usuarios y cuánto están dispuestos a pagar por obtenerlo.

Sea como sea necesitamos de un sistema.  No de una interinidad permanente.  Algo estable, que pueda durar quince o veinte años y que permita a los que puedan adaptarse a él hacerlo y a los que no, una salida no traumática.

Empecé a escribir esto antes de la convocatoria de las elecciones/plebiscito del 25 de Noviembre y ahora, mientras lo repasaba no hacía más que pensar que, dada la situación, el gobierno que salga de las urnas no tendrá ni entre sus trescientas primeras prioridades el redactar el decreto de acreditación y el sistema estable y sostenible del que hablo.  De todas formas, soñar es gratis.