A finales del año pasado el Tribunal Supremo confirmó la anulación del Acuerdo de Copago y determinación de la capacidad económica que había dictado el Consejo Territorial de la Dependencia. Lo curioso de aquella decisión judicial era que no entraba en el fondo de la regulación, no hacía ninguna crítica a la manera para saber qué hay que considerar ingreso y cómo debe determinarse el copago sino que se limitaba a decir que para hacer esa regulación se necesita una "norma" (o sea un Decreto, con todos sus requisitos de elaboración) y no un "Acuerdo" que jurídicamente quiere decir más bien poco.
Lo que venía a señalar entonces el Supremo es otra más de las "chapuzas de la Dependencia". El gobierno en ese momento, según pensaba casi todo el mundo, tendría que haber tomado el contenido del acuerdo, trabajado con él y haber dictado un Decreto de copago. O también podría haber considerado que las circunstancias han cambiado entre 2008 y finales de 2011 y haber reunido de nuevo al Consejo, con su nueva mayoría para redactar un nuevo acuerdo, más acorde con la situación actual y darle rango de Decreto.
Pero pasaron días, semanas y meses y seguimos igual. Con un acuerdo anulado y un gobierno preocupado por otras cosas, que sin duda tienen mucha importancia.
Cuando se produjo la anulación del acuerdo de copago, pensé que, aplicando el mismo criterio se podría declarar la nulidad del acuerdo de acreditación, pero, cómo no hubo una CERMI para impugnarlo, allí sigue.
Volviendo al copago, y centrándome en los servicios de residencia, es este un tema clave que deberá tenerse en cuenta en la redacción de la segunda Ley de Dependencia: Si de verdad queremos que exista un derecho de ciudadanía común en todo el Estado, algunos elementos básicos del mismo como la valoración, la asignación de los recursos y la participación en el precio deberán tener unos elementos comunes.
Aunque en el fondo creo más en un sistema que tomase como base la Prestación Económica Vinculada, acepto que la tendencia parece ir más hacia el concierto. Si eso es así, sigo creyendo que podríamos tener un sistema basado en la equidad y fundamentado en una separación clara entre costes hoteleros y de servicios; un copago que pudiera alcanzar el 100% del coste del servicio cuando las rentas superasen determinada cantidad; la previsión de que los descendientes tuviesen que participar en un "copago alimenticio" limitado por criterios de capacidad económica y obligaciones familiares; y un sistema de "reembolso tras la muerte" de una parte de lo recibido para aquéllos que en vida tuviesen patrimonio pero insuficientes ingresos. Por supuesto que estas medidas no alcanzarían a la mayoría de ciudadanos. Sólo lo harían a los que tuviesen un nivel de renta considerable. Este grupo de dependientes "con capacidad económica elevada" se estarían beneficiando del sistema de una forma peculiar: Al poder acceder a una plaza concertada pagando el 100% del coste de referencia estarían utilizando el Sistema de la Dependencia como una especie de central de compras que les permitiría comprar a un precio más reducido que el que encontrarían en el mercado. Lo que yo creo además es que muchos dependientes "con capacidad económica elevada", ante el dilema de acceder al sistema facilitando mucha información sobre ingresos y patrimonio u optar por contratarse ellos mismos la estancia en una residencia privada, optarían por la segunda opción.
Si pensamos en la sostenibilidad del sistema en el largo plazo debemos crear un sistema que obligue a cada uno a pagar lo que es justo. Por supuesto que esto puede chocar con resistencias, pero es que ya sabemos que lo que hay hoy no se aguanta.
Sigamos esperando el nuevo Decreto de copago.
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