Hace unos días me pidieron desde el periódico la Gaceta que les enviase una tribuna para la edición del domingo 9 de Octubre sobre la situación del sector de la atención a mayores en España. Me marcaron una limitación: 2.000 espacios.
Uno no ve lo complicada que es esa situación hasta que se pone a describirla. Total, que mi primer borrador tenía casi 5.000 caracteres. Total que me tuve que volver a poner en ello para conseguir algo más "delgado". Como me ha dado pena tirar el primer borrador, aquí lo comparto con quien quiera leerlo.
Hace nueve años en un periódico económico aparecía un articulo con un sugestivo título: Residencias para la tercera edad: un negocio dorado. En el se hablaba de del incremento en la demanda de residencias por el cada vez mayor número de personas mayores, de las grandes expectativas que surgirían con la Ley de dependencia y su incremento en el gasto en la atención a mayores y, en consecuencia, de la generación de beneficios para propietarios de terrenos, promotores y gestores de residencias. Ante esas perspectivas, no es de extrañar que todos, desde el pequeño empresario hasta los fondos de capital riesgo pasando por constructoras, cajas de ahorro o compañías aseguradoras, invirtieran en el sector, ya fuese creando nuevos equipamientos o adquiriendo las existentes.
Si queremos ser muy escuetos, podemos decir que la situación del sector e atención a mayores viene determinada por el incumplimiento de las optimistas profecías. Los que han desconfiado de tan halagüeñas perspectivas y han invertido con cautela son los que ahora están en mejor posición, otros lo están pasando mal y otros ya no están.
Vayamos por partes. La atención a mayores no ha sido ajena a la burbuja inmobiliaria. Se han pagado precios ridículos por suelos que no lo valían, se han construido residencias en lugares en los que, después ha quedado demostrado, no había demanda y la consecuencia ha sido que algunos proyectos se han abandonado después de ingentes inversiones o solo han sido rentables cuando el segundo o tercer gestor los ha adquirido a un precio real, asumiendo los anteriores el precio del error. Acertar en el emplazamiento es un factor clave.
Otro es entender que la atención en residencias es una de las actividades más intervenidas: las administraciones regulan hasta el detalle los requisitos arquitectónicos, el número y categoría de personal, los protocolos, registros y programas a aplicar hasta el punto que, hay menos exigencias para montar una clínica que una residencia. Las normativas, por supuesto son autonómicas lo que genera la existencia de 17 diferentes que ni se parecen ni quieren parecerse. Una situación que limita la innovación y entorpece el establecimiento en diferentes comunidades de un operador. Pero las administraciones no se limitan a regular e inspeccionar sino que son también los mayores compradores de plazas introduciendo nuevas distorsiones: de nuevo hay modelos diferentes de actuación y, posiblemente lo peor, hay distintos plazos de pago (hay comunidades en las que las residencias todavía no han cobrado de la administración las estancias de mayo) En resumen, 17 mercados con costes, precio y expectativa de beneficio tan dispares que, solo las empresas que han aprendido a moverse por tan proceloso escenario están hoy en buenas expectativas de supervivencia.
La ley de dependencia ha tenido en el sector un efecto levemente positivo. Es cierto que se ha gastado mucho dinero, pero la mayor parte ha ido directamente a las familias cuidadoras en forma de ayuda económica Algo que la ley preveía como excepcional pero supone la mitad de las ayudas. Además, algunos aspectos como la unificación de los criterios de copago o de los requisitos de acreditación de los centros se han hecho de forma tan inadecuada que la idea de un nuevo derecho de ciudadanía común para todos los españoles con independencia de la comunidad autónoma se ha quedado en palabrería hueca.
Hoy tenemos un sector formado por unas 5000 residencias y unas 250000 camas de las que más de dos terceras partes son privadas. Dentro de estas hay un grupo de grandes empresa con cobertura en diferentes comunidades y más de diez residencias por grupo, que alcanzan alrededor del 15% del total y que tienen una característica peculiar. En ninguno de los grupos el core bussiness de su mayor accionista es el cuidado de mayores (la mayoría son aseguradoras, constructoras, cajas de ahorro o fondos) lo que hace que la posibilidad de movimientos accionariales, adquisiciones y fusiones sea elevada. Las residencias de este perfil están agrupadas en una asociación, AESTE.
El resto del sector de residencias "mercantiles" está formado por empresarios de diferente tamaño. Algunos son grupos de residenciad, otros empresarios con un solo centro pero pocos con actividad en varias comunidades. Existe un colectivo numeroso de residencias de pequeño tamaño que llevan años funcionando y que cumplen la normativa de cuando fueron autorizadas pero tendrían serias dificultades para adecuarse a las últimas exigencias arquitectónicas. Aunque existen varias asociaciones patronales, la más representativa es la FED (Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia).
He entrado en el detalle de quienes son las entidades que representa a las residencias porque una cuestión clave, en una actividad en la que el65% del coste es la mano de obra, es la representatividad, la negociación del convenio colectivo y el futuro reparto de fondos.
Ahora se empieza a negociar el convenio colectivo estatal y el enfrentamiento entre FED y AESTE para determinar la constitución de la parte patronal la mesa pone de manifiesto u a de las asignaturas pendientes que han marcado la historia del sector. La falta de unidad de actuación. ¿Los motivos? Darían para escribir una novela más que una tribuna.
Autor del post: Josep de Martí
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