Tras una larga negociación, con huelgas y manifestaciones incluidas, el convenio colectivo de la comunidad de Madrid ha sido finalmente firmado pactándose una subida salarial del 7% (o, sea un 24% acumulado) durante tres años.
El presidente de la patronal Madrileña, AMRTE, ha recibido desde la firma un alud de críticas de parte del sector. La Federación Nacional se ha sumado al rechazo enviando una carta a las residencias madrileñas acusándole de hundir al sector, y un grupo de asociados ha pedido la celebración de una asamblea para acordar su destitución.
D. Pascual Berlanga, presidente de la asociación madrileña, se defiende acusando a quiénes le acusan y, mediante otra carta titulada “no te dejes manipular, quieren engañarnos” apunta a intereses no confesados por parte de la Federación Nacional y algún miembro de la propia AMRTE. D. Pascual ve en la subida salarial pactada una solución mejor para el sector que las otras propuestas que se barajaban en la mesa de negociación y que hubiesen supuesto cinco puntos adicionales de incremento. Para sustentar su posición ha hecho circular un cuadro comparativo entre la última propuesta existente y la finalmente aprobada.
Quizá cuando se publiquen estas líneas ya se haya producido la asamblea de AMRTE y sepamos si la mayoría de residencias secundan el razonamiento del presidente o, por el contrario lo censuran llegando incluso a destituirlo en el cargo. Sea como sea lo que está claro es que el convenio está aprobado legalmente y tendrá vigor hasta 2008.
Quien piense que los trabajadores están contentísimos con el nuevo convenio sólo tiene que entrar en el foro de Inforesidencias.com y verá que la mayor parte de las intervenciones, en una discusión que se ha abierto al efecto, son contrarias a lo pactado. Hay críticas a los sindicatos por “haberles vendido” a cambio de muy poco y acusaciones de “pasteleo”. ¿Qué subida pretendían los que critican el convenio? Eso no lo dicen en el foro.
Si algo claro puede sacarse de toda esta situación es que, el hecho de que se haya negociando a la vez un convenio para la comunidad de Madrid y otro estatal (que no se aplicará en esa comunidad ni en otras seis que tienen convenio propio) puede producir un grado de “contaminación” entre ambos que no traerá efectos positivos.
¿Será la subida marcada en el convenio de Madrid la que seguirá el estatal? A priori podría parecer que sí debido a que en la parte sindical de la mesa se sientan las mismas organizaciones en ambas negociaciones. En cambio también hay claros indicios de que puede no ser así. Actualmente el convenio estatal lo están negociando la FNM y LARES después de no haber aceptado la CEAD el sistema de cuantificación de representatividad utilizado para la constitución de la mesa. José Joaquín García, vicepresidente de la FNM, que dirige la negociación por la parte patronal, está entre los que con más ímpetu han criticado el convenio de Madrid por lo que parece que no aceptará subidas como las establecidas pero, ¿podrá resistirse? ¿se producirá conflicto colectivo, manifestaciones y huelgas? Con los antecedentes en la mano podemos esperar que no.
Otro aspecto de la situación actual que puede llevarnos a reflexión es la consecuencia del convenio de Madrid en el futuro Sistema Nacional de Dependencia.
Cuando llegue a existir ese sistema (o, deberíamos decir, si llega a existir), un órgano nuevo que se llama Consejo Territorial de la Dependencia donde estarán representados el Estado y las comunidades autónomas, decidirá qué baremo se aplica para calcular la dependencia, qué catálogo de servicios y prestaciones corresponderá a cada nivel, cuál será la intensidad de la intervención y los requisitos de calidad de los servicios. Después el Estado pactará con cada una de las comunidades autónomas un convenio en el que se establecerán las necesidades de cobertura y servicios así como la financiación (la idea es que por cada euro puesto por el Estado haya, como mínimo, otro puesto por la comunidad autónoma). Todo ese sistema permitirá la existencia de un derecho subjetivo y universal a ser atendido en caso de dependencia. Pero ¿cuánto costará el sistema? Aquí es donde entra la negociación del convenio de Madrid.
Existe una memoria económica y varios estudios que sitúan el gasto, cuando se ponga la totalidad del sistema en funcionamiento, en alrededor de un 1% del Producto Interior Bruto español. Pero, ¿tienen en cuenta estos estudios que durante los próximos años pueden producirse incrementos salariales muy por encima del la inflación? ¿tienen en cuenta que la existencia de convenios colectivos autonómicos o provinciales pueden suponer que el coste de prestación de servicios difiera entre comunidades autónomas? Espero que sí, porque si no es así puede que el sistema nazca con una anemia que acabe matándolo antes de poder desarrollarse.
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