Finalmente hemos podido echar mano al tan esperado anteproyecto de “Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia” (¡que nombres tan largos tienen las cosas en épocas de corrección política!).
Los medios de comunicación generalistas han puesto el foco en la universalidad y financiación hablando de lo mucho que se gastará, de quién pondrá el dinero y de quién se resiste a colaborar. Quizás a los lectores de N&G les interesa más saber qué consecuencias puede tener la puesta en marcha de la Ley en sus empresas.
Sabemos que la Ley creará el derecho de todos los españoles con un determinado nivel de dependencia a acceder a unas prestaciones y servicios (residencias para personas mayores, centros de día, teleasistencia y ayuda a domicilio) financiados por las administraciones aunque con participación económica de quien se beneficie. O sea, que existirá el derecho universal al servicio aunque no a la gratuidad del mismo.
Para dar atención a todos los dependientes (sean personas ancianas, discapacitadas o que dependan de otros para las actividades de la vida diaria por otras circustancias), el futuro Sistema Nacional creará una “red de utilización pública” de servicios, dentro de la cual habrá algunos de titularidad pública y otros privados concertados. Además se prevén prestaciones económicas y ayudas para financiar necesidades específicas.
Esto quiere decir que para el sector en general se abre una etapa de grandes expectativas. Como las administraciones no van a construir todas las residencias geriátricas que necesitará, gran parte del gasto en atención a la dependencia pasará por empresas privadas que prestarán servicios mediante conciertos con la administración u otras figuras de financiación pública.
Si todo sale como prevé el texto algunos aspectos del sistema serán comunes en todo el estado (como la valoración de la dependencia, las prestaciones mínimas o las condiciones de calidad y acreditación) dejándose la concreción y la gestión de los casos a unas comunidades autónomas que tendrán que armonizar sus normativas a esos aspectos comunes.
Al sector privado le corresponderá elegir entre formar parte de la “red de utilización pública” cumpliendo unos criterios de acreditación, o ser “puramente privada”. Pero, ¿habrá espacio para las residencias fuera de la “red”? Yo creo que no porque, si el derecho es realmente universal, toda persona que precise una residencia accede al Sistema Nacional y obtiene el ingreso en una plaza pública o concertada. ¿Quién ingresará en las residencias privadas no concertadas?, únicamente las personas que de verdad no la necesiten (o sea, que no tengan una gran dependencia) o aquéllas que prefieran ir “por lo privado” renunciando a la ayuda pública. En definitiva, muy pocas ya que la clase media que paga con esfuerzo las plazas en residencias privadas será la gran beneficiada del sistema.
Las residencias de 3ª edad que hoy ya tienen “plazas públicas” (concertadas, colaboradoras, “de co-pago”..) también vivirán cambios. Para empezar, la definición de lo que es un “centro residencial” que contiene el anteproyecto introduce un matiz que puede tener muchas consecuencias ya que dice que ofrece a las personas en situación más graves de dependencia servicios continuados de cuidado personal y sanitario. Hasta ahora, casi todas las normativas autonómicas habían querido separar lo que era atención social (que cubre la residencia) de la sanitaria (que cubre la sanidad pública). ¿Querrá la Ley que todas las residencias tengan personal sanitario de forma continuada y presten directamente la atención sanitaria? ¿Es un paso hacia la integración sociosanitaria en la atención a la dependencia? Ojalá sea así, aunque en ese caso las residencias necesitarán un reciclaje importante y las administraciones pensar en más presupuesto. Sea como sea, el establecimiento de nuevas normas de acreditación comportarán cambios a afrontar.
Otra duda que deberá despejarse es la del precio público. Sabemos que el Estado establecerá convenios con cada comunidad autónoma en los que establecerán objetivos, medios y recursos así como la intensidad de la prestación, ¿implicará esto que el precio público será diferente en cada comunidad autónoma? Actualmente las diferencias de precios de concierto entre comunidades son abismales. ¿Se tenderá a la armonización?. Como normalmente los precios públicos están algo por debajo de los de mercado, la forma en que se despeje esta incógnita puede ser una de las más importantes para el sector privado.
Al hilo de los precios, otra realidad que se hará usual en nuestras residencias (ya les llamemos centros geriátricos, residencias de ancianos, residencia de personas mayores, o residencias para la tercera edad) es la “conversión” de residentes. Es más que posible que personas que están ocupando plazas privadas (pagando el precio de mercado) accedan a la protección del Sistema. Si eso pasa en residencias “privadas puras”, la persona tendrá que cambiar de centro. Si la residencia, en cambio forma parte de la “red”, cosa que acabarán haciendo todas las que puedan, el residente seguirá ocupando la misma plaza aunque pagando “precio público”, eso querrá decir, menos que antes y peor (ya que una parte la pagará la administración con un tiempo de retraso). Esa “conversión” de residentes conlleva claras consecuencias en la cuenta de explotación.
A parte de estos casos, creo que los grandes afectados por la Ley serán los pequeños empresarios. Ese 50% de residencias geriátricas de menos de 50 plazas que con mucho sacrificio se ha ido ajustando a los cambios de normativas, a la contratación de nuevos profesionales y a las crecientes exigencias de calidad. Es muy posible que las normas de acreditación del Sistema Nacional dejen fuera de juego a muchos de estos centros que verán como sus residentes se van a residencias de una “red” a las que tienen vetado el acceso. Estas residencias llevan años funcionando y se pusieron en marcha de acuerdo con la reglamentación que regía en su momento por lo que, establecer unas normas de acreditación que, sabemos de antemano no van a poder cumplir, sin arbitrar alguna solución para ellas, sería cuanto menos poco ético.
Queda mucho camino en la tramitación de la Ley así que deberemos seguir atentos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario