Las frases ingeniosas acaban a menudo teniendo muchos padres. Hace un tiempo, oí que había tres tipos de mentiras: “mentiras, patrañas y estadísticas”. Interesado por la paternidad de la ocurrencia entré en internet y descubrí que la frase original “lies, damn lies, and statistics" ha sido atribuida, en diferentes momentos al escritor Mark Twain, al primer ministro británico Disraeli o al economista Alfred Marshal. Podríamos hacer una estadística sobre a quién se le ha atribuido más pero, seguramente, acabaría siendo mentira.
Las estadísticas que está generando la aplicación de la Ley de Dependencia y la puesta en marcha del SAAD resultan tan ingentes, que a veces hay que detenerse un poco para separa el grano de la paja.
En el II Congreso de la FED que se celebró en Madrid los pasados 4 y 5 de junio escuchamos una pormenorizada explicación sobre qué prestaciones se están otorgando en las diferentes comunidades autónomas y supimos que la que más se presta es una que se llama “Pendiente de identificar” (38% de las prestaciones), seguida de la “excepcional” prestación económica para el cuidador familiar.
Otro “dato estadístico” sorprendente, extraído de información oficial y expuesto por Ignacio Fernández Cid fue que de los 184.000 cuidadores familiares “excepcionales” que reciben la prestación, sólo 67.000 se han dado de alta en la Seguridad Social por lo que, o bien ya estaban cotizando (y trabajando) o eran jubilados que cobran pensión. En consecuencia, ya que de momento están entrando bajo el paraguas de la cobertura los “dependientes más dependientes”, podemos concluir que 120.000 de ellos están siendo cuidados por un familiar jubilado o que tiene un trabajo.
Según datos de la administración del estado, la Ley de Dependencia ya ha creado 100.000 puestos de trabajo, según la FED, de momento no se han creado y según la comunidad de Madrid (en un acto posterior al congreso FED), la dependencia creará entre 300.000 y 400.000.
En diferentes momentos del congreso pudimos escuchar que en 2009 en conjunto de las administraciones gastarán en dependencia 1.600 millones de euros o 1.959. Cuando se entra en el desglose y cada comunidad explica lo que “pone” ella respecto a lo que “pone” el estado, las discrepancias alcanzan niveles siderales.
Viendo sólo los grandes números queda claro que se está gastando dinero y que existe un esfuerzo por poner en marcha el sistema. Hay una esperanza no oculta porque la dependencia sea uno de los motores para salir del marasmo, pero no podemos olvidar que el demonio habita en los detalles y que, si se pretende basar una buena parte del sistema en dar dinero para que personas sin preparación, ni supervisión cuiden en su casa a los dependientes, la mentira acabará saliendo a la luz.
Para acabar, otra estadística curiosa expuesta durante el congreso: En Japón, el sistema de atención a la dependencia sólo reconoce servicios profesionales, no prestaciones económicas para cuidadores. Esto supone que un 10% de los que solicita ayuda desista. ¿Qué pasaría si hiciésemos eso en España?
miércoles, 24 de junio de 2009
viernes, 12 de junio de 2009
CRISIS EN EL SECTOR GEROASISTENCIAL
Este principio de junio ha venido marcado por el II Congreso de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia, que contó como secretaría científica con eai|consultoria. Que 500 empresarios se encuentren para hablar del sector es ya en sí relevante. Que, durante las ponencias hayan aparecido tan grandes interrogantes se convierte en preocupante.
Unas semanas antes, en las V Jornadas anuales de Inforesidencias.com ya se había puesto de manifiesto la preocupación que tenían muchas residencias de tamaño medio y pequeño por su supervivencia, una vez se aprueben definitivamente los criterios de acreditación de la Ley de Dependencia.
Parece que la gran confianza que se había depositado en la Ley de Dependencia ha sido arrastrada por el vendaval de la crisis. Si hace tres años existía un gran optimismo económico que permitía comprometer elevadas cantidades de dinero en la constitución del SAAD, hoy el sistema empieza a mostrar grietas y parece que no hay argamasa para taparlas.
Una de las dudas que se puso de manifiesto en el congreso de la FED es cuántas plazas residenciales “faltan” o “sobran” en el sistema. Así, de claro y así de contradictorio. Por un lado parece que la aplicación hará necesaria la construcción y puesta en funcionamiento de varias decenas de miles, por otro, según expuso el presidente de AMRTE, hay estudios que indican que existen 100.000 plazas libres en España y que muchas de ellas tendrán serias dificultades para llenarse.
En un congreso de contrastes escuchamos al presidente de la FED pedir la existencia de un marco estable con elementos comunes para todo el Estado mientras que un alto cargo del IMSERSO recordaba que la competencia de servicios sociales es de las comunidades autónomas por lo que la Ley sólo puede regular lo más esencial, el elemento común que es el acceso al sistema. También oímos a los empresarios pedir que se paralice la entrada de nuevos niveles de dependencia bajo el paraguas de la cobertura de la Ley debido a que, según uno de los ponentes, el sistema es hoy insostenible y arrastrará a finales de 2010 un déficit de 14.000 millones de Euros.
Pero, lo que sin duda fue la estrella del congreso y que se incardina directamente con una situación percibida como de crisis fue la utilización que se está dando de la prestación económica para el cuidado del dependiente en el entorno familiar por parte de un cuidador no profesional.
Los argumentos presentados fueron los mismos que ya hemos escuchado en otros foros.
Por parte empresarial:
• Que resulta poco ajustado a la Ley, e incluso directamente, ilegal, que una medida que se define como “excepcional” acabe siendo la que más se está reconociendo.
• Que no resulta lógico poner a los más dependientes al cuidado de personas sin preparación y que en muchos casos son jubilados o personas que trabajan además de cuidar.
• Que esta medida, en vez de generar empleo, lo destruye.
Por parte de la administración:
• Que la inmensa mayoría de dependientes prefieren quedarse en casa siendo cuidados por un familiar y así lo manifiestan. La ley indica que en la redacción del programa individual de atención tienen derecho a participar el dependiente por lo que la voluntad del mismo debe ser tenida en cuenta.
• Que en muchos países, cuando se pone en marcha una Ley de Dependencia los ciudadanos empiezan pidiendo ayudas económicas y después tienden a pedir más servicios.
• Que actualmente no existen suficientes servicios.
Del resto de mesas y conferencias podría destacarse que el sector de la atención a personas mayores dependientes en España está viviendo un momento de zozobra, producido en parte por la incipiente aplicación del sistema de atención a la dependencia (¿Cómo será la acreditación y los requisitos de calidad?, ¿quién asumirá el coste de la capacitación de los gerocultores?, ¿cómo acabará estableciéndose la coordinación sociosanitaria?); por la crisis económica con la consecuente restricción crediticia que afecta a las empresas y entidades (agravada según los empresarios por los retrasos de las administraciones en el pago de los conciertos) y por otros motivos de diferente entidad que confluyen con los dos anteriores.
Pero, aunque podría parecer que todo era derrotismo, entre tantos interrogantes y dilemas, Vicenç Vicente, presidente de la patronal catalana ACRA dio una nota de proporción al recordar que, en todo el tiempo que lleva trabajando en el sector siempre ha oído decir que había crisis por lo que los problemas de hoy son eso, el obstáculo que toca salvar.
Coautores, Quico Mañós y Josep de Martí
Unas semanas antes, en las V Jornadas anuales de Inforesidencias.com ya se había puesto de manifiesto la preocupación que tenían muchas residencias de tamaño medio y pequeño por su supervivencia, una vez se aprueben definitivamente los criterios de acreditación de la Ley de Dependencia.
Parece que la gran confianza que se había depositado en la Ley de Dependencia ha sido arrastrada por el vendaval de la crisis. Si hace tres años existía un gran optimismo económico que permitía comprometer elevadas cantidades de dinero en la constitución del SAAD, hoy el sistema empieza a mostrar grietas y parece que no hay argamasa para taparlas.
Una de las dudas que se puso de manifiesto en el congreso de la FED es cuántas plazas residenciales “faltan” o “sobran” en el sistema. Así, de claro y así de contradictorio. Por un lado parece que la aplicación hará necesaria la construcción y puesta en funcionamiento de varias decenas de miles, por otro, según expuso el presidente de AMRTE, hay estudios que indican que existen 100.000 plazas libres en España y que muchas de ellas tendrán serias dificultades para llenarse.
En un congreso de contrastes escuchamos al presidente de la FED pedir la existencia de un marco estable con elementos comunes para todo el Estado mientras que un alto cargo del IMSERSO recordaba que la competencia de servicios sociales es de las comunidades autónomas por lo que la Ley sólo puede regular lo más esencial, el elemento común que es el acceso al sistema. También oímos a los empresarios pedir que se paralice la entrada de nuevos niveles de dependencia bajo el paraguas de la cobertura de la Ley debido a que, según uno de los ponentes, el sistema es hoy insostenible y arrastrará a finales de 2010 un déficit de 14.000 millones de Euros.
Pero, lo que sin duda fue la estrella del congreso y que se incardina directamente con una situación percibida como de crisis fue la utilización que se está dando de la prestación económica para el cuidado del dependiente en el entorno familiar por parte de un cuidador no profesional.
Los argumentos presentados fueron los mismos que ya hemos escuchado en otros foros.
Por parte empresarial:
• Que resulta poco ajustado a la Ley, e incluso directamente, ilegal, que una medida que se define como “excepcional” acabe siendo la que más se está reconociendo.
• Que no resulta lógico poner a los más dependientes al cuidado de personas sin preparación y que en muchos casos son jubilados o personas que trabajan además de cuidar.
• Que esta medida, en vez de generar empleo, lo destruye.
Por parte de la administración:
• Que la inmensa mayoría de dependientes prefieren quedarse en casa siendo cuidados por un familiar y así lo manifiestan. La ley indica que en la redacción del programa individual de atención tienen derecho a participar el dependiente por lo que la voluntad del mismo debe ser tenida en cuenta.
• Que en muchos países, cuando se pone en marcha una Ley de Dependencia los ciudadanos empiezan pidiendo ayudas económicas y después tienden a pedir más servicios.
• Que actualmente no existen suficientes servicios.
Del resto de mesas y conferencias podría destacarse que el sector de la atención a personas mayores dependientes en España está viviendo un momento de zozobra, producido en parte por la incipiente aplicación del sistema de atención a la dependencia (¿Cómo será la acreditación y los requisitos de calidad?, ¿quién asumirá el coste de la capacitación de los gerocultores?, ¿cómo acabará estableciéndose la coordinación sociosanitaria?); por la crisis económica con la consecuente restricción crediticia que afecta a las empresas y entidades (agravada según los empresarios por los retrasos de las administraciones en el pago de los conciertos) y por otros motivos de diferente entidad que confluyen con los dos anteriores.
Pero, aunque podría parecer que todo era derrotismo, entre tantos interrogantes y dilemas, Vicenç Vicente, presidente de la patronal catalana ACRA dio una nota de proporción al recordar que, en todo el tiempo que lleva trabajando en el sector siempre ha oído decir que había crisis por lo que los problemas de hoy son eso, el obstáculo que toca salvar.
Coautores, Quico Mañós y Josep de Martí
domingo, 24 de mayo de 2009
PRECIOS DE RESIDENCIAS PÚBLICAS
¿Son mejores las residencias de hoy que las de hace cinco años? La revista Consumer Eroski parece haber encontrado una respuesta a esta pregunta y ha decidido publicarla en su segundo informe (el primero fue en 2005) con el título “sigue habiendo poca plazas y cada vez son más caras”. Para redactarlo han visitado 125 residencias públicas, concertadas y privadas, concluyendo que la calidad ha mejorado e indicando que la mejor opción es hoy ingresar en una residencia pública o concertada.
Vale la pena leer el informe y pararse en un detalle: Los centros públicos tienen un precio medio de 1.174 Euros al mes frente a los 1500 de los privados (resultados parecidos a los del último informe de precios de residencias privadas de Inforesidencias.com que situaba el precio en unos 1.600€/mes). Pero ¿cuál es el coste de atender a los residentes que viven en residencia públicas? Esto, lógicamente, no aparece aunque yo me atrevería a apuntar que muy pocas plazas públicas gestionadas por la administración tienen un coste real inferior a los 3000€ que acaban saliendo en su mayor parte del presupuesto público.
Siguiendo con el informe, el 87% de las residencias públicas obtienen una calificación de “muy bien” frente a un 84% de las concertadas y un 73% de las privadas.
Hasta aquí todo muy bien pero, ¿se atrevería alguien a dar el siguiente paso y plantear una comparación “coste/resultado” entre los diferentes tipos de residencia? O sea, comparar cuánto le cuesta a la administración el mantenimiento de las plazas públicas y concertadas (y a los mayores la estancia en una residencia privada) viendo después el nivel de servicio que se recibe por ese precio. Para poder hacer esa comparación necesitaríamos para empezar algún dato más que no nos ofrece el informe ya que sería conveniente considerar por separado las residencias públicas gestionadas por la propia administración y aquéllas que tienen la gestión encomendada a una empresa.
Imaginemos que, después de obtener esos datos llegásemos a la conclusión que una plaza en una residencia pública gestionada por la administración cuesta 3.200€ al mes, una pública gestionada por una empresa 2.000€, una plaza concertada 1.700€ y una privada 1.500€. Sigamos imaginando y pensemos que descubriéramos que el nivel de calidad es parecido entre los tres primeros tipos y baja un poco en el cuarto. ¿Se imaginan cómo ayudaría a todos a comparar y a elegir?. Por desgracia no sabemos cuánto le cuesta a las administraciones una plaza de las públicas gestionadas directamente y, también por desgracia, a parte de iniciativas como las de Eroski, no tenemos estudios objetivos que nos permitan comparar los centros.
Si no se acompaña la comparación “objetiva” con una reflexión de “coste”, podría parecer que las residencias privadas cuestan más y son peores. Estoy seguro que muchas personas de las que han leído el informe sin más información, pensarán que las residencias públicas, por poco más de 1.100 Euros, dan mejores servicios que las privadas que encima son más caras. Estas personas acabarán, seguramente con la idea de que los empresarios del sector están haciendo algo incorrecto. Esto no sólo no es cierto sino que además puede abonar argumentos contrarios a la prestación privada de servicios de atención a mayores, un elemento sin el cual no será posible el desarrollo del sistema de dependencia.
Vale la pena leer el informe y pararse en un detalle: Los centros públicos tienen un precio medio de 1.174 Euros al mes frente a los 1500 de los privados (resultados parecidos a los del último informe de precios de residencias privadas de Inforesidencias.com que situaba el precio en unos 1.600€/mes). Pero ¿cuál es el coste de atender a los residentes que viven en residencia públicas? Esto, lógicamente, no aparece aunque yo me atrevería a apuntar que muy pocas plazas públicas gestionadas por la administración tienen un coste real inferior a los 3000€ que acaban saliendo en su mayor parte del presupuesto público.
Siguiendo con el informe, el 87% de las residencias públicas obtienen una calificación de “muy bien” frente a un 84% de las concertadas y un 73% de las privadas.
Hasta aquí todo muy bien pero, ¿se atrevería alguien a dar el siguiente paso y plantear una comparación “coste/resultado” entre los diferentes tipos de residencia? O sea, comparar cuánto le cuesta a la administración el mantenimiento de las plazas públicas y concertadas (y a los mayores la estancia en una residencia privada) viendo después el nivel de servicio que se recibe por ese precio. Para poder hacer esa comparación necesitaríamos para empezar algún dato más que no nos ofrece el informe ya que sería conveniente considerar por separado las residencias públicas gestionadas por la propia administración y aquéllas que tienen la gestión encomendada a una empresa.
Imaginemos que, después de obtener esos datos llegásemos a la conclusión que una plaza en una residencia pública gestionada por la administración cuesta 3.200€ al mes, una pública gestionada por una empresa 2.000€, una plaza concertada 1.700€ y una privada 1.500€. Sigamos imaginando y pensemos que descubriéramos que el nivel de calidad es parecido entre los tres primeros tipos y baja un poco en el cuarto. ¿Se imaginan cómo ayudaría a todos a comparar y a elegir?. Por desgracia no sabemos cuánto le cuesta a las administraciones una plaza de las públicas gestionadas directamente y, también por desgracia, a parte de iniciativas como las de Eroski, no tenemos estudios objetivos que nos permitan comparar los centros.
Si no se acompaña la comparación “objetiva” con una reflexión de “coste”, podría parecer que las residencias privadas cuestan más y son peores. Estoy seguro que muchas personas de las que han leído el informe sin más información, pensarán que las residencias públicas, por poco más de 1.100 Euros, dan mejores servicios que las privadas que encima son más caras. Estas personas acabarán, seguramente con la idea de que los empresarios del sector están haciendo algo incorrecto. Esto no sólo no es cierto sino que además puede abonar argumentos contrarios a la prestación privada de servicios de atención a mayores, un elemento sin el cual no será posible el desarrollo del sistema de dependencia.
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