¿FALTAN INSPECTORES?

En diciembre leí una noticia que difundía Europa Press según la cual un autodeterminado “Colectivo Tercera Edad” reclamaba que la comunidad de Madrid tuviese más inspectores de residencias. Hasta ahí me pareció interesante, a partir de ese punto se me pusieron los pelos de punta.
El colectivo denunciaba, según la noticia que la falta de inspectores convertía a la mayoría de las residencias de ancianos en centros de especulación económica en perjuicio de la salud y calidad de vida de los ancianos que pagan mensualidades de lujo para recibir comida y aseos personales "inmorales, mezquinos y tercer mundistas". El artículo sigue con lindezas como que no se cambian los pañales o que se hace pasar tanto hambre que se causan muertes prematuras.
La verdad es que mi sorpresa no venía de los hechos denunciado. Llevo diecisiete años en el sector y sé que si algo así se produce es una excepción lamentable y no la regla. También sé que la primera interesada en que se descubran y castiguen los pocos casos en que se producen abusos es esa inmensa mayoría de empresarios honrados que apuestan por dar un buen servicio.
Lo que de verdad me estremece es una pregunta ¿por qué Europa Press difunde una denuncia generalizada y sin fundamento contra un sector que da trabajo a tantas personas? ¿Haría lo mismo si un colectivo denunciase que la mayoría de las guarderías matan a los niños, así, sin más?. Creo que no. En ese caso, o los tratarían como lunáticos o les pedirían más concreción antes de publicar nada.
Si ese colectivo conoce algún abuso debería denunciarlo, si no, debería ser consciente del daño que sus denuncias huecas pueden hacer a miles de personas que han confiado el cuidado de sus mayores dependientes a un equipo de profesionales en una residencia. Si aún conociendo esa consecuencia deciden seguir adelante con su denuncia. ¿Podríamos esperar en el futuro de los medios de comunicación un comportamiento más cercano a la deontología?
Volviendo al inicio. La pregunta sobre si faltan inspectores sí me parece un tema interesante que deberíamos plantear. Algunas legislaciones autonómicas como la madrileña o la catalana obligan a inspeccionar todas las residencias una vez al año. Como cada vez hay más residencias, centros de día y servicios a domicilio para inspeccionar las comunidades se ven superadas pero, como la necesidad agudiza el ingenio, ya hay comunidades que sustituyen algunas visitas por una autodeclaración en la que la propia residencia envía los datos que precisa la inspección. ¿Irá el futuro hacia unas comprobaciones en papel seguidas por breves visitas de inspección?.

MENSAJES CONTRADICTORIAS DE LAS ADMINISTRACIONES

Hace años que los que trabajamos en este sector vemos la desconfianza con la que las administraciones tratan a la iniciativa empresarial en el campo de la atención a personas mayores.
Parece que intentar ganar dinero en la atención a dependientes es algo sospechoso que debe ser sometido a grandes regulaciones, inspecciones y a rigurosos regímenes sancionadores. Parece también que los que “de verdad” hacen bien las cosas son las entidades “sin ánimo de lucro”. Aunque a pesar de esas apariencias, a la hora de prestar servicios financiados con dinero de todos, los poderes públicos acaban apoyándose principalmente en la iniciativa mercantil.
El mes pasado recibimos mensajes en los que se muestra clara esa contradicción. Cataluña ha aprobado su nueva Ley de Servicios Sociales en la que se reconoce la contribución de la Generalitat, los ayuntamientos y la iniciativa social al desarrollo del actual sistema de servicios sociales (olvidando que la mayor parte de servicios, o sea, los que atienden a más personas y mantienen más puestos de trabajo, son de titularidad privada mercantil). Esta misma ley, aprobada por unanimidad en el Parlament, endurece el régimen sancionador hasta el punto de tipificar diecisiete posibles infracciones muy graves (la anterior preveía ocho) e incorporar por primera vez en la legislación social española figuras como la multa coercitiva o la ejecución subsidiaria. Quien lea la Ley creerá que el sector geroasistencial catalán ha empeorado tanto que requiere de un endurecimiento del régimen sancionador para enderezarlo. Pero como eso no es cierto, con toda seguridad la Generalitat seguirá confiando a empresas la gestión de residencias públicas y firmando convenios con las patronales que permitan aumentar los conciertos con empresas que darán servicios de calidad.
A raíz de un informe del Justicia de Aragón, en esa comunidad ha salido a la luz, que un sistema de autorización complicado y, a mi criterio, basado en la desconfianza genera que muchas residencias (según el Heraldo de Aragón de 5 de Octubre, ni la comunidad autónoma sabe cuántas) funcionen sin autorización administrativa definitiva. Según el informe, algunas de ellas “no están mal”. Un cambio de normativa haría más sencilla la autorización y resolvería el problema. ¿Sucederá? No lo sabemos, pero esperamos que sí ya que Aragón también ha sido noticia al abrir, por primera vez la posibilidad de concertar con residencias privadas.
También de Asturias nos llegan señales contradictorias. Por un lado hemos leído que están promoviendo un manual de buenas prácticas para fomentar la calidad en la atención (mensaje positivo), por otro, que aumentarán las inspecciones a residencias privadas: “habrá inspecciones semanales, incluso diarias” (mensaje negativo).
¿Sería mucho pedir un reconocimiento para unos empresarios que generan mucho empleo del tipo que no se puede deslocalizar? ¿Sería demasiado potenciar desde la administración la imagen de lo bueno que es que haya empresarios en este sector y que son los propios empresarios los que quieren controles que expulsen a quiénes lo hagan mal? Pues parece que sí.

AYUDAS AL CUIDADOR NO PROFESIONAL

El uso que hagan los gobiernos nacional y autonómicos de la prestación para los cuidadores familiares es uno de los factores que más preocupan al sector geroasistencial en la actualidad.

Eso deduje de mi asistencia a las Jornadas de Júbilo sobre Dependencia que se celebraron en Madrid el pasado mes de octubre y durante las que tuve el honor de poder moderar una mesa con directivos de diferentes grupos.

Que desde el sector geroasistencial privado se reclamen precios de concertación acordes con los requisitos exigidos y los niveles de calidad deseados es algo lógico pero no novedoso. Igual sucede cuando se reclama una coordinación entre el mundo sanitario y social que acabe situando cada coste en la partida presupuestaria pública que corresponda.

Lo que sí resulta llamativo es que lo que esté generando una gran preocupación es lo que en la Ley no deja de ser excepcional. Esto es la prestación para los cuidadores informales. Sobre esta prestación pude oír varias intervenciones reclamando cautela, e incluso una reflexión, que circula por el sector que considera esta prestación como una “figura diabólica”.

La Ley plantea que los servicios sean profesionales y de calidad y, en cambio, deja la posibilidad de dar dinero a cuidadores de grandes dependientes sin preparación previa y sin que exista un sistema de control público. Hay aquí una posibilidad de elección ¿qué quiere usted, cuidado en residencia o un dinero cada mes y usted cuida a su suegra en casa?.

¿Qué pasaría si aplicásemos este criterio a otros “pilares del estado de bienestar”?. Señor, su madre tiene cáncer, ¿la tratamos en un hospital o prefiere que le demos cuatrocientos euros al mes y se la queda usted en su casa?. O Nuevos modelos de preinscripción en colegios públicos, ¿opta por llevar su hijo al colegio o prefiere unos euros al mes y se lo queda en casa?. Si estas ideas se planteasen en la realidad pondrían el pelo de punta a muchas personas. Otra cosa sería que la administración permitiese a cada persona gastar su teórico “cheque sanitario” o “cheque escolar” en centros públicos o privados que garantizasen un nivel de profesionalización y calidad. El problema es que la prestación no va por ahí.

Otra reflexión interesante que surgió durante la jornada versó sobre lo laborioso que ha sido redactar la Ley de Dependencia (comités de expertos, libros blancos, pactos parlamentarios, creación de órganos de coordinación..), si se compara con el “cheque biberón” que surgió casi de un día para otro como un conejo que sale de una chistera. Eso sí, un conejo que trae bajo el brazo un buen fajo de billetes que no requieren para ser cobrados de largos procesos de valoración, planes individuales ni nada por el estilo.

El sector pide a la administración un marco estable que permita hacer inversiones de las que se beneficien los beneficiarios, la sociedad y las empresas. ¿La respuesta? Tendremos una ocasión de oirla en el próximo congreso de la FED. Estaremos atentos.