sábado, 24 de noviembre de 2007

AYUDAS AL CUIDADOR NO PROFESIONAL

El uso que hagan los gobiernos nacional y autonómicos de la prestación para los cuidadores familiares es uno de los factores que más preocupan al sector geroasistencial en la actualidad.

Eso deduje de mi asistencia a las Jornadas de Júbilo sobre Dependencia que se celebraron en Madrid el pasado mes de octubre y durante las que tuve el honor de poder moderar una mesa con directivos de diferentes grupos.

Que desde el sector geroasistencial privado se reclamen precios de concertación acordes con los requisitos exigidos y los niveles de calidad deseados es algo lógico pero no novedoso. Igual sucede cuando se reclama una coordinación entre el mundo sanitario y social que acabe situando cada coste en la partida presupuestaria pública que corresponda.

Lo que sí resulta llamativo es que lo que esté generando una gran preocupación es lo que en la Ley no deja de ser excepcional. Esto es la prestación para los cuidadores informales. Sobre esta prestación pude oír varias intervenciones reclamando cautela, e incluso una reflexión, que circula por el sector que considera esta prestación como una “figura diabólica”.

La Ley plantea que los servicios sean profesionales y de calidad y, en cambio, deja la posibilidad de dar dinero a cuidadores de grandes dependientes sin preparación previa y sin que exista un sistema de control público. Hay aquí una posibilidad de elección ¿qué quiere usted, cuidado en residencia o un dinero cada mes y usted cuida a su suegra en casa?.

¿Qué pasaría si aplicásemos este criterio a otros “pilares del estado de bienestar”?. Señor, su madre tiene cáncer, ¿la tratamos en un hospital o prefiere que le demos cuatrocientos euros al mes y se la queda usted en su casa?. O Nuevos modelos de preinscripción en colegios públicos, ¿opta por llevar su hijo al colegio o prefiere unos euros al mes y se lo queda en casa?. Si estas ideas se planteasen en la realidad pondrían el pelo de punta a muchas personas. Otra cosa sería que la administración permitiese a cada persona gastar su teórico “cheque sanitario” o “cheque escolar” en centros públicos o privados que garantizasen un nivel de profesionalización y calidad. El problema es que la prestación no va por ahí.

Otra reflexión interesante que surgió durante la jornada versó sobre lo laborioso que ha sido redactar la Ley de Dependencia (comités de expertos, libros blancos, pactos parlamentarios, creación de órganos de coordinación..), si se compara con el “cheque biberón” que surgió casi de un día para otro como un conejo que sale de una chistera. Eso sí, un conejo que trae bajo el brazo un buen fajo de billetes que no requieren para ser cobrados de largos procesos de valoración, planes individuales ni nada por el estilo.

El sector pide a la administración un marco estable que permita hacer inversiones de las que se beneficien los beneficiarios, la sociedad y las empresas. ¿La respuesta? Tendremos una ocasión de oirla en el próximo congreso de la FED. Estaremos atentos.