Hace años que los que trabajamos en este sector vemos la desconfianza con la que las administraciones tratan a la iniciativa empresarial en el campo de la atención a personas mayores.
Parece que intentar ganar dinero en la atención a dependientes es algo sospechoso que debe ser sometido a grandes regulaciones, inspecciones y a rigurosos regímenes sancionadores. Parece también que los que “de verdad” hacen bien las cosas son las entidades “sin ánimo de lucro”. Aunque a pesar de esas apariencias, a la hora de prestar servicios financiados con dinero de todos, los poderes públicos acaban apoyándose principalmente en la iniciativa mercantil.
El mes pasado recibimos mensajes en los que se muestra clara esa contradicción. Cataluña ha aprobado su nueva Ley de Servicios Sociales en la que se reconoce la contribución de la Generalitat, los ayuntamientos y la iniciativa social al desarrollo del actual sistema de servicios sociales (olvidando que la mayor parte de servicios, o sea, los que atienden a más personas y mantienen más puestos de trabajo, son de titularidad privada mercantil). Esta misma ley, aprobada por unanimidad en el Parlament, endurece el régimen sancionador hasta el punto de tipificar diecisiete posibles infracciones muy graves (la anterior preveía ocho) e incorporar por primera vez en la legislación social española figuras como la multa coercitiva o la ejecución subsidiaria. Quien lea la Ley creerá que el sector geroasistencial catalán ha empeorado tanto que requiere de un endurecimiento del régimen sancionador para enderezarlo. Pero como eso no es cierto, con toda seguridad la Generalitat seguirá confiando a empresas la gestión de residencias públicas y firmando convenios con las patronales que permitan aumentar los conciertos con empresas que darán servicios de calidad.
A raíz de un informe del Justicia de Aragón, en esa comunidad ha salido a la luz, que un sistema de autorización complicado y, a mi criterio, basado en la desconfianza genera que muchas residencias (según el Heraldo de Aragón de 5 de Octubre, ni la comunidad autónoma sabe cuántas) funcionen sin autorización administrativa definitiva. Según el informe, algunas de ellas “no están mal”. Un cambio de normativa haría más sencilla la autorización y resolvería el problema. ¿Sucederá? No lo sabemos, pero esperamos que sí ya que Aragón también ha sido noticia al abrir, por primera vez la posibilidad de concertar con residencias privadas.
También de Asturias nos llegan señales contradictorias. Por un lado hemos leído que están promoviendo un manual de buenas prácticas para fomentar la calidad en la atención (mensaje positivo), por otro, que aumentarán las inspecciones a residencias privadas: “habrá inspecciones semanales, incluso diarias” (mensaje negativo).
¿Sería mucho pedir un reconocimiento para unos empresarios que generan mucho empleo del tipo que no se puede deslocalizar? ¿Sería demasiado potenciar desde la administración la imagen de lo bueno que es que haya empresarios en este sector y que son los propios empresarios los que quieren controles que expulsen a quiénes lo hagan mal? Pues parece que sí.
No hay comentarios:
Publicar un comentario