Hace años que los que trabajamos en este sector vemos la desconfianza con la que las administraciones tratan a la iniciativa empresarial en el campo de la atención a personas mayores.
Parece que intentar ganar dinero en la atención a dependientes es algo sospechoso que debe ser sometido a grandes regulaciones, inspecciones y a rigurosos regímenes sancionadores. Parece también que los que “de verdad” hacen bien las cosas son las entidades “sin ánimo de lucro”. Aunque a pesar de esas apariencias, a la hora de prestar servicios financiados con dinero de todos, los poderes públicos acaban apoyándose principalmente en la iniciativa mercantil.
El mes pasado recibimos mensajes en los que se muestra clara esa contradicción. Cataluña ha aprobado su nueva Ley de Servicios Sociales en la que se reconoce la contribución de la Generalitat, los ayuntamientos y la iniciativa social al desarrollo del actual sistema de servicios sociales (olvidando que la mayor parte de servicios, o sea, los que atienden a más personas y mantienen más puestos de trabajo, son de titularidad privada mercantil). Esta misma ley, aprobada por unanimidad en el Parlament, endurece el régimen sancionador hasta el punto de tipificar diecisiete posibles infracciones muy graves (la anterior preveía ocho) e incorporar por primera vez en la legislación social española figuras como la multa coercitiva o la ejecución subsidiaria. Quien lea la Ley creerá que el sector geroasistencial catalán ha empeorado tanto que requiere de un endurecimiento del régimen sancionador para enderezarlo. Pero como eso no es cierto, con toda seguridad la Generalitat seguirá confiando a empresas la gestión de residencias públicas y firmando convenios con las patronales que permitan aumentar los conciertos con empresas que darán servicios de calidad.
A raíz de un informe del Justicia de Aragón, en esa comunidad ha salido a la luz, que un sistema de autorización complicado y, a mi criterio, basado en la desconfianza genera que muchas residencias (según el Heraldo de Aragón de 5 de Octubre, ni la comunidad autónoma sabe cuántas) funcionen sin autorización administrativa definitiva. Según el informe, algunas de ellas “no están mal”. Un cambio de normativa haría más sencilla la autorización y resolvería el problema. ¿Sucederá? No lo sabemos, pero esperamos que sí ya que Aragón también ha sido noticia al abrir, por primera vez la posibilidad de concertar con residencias privadas.
También de Asturias nos llegan señales contradictorias. Por un lado hemos leído que están promoviendo un manual de buenas prácticas para fomentar la calidad en la atención (mensaje positivo), por otro, que aumentarán las inspecciones a residencias privadas: “habrá inspecciones semanales, incluso diarias” (mensaje negativo).
¿Sería mucho pedir un reconocimiento para unos empresarios que generan mucho empleo del tipo que no se puede deslocalizar? ¿Sería demasiado potenciar desde la administración la imagen de lo bueno que es que haya empresarios en este sector y que son los propios empresarios los que quieren controles que expulsen a quiénes lo hagan mal? Pues parece que sí.
miércoles, 28 de noviembre de 2007
sábado, 24 de noviembre de 2007
AYUDAS AL CUIDADOR NO PROFESIONAL
El uso que hagan los gobiernos nacional y autonómicos de la prestación para los cuidadores familiares es uno de los factores que más preocupan al sector geroasistencial en la actualidad.
Eso deduje de mi asistencia a las Jornadas de Júbilo sobre Dependencia que se celebraron en Madrid el pasado mes de octubre y durante las que tuve el honor de poder moderar una mesa con directivos de diferentes grupos.
Que desde el sector geroasistencial privado se reclamen precios de concertación acordes con los requisitos exigidos y los niveles de calidad deseados es algo lógico pero no novedoso. Igual sucede cuando se reclama una coordinación entre el mundo sanitario y social que acabe situando cada coste en la partida presupuestaria pública que corresponda.
Lo que sí resulta llamativo es que lo que esté generando una gran preocupación es lo que en la Ley no deja de ser excepcional. Esto es la prestación para los cuidadores informales. Sobre esta prestación pude oír varias intervenciones reclamando cautela, e incluso una reflexión, que circula por el sector que considera esta prestación como una “figura diabólica”.
La Ley plantea que los servicios sean profesionales y de calidad y, en cambio, deja la posibilidad de dar dinero a cuidadores de grandes dependientes sin preparación previa y sin que exista un sistema de control público. Hay aquí una posibilidad de elección ¿qué quiere usted, cuidado en residencia o un dinero cada mes y usted cuida a su suegra en casa?.
¿Qué pasaría si aplicásemos este criterio a otros “pilares del estado de bienestar”?. Señor, su madre tiene cáncer, ¿la tratamos en un hospital o prefiere que le demos cuatrocientos euros al mes y se la queda usted en su casa?. O Nuevos modelos de preinscripción en colegios públicos, ¿opta por llevar su hijo al colegio o prefiere unos euros al mes y se lo queda en casa?. Si estas ideas se planteasen en la realidad pondrían el pelo de punta a muchas personas. Otra cosa sería que la administración permitiese a cada persona gastar su teórico “cheque sanitario” o “cheque escolar” en centros públicos o privados que garantizasen un nivel de profesionalización y calidad. El problema es que la prestación no va por ahí.
Otra reflexión interesante que surgió durante la jornada versó sobre lo laborioso que ha sido redactar la Ley de Dependencia (comités de expertos, libros blancos, pactos parlamentarios, creación de órganos de coordinación..), si se compara con el “cheque biberón” que surgió casi de un día para otro como un conejo que sale de una chistera. Eso sí, un conejo que trae bajo el brazo un buen fajo de billetes que no requieren para ser cobrados de largos procesos de valoración, planes individuales ni nada por el estilo.
El sector pide a la administración un marco estable que permita hacer inversiones de las que se beneficien los beneficiarios, la sociedad y las empresas. ¿La respuesta? Tendremos una ocasión de oirla en el próximo congreso de la FED. Estaremos atentos.
Eso deduje de mi asistencia a las Jornadas de Júbilo sobre Dependencia que se celebraron en Madrid el pasado mes de octubre y durante las que tuve el honor de poder moderar una mesa con directivos de diferentes grupos.
Que desde el sector geroasistencial privado se reclamen precios de concertación acordes con los requisitos exigidos y los niveles de calidad deseados es algo lógico pero no novedoso. Igual sucede cuando se reclama una coordinación entre el mundo sanitario y social que acabe situando cada coste en la partida presupuestaria pública que corresponda.
Lo que sí resulta llamativo es que lo que esté generando una gran preocupación es lo que en la Ley no deja de ser excepcional. Esto es la prestación para los cuidadores informales. Sobre esta prestación pude oír varias intervenciones reclamando cautela, e incluso una reflexión, que circula por el sector que considera esta prestación como una “figura diabólica”.
La Ley plantea que los servicios sean profesionales y de calidad y, en cambio, deja la posibilidad de dar dinero a cuidadores de grandes dependientes sin preparación previa y sin que exista un sistema de control público. Hay aquí una posibilidad de elección ¿qué quiere usted, cuidado en residencia o un dinero cada mes y usted cuida a su suegra en casa?.
¿Qué pasaría si aplicásemos este criterio a otros “pilares del estado de bienestar”?. Señor, su madre tiene cáncer, ¿la tratamos en un hospital o prefiere que le demos cuatrocientos euros al mes y se la queda usted en su casa?. O Nuevos modelos de preinscripción en colegios públicos, ¿opta por llevar su hijo al colegio o prefiere unos euros al mes y se lo queda en casa?. Si estas ideas se planteasen en la realidad pondrían el pelo de punta a muchas personas. Otra cosa sería que la administración permitiese a cada persona gastar su teórico “cheque sanitario” o “cheque escolar” en centros públicos o privados que garantizasen un nivel de profesionalización y calidad. El problema es que la prestación no va por ahí.
Otra reflexión interesante que surgió durante la jornada versó sobre lo laborioso que ha sido redactar la Ley de Dependencia (comités de expertos, libros blancos, pactos parlamentarios, creación de órganos de coordinación..), si se compara con el “cheque biberón” que surgió casi de un día para otro como un conejo que sale de una chistera. Eso sí, un conejo que trae bajo el brazo un buen fajo de billetes que no requieren para ser cobrados de largos procesos de valoración, planes individuales ni nada por el estilo.
El sector pide a la administración un marco estable que permita hacer inversiones de las que se beneficien los beneficiarios, la sociedad y las empresas. ¿La respuesta? Tendremos una ocasión de oirla en el próximo congreso de la FED. Estaremos atentos.
miércoles, 24 de octubre de 2007
EFECTO MARIPOSA Y CUIDADOR NO PROFESIONAL
El periodista James Gleick resumió en una frase que se ha hecho célebre una observación del meteorólogo Edward Lorenz: "Si agita hoy, con su aleteo, el aire de Pekín, una mariposa puede modificar los sistemas climáticos de Nueva York el mes que viene". Una forma bonita de decir que todas las actuaciones, por pequeñas que sean, tienen consecuencias que, encadenadas, pueden llegar a ser imprevisibles.
Me permito iniciar esta columna igual que lo hice en diciembre de 2005 ya que creo que lo que, de forma tan atinada expuso Gleick tiene mucho que ver con la puesta en marcha de la Ley de Dependencia.
Sabemos que una de las claves de la Ley, además de la creación de un nuevo derecho de ciudadanía es que se presten muchos servicios para que se produzca un “retorno” de parte del gasto vía cotizaciones, impuestos y disminución de otras prestaciones como la de paro. Por ese motivo la Ley prevé, sólo de forma excepcional, la existencia de una prestación económica para el cuidador no profesional.
El problema saltó cuando el gobierno decidió dar tanta publicidad a esa ayuda excepcional que, hoy, muchos ciudadanos creen que la Ley de Dependencia se reduce a esa ayuda.
Pero ¿quién será ese cuidador no profesional?, la respuesta la tenemos en el Decreto 615/2007 que, después de decirnos que lo puede ser el cónyuge del dependiente y sus parientes por consaguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado de parentesco, hace una ampliación un poco peculiar:
Cuando la persona en situación de dependencia tenga su domicilio en un entorno caracterizado por insuficiencia de recursos públicos o privados acreditados, la despoblación, o circunstancias geográficas o de otra naturaleza que impidan o dificulten otras modalidades de atención, la administración competente podrá excepcionalmente permitir la existencia de cuidados no profesionales por parte de una persona de su entorno que, aun no teniendo el grado de parentesco señalado en el apartado anterior, resida en el municipio de la persona dependiente o en uno vecino, y lo haya hecho durante el periodo previo de un año.
Las dudas surgen automáticamente; ¿quién valorará que hay insuficiencia de recursos? ¿quién determinará esas “circunstancias de otra naturaleza”? ¿Quién determinará qué es eso de “dificultar otras modalidades de atención”? y ¿qué es eso de “personas de su entorno”?
La verdad es que hacer tantas excepciones y dejar tantos campos abiertos puede llevar a que se generalice el uso de estas prestaciones económicas. Al fin y al cabo, lo que hace que algo sea excepcional no es que se le ponga ese nombre sino que suceda pocas veces.
El problema de esas prestaciones radica en que, aunque se someta su recepción a la superación de un curso (que costará dinero al sistema), no hay manera de comprobar que lo que se está gastando en dependencia se convierta en una atención efectiva al dependiente.
El reciente anuncio de la ayuda de 2.500 Euros por nacimiento y adopción pone de manifiesto el gusto que este gobierno le ha cogido a lo de dar dinero en vez de servicios. El riesgo es que quizás el efecto mariposa haga que, dando dinero a los cuidadores y a los padres no consigamos mejores cuidados o más niños sino que aumente la venta de coches o que algunos padres, que hubiesen tenido el hijo de todos modos, decidan reducir un poco la hipoteca.
Me permito iniciar esta columna igual que lo hice en diciembre de 2005 ya que creo que lo que, de forma tan atinada expuso Gleick tiene mucho que ver con la puesta en marcha de la Ley de Dependencia.
Sabemos que una de las claves de la Ley, además de la creación de un nuevo derecho de ciudadanía es que se presten muchos servicios para que se produzca un “retorno” de parte del gasto vía cotizaciones, impuestos y disminución de otras prestaciones como la de paro. Por ese motivo la Ley prevé, sólo de forma excepcional, la existencia de una prestación económica para el cuidador no profesional.
El problema saltó cuando el gobierno decidió dar tanta publicidad a esa ayuda excepcional que, hoy, muchos ciudadanos creen que la Ley de Dependencia se reduce a esa ayuda.
Pero ¿quién será ese cuidador no profesional?, la respuesta la tenemos en el Decreto 615/2007 que, después de decirnos que lo puede ser el cónyuge del dependiente y sus parientes por consaguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado de parentesco, hace una ampliación un poco peculiar:
Cuando la persona en situación de dependencia tenga su domicilio en un entorno caracterizado por insuficiencia de recursos públicos o privados acreditados, la despoblación, o circunstancias geográficas o de otra naturaleza que impidan o dificulten otras modalidades de atención, la administración competente podrá excepcionalmente permitir la existencia de cuidados no profesionales por parte de una persona de su entorno que, aun no teniendo el grado de parentesco señalado en el apartado anterior, resida en el municipio de la persona dependiente o en uno vecino, y lo haya hecho durante el periodo previo de un año.
Las dudas surgen automáticamente; ¿quién valorará que hay insuficiencia de recursos? ¿quién determinará esas “circunstancias de otra naturaleza”? ¿Quién determinará qué es eso de “dificultar otras modalidades de atención”? y ¿qué es eso de “personas de su entorno”?
La verdad es que hacer tantas excepciones y dejar tantos campos abiertos puede llevar a que se generalice el uso de estas prestaciones económicas. Al fin y al cabo, lo que hace que algo sea excepcional no es que se le ponga ese nombre sino que suceda pocas veces.
El problema de esas prestaciones radica en que, aunque se someta su recepción a la superación de un curso (que costará dinero al sistema), no hay manera de comprobar que lo que se está gastando en dependencia se convierta en una atención efectiva al dependiente.
El reciente anuncio de la ayuda de 2.500 Euros por nacimiento y adopción pone de manifiesto el gusto que este gobierno le ha cogido a lo de dar dinero en vez de servicios. El riesgo es que quizás el efecto mariposa haga que, dando dinero a los cuidadores y a los padres no consigamos mejores cuidados o más niños sino que aumente la venta de coches o que algunos padres, que hubiesen tenido el hijo de todos modos, decidan reducir un poco la hipoteca.
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