martes, 21 de marzo de 2017

Para centrar las cosas ¿Cómo se ha ido recortando la Ley de Dependencia desde su promulgación?

Ahora que estamos conmemorando el primer decenio de vigencia de la Ley de Dependencia vale la pena detenerse un poco en cómo algo que nació de una forma se ha ido mutando hasta convertirse en una sombra escuálida de lo que en principio de pensó.

Es cierto que la Ley nunca fue viable, el problema es que los vicios de que adolece nunca han sido afrontados.   Eso sí, desde bien pronto (2010, gobernando aún Zapatero) el proceso de "mejorar la Ley" ha consistido siempre en algo que la ha dejado aún peor de lo que estaba.

Como esas celebridades que se operan para mejorarse una y otra vez y acaban convirtiéndose en verdaderos adefesios irreconocibles, la Ley ha ido "mejorando" reforma tras reforma hasta convertirse en o que un día llamé La Gemela Siniestra.

Tras varias "mejoras"
Repasemos aquí esos cambios.  Por favor, si me he dejado alguno, decídmelo.

La Ley de Dependencia que entró en vigor el 1 de Enero de 2007 ha sufrido varias modificaciones que la han ido vaciando de sus originales virtudes y finalidades.  En este cuadro elaborado por la Asociación Estatal de Directoras de Sevicios Sociales se pueden ver de forma esquemática esos cambios (o recortes).

Norma
Contenido
Efectos
Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público
Se modifica, con efectos de 1 de junio de 2010, la disposición final 1.2 y 3.
·    El plazo para resolver las solicitudes sobre el reconocimiento de la situación de dependencia y la prestación que corresponda recibir a la persona beneficiaria, será de seis meses a contar desde la fecha de la solicitud.
·    El derecho de acceso a las prestaciones correspondientes se generará a partir de la resolución en la que se reconozca la concreta prestación a percibir por la persona beneficiaria. No obstante, el derecho a percibir la prestación económica de dependencia que, en su caso, fuera reconocida, se generará desde el día siguiente al del cumplimiento del plazo máximo de seis meses.
·    Las cuantías adeudadas en concepto de efectos retroactivos de las prestaciones económicas, independientemente de la fecha de la solicitud, podrán ser aplazadas y su pago periodificado en pagos anuales de igual cuantía en un plazo máximo de 5 años.
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público
Se modifica la disposición final 1.1
·   Se modifica el calendario de aplicación de la Ley, teniendo derecho a prestaciones y servicios:
-    2007 – Los valorados en el Grado III de Gran Dependencia, niveles 1 y 2.
-    2008 y 2009 – Los valorados en el Grado II de Dependencia Severa, nivel 2.
-    2009 y 2010 – Los valorados en el Grado II de Dependencia Severa, nivel 1.
-    2011 – Los valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel 2.
-    Desde el 01/01/2013 el resto de quienes sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel 2.
-    A partir del 01/01/2014 quienes sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel 1.
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Se modifican diversos  artículos de la Ley y se implantan medidas de ahorro en el gasto
Modificaciones de la Ley (artículo 22 del RD-Ley)
·    Se modifica el apartado 4 del artículo 4, estableciendo la obligación de suministrar información a los perceptores.
·    Artículo 8: Se crea el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y se indican sus competencias.
·    Se modifica el apartado 1 del artículo 9, estableciendo que en la distribución del Nivel Mínimo correspondiente al Estado, se tendrán en cuenta el grado de dependencia, el número de beneficiarios y el tipo de prestación reconocida.
·    Se modifica el artículo 19, abriendo la posibilidad de recibir Prestación Económica de Asistencia Personal para todos los grados.
·    Se modifica el artículo 23, delimitando la Ayuda a Domicilio e impidiendo que se presten únicamente servicios de carácter doméstico.
·    Se introduce una Sección 4ª en el Capítulo II del Título I, con un nuevo artículo 25 bis, que regula la incompatibilidad entre prestaciones económicas y servicios.
·    Se suprime el apartado 2 del artículo 26, que establecía dos niveles por cada grado de dependencia.
·    Se modifican diversos apartados de los artículos 14, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 38 y disposición adicional 9ª como consecuencia de las modificaciones anteriores (supresión de niveles y denominación del Consejo Territorial)
·    Se modifican los apartados 1 y 3 de la disp. final primera, retrasando el calendario para atender a personas con Grado I hasta el 1 de julio de 2015.
Medidas de ahorro (en disposiciones ads. y trs. del RD-Ley):
·    Disp. Adic. 7ª: Supresión de la retroactividad –a partir de la entrada en vigor- de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar si no se hubieran comenzado a percibir. Se da un plazo suspensivo de dos años para percibir la prestación de aquellos que hubieran devengado retroactividad.
·    Disp. Adic. 8ª: Mantiene el régimen de los convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, pero serán estos quienes se hagan cargo de las cotizaciones.
·    Disp. Trans. 9ª: Plazo suspensivo de dos añospara los solicitantes sin resolución a la entrada en vigor del RD-Ley cuando se trate prestaciones por cuidados familiares.
·    Disp. Trans. 10ª: Determinación de las cuantías a percibir para prestaciones económicas (reducción de un 15%)
·    Disp. Trans. 11ª: Determinación de la financiación estatal en concepto de Nivel Mínimo (reducción media de un 13%)
·    Disp. Trans. 12ª: Disminución de intensidades horarias de los servicios del catálogo.
·    Disp. Trans. 13ª: Supresión a 1 de enero de 2013 de las aportaciones para el convenio especial de cuidadores por parte del Estado.
Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
Se regulan las intensidades e incompatibilidades
·    Se disminuyen las intensidades de los servicios y establece las incompatibilidades
Ley Presupuestos Generales del Estadopara 2012, 2013, 2014 y 2015
Supresión de conciertos con CCAA
·    SUSPENSIÓN del nivel acordado de financiación con las CCAA


martes, 14 de marzo de 2017

CAMBIAR EL COPAGO DE LA DEPENDENCIA. EQUIDAD Y HACER LAS CUENTAS



Hace poco el  Congreso de Diputados, tomó por casi unanimidad la decisión de aceptar a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para reducir el copago de los servicios de la Ley de Dependencia (oficialmente llamada Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, también conocida como LAPAD) nos brinda una de esa ocasiones para destacar cosas que quizás no suenen bien en este momento pero  que alguien tiene que decir.

La ley de Dependencia, se diseñó con la finalidad de crear un derecho universal que reconociese prestaciones a todos los dependientes  en el coste de las cuales participarían los propios dependientes mediante un copago equitativo que dependiese de su capacidad económica.

En lo relativo al copago, algo que ya funcionaba en muchos servicios de atención a mayores antes de la LAPAD lo definió así:

Artículo 33. La participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones.
1. Los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la financiación de las mismas, según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica personal.
2. La capacidad económica del beneficiario se tendrá también en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas.
3. El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia fijará los criterios para la aplicación de lo previsto en este artículo, que serán desarrollados en los Convenios a que se refiere el artículo 10.
Para fijar la participación del beneficiario, se tendrá en cuenta la distinción entre servicios asistenciales y de manutención y hoteleros.
4. Ningún ciudadano quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos económicos

A partir de allí, después de un intento frustrado de establecer un sistema común para la participación del dependiente en el coste del servicio, en 2012 finalmente el Estado publicó unos criterios de copago que han supuesto, a medida que las comunidades autónomas los han ido incorporando a su reglamentación, un endurecimiento vivido con especial intensidad por los discapacitados.

Con el incremento del copago que supuso la norma de 2012 éste alcanzó a cubrir el 24%  del coste del sistema, lejos del 33% que se estimó en un principio pero mucho más de lo que había conseguido hasta entonces.

Ahora 740.000 firmas han apoyado una iniciativa legislativa popular planteada por CERMI contra el “Copago Confiscario” que pretende básicamente dos objetivos:

• Modificación del artículo 14 de la vigente Ley, para precisar que será también objeto de normativa reglamentaria estatal la regulación de la participación en el coste de las prestaciones, al igual que ocurre ahora con la capacidad económica. De igual modo, respecto de este mismo artículo, se deben ampliar los factores que se tienen presentes a la hora de determinar tanto la renta como el patrimonio, añadiendo a la edad el momento vital de aparición de la situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la vida de la persona beneficiaria.

• Modificación del artículo 33 del texto legal para incorporar diversas garantías para las personas beneficiarias que modulen su esfuerzo de participación en el coste de las prestaciones que reciben, como la exención de aportación por debajo de un determinado umbral de capacidad económica (2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples IPREM); la limitación máxima en la participación, que quedaría fijada en el 60 por ciento del precio de referencia del coste del servicio; o, en fin, la seguridad de un mínimo para gastos personales, que no sería inferior al 40 por ciento de la capacidad económica.

Vamos a ver lo que la reforma supondría:

Actualmente el cálculo se hace siguiendo la siguiente fórula

PB = CEB – CM

Donde:

PB: participación económica de la persona beneficiaria en el coste del servicio de atención residencial. Todos sus ingresos
CEB: Capacidad económica de la persona beneficiaria.
CM: Cantidad mínima para gastos personales, (19% del IPREM mensual)


Actualmente queda exento de copago quien tanga ingresos inferiores al IPREM, o sea 532 Euros al mes.  Si se acepta la propuesta quedará exento quien los tenga por debajo de 1.330€/mes.

Hasta ahora el copago puede alcanzar el 90% del coste de referencia, la propuesta lo bajaría al 60%.

Hasta ahora se reserva para gastos personales un19% del IPREM, o sea 101€/mes, la propuesta lo aumentaría a 212€/mes.

Vamos a ver algún ejemplo de personas que viven en una residencia pública o concertada como consecuencia de un PIA tramitado de acuerdo con la Ley de Dependencia  en una comunidad autónoma en la que el precio de referencia mensual de la plaza es de 1.600 Euros (esta cifra varía de una comunidad a otra por lo que el ejemplo no se refiere a ninguna en concreto):

La señora Juanita Penecé tiene una Pensión No Contributiva de 369€/mes.  A ella no le afectaría en cambio ya que no pagaría antes ni si se aprobase la iniciativa.

La señora Francisca Mínima cobra como único ingreso una pensión de jubilación mínima de 637,7€/mes.    Con el sistema actual le tocaría un copago teórico de 4,7€/mes, con el nuevo no pagaría nada.

La señora Anselma Enlamedia cobra como único ingreso una pensión de jubilación de 1.500€/mes, cantidad que coincide con la pensión media de jubilación en España.   Con el sistema actual pagaría 1.399€/mes, o sea sus ingresos menos 101€ al mes que se le reservan para gastos personales.  O sea, estaría asumiendo el 87% del coste del servicio.  Con el nuevo sistema al aumentar los gastos personales a 212€ le tocaría pagar 1.288€ pero como esto supondría un 80% del coste y la iniciativa limitaría el copago al 60%, la cifra real que pagaría sería de 960€ al mes.     Doña Anselma se beneficiaría del nuevo sistema con un descuento de 439€/mes sobre lo que paga ahora. O sea que de alguna parte tendrían que salir los 5.268€ al año que costaría de más el sistema respecto a lo que cuesta ahora.

Doña Clotilde Acaudalada tiene como único ingreso una pensión de jubilación de 2.573€.  El hecho de que el “derecho a la dependencia” sea universal supone que nadie queda excluido por no tener dinero, pero tampoco por tener mucho, o sea que Doña Clotilde, gran dependiente, ha tramitado su expediente y vive en una residencia pública o concertada pagando hasta ahora el 90% del coste de referencia, o sea 1.440€ al mes y todavía tiene 1.133 Euros para sus gastos.  Con el nuevo sistema, Doña Clotilde pagará lo mismo que doña Anselma, 960€, o sea el 60% del coste de referencia.  Doña Clotilde se ahorraría 480€ al mes o sea 5.760€ al año que pasarían a incrementar el coste del sistema de atención a la Dependencia.

Estos casos son muy “de laboratorio” ya que no hemos tenido en cuenta que a la hora de calcular la capacidad económica también se tiene en cuenta el patrimonio y otros elementos.  Aún así creo que son ilustrativos del efecto que puede tener la medida, si finalmente se aprueba.  Esto es: puede beneficiar a muchos dependientes dejándoles disponer de más dinero, que gastarán como les plazca (algo bueno); pero también va a requerir sacar el dinero adicional que se va a necesitar de algún sitio (algo malo en cualquier situación  pero especialmente en la actual, cuando hay que reducir el déficit y encima vemos que el número de dependientes va aumentar inexorablemente al ritmo del cambio demográfico).

Existe un claro argumento a favor de el cambio.  Quien tiene ingresos más elevados en la jubilación normalmente ha colaborado con el sistema pagando más impuestos y cotizaciones durante su vida laboral e incluso los sigue pagando una vez jubilado por lo que desde su punto de vista lo que recibe “ya lo ha pagado”.  Este argumento sirve de base para quienes en vez de hablar de “copago” lo hacen de “repago”.

Como siempre el demonio vive en los detalles y aquí el detalle está en la cuantificación.

Todos los partidos, salvo el PNV (por una cuestión de competencias), han votado a favor de que se tramite esta iniciativa como proyecto de Ley.  Esto supone que se introducirán y negociarán enmiendas lo que puede generar que lo que acabe saliendo del parlamento se parezca tanto a la propuesta como un huevo a una castaña.  Lo hemos visto con anterioridad en casos como la famosa iniciativa de la “dación en pago”, que quedó en casi nada.

Yo propondría a los diputados que, ya que se ponen, primero hagan una lectura de o que dice el artículo 33  y vean que tiene un mensaje que parece haber pasado inadvertido:  “Para fijar la participación del beneficiario, se tendrá en cuenta la distinción entre servicios asistenciales y de manutención y hoteleros”.

Resulta que en los viajes geroasistenciales que ha organizado Inforesidencias.com por Europa hay algo que hemos visto muy parecido en Alemania, Suecia u Holanda;  cuando preguntas el precio de la residencia siempre te contestan con varias cifras: “tantos euros por el alquiler de la habitación y la manutención; tantos por la atención”.   Ellos entienden que el alquiler se lo tiene que pagar cada uno y que lo que cubre la administración es parte del coste del servicio.  Aquí podría ser igual.

Ahora que lo van a discutir espero que no se dejen llevar por medidas fáciles y cortoplacistas que aplacen un par de años el problema.

Hagan lo que hagan debería venir con una etiqueta de precio.  Si el cambio supone un aumento de coste deberían decirnos cuánto valdrá exactamente y quién lo pagará.

Hay que encontrar un sistema que sea equitativo, en el que cada uno pague lo justo y que encima permita al sistema ser sostenible en el tiempo cuando pasemos de un 18% de mayores a un 35%, con el consecuente incremento de dependientes.

Si nuestros representantes no encuentran la manera lo pagaremos de alguna forma que nos gustará aún menos.





sábado, 18 de febrero de 2017

Marchando un comité de expertos

Aunque no existe consenso al respecto dicen que fue Napoleón quien dijo "Cuando quieres que algo no funcione, crea una comisión". Es una de esas frases que resultan graciosas hasta que te conviertes en afectado de ese "no funcionamiento".

Me he acordado de eso al leer que esta nota del Ministerio de Sanidad:

El Gobierno crea una Comisión para el análisis de la situación del sistema de la dependencia

  • Su misión será elaborar un informe técnico en el que se contemplen los análisis y las conclusiones sobre la sostenibilidad y los mecanismos de financiación en relación con las necesidades actuales del sistema
  • Dicho informe será presentado para su discusión en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en una sesión extraordinaria
10 de febrero de 2017. Como consecuencia de los Acuerdos adoptados en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 17 de enero, el Consejo de Ministros ha acordado crear una Comisión para el análisis de la situación actual del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, de su sostenibilidad y de los actuales mecanismos de financiación, para evaluar su adecuación a las necesidades de las prestaciones asociadas a la dependencia.
La Comisión estará presidida por el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y compuesta por un total de siete miembros de la Administración General del Estado y siete representantes de las Comunidades Autónomas, en este caso, los Consejeros que tengan atribuidas las competencias en materia de Servicios Sociales de Cataluña, Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Aragón, Canarias y Castilla y León, o las personas que ellos designen.
PLAZO DE TRES MESES PARA ELABORAR UN INFORME
La Comisión tiene la misión de elaborar, en el plazo de tres meses, un informe en el que se contemplen los análisis y las conclusiones que se consideren convenientes en relación con los asuntos planteados.
Dicho informe será presentado para su discusión en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en una sesión extraordinaria a la que también acudirán representantes de las Consejerías de Servicios Sociales y de las Consejerías de Hacienda de cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía.
La Comisión dejará de desempeñar sus funciones y se considerará extinguida una vez cumplidos los objetivos para los que ha sido creada y, en todo caso, una vez entregado el mencionado informe final.

Si lo entiendo bien, lo que nos dicen es que el sistema de atención a la dependencia promovido por la Ley ha sido un fracaso durante estos diez años (no ha creado un verdadero derecho de ciudadanía, no ha conseguido unificar el derecho de las personas, ni que se valore igual la dependencia en todo el Estado ni que los servicios se acrediten de forma similiar...), pero ahora en tres meses van a evaluarlo y proponer mejoras.

Espero equivocarme pero me temo que esta comisión no va a conseguir nada.

Si fuese por comisiones hace años que hubiésemos solucionado la Ley.    Pensemos que la Ministra Ana Mato no creó una sino ¡Cuatro!,  en 2012 y ya ven cómo estamos.

Sin saber exactamente cómo va a trabajar el comité me atrevo a prever que el informe contendrá la necesidad de dedicar más recursos a la dependencia, un aumento de recursos que deberá mantenerse e incrementarse a medida que más personas envejezcan e incrementen su posibilidad de entrar en situación de dependencia.   Eso está muy bien, pero si se quedan aquí no justificarán lo que haya costado su funcionamiento.

Yo sigo pensando que deberíamos modificar el sistema de forma que:

- Centrase la universalidad en los grados 2 y 3 de dependencia, dejando el grado 1, de momento, como nivel con cobertura "no universal", o sea con un requisito de capacidad económica limitada.

- La prestación económica para el cuidado no profesional debería limitarse de forma que fuera verdaderamente "excepcional", tal como está definida en la Ley.  Esto implicaría que no se diesen más de un 10 o 15% de este tipo de ayudas.

- Se potenciasen las Prestaciones Económicas Vinculadas, cambiando la Ley de forma que no fuesen subsidiarias de la prestación de servicio sino una opción prioritaria. Las nuevas PEV podrían alcanzar, dependiendo de la capacidad económica el precio de referencia de una residencia concertada o de un servicio SAD completo. De esta forma, los dependientes serían conscientes de la cantidad que les corresponde y tomarían sus opciones.  Esta potenciación agilizaría trámites burocráticos y permitiría dedicar una mayor proporción de la financiación a servicios en vez de a funcionamiento administrativo.

- Se potenciase la transparencia y la posibilidad de comparar entre cómo lo hacen las diferentes comunidades autónomas.    Viendo cómo molesta a algunas administraciones las informaciones como el Observatorio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que comparan a las comunidades según criterios objetivos, creo que este tipo de comparativas debieran potenciarse.  Así podríamos contextualizar las críticas que se hacen desde las comunidades al Estado por falta de financiación.

- Se potenciase el copago equitativo de forma que quien tenga capacidad económica participe de forma justa.  Este punto es esencial para la sostenibilidad del sistema y resulta muy delicado.  En principio, ¿por qué debería haber copago si ya pagamos muchos impuestos?.    Entiendo que es porque de otra forma no podemos mantener el sistema hoy y aún menos dentro de veinte años.  Partiendo de esa base debemos calcular cuánto va a costar el sistema en los próximos años y montar un sistema que nos permita mantenerlo.  Aquí es donde hace falta introducir medidas que van a molestarnos (posible copago de los hijos, posible afectación patrimonial).

Tendremos el informe dentro de tres meses, a ver si lo que dicen se parece a lo que digo yo.

Me temo que lo que va a pasar será parecido a lo que le pasaría a  una persona no puede mantener su coche coche porque consume tanta gasolina.  Llama a unos expertos y éstos, tras intensas reflexiones le proponen que lo que tiene que hacer es ponerle un depósito más grande.