Cuentan que el Gran Capitán, requerido por Fernando el Católico a presentar las cuentas detalladas de los gastos que había tenido durante una victoriosa campaña que culminó con la conquista de Nápoles, molesto por tener que entrar en detalles, presentó un documento entre jocoso e irónico que empezaba diciendo picos, palas y azadones, cien millones de ducados y seguía con frases como por reponer las campanas averiadas a causa del continuo repicar a victoria, ciento setenta mil ducados. Desde entonces “las cuentas del Gran Capitán” o la frase “picos, palas y azadones, cien millones” se utilizan como expresión irónica de toda justificación de gastos desorbitados, incoherentes y arbitrarios.
No sé por qué me ha venido a la cabeza esta anécdota cuando he leído una noticia aparecida en el Heraldo de Soria de 28 de diciembre de 2009 según la cual la Diputación Provincial se gasta una cuarta parte de su presupuesto de servicios sociales en mantener 350 plazas en 5 residencias públicas. Esto representa 16,8 millones de Euros.
Sólo hace falta sacar una calculadora para averiguar que cada una de las 350 plazas públicas le cuesta a la Diputación 4.000 Euros al mes y que cada empleado de una residencia del Burgo de Osma, de la que el artículo entra en más detalle, supone casi 3.000 Euros mensuales al erario público soriano.
Es indiscutible que las administraciones han de garantizar que haya plazas residenciales de calidad para personas dependientes. También lo es, que existen diferentes modelos de gestión entre los que puede optar cada administración para cumplir con su obligación. Pero no lo es menos que los poderes públicos están obligados por la Constitución a gastar de acuerdo con principios de eficiencia y economía.
Pongamos que, en vez de elegir la gestión pública se optase por contratar empresas para gestionar las residencias o, directamente por concertar plazas. Es muy posible que por 1.800 Euros/mes, encontrásemos más de una empresa (y más de dos) dispuestas a construir y gestionar centros. Pues bien, en ese caso, en vez de dar atención a 350 personas, con el mismo dinero se podría llegar a las 777.
Sin duda, si la Diputación no lo hace es porque es prisionera de su pasado. Es su día construyó residencias públicas y las empezó a gestionar directamente. Convertirlas hoy en centros de gestión privada generaría con seguridad conflictos laborales y de otros tipos que dan mucho miedo a los gobernantes. Es más sencillo gastar en el cuidado de 350 personas lo que cuesta cuidar a 700 que coger el toro por los cuernos y afrontar la situación. Los 350 no atendidos no son conscientes y no se quejarán.
También quedaría la opción de exigir cuentas a la gestión pública para saber cómo puede costar 4.000€ al mes la plaza pero correríamos el riesgo de que nos dijesen: sillas, camas y edredones, cien millones
Opiniones sobre atención a personas mayores, Ley de Dependencia y políticas públicas. Cooperación público privada. Residencias, centros de día y servicios de ayuda a domicilio.
martes, 24 de febrero de 2009
sábado, 24 de enero de 2009
CHILE: TAN LEJOS Y TAN CERCA
Tener la ocasión de visitar Chile supone un verdadero placer. Hacerlo invitado por una embrionaria “Asociación Gremial de Establecimientos de Larga Estadía para el Adulto Mayor” (AGELEAM), supone un privilegio. Y es que Chile sorprende de forma espectacular al españolito ignorante que piensa que todo lo iberoamericano es atrasado y pintoresco (categoría en la que, hasta ahora me encontraba).
Con catorce millones de habitantes (seis de los cuales viven en Santiago), una tasa de envejecimiento del 11% y un nivel de vida más alto del de sus vecinos. Chile ha visto en los últimos años nacer un nuevo sector económico. El de las residencias geriátricas.
La AGELEAM me invitó, junto con el presidente de AMRTE a impartir dos conferencias sobre el desarrollo del sector en España y como el asociacionismo había supuesto una oportunidad de avanzar. La intención de las jornadas era fomentar la “asociatividad” y, durante las mismas, sorprendió que tanto la Universidad como el gobierno chileno como los propios empresarios estuviesen de acuerdo en fomentar la existencia de una “Asociación gremial” que sirviese de interlocutor con las administraciones, empresas o trabajadores.
El sector de las residencias está formado básicamente por pequeños empresarios con centros de menos de 25 plazas situados en viviendas adaptadas. Los propietarios trabajan en las residencias y acaban haciendo “de todo”. Hay unas pocas residencias más grandes y ninguna perteneciente a grupos empresariales. Las administraciones locales y estatal trabajan en la creación de una norma específica para residencias y en unos criterios de acreditación y calidad que permitan en un futuro concertar plazas en el marco de un proyecto de Ley de Dependencia y, entre las dificultades con las que viven las residencias se encuentra la de encontrar personal cualificado que quiera trabajar en el sector con los salarios que pagan. ¿Suena familiar?
En los turnos de palabras la sensación de déjà vu se fue incrementando: Los empresarios se quejaban de que la administración se está basando a la hora de plantear la nueva norma en estudios que no reflejan la situación real del sector; la sanidad pública discrimina a los residentes respecto a los mayores que viven en sus casas; el IVA que pagan las residencias (19%) es excesivo y debería bajarse…
Cuando les dijimos que exactamente las mismas quejas son planteadas por los empresarios españoles a las administraciones desde hace más de quince años nos preguntaron cómo lo habíamos resuelto. Nuestra cara de desánimo les sirvió de respuesta.
Volamos once mil kilómetros en cada trayecto para explicarles cómo habíamos hecho las cosas en España. Quizás dentro de quince años tendremos que volver a ver si podemos aprender viendo como ellos han andado un camino similar al nuestro.
Con catorce millones de habitantes (seis de los cuales viven en Santiago), una tasa de envejecimiento del 11% y un nivel de vida más alto del de sus vecinos. Chile ha visto en los últimos años nacer un nuevo sector económico. El de las residencias geriátricas.
La AGELEAM me invitó, junto con el presidente de AMRTE a impartir dos conferencias sobre el desarrollo del sector en España y como el asociacionismo había supuesto una oportunidad de avanzar. La intención de las jornadas era fomentar la “asociatividad” y, durante las mismas, sorprendió que tanto la Universidad como el gobierno chileno como los propios empresarios estuviesen de acuerdo en fomentar la existencia de una “Asociación gremial” que sirviese de interlocutor con las administraciones, empresas o trabajadores.
El sector de las residencias está formado básicamente por pequeños empresarios con centros de menos de 25 plazas situados en viviendas adaptadas. Los propietarios trabajan en las residencias y acaban haciendo “de todo”. Hay unas pocas residencias más grandes y ninguna perteneciente a grupos empresariales. Las administraciones locales y estatal trabajan en la creación de una norma específica para residencias y en unos criterios de acreditación y calidad que permitan en un futuro concertar plazas en el marco de un proyecto de Ley de Dependencia y, entre las dificultades con las que viven las residencias se encuentra la de encontrar personal cualificado que quiera trabajar en el sector con los salarios que pagan. ¿Suena familiar?
En los turnos de palabras la sensación de déjà vu se fue incrementando: Los empresarios se quejaban de que la administración se está basando a la hora de plantear la nueva norma en estudios que no reflejan la situación real del sector; la sanidad pública discrimina a los residentes respecto a los mayores que viven en sus casas; el IVA que pagan las residencias (19%) es excesivo y debería bajarse…
Cuando les dijimos que exactamente las mismas quejas son planteadas por los empresarios españoles a las administraciones desde hace más de quince años nos preguntaron cómo lo habíamos resuelto. Nuestra cara de desánimo les sirvió de respuesta.
Volamos once mil kilómetros en cada trayecto para explicarles cómo habíamos hecho las cosas en España. Quizás dentro de quince años tendremos que volver a ver si podemos aprender viendo como ellos han andado un camino similar al nuestro.
miércoles, 24 de diciembre de 2008
MEDIAS PALABRAS
Si ponemos la palabra “dependencia” en un buscador de noticias de internet obtenemos un resultado abultado que podemos clasificar de forma fácil. En primer lugar encontramos las noticias que se refieren a datos “oficiales” aportados por alguna administración pública que sintoniza con el gobierno (cuando no del propio gobierno) y que nos hablan del alto número de solicitudes presentadas y resueltas, del gran esfuerzo presupuestario que se hace y de lo desleal que es la oposición al criticarles; por otro las que provienen de administraciones de otras sintonías que hablan del gran esfuerzo que hacen a pesar de los incumplimientos y deslealtad del gobierno. Por último tenemos las que provienen de representantes del sector (mayores, cuidadores, empresarios, tercer sector, universidades..) que ponen de manifiesto la lentitud del desarrollo de la ley, lo erróneo de las previsiones hechas hasta ahora y la necesidad de una mayor financiación.
Hasta aquí todo es normal. Tendríamos el mismo tipo de noticias aunque el PIB creciese al 5% en vez del 0% y el paro no estuviese encaminándose hacia el 15. Lo que sí resulta interesante es ver como la cuestión de la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia ha ido cambiando en los últimos meses.
Recuerdo una intervención del entonces ministro Caldera en la que decía que lo más importante era poner en marcha el sistema ya que, una vez funcionando ningún gobierno lo pararía. Recuerdo las manifestaciones del presidente del gobierno conforme a las que la Ley de Dependencia era su proyecto estrella de esta legislatura y recuerdo leer a la ministra de deportes decir que la actual coyuntura económica que atravesamos podría tener “alguna influencia” en el despliegue de la ley de dependencia.
Después he ido oyendo a diferentes políticos que en jornadas, congresos y presentaciones, hablan de las dificultades que deberemos afrontar en la nueva coyuntura económica para desarrollar completamente de la Ley, que tendremos que ser “imaginativos”, que hará falta un “esfuerzo”. Eso sí, siempre dicen a continuación que el presupuesto el año que viene está garantizado.
¿Qué hay dentro de esas medias palabras? ¿Nos están macerando en lluvia fina para que cuando nos digan que la Ley sólo cubrirá a los más dependientes lo aceptemos como inevitable?
Seamos sinceros. Aunque la crisis internacional no se hubiese producido, el aumento del coste de aplicación del sistema de atención a la dependencia habría requerido de modificaciones y ajustes: Están apareciendo más dependientes de los que se pensaba y los servicios cuestan más de lo previsto ¿No pueden hablar más claro y proponer ya soluciones?
Supongo que tendremos que seguir esperando. Y deseo, que viviendo en esa espera, los lectores de este foro tengan unas muy felices fiestas y el mejor 2009 que nos permitan nuestros amados gobernantes.
Hasta aquí todo es normal. Tendríamos el mismo tipo de noticias aunque el PIB creciese al 5% en vez del 0% y el paro no estuviese encaminándose hacia el 15. Lo que sí resulta interesante es ver como la cuestión de la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia ha ido cambiando en los últimos meses.
Recuerdo una intervención del entonces ministro Caldera en la que decía que lo más importante era poner en marcha el sistema ya que, una vez funcionando ningún gobierno lo pararía. Recuerdo las manifestaciones del presidente del gobierno conforme a las que la Ley de Dependencia era su proyecto estrella de esta legislatura y recuerdo leer a la ministra de deportes decir que la actual coyuntura económica que atravesamos podría tener “alguna influencia” en el despliegue de la ley de dependencia.
Después he ido oyendo a diferentes políticos que en jornadas, congresos y presentaciones, hablan de las dificultades que deberemos afrontar en la nueva coyuntura económica para desarrollar completamente de la Ley, que tendremos que ser “imaginativos”, que hará falta un “esfuerzo”. Eso sí, siempre dicen a continuación que el presupuesto el año que viene está garantizado.
¿Qué hay dentro de esas medias palabras? ¿Nos están macerando en lluvia fina para que cuando nos digan que la Ley sólo cubrirá a los más dependientes lo aceptemos como inevitable?
Seamos sinceros. Aunque la crisis internacional no se hubiese producido, el aumento del coste de aplicación del sistema de atención a la dependencia habría requerido de modificaciones y ajustes: Están apareciendo más dependientes de los que se pensaba y los servicios cuestan más de lo previsto ¿No pueden hablar más claro y proponer ya soluciones?
Supongo que tendremos que seguir esperando. Y deseo, que viviendo en esa espera, los lectores de este foro tengan unas muy felices fiestas y el mejor 2009 que nos permitan nuestros amados gobernantes.
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