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martes, 2 de julio de 2013

PONER NOTA A LAS COMUNIDADES EN FUNCIÓN DE LA DEPENDENCIA

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales lleva unos cuantos años publicando su "Observatorio de la Dependencia" en el que pone notas a cada una de las comunidades en virtud a cómo aplica la Ley de Dependencia y siguiendo unos criterios que han creado desde la propia asociación y han ido adaptando.

Al principio, los dictámenes del observatorio caían como vinagre en una herida en las Comunidades que suspendían.  Después, las que puntuaban bajo se han acostumbrado a decir que la Asociación esconde algún interés oculto o cosas por el estilo y no se preocupaban tanto.

Yo creo que, si alguien pretende criticar a los resultados del Observatorio debería hacerlo basándose en la metodología pero me parece absurdo hacerlo a quiénes se han limitado a establecer unos criterios, comprobarlos y difundirlos.

Ahora tengo encima de la mesa dos documentos que, puestos uno al lado de otro permiten criticar un aspecto del Observatorio, aunque sea colateral.

Por un lado, un artículo aparecido en la revista Capital  de Julio titulado "¿Se tambalea la dependencia?" y en el que aparecen los resultados del último observatorio en los que, por ejemplo  Andalucía saca un 7,1 sobre 10.

Por otro, el Mapa Lares sobre la situación de los centro de mayores del sector solidario en España en el que se valora cómo cuánto y cómo pagan las Comunidades Autónomas a las residencias concertadas del "sector solidario".  Esto es sólo un extracto lo que dice el informe refiriéndose a Andalucía:

  •  Respecto al precio de concertación "Bajada de  un 10%".
  • "el pago de las plazas, que oficialmente debería abonarse a los 30 días, se está realizando  con retrasos de 90 y hasta 120 días".
  • "Casi el 14% de las plazas concertadas en centros de Lares están vacantes, situación antes inusual, cuando las plazas eran ocupadas en un plazo de nomás de 15 días".  
  • "Desde julio de 2012 sólo se reponen plazas para atender urgencias sociales y sólo en casos extremos. 
  • "Según la Junta de Andalucía las valoraciones están prácticamente  paralizadas y cuando se realizan, reflejan índices a la baja".  
  • "La Ley de Dependencia retrocede desde hace un año en Andalucía". 
Para quien lo no sepa, Lares es la patronal que agrupa a las entidades del sector solidario (en el sector se suele conocer como "la patronal de las monjas").

He  querido poner de manifiesto una contradicción clarísima entre ambos informes.

¿Cómo puede ser que una comunidad a la vez saque "notable" y "suspenda" en dependencia?.

El motivo radica en que en los informes de la asociación de directores se tienen en cuenta doce baremos entre los que están  el número de beneficiarios, solicitudes y dictámenes, el equilibrio entre prestaciones y servicios, la aportación de las autonomías por habitantes o la existencia de buenas prácticas. Pero, sin otros factores cómo el precio de concierto, la diferencia en el coste de la prestación de servicio según sea ésta pública, concertada o de prestación económica vinculada; o lo que se tarda en pagar a los proveedores, el Observatorio se queda cojo.  ¿Que más da que una comunidad reconozca muchas prestaciones y servicios si después no las paga?

Esta crítica debe ser entendida como un empuje para mejorar los próximos observatorios y no cómo un ataque a la labor de la asociación al elaborarlos.  En mi opinión deben seguir haciéndolos  ya que son muy útiles para separar grano de paja.  Eso sí, incluyendo algún baremo más.

Como ciudadano, me encantaría que existiesen Observatorios  referidos a educación, sanidad, carreteras o policías municipales que permitiesen comparar cómo se hacen las cosas en diferentes comunidades autónomas y municipios.  Aunque fuesen sesgados, aunque fuesen mejorables o aunque fuesen lo que fuesen.

La verdadera democracia necesita que los ciudadanos que quieran estar informados lo puedan estar con fuentes diferentes y contradictorias.  Siempre habrá muchos a quiénes les dé igual y se conformen con consignas.  Me gustaría pensar que quiénes leen este blog son del los pocos que no.

viernes, 19 de abril de 2013

DONDE DIJE DIGO DIGO ME EQUIVOQUÉ

Cuando la Generalitat hizo público su Acuerdo de Gobierno (GOV/19/2003) en el que reducía las pagas extras de los funcionarios y aplicaba una rebaja equivalente a los conciertos y contratos de gestión del Institut Català d'Assistència i Serveis Socials me pareció que algo muy malo estaba a punto de pasarles a las residencias de mayores de Cataluña.

Cuando las patronales se fueron posicionando al respecto, emitiendo comunicados, reuniéndose y denunciando públicamente lo que estaba haciendo la administración, mi preocupación fue en aumento.  Incluso llegué a hablar con alguien de la administración que me dijo que estaban trabajando para corregirlo, con lo que deduje que el problema existía.

Sólo una patronal, ACRA, parecía anormalmente tranquila.  Ellos habían encargado un informe jurídico del qual se deducía que el acuerdo de la Generalitat no era de aplicación al sector y concentraban sus argumentos e indicaciones a la administración, no tanto en si había o no una rebaja de los conciertos del 7% sino en que no se debía bajar la cantidad presupuestada para este fin en los presupuestos de 2013.

Me parecieron unos insensatos.

Leí diez veces el acuerdo de gobierno y el informe jurídico encargado por ACRA y no podía más que estar en desacuerdo con su interpretación.

La cosa siguió adelante y todo el sector, menos ACRA escribió conjuntamente a tres consellers  avisándoles de lo desastroso que sería aplicar la rebaja prevista en el acuerdo.  De nuevo, ACRA actúo según su criterio y escribió al president Mas advirtiéndole de lo terrible que sería plantearse rebajas en los conciertos (sin entender que ya estuviesen planteadas) o reducir el presupuesto de servicios sociales para el año que viene. Todos estos movimientos fueron apareciendo en sucesivas noticias en Inforesidencias.com, portal de las residencias geriátricas.

El día 18 de abril la Consellera Neus Munté ha comunicado a ACRA que el acuerdo de gobierno y la consiguiente rebaja no le es de aplicación a los "proveedores privados de servicios sociales vinculados por un contrato de gestión de servicio público en sus diferentes modalidades".

Al leerlo me he quedado felizmente de piedra.

Feliz porque bien está lo que bien acaba.  De piedra porque el argumento de la Comisión de Retribuciones y Gastos de Personal de la Generalitat (Comissió de Retribucions i Despeses de personal) , según aparece en la carta de la consellera, es el mismo que defendía ACRA en su informe jurídico.

Parece que no fueron insensatos después de todo y que su posición era la más ajustada a lo que pensaba hacer la Generalitat.  Yo me equivoqué en la interpretación y, lo que siento es que, si volviese un mes atrás, creo que, con la información que tenía, volvería a equivocarme.  Pero eso ya da igual.

Lo más importante, por supuesto es que las residencias concertadas y las públicas gestionadas seguirán estando, en su relación con la administración, tan mal cómo hasta ahora, pero no peor.  Una buena noticia que en estos momentos sólo puede alegrarnos.


lunes, 6 de febrero de 2012

NÚMEROS QUE LLAMAN LA ATENCIÓN

Inforesidencias.com acaba de hacer público su séptimo informe anual de precios de las residencias geriátricas privadas y, sin que sea sorpresa para nadie, resulta que el precio medio ha bajado casi un 3% y se sitúa en 1.724€/mes (+IVA).

Repasando algunos datos sobre cómo han evolucionado las cosas desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia vemos lo siguiente:  El precio privado de las residencia se ha incrementado un 11,2%, la inflación un 11,8% y el salario que cobra una gerocultora (según convenio marco estatal), un 21,45%.

Si hasta ahora se decía que algunas residencias concertadas cubrían el déficit de tarifa por lo que pagaban los usuarios de plaza privada, a partir de ya, ese argumento perderá fuerza. O sea, que la crisis económica, el déficit de tarifa y la Gemela Siniestra parecen aliados para cargarse un sector que todavía sigue generando puestos de trabajo.

El futuro del sector parece que se decidirá en dos lugares:  En la sede del gobierno tienen que pensar dos cosas: cómo cambiar la Ley de Dependencia y cómo plantear la reforma laboral; en la negociación del convenio tienen que establecer el marco de futuro.

Deben apostar en la nueva LAPAD de forma decidida por los servicios (ya sea mediante centros concertados o prestaciones económicas vinculadas) y desincentivar de verdad la prestación para el cuidador no profesional.

En la reforma laboral deben dotar de flexibilidad la entrada y salida de forma que una residencia pueda ajustar su plantilla a la ocupación.  Ahora hay quien teme que si hubiese más flexibilidad las residencias echarían a trabajadores.  El problema es que, sin ella, ahora algunas residencias se verán abocadas al cierre y, las que queden, cuando las cosas vayan mejor, se resistirán al máximo antes de contratar a alguien sabiendo que resulta casi imposible prescindir de él cuando falten los ingresos.

Sobre la negociación del convenio. Ahora mismo no me acuerdo si la mesa sigue rota o ya se han vuelto a sentar.  Lo que está claro es que, mientras a los funcionarios se les recorta el sueldo y a muchas empresas se les reducen o les desaparecen los beneficios, en las altas cúpulas empresario/sindicales, han pactado una "moderación salarial" del 0,5%.

Así pues, la pelota está en el tejado del gobierno mientras desde el patio todos miramos hacia arriba a ver si nos la devuelven mientras notamos que las orejas ya se nos están congelando.