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jueves, 7 de enero de 2016

¿Hacer pagar a la residencia por la sanidad pública que reciben los residentes?

Acceso a la noticia sobre la sentencia del sistema de Accesibilidad Social

Por un error, al elaborar el boletín de Inforesidencias.com de Febrero de 2016 el enlace sobre la sentencia del TSJCV apuntaba a este enlace.  Perdón. Enlace correcto




Uno de los problemas por resolver que afectan al sector de la atención a personas mayores en residencias es el de la atención sanitaria que reciben los residentes.

En teoría, como cualquier otro ciudadano beneficiario del sistema público de sanidad, éstos tienen los mismos derechos a recibir atención que una persona que vive en su casa. 

La realidad dista bastante de la teoría.

Para empezar, lo normal es que un residente cuente, además de con su médico de cabecera, con un médico pagado por la residencia que es quien le visita, realiza diagnósticos  y prescribe medicamentos cuando se precisan.  Como ese médico suele trabajar en base a una relación privada con la residencia, cada centro encuentra la forma de convertir esa prescripción en “receta” y finalmente en medicamentos reales pagados por el sistema público.

Existen muchas formas de convertir una prescripción en receta y en cada rincón de España aplican “su” sistema sin que exista, para algo de tanta relevancia, un método común planificado y ajustado a la Ley.  Así, es posible que la residencia lleve periódicamente un listado de prescripciones al centro de Atención Primaria y allí el médico de cabecera de los residentes (que ni los ha visto) firme las recetas devolviéndolas al cabo de unos días.  En ese caso una farmacia “avanza” los medicamentos sin recetas y arregla la situación cuando éstas llegan al cabo de unos días.  En otros lugares el médico de la sanidad pública interviene desde el principio; en otros se han creado programas piloto en los que existen equipos de médicos de la sanidad pública (o empresas contratadas) que se coordinan con los de las residencias para agilizar la atención y prescripción.

Sea como sea, desde la administración pública se ve a los residentes como unos grandes consumidores de recursos y medicamentos por lo que, su preocupación cuando se ponen a planificar, parece más basada en bajar la factura que en crear un sistema equitativo.

La consecuencia de esta dispersión es una de descontrol y de discriminación contra unos mayores, que normalmente necesitan una gran intensidad de atención sanitaria y en cambio reciben menos de la Sanidad Pública que los mayores que viven en sus domicilios.

Aunque resulta difícil generalizar, ya que la situación es diferente en cada comunidad autónoma, creo que no me equivoco si digo que un mayor diabético que vive en su casa recibe más tiras reactivas y lancetas para hacer pruebas de glucemia que uno que vive en una residencia.  Una persona mayor “normal” (o sea, que no vive en una residencia) que sufra de incontinencia recibe más pañales que los que se prescriben a aquel que vive en una residencia de mayores.  Un octogenario que ingrese en urgencias de un hospital proveniente de una residencia tiene una posibilidad bastante elevada de ser “devuelto” al centro en circunstancias que, si la persona fuese procedente de su domicilio, le harían quedarse en el hospital durante más tiempo recibiendo el tratamiento que necesita.

Estas circunstancias podrían tener alguna explicación si las residencias de mayores fuesen centros sanitarios que recibiesen algún tipo de financiación del sistema de salud, pero la realidad es que, a todos los efectos legales, una residencia de mayores es sencillamente un sustituto del hogar.

Escribo esto porque en las últimas semanas he recibido un documento que el Institut Català de la Salut (ICS) está proponiendo firmar a algunas residencias de la provincia de Tarragona. He leído la propuesta, he hablado con varios profesionales y me he quedado perplejo ya que me parece a la vez algo muy bueno y algo malo.

Imaginemos que tengo una residencia asistida de personas mayores de 100 plazas.  Tengo en mi plantilla a un facultativo contratado que viene a 30 horas a la semana que actúa como médico de los residentes.  También tengo enfermera, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y todo el personal que me exigen la normativa y los requisitos de acreditación.

Un día la Sanidad pública me propone que un médico del ambulatorio  (Centro de Atención Primaria) podría prestar un servicio más intenso en la residencia, atendiendo a los residentes, realizando las valoraciones de ingreso, participando en las reuniones del equipo interdisciplinar. 

Concretamente me ofrecen que ese médico de la sanidad pública participe de la siguiente forma:

Acogida  del residente.
• Realizar la evaluación geriátrica integral de la persona en el momento del ingreso, cumplimentar la historia clínica y el expediente asistencial y hacer el seguimiento periódico que requiere el protocolo del centro.
• Definir y registrar en la historia clínica del residente con el aplicativo propio de la residencia y el E-CAP (programa informático de Atención Primaria Pública); los objetivos, actividades y seguimiento de los requerimientos según los niveles de atención que necesite cada persona.
• Prescribir los tratamientos de continuidad y revisar las pautas semanalmente

Seguimiento del estado de salud del residente.
• Hacer los seguimientos periódicos según las pautas asistenciales del Centro en cuanto a la prescripción específica en temas de seguridad (contenciones físicas) y nutrición, entre otros.
• Revisar y adecuar los objetivos de atención médica periódicamente y puntualmente en los casos de necesidad, determinando los niveles de atención que necesita cada persona
• Aplicar los programas de prevención y promoción de la salud de las personas atendidas en el centro, en colaboración con otros profesionales del equipo interdisciplinario.
• Derivar la persona atendida al recurso asistencial pertinente cuando no se pueda atender adecuadamente en la residencia y establecer la coordinación necesaria para mantener el continuo asistencial.
• Ejercer sus responsabilidades ético-legales poniendo los medios necesarios para proteger a los residente y familiares en relación a la intimidad, confidencialidad, seguridad, derecho a una muerte digna, ...
• Hacer reuniones de seguimiento semanal con los usuarios y sus familias para tratar cambios de tratamiento, inquietudes, miedos o preocupaciones que pueden influir en la evolución de su estado de salud.
• Tener actualizados los planes terapéuticos y los expedientes clínicos, según los requerimientos normativos del centro.
• Dar apoyo a los residentes/usuarios y familiares en momentos críticos.
• Asesorar y formar al personal asistencial en todo aquello que pueda conducir a la mejora de la calidad de la atención prestada mediados alce

Coordinación con el resto del equipo asistencial
• La realización de las actividades médicas requieren coordinarse con el resto del equipo asistencial para poder dar una atención integral. Esta coordinación se realiza a través de:

• Coordinación e intercambio de información con la DUE de la Residencia para hacer un seguimiento adecuado de la salud del residente.
• Participar en la elaboración de procedimientos y normas relativas a la salud de los residentes (Protocolos ...).
• Participación en las reuniones interdisciplinares semanales para intercambiar datos, solución de problemas y planificación de tratamientos y/o pruebas con el resto de miembros del equipo asistencial.
• Colaborar con los profesionales asistenciales de la residencia para una atención biopsicosocial.
• Atención aguda domiciliada urgente (no emergencias), tanto en horario EAP (Equipo de Atención Primaria) como fuera del horario del mismo (atención 7 días por semana las 24 horas).

 Atención a los profesionales del Centro.
El médico deberá dar asistencia en caso de necesidad y/o urgencia a los profesionales del Centro.

Relaciones externas.
• Farmacia, pera la provisión del servicio.
• Personal y Centros de atención especializada para la coordinación e información sobre derivaciones.  Pruebas especiales, analíticas, intervenciones quirúrgicas ...

Encima me ofrecen   una conexión directa desde la residencia con el programa informático de atención primaria de la salud pública.

¡Esto es fabuloso! Pienso.  Finalmente los residentes recibirán el servicio a que tienen derecho.

Cuando sigo leyendo el documento que me proponen firmar veo que se trata de un convenio que tiene obligaciones por las dos partes.  El Institut Català de Salut me ofrece ese servicio tan bueno, yo, o sea, la residencia, deberá pagar por ello una cantidad que para una residencia de 100 plazas rondaría los 20.000 Euros al año.

¿Pero, no tienen derecho los residentes a recibir ese servicio sin pagar nada más?

Lo cierto es que si me pongo a hacer números y calculo lo que ahora pago al médico por hacer mucho menos de lo que  ahora me ofrece la Salud Pública veo que las cosas me cuadran muy bien.

O sea:  Me gusta lo que me ofrecen; no me parece legal tener que pagar por ello pero, me sale a cuenta pagarlo  a cambio de recibir lo que me ofrecen.

¿Complicado?

La cosa se lía un poco más cuando le explico al médico que tengo en nómina lo que está pasando y le doy una copia de la propuesta.

Él, que lleva tiempo en el centro me pregunta:  Cuando hace unos años contrataste una empresa para que llevase la cocina de la residencia ¿No se quedaron con los cocineros que hasta entonces tenías en nómina del centro?  ¿Lo hicieron porque quisieron o porque estaban obligados a hacerlo?   Lo digo porque si firmas ese documento ¿Me contratará el Institut Català de la Salut? Y si no lo hace ¿Me despedirás?

Supongo que estas líneas no resultarán llamativas para las residencias situadas en el Sur de Tarragona.  Algunas de ellas llevan meses recibiendo el servicio que he explicado por parte de la Sanidad Pública sin tener que pagar nada por ello y sólo hace unos meses han recibido la propuesta de convenio.

Estas residencias, que según me han dicho, están satisfechas de cómo funcionan las cosas, se preguntan si deben o no firmar el documento.

Para el resto de residencias lo que cuento debe sonar bastante raro.


Voy a seguir hablando con gente y, dentro de unos días escribiré algo más sobre este tema.  Mientras tanto ¿Alguien quiere opinar?

martes, 22 de septiembre de 2015

Necesitamos coordinación sociosanitaria, pero también "intersanitaria"

Desde hace un tiempo sigo un blog interesantísimo que se llama "Diaris de Trinxera" (Diarios de Trinchera) en el que profesionales de la salud pública catalana, concretamente de los servicios de atención primaria, comparten sus experiencias y reflexiones.

Tienen posts de todo tipo, siempre relacionados con la atención sanitaria primaria, por lo que, a menudo tratan de casos relacionados con personas mayores.

Uno que he leído en los últimos días me ha llamado la atención y me ha hecho pensar que, entre los que trabajamos en el sector geroasistencial la necesidad de una verdadera coordinación e integración sociosanitaria nos parece algo primordial, pero, entre los que trabajan en el ámbito sanitario, especialmente en atención primaria, lo verdaderamente indispensable es que exista una mayor coordinación entre ellos y la atención especializada.

Leed este post (el original está en catalán) y decidme si no tienen toda la razón.

Rosa padece una enfermedad de Alzheimer en el grado más evolucionado. Depende totalmente de su cuidadora. Ni si quiera es capaz de mantener la cabeza erguida. Hace años que la conocemos a ella y a su cuidadora, la hija. La dedicación al cuidado de su madre es excepcional. Nunca hemos visto a Rosa desnutrida, deshidratada, sucia, mal vestida o con riesgo de llagas.

Un día Marta se va a consultar al neurólogo del hospital que había visitado a su madre hace más de 5 años. El neurólogo, sin ver la Rosa, le prescribe citicolina, folato, vitamina B y otros fármacos ... Y, según la hija, el neurólogo le dijo que "cuando salga un medicamento nuevo, su madre podrá mejorar" ...

¿Mejorar? Rosa está en un estadio 7f del Alzheimer. No puede ser peor. De hecho, si hubiera un estadio más evolucionado, Rosa estaría en él... Ningún medicamento puede servir para mejorar nada. Sólo se pueden generar expectativas absurdas, o sufrir los efectos adversos de una medicación que el neurólogo ha prescrito sin ver a la paciente ...

Desde mi consulta de atención primaria me pregunto... ¿Cómo es que un neurólogo de un hospital de tercer nivel prescribe medicamentos para una paciente que hace años que no ve? ¿Es correcto hacer eso? ¿Qué dice el Código Deontológico de prescribir medicamentos a pacientes que no se ha visitado?

El neurólogo ¿no ve que, con su actitud, desautoriza a los profesionales médicos y de enfermería que realmente estamos viendo la Rosa? Quizás tendría que coger el coche, hacer los 50-60 km que lo separan del domicilio de la Rosa, ver cómo está realmente y, con esta información, decidir el tratamiento.

O si lo cree conveniente, nosotros, los profesionales del consultorio que hace años vemos la Rosa y Marta,  conocemos a su vida, sus dificultades, su entorno... podemos proporcionarle información útil para tomar decisiones clínicas. 

Estamos a su disposición.

Le agradeceríamos, sin embargo, que no genere expectativas poco realistas en Marta. Y que no prescriba medicamento fútiles, dada la situación clínica de Rosa. Porque lo hace el neurólogo del hospital de tercer nivel?

Agradezco a los promotores del blog Diaris de Trinxera por autorizarme a traducir y difundir este post y espero que la coordinación intrasanitaria se sume a la sociosanitaria en la lista de prioridades de los planificadores públicos.


jueves, 10 de noviembre de 2011

MAREANDO LA PERDIZ

Estoy repasando los últimos números de la revista  Balance de la Dependencia, que edita el Grupo Senda bajo la profesional dirección de Matilde Pelegrí.  Desde que Negocios y Gestión Residencial (de Planeta) desapareció a principios de año, esta revista se ha convertido en un punto de lectura obligada dentro del sector de atención a los dependientes.
Llevo un rato leyendo el número de Septiembre de 2011 y, cuando sólo voy por la página 12, me han entrado unas ganas locas de escribir.  Me hace gracia que, tan cerca de las elecciones como estamos, y siendo una de las pocas cosas en que casi todos los lectores de esa revista estaremos de acuerdo que la aplicación de la Ley de Dependencia ha traído más desilusión que éxito, resulta que los políticos que escriben desde su torre de marfil ajenos al parecer a la tormenta que sobre todos está descargando.
Nada más empezar la lectura (pág. 5) me encuentro con una columna de la Directora General del Imserso en la que, por enésima vez explica la Ley (como si lo hubiese escrito en 2008) y sus grandes ventajas.  Unas setecientas palabras: ni una mención a las dificultades; la última frase:“estamos contribuyendo a la generación de empleo y bienestar para toda la sociedad”.
Al lado, una columna de opinión del Consejero de Salud y Servicios Sociales de la Rioja.  Otro que parece encantado de haberse conocido. “La Rioja cumple con las personas dependientes”. A la autopregunta sobre si el sistema es sostenible, su respuesta “Estoy convencido de que sí, el sistema creado tiene futuro y no solamente un futuro inmediato, si no como país y como sociedad que vive en libertad y en solidaridad”.  Al final algo de reflexión sobre volver a recuperar el valor del esfuerzo y un final para  la reflexión “Este sistema es viable, pero no derrochador”.
Pasando una sola página llego a un tema interesantísimo.  La coordinación sociosanitaria.  El último juguete de nuestros gobernantes. Algo, tan, tan importante para el sistema de la dependencia que en la Ley sólo aparece una vez y de pasada: Concretamente en el artículo 11.1 c, cuando establece las funciones que tienen las Comunidades Autónomas en el Sistema de la Dependencia dice que éstas pueden Establecer los procedimientos de coordinación sociosanitaria, creando, en su caso, los órganos de coordinación que procedan para garantizar una efectiva atención.

Ahora nos anuncian cosas interesantísimas.  La Ministra Pajín anuncia que en seis meses (sí, ya sé que las elecciones son en siete semanas) se habrá acordado una Estrategia Nacional de Coordinación Sociosanitaria.  Para ello se contará con un Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria.  Si a estas alturas alguien no sabe de qué estamos hablando, tranquilos, nos lo explica la Directora General del Imserso: “La coordinación sociosanitaria debe ser un proceso de normalización entre los servicios y recursos existentes. Para ello, las políticas públicas deben ser transversales para afrontar el reto de la coordinación entre el Sistema de Salud y el Sistema de Servicios Sociales”. ¿Queda claro?

A mí me parece que, si con una Ley que habla en muchos artículos de establecer un sistema de atención a la dependencia no han sido capaces de triunfar.  Con la tímida mención a la coordinación sociosanitaria el fracaso es seguro.  Quizás sería mejor cumplir en este caso la Ley y dejar esa coordinación en manos de las comunidades, a ver qué hace cada una.  Si se opta por esta vía, el intento de detectar y difundir buenas prácticas en varios ámbitos de la atención a personas dependientes por parte del Imserso sí merece la alabanza y el reconocimiento.

La forma en que nos hablan estos políticos me recuerda un cuadro que he visto varias veces en internet que está dividido entres columnas y que permite, leyendo sucesivamente un fragmento de cada una, encadenar un discurso aparentemente juicioso pero totalmente falto de contenido.

Sigo leyendo y me llega como un soplo de aire fresco la entrevista a Cinta Pascual, nueva presidenta de la patronal catalana ACRA.   Sólo cinco frases para dar una idea “La principal problemática de la Ley de Dependencia es que está mal presupuestada desde su concepción”; “(La política de concertación en Cataluña) en estos momentos está en la UCI, mejor dicho, en proceso de congelación”; “Estamos subsistiendo con economía de guerrilla”; sobre la existencia de plazas libres en residencias “Lo primero que se debe hacer es no crear nuevas plazas de residencia y en caso de necesidad de plazas en el sector público, concertar primero”; sobre la coordinación sociosanitaria “El problema principal es que no se hace nada para conseguirla.  Parece que no es la prioridad de ningún gobierno”.

Por desgracia no tengo más tiempo para leer o escribir así que aquí lo dejo con una pequeña reflexión.  Parece que nuestros queridos gobernantes están abonados a las palabras bonitas y a marear la perdiz mientras son los que viven la realidad los que hablan con palabras no tan bonitas pero cargadas de razón.

Autor del post Josep de Martí