En algunos despachos públicos de algunas
administraciones, sobre todo municipales, se están poniendo de moda palabras
como “desmercantilizar” o “desprivatizar” los servicios de atención a mayores.
En un sentido más amplio en el mundo local la apuesta
también llamada “remunicipalizadora” la lideran Madrid, que ha aprobado la
gestión pública de la funeraria y las bicicletas públicas, y Barcelona, la
de los servicios para mujeres maltradas (fuente).
Si la tendencia no está más extendida no es porque
falten ayuntamientos que quieran “desprivatizar” sino porque la Ley de régimen
local de 2013 les obliga a optar por fórmulas de gestión que no
aumenten la
deuda del consistorio y posibiliten un presupuesto equilibrado. Es un hecho que la gestión pública acaba
saliendo más cara por lo que a municipios como Cádiz, Santiago de Compostela o
Zaragoza les cuesta encontrar una forma de volver a gestionar directamente, por
ejemplo, la atención domiciliaria de mayores.
En Pamplona, en cambio dicen haber
encontrado la fórmula y recuperarán la gestión de la ayuda a domicilio SAD (fuente), con un sistema que supone subrogar a 166
trabajadoras empleadas de las empresas que hasta ahora prestaba el servicio e
incorporarlas a la plantilla del ayuntamiento (con su convenio colectivo); bajar
el precio hora de atención de 28,46€ a 27,06€ (sí, es e es el precio) y en el
camino ahorrarse un 5% lo que les permitirá, con el mismo dinero, atender a más
mayores dependientes en sus domicilios.
Esta explicación puede ser suficiente para dar cumplimiento a la Ley de
régimen local. En el mundo de la cruda realidad, habrá que
ver si, una vez incorporados los trabajadores al convenio colectivo del
Ayuntamiento y los gestores a los cuadros municipales, el precio por hora se
mantiene. Si es así, habrá que estudiar
el sistema Pamplonés de remunicipalización con detalle. Yo me temo que el coste a medio plazo suba
más con la opción pública que con la privada y que, incluso saber cuál es el
precio exacto del servicio se complicará, pero sé positivamente que eso a
quienes han tomado la decisión les es totalmente indiferente ya que lo han
hecho desde una posición de convicción ideológica que ve “lo privado” como algo
ajeno al servicio público y que consideran la “remunicipalización” como algo
totalmente natural que no puede ser empañado con un argumento tan mercantilista
como decir que acabará saliendo más caro.
También alguna comunidad autónoma está
apostando de forma sutil por la “desexternalización”. A finales de 2016 Barcelona vio como el
Departamento de Salud de la Generalitat “desprivatizaba” un servicio sanitario
de atención domiciliaria que desde hacía veinte
años prestaba una empresa. El motivo
que dio el consejero fue mantener el "continuum asistencial",
una demanda histórica de los sanitarios en este servicio, ya que el médico que
se desplace al domicilio "podrá prescribir recetas que quedarán
registradas en la historia clínica compartida o solicitar visita de seguimiento
con el médico de cabecera".
Otro motivo para el
cambio era seguir una línea estratégica
de este gobierno: profundizar en el carácter público del sistema.
Sobre los números, la administración deja
de pagar 2,4 millones de Euros al año (con los que se atendía 41.000 visitas, a
razón de 58 Euros por visita) y a cambio según La
Vanguardia El ICS ha
contratado a 148 profesionales, 40 interinos que se ocuparán de la asistencia
domiciliaria y 108 médicos y enfermeras que se ocuparán de las guardias.
Supongo que los números
que cita la prensa no deben ser del todo correctos ya que si con dos millones
cuatrocinetos mil Euros contratan a 148 personas (médicos y enfermeras),
descontando las cotizaciones a la seguridad social de ese personal, resultaría
que a éstos les quedaría un salario de menos de 950 Euros al mes. Lo más seguro es que los únicos contratos
nuevos hayan sido los 40 interinos. La
administración también deberá comprar y mantener 12 coches.
Supongo que detrás de la
medida debe haber un estudio económico ya que el consejero ha manifestado (lo recoge El Mundo) que la operación "no cuesta más recursos al presupuesto público" y, en cambio,
se gana en calidad, puesto que el servicio se integra a la atención primaria.
Igual que en el caso
pamplonés creo si cuesta más o menos será algo que nunca sabremos ya que, una
vez integrado en la atención primaria dudo mucho que se mantenga una
contabilidad separada que permita determinar exactamente el coste de esta parte
de la atención a domicilio. También dudo
mucho que se haga por motivos de “continuo asistencial”. Estoy convencido de que cuando es más sincero
el consejero es cuando habla de esa “línea
estratégica de este gobierno: profundizar en el carácter público del sistema.”
El gobierno cree en el carácter público
del sistema y actúa en consecuencia.
Lo que pasa es que el convencimiento “por
lo público” parece, visto desde fuera, algo un poco selectivo y circunscrito
únicamente al ámbito sanitario domiciliario.
En lo social/asistencial, o sea, en las
residencias asistidas la Generalitat no tienen ningún problema en externalizar
mediante conciertos de plazas y colaboraciones la prestación de servicios
públicos. Tampoco le parece mal sacar a
concurso la gestión de muchas de sus residencias y, en las pocas que gestiona
de forma pública tampoco le parece alejado de su línea estratégica
“externalizar a trozos”, como ha hecho recientemente en las residencias Mil.lenari de Barcelona; La
Mercè de Tarragona; y Jaume I de L'Espluga de Francolí donde ha sacado a concurso
los servicios de lavandería, limpieza, hacer camas y atención de comedores.
Si al principio sólo se contrataban con
empresas cosas como la cocina y la lavandería, el nivel de externalización (lo
que muchos gustan en llamar “privatización”) va alcanzando a más partes del
proceso de atención.
Hasta ahora habíamos visto como la
ideología afectaba más a los políticos cuando estaban en la oposición y se
apaciguaba cuando gobernaban. Así, hemos
sido testigos de como partidos de derechas e izquierda han sacado cuando
gobiernan residencias públicas a gestión privada, han concertado plazas o han
extendido modelos de cheque-servicio que ellos mismos habían criticado desde la
oposición. El motivo era claro: cuando
tienes que administrar la realidad, la realidad se te impone.
En esa realidad cada vez hay más personas
mayores que necesitan servicios por lo que una fórmula que permita llegar al
máximo número de usuarios con el mínimo coste y un nivel de servicio óptimo, se
considera la más adecuada, sea quien sea quien acabe prestando el servicio.
Ahora hay un nuevo tipo de gobernantes
que más que administrarla, quieren crear una nueva realidad. Mientras sabemos cómo acaba esto esperemos
que no rompan muchas cosas.
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