domingo, 5 de agosto de 2012

QUIZÁS ES QUE HABÍA QUE HACERLO

Últimamente leo mucho sobre lo terrible de la política del gobierno que "recorta" y pega "hachazos" al Estado de Bienestar.

Centrándome en el tema que más me preocupa, el de la atención a personas en situación de dependencia, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha difundido una nota verdaderamente demoledora contra la modificación de la Ley de Dependencia.  Quien la lea olvidando por completo el espíritu crítico llegará a la conclusión que nos gobiernan una pandilla de desalmado que han decidido dejar  a quien más lo necesita sin los cuidados más básicos.  Yo creo que las cosas no son casi nunca totalmente blancas o negras y por eso he estado releyendo la nota y veo que lo que hace ésta es comparar lo que se había conseguido con la aplicación de la LAPAD (acrónimo de la Ley de Dependencia), o sea entre 2007 y mediados de 2012 y lo que pasará a partir de ahora.

Yo creo que, para ser justos, y viendo lo que ha pasado en los últimos años se debería comparar cómo quedará la situación con cómo era ésta antes de la entrada en vigor de la Ley.  Lo digo porque sólo hay que ver algunos datos, como los de endeudamiento de España, para ver que la Ley de Dependencia se empezó a aplicar cuando no teníamos dinero para hacerlo.  Estos son los datos.  Cuando la Ley de Dependencia se empezó a aplicar en 2007 si se dividía la deuda de España entre los españoles, cada uno "debíamos" 8.400€, a finales de 2011 esa cifra alcanzaba casi los 16.000€.

Si vemos los datos referidos al déficit, o sea la diferencia entre lo que se ingresa y lo que se gasta, la cifra no es mucho más halagüeña.
 Cada año desde que empezamos a aplicar la Ley de Dependencia (junto con otras medidas como el cheque nacimiento o los Planes E para re lanzamiento de la economía, como país, fuimos gastando más de lo que ingresábamos y pudimos hacerlo porque había otros países que nos dejaban el dinero.

Creo que fuimos como una familia que pidió una hipoteca por el 120% del valor de la vivienda y con el dinero prestado pudo hacer obras en su casa nueva, decidieron arreglarles los dientes a sus dos hijos y matricularlos en clases particulares de música e inglés. Además pudieron hacerse socios de dos ONG que ayudan a personas necesitadas y ayudaban económicamente a un hermano que se había quedado en el paro. 

Cuando, uno de ellos perdió el trabajo se dieron cuenta que con un único sueldo no podían afrontar la deuda y los nuevos gastos así que decidieron pedir otro crédito, pero esta vez no se lo dieron, y ahora se encuentran con que no pueden afrontar los pagos.  ¿Que hacen?  Casi se han quitado del todo gastos no necesarios (bares, cines...), han hablado con el hermano y le han dicho que le podrán ayudar mucho menos.  Sus hijos se han enfadado porque les gustaban mucho las clases de música e inglés, pero hay que renunciar, lo de los dientes les preocupa más porque se va pagando en cada visita y no se puede dejar a medias.   Han mantenido la cuota de una de las ONG, de la otra se han dado de baja.  .  Se plantean vender el coche por lo que sea para no pagar el seguro, el mantenimiento y el párking. Aún así, les cuesta mucho llegar.  "Pero, ¿Cómo no nos dimos cuenta?", se preguntan.  Pues no se dieron cuenta, igual que no se dieron cuenta casi todos empresarios, políticos, autónomos y personas en general (entre las que me incluyo) a los que nos han pasado cosas parecidas.

Todo esto lo digo porque ahora podemos y debemos clamar contra los recortes (el gobierno debe sentir siempre el cercano escrutinio de los ciudadanos), pero sería bueno que situásemos las cosas en su contexto.

Volviendo a las residencias.  En los últimos años se han ido introduciendo requisitos materiales, de profesionales y funcionales en la atención a personas mayores que, sin duda han supuesto un mayor nivel de calidad en la atención, pero también la han encarecido.  En los años de relativa bonanza los salarios se incrementaron de forma importante y muy por encima de la inflación (Según CCOO el salario de una gerocultora aumentó un 178% entre 1999 y 2010).  El precio al que las residencias vendían sus plazas también se incrementó.

En el sistema que teníamos antes de la Ley de Dependencia, cada Comunidad Autónoma establecía su sistema para ofrecer servicios sólo a aquéllos que se consideraba que no tenían capacidad económica para cubrirse su propia atención.  La línea de corte solía estar en unos 800€ al mes de ingresos a partir de los cuales en casi ninguna comunidad se prestaba servicios.  A partir de la entrada en vigor de la Ley, coincidiendo con el inicio de la crisis, y con la temprana opción por la ayuda económica para el cuidador no profesional, lo que tenía que ser una Ley de Dependencia se convirtió en la "Ley de la Paguilla" una Ley que no garantizaba una mejor atención de los dependientes aunque sí, en muchos casos, un desahogo económico para familias que tenían dificultades económicas.   También se ofrecieron servicios pero el hecho de haber convertido lo excepcional el norma, de que en cada comunidad se valorase de forma diferente y se ofreciesen diferentes servicios con diferente copago descalificaban totalmente a la norma.

Si la situación económica hubiese sido lo suficientemente buena (o sea, si el Sistema de la Dependencia se pudiera haber mantenido con nuestros impuestos y el copago) admitiría un grado el elevado grado de acritud en las críticas que algunos hacen a los recortes.  Pero, si resulta que la Ley de Dependencia no nos la podíamos permitir desde un principio (no teníamos ingresos suficientes para mantenerla y era imposible aguantar su creciente gasto a través del endeudamiento), alguien tenía que afrontar el mal trago de decírnoslo y recortarla.

Me encantaría que alguien más concienzudo que yo hiciese el esfuerzo de tomar "los despojos" del sistema, o sea, cómo quedará éste después de los recortes y compararlo con lo que había antes.  Si es peor, me sumo a las críticas.  Si es mínimamente mejor pediría templanza.

Lo que sí pediría, ya mismo a los gobiernos central y autonómicos es que empiecen a actuar ante los prestadores de servicios y los profesionales con el respeto que merecen.  Ya he dicho al principio que entiendo que la situación es difícil, tal como lo entienden los prestadores de servicios de Castilla la Mancha, que han visto como se cancelan de golpe las estancias temporales y se les rebaja la tarifa; Cantabria con una bajada del 5% o Cataluña, donde sencillamente el pago de un mes "no puede hacerse".  Pero ese entendimiento no alcanza a la forma en que actúan las administraciones autonómicas con el sector.  Una cosa es tener un cliente moroso que te dice que no te puede pagar pero da la cara, te mantiene informado, y te ofrece alguna alternativa y otra muy diferente es lo que está sucediendo.  ¿No existe ninguna forma en que la administración pueda hacer la vida más fácil a aquéllos a quien no está pagando correctamente?

Nos estamos despertando y, como mínimo unos cuantos, queremos creer que las medidas que se están tomando son las adecuadas.  ¿No nos pueden ayudar un poco nuestros gobiernos a que podamos creerlo y defenderlo?