martes, 25 de mayo de 2010

¿PASARÁ CATALUÑA DE COLABORACION A CONCIERTO POR EL IVA?

¿Por qué quiere ahora la Generalitat de Cataluña convertir 14.000 plazas colaboradoras en concertadas? ¿Por qué no dice claramente que es lo que quiere hacer y nos tiene a todos en vilo esperando la jugada?
Llevo unos cuantos días pensando en esto. Todo empezó con unas palabras de la Directora General del ICASS, Carolina Homar en unas jornadas en el Colegio de Médicos de Barcelona en las que se hablaba de ética y durante las cuales ella dijo algo que no llegué a entender. Parecía como si fuese a haber un proceso de conversión de plazas de colaboración en concertadas. En ese momento no le di importancia ya que, como casi todos, estaba esperando el Decreto de acreditación.
Unos días después, un cliente me pregunta qué sé sobre el proceso de conversión de 14.000 plazas de colaboración en concertadas a lo que contesto que nada. Acto seguido empiezo a llamar a varias personas (básicamente de la administración y patronales) y me dicen que, efectivamente es algo que ha dicho el ICASS poniendo incluso fecha: el proceso empezará antes de acabar Junio. Diferentes personas me explican que será un proceso más sencillo que el concierto de las 1.500 plazas de abril de 2010 y que las residencias colaboradoras que reúnan determinados requisitos sólo tendrán que presentar una memoria.
Como “convertir” una plaza colaboradora en concertada tiene su dificultad jurídica (supone cambiar una ayuda económica por un contrato de gestión de servicio público en la modalidad de concierto), supongo que estamos ante una idea que, aunque quiera hacerse rápida y fácil, se irá complicando por el camino. Principalmente porque la administración no puede contratar servicios sin unos requisitos y siguiendo el procedimiento que establece la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Puedo equivocarme pero creo que sacarán una o varias licitaciones dando puntos a las empresas que hayan sido acreditadas como colaboradoras de manera que éstas tengan una ventaja. Lo que no sé es cómo harán para salvar el obstáculo de las muchas residencias colaboradoras que no tienen (y difícilmente tendrán) sala de fisio, visitas y profesionales, o las que tienen habitaciones triples.
Tampoco sé cómo van a hacer para evitar que las muchas residencias privadas no colaboradoras se presenten a la licitación haciendo que la administración se encuentre con un proceso con varios centenares de plicas.
Dejando eso de lado, de momento, me pregunto ¿Por qué quieren sacar ahora el concierto? ¿No sería más lógico publicar rápidamente el Decreto de Acreditación y, a posteriori, iniciar un proceso de conversión?
Recordemos que existía un compromiso para que el Decreto de Acreditación estuviese en vigor antes del el 1 de enero de 2010 y que hasta entonces las residencias pudiesen acreditarse como colaboradoras (compromiso incumplido y sustituido por otro que dice que el Decreto se acabará de elaborar durante 2010 y entrará en vigor en 2011).
Yo creo que, si finalmente se lanza el proceso tendrá más que ver con la rebaja interrupta del IVA que con el Decreto de Acreditación. Par intentar demostrarlo, aunque soy de letras voy a hacer un ejercicio que ruego contraste alguien que sepa más que yo:
Hipótesis
Tenemos 14.000 beneficiarios del programa que de media pagan por su estancia 1.650€ (+7%IVA) (o sea 1.765,50€ IVA incluido) repartidos 1.200€ al mes la Generalitat y 565,50€ el beneficiario(estos datos no tienen un contraste real pero lo importante es lo que viene a continuación).
Coste anual para la Generalitat 14.000 usuarios x 1.200€ x 12meses = 201.600.000€
De este dinero 19.404.000€ corresponden a IVA que ingresa el Estado y de los que el 50%, según el nuevo modelo de financiación, vuelven a la Generalitat por lo que el coste real es de 182.196.000€ al año.
Situación 1
Si la Generalitat no hace nada y sigue el sistema actual, a partir del 1 de julio el IVA pasa del 7 al 8%. Como lo que paga el ciudadano se ha calculado en base a su capacidad económica según la cartera de servicios y un decreto de copago, la subida del IVA se la tiene que “comer” la Generalitat.
En esta nueva situación, costando la plaza 1.650€ + 8% de IVA, el coste real es de 1.782€ de los cuales la Generalitat pasaría a pagar 1.261,50€ y el ciudadano continuaría pagando 565,50€.
O sea, coste anual Generalitat 14.000 usuarios x 1.261,50€ x 12meses = 211.932.000€ (o sea 10.332.000€ más caro al año).
Si calculamos que de ese IVA incrementado, la mitad (22.176.000€) vuelve a la Generalitat, vemos que, el coste total para la Generalitat será de 189.756.000€, o sea que el coste de no hacer nada es de 2.772.000€.
Situación 2
Imaginemos que la Generalitat consiguiese transformar las 14.000 plazas en concertadas. Imaginemos que el copago continuase siendo de 565,5€ por ciudadano. El hecho de que la plaza sea concertada supone que el IVA pase a ser del 4% por lo que los números cambian de forma espectacular.
Veamos:
Coste plaza mensual 1.650€ + 4% IVA = 1716€.Generalitat paga 1.150,50€ Usuario paga 565,50€
Coste anual para la Generalitat: 14.000 usuarios x 1.150,5€ x 12 meses = 193.284.000€
Retorno del 50% de IVA para la Generalitat 5.544.000€
O sea, coste total de esta opción 187.740.000€
Si no me he equivocado en los cálculos, pasar las plazas colaboradoras a concierto supondría que la Generalitat ahorraría cada año algo más de cinco millones y medio de euros, lo que podría sanear el déficit o dar asistencia a 413 personas más con el mismo dinero.
Este puede ser un motivo por el que la Generalitat podría pasar las plazas colaboradoras a concertadas sin esperar a sacar el Decreto de Acreditación, pero, ¿Por qué no nos lo dicen claramente?
En un acto organizado por la Unió en la Universidad Pompeu Fabra, la Sra. Pilar Solanes, alto cargo del ICASS nos dijo que tenían un borrador muy avanzado con los requisitos de acreditación pro que todavía no podía difundirlo porque tenía que seguir su tramitación pasando por diferentes pasos incluidos los consejos de participación (Consell General de Serveis Socials…). Sí explicó, por encima, de qué iría la cosa y, la verdad, me quedé con la sensación de que, como decía George Soros, “la música ha parado pero la gente sigue bailando”. Vamos a tener un decreto de acreditación que se sigue pensando como el Gran Tijeretazo no se hubiese producido.
Yo creo que deberíamos pensar, entre todos, que nos esperan unos años duros en los que deberíamos anteponer a cada iniciativa (pública, privada e incluso doméstica) una doble pregunta: Cuánto costará y ¿podremos pagarlo?. Con esa premisa, cualquier requisito nuevo de acreditación debería llevar anejo un estudio de costes de forma que sólo se aplicasen, como mínimo hasta 2.015, los que puedan suponer calidad sin aumentar costes. La prioridad pública debería ser, durante estos años, aumentar el número de beneficiarios que reciban un servicio de calidad razonable y dejar aparada la idea de excelencia para cuando tengamos dinero para pagarla.
Si el posible paso de colaborador a concertado se hace para ahorrar. Apliquemos ese mismo ímpetu a toda iniciativa y quizá podamos recordar estos tiempos como aquéllos en que, con imaginación y esfuerzo salvamos la Ley de Dependencia.

Por cierto, quien quiera escuchar esta opinión en directo, que se inscriba en el seminario que organizará Inforesidencias.com el próximo 18 de junio en Barcelona.