EL COSTE DE LA PROFESIONALIZACIÓN

Marzo de 2007

Hace unos años me invitaron a hablar en el acto de presentación de una normativa sobre residencias que se acababa de aprobar en una comunidad autónoma. El responsable político en su intervención explicó el gran avance que supondría la nueva reglamentación por la apuesta que hacía por la profesionalización del sector, entendiendo como tal la contratación de más personal con titulación universitaria (en aquél caso, médicos, enfermeros, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas). Cuando acabó la explicación del político una persona del público dijo que en la zona de montaña en la que tenía su residencia no había ningún terapeuta ocupacional y que el único médico tenía incompatibilidad para trabajar fuera de la seguridad social. La respuesta, en tono tranquilizador fue que, en la aplicación de la nueva normativa, se actuaría desde la administración con flexibilidad y realismo ya que lo importante era que cada vez la atención a mayores fuera más “profesionalizada”.

Durante un tiempo pensé que el problema de encontrar determinados profesionales sería algo circunscrito entorno rural, pero estaba equivocado. Hoy resulta casi imposible encontrar a un (o una) diplomado en enfermería dispuesto a trabajar en una residencia con el salario que establece para ese profesional el convenio colectivo vigente.

Hablando con el gerente de un colegio de enfermería supe que, si se está dispuesto a pagar 2.100 Euros al mes es fácil encontrar a enfermeros/as dispuestos a trabajar en una residencia. Incluso supe que algunos colegios no aceptan en sus bolsas de trabajo ofertas de empresas por debajo de esa cantidad. Cuando le comenté que el salario base de un DUE en el convenio estatal era en 2006 de 1.073,66 € me dijo que ya lo sabía y que no lo consideraba como digno de un profesional. Su razonamiento era que lo que se debe tener en cuenta es el trabajo y no dónde lo desempaña, o sea que, el salario de un diplomado en enfermería de una residencia privada no puede ser la mitad del de una residencia pública o de un hospital. Independientemente de la validez o no del argumento, lo que es indiscutible es que la ley de la oferta y la demanda hace que el salario convenio se convierta, en el caso de algunas categorías, en algo meramente testimonial.

La recientemente aprobada Ley de Dependencia hace una nueva apuesta por la calidad y la profesionalización de la atención a personas dependientes mediante la determinación de las cualificaciones profesionales idóneas, los programas y las acciones formativas que sean necesarios. Supongo que eso quiere decir formar a los gerocultores de forma que acaben obteniendo un título reconocido en toda España, aumentar el número de profesionales y formarlos para que se especialicen en el cuidado a personas dependientes. Quizás incluso, exigir que todos los enfermeros del sistema tengan la nueva especialidad en geriatría. La duda es: ¿se ha tenido en cuenta que en toda persona que se forma y se especializa se genera una legítima expectativa de ganar más dinero?

Si los números están hechos pensando que un gerocultor seguirá ganando 800 euros al mes y una enfermera 1.073 tendremos que elegir una entre varias opciones: metemos más dinero en el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia; aplicamos criterios de “flexibilidad” olvidándonos de la profesionalización; optamos por dar dinero a los cuidadores dejando de lado la atención profesional o, sencillamente nos olvidamos del cuarto pilar del estado de bienestar.