54 EUROS QUE EXPLICAN UNA LEY

Por si a alguien le quedaba alguna duda sobre cómo se está aplicando la Ley de Dependencia en España, una noticia publicada en el periódico asturiano La Nueva España aclara la situación.
Resulta que un hombre de 52 años de Castrillón con secuelas graves provocadas por un accidente tramita su valoración del grado y nivel de dependencia. El resultado: gran dependencia. A la hora de elaborar el PIA se le indica que lo que le corresponde es una ayuda económica para que su mujer le cuide en casa de 54 Euros al mes. El motivo de tan escasa cuantía es que la persona ya estaba cobrando 1.184 euros al mes de una pensión de invalidez.
Cuando la mujer del dependiente responde indignada que la cantidad le parece un insulto le dicen que si lo prefiere puede ingresar en una residencia pagando el 70% del coste, o en un centro de día pagando el 30%. Otra opción, que es la que finalmente acepta la cuidadora, es que “una asistente social acuda a su domicilio durante 50 minutos al día --ya que diez minutos se emplean en el desplazamiento-- por un importe de 22 euros al mes”. El entrecomillado corresponde a la noticia tal como la recoge Europa Press en su página web.
Dejando de lado que una agencia de noticias de prestigio confunda “asistente social” con auxiliar de ayuda a domicilio, lo que se pone de manifiesto con esta noticia es el grado de retorcimiento que está alcanzando la aplicación del sistema de atención a la dependencia.
Recordemos una vez más que La Ley establece que, a la hora de redactar el plan individual, debe considerarse de forma prioritaria la prestación de servicios públicos o concertados dejando en un segundo plano la prestación económica vinculada y sólo para casos excepcionales la prestación económica para el cuidado no profesional en el entorno familiar.
Hasta ahora, en múltiples conferencias, congresos, jornadas y demás encuentros se nos decía que el motivo por el que se están dando tantas ayudas económicas a familiares es que las personas las piden porque prefieren quedarse en casa. Con casos como éste, esa explicación pierde solidez.
Lo cierto es que la opción que ha escogido el cuidador (más o menos 22 horas mensuales de SAD) costarán a la administración unos 200€ al mes, descontando el copago. Si hubiese elegido residencia o centro de día, con un copago de un 70% y 30% respectivamente, el coste para el sistema hubiera sido de unos 400€/mes. Es este un cálculo hecho grosso modo, teniendo en cuenta que Asturias tiene unos precios públicos bastante escasos. Pero, aunque no sea totalmente ajustado, lo que no es discutible es que la opción “54 Euros de ayuda al familiar” era la más económica y que menos garantizaba una atención profesionalizada.
Aunque en este caso la comunidad haya sido Asturias, no es éste un defecto atribuible a una administración concreta. Lo cierto es que la crisis hace agudizar el ingenio y, lo más cierto es que resulta más económico dar “ayuditas” que prestar servicios. En este caso lo ridículo de la cantidad hizo saltar la liebre pero, cuántas personas de las que han recibido prestación económica para el cuidado familiar estarían mejor cuidadas recibiendo atención profesional.
Parece que, debido a la crisis, la Ley de Dependencia se empieza a ver como una forma más de redistribuir rentas. Es indiscutible que 500 Euros pueden suponer una gran ayuda para la economía de una familia con algún miembro en paro que convive con un dependiente, pero la función de esta ley no era dar ese apoyo económico sino atención a las personas en situación de dependencia.
Viendo cómo están las cosas caben dos opciones: aceptamos que en tiempos de crisis “los dineros de la dependencia” deben servir de colchón para los más desfavorecidos o, volvemos al inicio, cambiamos la Ley y hacemos desaparecer las prestaciones económicas para el cuidador familiar centrando todo el esfuerzo en la prestación de servicios profesionalizados.
A ver qué será.