Parece que la discusión sobre la futura ley de dependencia sigue su curso. Su sinuoso y larguísimo curso, me atrevería a añadir yo.
La forma en que, hábilmente se ha llevado la discusión hacia la necesidad de disponer de una ley, cuando lo que verdaderamente hace falta es una partida presupuestaria, ha sido fabulosa.
Yo planteo la siguiente reflexión: Supongamos que las comunidades autónomas, competentes en sanidad y en servicios sociales, tuviesen recursos para contar con una tupida red, financiada públicamente, de servicios de teleasistencia, atención domiciliaria, centros de día, programas de apoyo a familias cuidadoras, residencias asistidas y, además existiesen suficientes servicios socio sanitarios (financiados también públicamente)al alcance de las personas mayores dependientes. ¿Se plantearía entonces alguien la necesidad de una ley de dependencia? Creo que no.
Muchos expertos argumentan correctamente que la Ley es necesaria para equiparar derechos ya que no puede ser que un murciano o un gallego acaben teniendo menos derechos que un navarro o un riojano. Además, dicen, la existencia de derechos diferentes en cada autonomía podría generar una especia de "emigración social" de personas mayores a la búsqueda de la comunidad con mayor reconocimiento de derechos y prestaciones.
Jurídicamente veo el argumento irreprochable. Aun así, no le veo demasiada sustancia. Que hoy los derechos de un alavés y un extremeño son diferentes es una realidad palpable e indiscutible. Que, en igualdad de condiciones recibe mayores servicios (y con mayor coste para la administración) un navarro que un canario es un hecho innegable. Eso pasa hoy, y nadie se rasga las vestiduras ni oímos hablar de la migración social, como un gran problema.
Como no vivo en Navarra ni en Álava (donde mas gasto social per cápita hay) me gustaría que existiese una ley para toda España que reconociese un homogéneo nivel de cobertura, tal como formalmente existe en la sanidad. Es más, me gustaría que el nivel de cobertura estatal correspondiese al navarro o alavés. Pero esto no es posible porque falta dinero.
El comité de expertos creado por el anterior gobierno para colaborar en la redacción de la futura ley de dependencia ha hecho un ímprobo trabajo calculando cual sería el coste de cubrir esta situación a nivel nacional. Si el actual gobierno encuentra la manera de sacar del presupuesto esa cantidad sin meternos de cabeza en la espiral del déficit recibirá felicitaciones y apoyos durante años. Si acabamos teniendo una ley nominalista que reconozca derechos iguales para todos sin financiación para sustentarlos. Nos quedaremos igual que hasta ahora pero con una ley muy bonita.
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