Si todo hubiese ido como estaba previsto, a estas alturas tendríamos un Real Decreto sobre copago, uno sobre acreditación de centros y ya empezaríamos a tener unos criterios comunes de calidad establecidos por el Consejo Territorial del sistema de la dependencia.
Esos reales decretos estarían actuando como guías por las que cada comunidad autónoma estaría elaborando sus respectivas reglamentaciones y todo ello nos llevaría hacia una cierta armonización de los diferentes sistemas autonómicos existentes antes de la Ley.
La realidad es que si te toca viajar por España, el mensaje que recibes de las diferentes comunidades autónomas te lleva a pensar en muchas cosas que no son precisamente armonización.
Así, en Cataluña se acaba de aprobar la nueva Ley de Servicios Sociales que incorpora el Sistema Catalán de la Dependencia como un subsistema del de Servicios Sociales. En ella, forma en que se describen servicios y prestaciones es diferente de la que utiliza la Ley de Dependencia. En aplicación de una disposición de esa Ley ya se ha publicado una convocatoria para acreditar centros. En Andalucía se habla de un nuevo decreto sobre calidad que no puede esperar a los criterios que establezca el Consejo. En Valencia las residencias saben informalmente qué centros serán los concertados y en Asturias, la nueva consejera que lleva una considerable racha de iniciativas, siguen su camino hacia un modelo de calidad y derechos. Y a todo esto, el Consejo sigue sin proponer y el gobierno sin promulgar los Reales Decretos que permitirían desarrollar el sistema como estaba previsto.
Las iniciativas autonómicas se ajustan a las competencias de cada comunidad y son totalmente legales en la medida en que son planteadas por sus respectivos gobiernos sin que exista otra norma que las contradiga. Pero son también iniciativas que tienden a que permanezca la diversidad de modelos que hasta ahora han existido y el acercamiento de los cuales parecía perseguirse con la Ley. Viéndolas uno llega al convencimiento de que las comunidades no están interesadas en la armonización sino en recibir financiación para unos modelos que ya tienen pergeñados y que no quieren cambiar.
Hace ahora dos años escribí en este periódico que si no había verdadera voluntad de armonizar nada quizás no hacía falta tanta Ley y podíamos limitarnos a incluir un capítulo de dependencia en la financiación de las comunidades autónomas proveniente de los presupuestos generales. Después me fui haciendo optimista y, durante unos meses creí que, de verdad, había la voluntad de unificar mínimamente los criterios.
Alguien me ha dicho que puedo volver a ser optimista y que todo se debe a la parálisis lógica que acontece siempre antes de unas elecciones. Espero que sea cierto y que el ritmo de trabajo que se alcanzó hasta mayo del año pasado se recupere después de las elecciones. Si no es así, el Consejo habrá hecho honor a aquél dicho tan castizo que dice que algunos tienen Arrancada de caballo andaluz y llegada de burro manchego.
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