Una de las cosas buenas que tiene Google es que te puedas suscribir a canales de noticias sobre temas concretos. Cada día recibo unos cuantos mails en los que me envian noticias aparecidas con palabaras como "residencias de tercera edad" o "personas mayores". En principio, casi todas eran de España pero, cada vez recibo más de Iberoamérica.
Así, el día 30 recibí una carta al director publicada por un periódico Chileno en el que una señora se quejaba del "carácter empresarial" que están adquiriendo las residencias. A partir de esto, todo lindezas: "La falta de motivación y el hecho de considerar a los residentes como meros clientes provocan que las necesidades de estos no sean satisfechas completamente, pudiéndose ocasionar situaciones de maltrato físico o psicológico por falta de experiencia. Estas situaciones se producen incluso en hogares del barrio alto, en donde la gente paga precios considerables sin siquiera concebir la idea de que tales abusos se puedan dar".
Desde España no nos sorprende esta retórica ya que aquí la llevamos escuchándola desde hace años. El problema es que no tiene una relación con la realidad. La mayor parte de las residencias para mayores (privadas, públicas y benéficas) prestan un servicio adecuado y hay otras, unas pocas (privadas, públicas y benéficas) que prestan un servicio que no es satisfactorio. La diferencia principal es que, cuando una residencia privada (una empresa) presta un mal servicio, el usuario o sus familiares pueden optar por llevárselo a otro lugar mientras cuando quien presta el servicio es una institución benéfica o la propia administración, a menudo la persona paga muy poco por lo que recibe y no tiene opción de cambiar.
Para que pueda haber una seguridad hace falta una reglamentación clara, un sistema de inspección, y un alto nivel de transparencia que permita a los ciudadanos comparar entre los servicios existentes.
Conozco a propietarios y directivos de residencias en Chile, país que he tenido la ocasión de visitar, y puedo atestiguar que se trata de profesionales cualificados con un alto interés en su trabajo y en el servicio a los mayores que atienden. Seguro que habrá alguno que no lo haga bien, pero aún más seguro, que los más interesados en sacar las manzanas podridas son los propios propietarios y profesionales que prestan servicios de calidad.
En eso no nos diferenciamos demasiado entre Chile y España.
Aprovecho para enviar un saludo a mis amigos chilenos.
miércoles, 31 de agosto de 2011
lunes, 25 de julio de 2011
¿BECARIOS EN RESIDENCIAS PÚBLICAS? O ¿ES OTRA COSA?
Una cuestión que resulta recurrente en la atención a personas mayores en residencias es el papel que deben o pueden cumplir los voluntarios.
Si estuviésemos en cualquier otro sector el problema sería meramente laboral (¿deben cotizar a la seguridad social?¿puede una entidad mercantil contar con voluntarios? ¿Se trata de un fraude?), pero en el campo de las residencias se añade la existencia de unas ratios de personal mínimas en las que, en ocasiones se ha intentado contar a los voluntarios
Como la cuestión se lleva planteando desde hace muchos años, en todas las comunidades autónomas se ha encontrado una solución a cómo deben computarse y en qué casos pueden aceptarse voluntarios, de forma que los problemas a este respecto ya no son generalizados.
Por eso me ha sorprendido que, arreglado lo de los voluntarios ahora aparezcan los "becarios" como elemento de desacuerdo.
Leo en Las Provincias que en una residencia pública de Sueca (Valencia), un sindicato ha denunciado que las suplencias de verano se están cubriendo con becarios, algo que según el sindicato deteriora las tareas del centro.
Desde el ayuntamiento niegan que se estén sustituyendo empleados por becarios por lo que la polémica seguirá durante algún tiempo.
A mí lo que me llama la atención sobre esta noticia es lo siguiente:
Sobre el concepto de becario. ¿No se estarán refiriendo a alumnos en prácticas? Yo creo que es eso y que la palabra "becario" se ha utilizado para llamar la atención ya que parece que es una figura fetiche después de las peculiares relaciones que tuvo un presidente de Estados Unidos con una de sus becarias.
Sobre el uso de estudiantes en prácticas: Si todo se hace correctamente, existirá un convenio entre la residencia y el centro de formación y un plan de prácticas. Las empleadas en prácticas actuarán bajo la supervisión de un profesional del centro y no podrán ser utilizadas a los efectos de cálculos de la ratio de personal.
Con esto en mente y viendo lo que dice cada uno me atrevo a sacar conclusiones (que quizás estén equivocadas aunque no lo creo):
Es muy probable que, tratándose de una residencia pública, la ratio de personal esté sobredimensionada por lo que no veo por aquí el problema (Las residencias pública suelen tener unos niveles de absentismo más elevados que las de gestión privada y unas ratios superiores).
Más bien veo con optimismo que los gestores del centro están intentando racionalizar el coste del centro, algo que, según leemos en la noticia, no les ha preocupado demasiado hasta ahora. Me explico: La forma de defenderse de las acusaciones por parte del ayuntamiento es decir que los empleados de la residencia están tratados perfectamente con un sueldo superior a lo estipulado y haciendo 35 horas semanales, en vez de 37 horas y media que se exige. La pregunta es obvia ¿puede permitirse el ayuntamiento elevar el coste de atención a los residentes pactando esas condiciones?
A mi entender, es la misma historia que se repite: Cuando una administración presta un servicio público directamente, y tiene que negociar con los empleados las condiciones laborales, el que actúa por parte de la administración lo hace pensando en intereses políticos cortoplacistas (las próximas elecciones, evitar el escándalo..), así, ante una medida de presión, la administración cede y mejora las condiciones. Eso está muy bien para los empelados a corto plazo aunque contagia al centro una enfermedad que tiene un largo proceso de incubación pero cuando se manifiesta es mortal. A medida que se suceden los políticos timoratos que pactan pensando en el corto plazo el servicio público se hace más caro e ineficiente, sobre todo si se compara con otras formas de gestión (conciertos, gestión privada de centros públicos..). Cuando llega una situación de crisis como la que vivimos ahora se puede plantear la pregunta clave: ¿Por qué nos cuesta tanto mantener a una persona en una residencia pública si podríamos mantenerla en un centro concertado o público de gestión privada por mucho menos?.
La respuesta podría ser que los centros públicos dan un servicio mucho mejor, pero no hay pruebas que lo demuestren. Lo cierto es que son más caras porque son menos eficientes. Culpar a los empleados públicos es un error en el que nunca deberemos caer. Ellos han hecho lo lógico, han querido mejorar sus condiciones. El problema es que si quién hubiesen tenido delante, en vez de una administración, hubiese sido una empresa, probablemente ésta hubiera quebrado por no saber negociar.
Creo que si analizamos lo que pasa con los controladores aéreos podemos ver algo parecido: Durante muchos años nuestros gobernantes se han plegado a las exigencias de ese colectivo ante el temor a las devastadoras consecuencias de una huelga. Poco a poco, los controladores se han convertido en privilegiados y ahora se les estigmatiza y se les culpa de sus privilegios y se lanza el mensaje de que, por culpa suya ahora habrá que privatizar AENA. La imagen que se transmite es que, "cuando eso sea una empresa, ya verán".
Volviendo a las residencias. Estoy seguro de que en los próximos años vamos a vivir un interesante proceso de cambio de gestión de residencias públicas. Primero se irán intentando remiendos (como esto de los becarios o la externalizarían parcial) y después opciones más definitivas.
Además estoy seguro de que estos procesos no se producirán movidos por un posicionamiento político liberal por parte del gobernante sino como una reacción desesperada ante el miedo de caer al abismo.
Si estuviésemos en cualquier otro sector el problema sería meramente laboral (¿deben cotizar a la seguridad social?¿puede una entidad mercantil contar con voluntarios? ¿Se trata de un fraude?), pero en el campo de las residencias se añade la existencia de unas ratios de personal mínimas en las que, en ocasiones se ha intentado contar a los voluntarios
Como la cuestión se lleva planteando desde hace muchos años, en todas las comunidades autónomas se ha encontrado una solución a cómo deben computarse y en qué casos pueden aceptarse voluntarios, de forma que los problemas a este respecto ya no son generalizados.
Por eso me ha sorprendido que, arreglado lo de los voluntarios ahora aparezcan los "becarios" como elemento de desacuerdo.
Leo en Las Provincias que en una residencia pública de Sueca (Valencia), un sindicato ha denunciado que las suplencias de verano se están cubriendo con becarios, algo que según el sindicato deteriora las tareas del centro.
Desde el ayuntamiento niegan que se estén sustituyendo empleados por becarios por lo que la polémica seguirá durante algún tiempo.
A mí lo que me llama la atención sobre esta noticia es lo siguiente:
Sobre el concepto de becario. ¿No se estarán refiriendo a alumnos en prácticas? Yo creo que es eso y que la palabra "becario" se ha utilizado para llamar la atención ya que parece que es una figura fetiche después de las peculiares relaciones que tuvo un presidente de Estados Unidos con una de sus becarias.
Sobre el uso de estudiantes en prácticas: Si todo se hace correctamente, existirá un convenio entre la residencia y el centro de formación y un plan de prácticas. Las empleadas en prácticas actuarán bajo la supervisión de un profesional del centro y no podrán ser utilizadas a los efectos de cálculos de la ratio de personal.
Con esto en mente y viendo lo que dice cada uno me atrevo a sacar conclusiones (que quizás estén equivocadas aunque no lo creo):
Es muy probable que, tratándose de una residencia pública, la ratio de personal esté sobredimensionada por lo que no veo por aquí el problema (Las residencias pública suelen tener unos niveles de absentismo más elevados que las de gestión privada y unas ratios superiores).
Más bien veo con optimismo que los gestores del centro están intentando racionalizar el coste del centro, algo que, según leemos en la noticia, no les ha preocupado demasiado hasta ahora. Me explico: La forma de defenderse de las acusaciones por parte del ayuntamiento es decir que los empleados de la residencia están tratados perfectamente con un sueldo superior a lo estipulado y haciendo 35 horas semanales, en vez de 37 horas y media que se exige. La pregunta es obvia ¿puede permitirse el ayuntamiento elevar el coste de atención a los residentes pactando esas condiciones?
A mi entender, es la misma historia que se repite: Cuando una administración presta un servicio público directamente, y tiene que negociar con los empleados las condiciones laborales, el que actúa por parte de la administración lo hace pensando en intereses políticos cortoplacistas (las próximas elecciones, evitar el escándalo..), así, ante una medida de presión, la administración cede y mejora las condiciones. Eso está muy bien para los empelados a corto plazo aunque contagia al centro una enfermedad que tiene un largo proceso de incubación pero cuando se manifiesta es mortal. A medida que se suceden los políticos timoratos que pactan pensando en el corto plazo el servicio público se hace más caro e ineficiente, sobre todo si se compara con otras formas de gestión (conciertos, gestión privada de centros públicos..). Cuando llega una situación de crisis como la que vivimos ahora se puede plantear la pregunta clave: ¿Por qué nos cuesta tanto mantener a una persona en una residencia pública si podríamos mantenerla en un centro concertado o público de gestión privada por mucho menos?.
La respuesta podría ser que los centros públicos dan un servicio mucho mejor, pero no hay pruebas que lo demuestren. Lo cierto es que son más caras porque son menos eficientes. Culpar a los empleados públicos es un error en el que nunca deberemos caer. Ellos han hecho lo lógico, han querido mejorar sus condiciones. El problema es que si quién hubiesen tenido delante, en vez de una administración, hubiese sido una empresa, probablemente ésta hubiera quebrado por no saber negociar.
Creo que si analizamos lo que pasa con los controladores aéreos podemos ver algo parecido: Durante muchos años nuestros gobernantes se han plegado a las exigencias de ese colectivo ante el temor a las devastadoras consecuencias de una huelga. Poco a poco, los controladores se han convertido en privilegiados y ahora se les estigmatiza y se les culpa de sus privilegios y se lanza el mensaje de que, por culpa suya ahora habrá que privatizar AENA. La imagen que se transmite es que, "cuando eso sea una empresa, ya verán".
Volviendo a las residencias. Estoy seguro de que en los próximos años vamos a vivir un interesante proceso de cambio de gestión de residencias públicas. Primero se irán intentando remiendos (como esto de los becarios o la externalizarían parcial) y después opciones más definitivas.
Además estoy seguro de que estos procesos no se producirán movidos por un posicionamiento político liberal por parte del gobernante sino como una reacción desesperada ante el miedo de caer al abismo.
viernes, 22 de julio de 2011
LA MINISTRA, DISPUESTA A "REPENSAR"
Cuando ayer escribí sobre la propuesta de CiU de repensar la Ley de Dependencia no me di cuenta de que la Ministra ya había contestado en el parlamento.
Pues bien, la respuesta de la Ministra, según he leído en Discaptnet fue que "Estamos convencidos de que es necesario repensar y reformular la Ley de Dependencia", pero con un pequeño matiz: la Ministra emplazó a los grupos políticos a debatir sobre esta situación cuando estén listos los resultados de la evaluación de la ley, previsiblemente en octubre de este año.
¡Qué curioso! Justo cuando muchos periódicos van llenos de informaciones sobre un más que posible adelanto electoral la Ministra dice que lo bueno sería discutir las cosas en octubre.
Pues bien, la respuesta de la Ministra, según he leído en Discaptnet fue que "Estamos convencidos de que es necesario repensar y reformular la Ley de Dependencia", pero con un pequeño matiz: la Ministra emplazó a los grupos políticos a debatir sobre esta situación cuando estén listos los resultados de la evaluación de la ley, previsiblemente en octubre de este año.
¡Qué curioso! Justo cuando muchos periódicos van llenos de informaciones sobre un más que posible adelanto electoral la Ministra dice que lo bueno sería discutir las cosas en octubre.
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