¿BECARIOS EN RESIDENCIAS PÚBLICAS? O ¿ES OTRA COSA?

Una cuestión que resulta recurrente en la atención a personas mayores en residencias es el papel que deben o pueden cumplir los voluntarios.

Si estuviésemos en cualquier otro sector el problema sería meramente laboral (¿deben cotizar a la seguridad social?¿puede una entidad mercantil contar con voluntarios? ¿Se trata de un fraude?), pero en el campo de las residencias se añade la existencia de unas ratios de personal mínimas en las que, en ocasiones se ha intentado contar a los voluntarios

Como la cuestión se lleva planteando desde hace muchos años, en todas las comunidades autónomas se ha encontrado una solución a cómo deben computarse y en qué casos pueden aceptarse voluntarios, de forma que los problemas a este respecto ya no son generalizados.

Por eso me ha sorprendido que, arreglado lo de los voluntarios ahora aparezcan los "becarios" como elemento de desacuerdo.

Leo en Las Provincias que en una residencia pública de Sueca (Valencia), un sindicato ha denunciado que las suplencias de verano se están cubriendo con becarios, algo que según el sindicato deteriora las tareas del centro.

Desde el ayuntamiento niegan que se estén sustituyendo empleados por becarios por lo que la polémica seguirá durante algún tiempo.
A mí lo que me llama la atención sobre esta noticia es lo siguiente:

Sobre el concepto de becario. ¿No se estarán refiriendo a alumnos en prácticas? Yo creo que es eso y que la palabra "becario" se ha utilizado para llamar la atención ya que parece que es una figura fetiche después de las peculiares relaciones que tuvo un presidente de Estados Unidos con una de sus becarias.

Sobre el uso de estudiantes en prácticas: Si todo se hace correctamente, existirá un convenio entre la residencia y el centro de formación y un plan de prácticas. Las empleadas en prácticas actuarán bajo la supervisión de un profesional del centro y no podrán ser utilizadas a los efectos de cálculos de la ratio de personal.

Con esto en mente y viendo lo que dice cada uno me atrevo a sacar conclusiones (que quizás estén equivocadas aunque no lo creo):

Es muy probable que, tratándose de una residencia pública, la ratio de personal esté sobredimensionada por lo que no veo por aquí el problema (Las residencias pública suelen tener unos niveles de absentismo más elevados que las de gestión privada y unas ratios superiores).

Más bien veo con optimismo que los gestores del centro están intentando racionalizar el coste del centro, algo que, según leemos en la noticia, no les ha preocupado demasiado hasta ahora. Me explico: La forma de defenderse de las acusaciones por parte del ayuntamiento es decir que los empleados de la residencia están tratados perfectamente con un sueldo superior a lo estipulado y haciendo 35 horas semanales, en vez de 37 horas y media que se exige. La pregunta es obvia ¿puede permitirse el ayuntamiento elevar el coste de atención a los residentes pactando esas condiciones?
A mi entender, es la misma historia que se repite: Cuando una administración presta un servicio público directamente, y tiene que negociar con los empleados las condiciones laborales, el que actúa por parte de la administración lo hace pensando en intereses políticos cortoplacistas (las próximas elecciones, evitar el escándalo..), así, ante una medida de presión, la administración cede y mejora las condiciones. Eso está muy bien para los empelados a corto plazo aunque contagia al centro una enfermedad que tiene un largo proceso de incubación pero cuando se manifiesta es mortal. A medida que se suceden los políticos timoratos que pactan pensando en el corto plazo el servicio público se hace más caro e ineficiente, sobre todo si se compara con otras formas de gestión (conciertos, gestión privada de centros públicos..). Cuando llega una situación de crisis como la que vivimos ahora se puede plantear la pregunta clave: ¿Por qué nos cuesta tanto mantener a una persona en una residencia pública si podríamos mantenerla en un centro concertado o público de gestión privada por mucho menos?.

La respuesta podría ser que los centros públicos dan un servicio mucho mejor, pero no hay pruebas que lo demuestren. Lo cierto es que son más caras porque son menos eficientes. Culpar a los empleados públicos es un error en el que nunca deberemos caer. Ellos han hecho lo lógico, han querido mejorar sus condiciones. El problema es que si quién hubiesen tenido delante, en vez de una administración, hubiese sido una empresa, probablemente ésta hubiera quebrado por no saber negociar.

Creo que si analizamos lo que pasa con los controladores aéreos podemos ver algo parecido: Durante muchos años nuestros gobernantes se han plegado a las exigencias de ese colectivo ante el temor a las devastadoras consecuencias de una huelga. Poco a poco, los controladores se han convertido en privilegiados y ahora se les estigmatiza y se les culpa de sus privilegios y se lanza el mensaje de que, por culpa suya ahora habrá que privatizar AENA. La imagen que se transmite es que, "cuando eso sea una empresa, ya verán".

Volviendo a las residencias. Estoy seguro de que en los próximos años vamos a vivir un interesante proceso de cambio de gestión de residencias públicas. Primero se irán intentando remiendos (como esto de los becarios o la externalizarían parcial) y después opciones más definitivas.

Además estoy seguro de que estos procesos no se producirán movidos por un posicionamiento político liberal por parte del gobernante sino como una reacción desesperada ante el miedo de caer al abismo.

LA MINISTRA, DISPUESTA A "REPENSAR"

Cuando ayer escribí sobre la propuesta de CiU de repensar la Ley de Dependencia no me di cuenta de que la Ministra ya había contestado en el parlamento.

Pues bien, la respuesta de la Ministra, según he leído en Discaptnet fue que "Estamos convencidos de que es necesario repensar y reformular la Ley de Dependencia", pero con un pequeño matiz:  la Ministra  emplazó a los grupos políticos a debatir sobre esta situación cuando estén listos los resultados de la evaluación de la ley, previsiblemente en octubre de este año. 

¡Qué curioso! Justo cuando muchos periódicos van llenos de informaciones sobre un más que posible adelanto electoral la Ministra dice que lo bueno sería discutir las cosas en octubre.

¿"REPENSAR" LA LEY DE DEPENDENCIA?

Durante los útlimos tiempos, con la moda de la corrección política, parece que decir "destruir el sistema", "derogar una ley" o, simplemente "quitar algo", no es adecuado.  Queda mucho mejor "reinventar el sistema económico", "reinventar la democracia" o, algo que nos afecta más, y que apareceen una noticia reciente:  CiU ha pedido al Gobierno que "repiense" la Ley de Dependencia.

Si leemos la noticia veremos que lo que dice Carles Campuzano, diputado de CiU, es que la Ley no está cumpliendo con las expectativas generadas, que la financiación es insuficiente, que los plazos que impone no son los correctos, que plantea dificultades para valorar y reconocer el derecho y que, en definitiva, hace falta corregir las deficiencias que plantea.

Yo uniría la reflexión del Sr. Campuzano a las que podimos escuchar en Abril en el Congreso de Edad y Vida, sobre las que escribí entonces y concluiría, traduciendo del idioma políticamente correcto al roman paladín, que la Ley de Dependencia es un fracaso por múltiples motivos, que debería ser derogada sustituyéndola por otra y que el único motivo por el que esto no se hace es por el flujo de dinero que, aunque no se gaste con la finalidad pretendida, llega desde el Estado a las Comunidades Autónomas y de éstas a las familias.

¿Por qué entonces no dice las cosas más claras el Sr. Campuzano?  Yo creo que él tampoco quiere de verdad "repensar la Ley" sino garantizar que el flujo de dinero llegue con mayor abundancia a Cataluña. El motivo es claro: Una Ley que quiere unificar los derechos de todos los ciudadanos que viven en España estableciendo criterios comunes de valoración, acreditación, copago o calidad sólo puede ser vista como una amenaza por parte de quien postule el máximo autogobierno para su comunidad autónoma.  Al fin y al cabo, unificar criterios quiere decir renunciar a poder establecer los criterios que "tú" quieres para "tú" comunidad.

En mi humilde opinión lo que quiere el Sr. Campuzano es manifestar su descontento con la Ley de una forma que pueda ser atemperada con dinero.  Y ahora tiene ante sí a un interlocutor muy receptivo.

La Ley que fue apoyada por todos salvo por CiU y el PNV, acaba siendo la Ley que mejor se ajusta a las aspiraciones de autogobierno de ambos partidos. ¿Qué hay mejor que una Ley que nominalmente aspira a una unificación de criterios y derechos (o sea, a la cesión de competencias autonómicas en materia de servicios sociales hacia el Estado) pero que está tan mal hecha que no lo consigue en absoluto? La respuesta es sencilla: esa misma Ley si nos permite recibir más fondos para gestionarlos como creamos más adecuado.

Así que, los dos grande partidos no querrán derogarla porque la hicieron ellos y a los dos que suelen tener la llave de la gobernabilidad ya les está bien como está.

¿Qué opción nos queda?  Repensar, o sea, nada.