¿Son mejores las residencias de hoy que las de hace cinco años? La revista Consumer Eroski parece haber encontrado una respuesta a esta pregunta y ha decidido publicarla en su segundo informe (el primero fue en 2005) con el título “sigue habiendo poca plazas y cada vez son más caras”. Para redactarlo han visitado 125 residencias públicas, concertadas y privadas, concluyendo que la calidad ha mejorado e indicando que la mejor opción es hoy ingresar en una residencia pública o concertada.
Vale la pena leer el informe y pararse en un detalle: Los centros públicos tienen un precio medio de 1.174 Euros al mes frente a los 1500 de los privados (resultados parecidos a los del último informe de precios de residencias privadas de Inforesidencias.com que situaba el precio en unos 1.600€/mes). Pero ¿cuál es el coste de atender a los residentes que viven en residencia públicas? Esto, lógicamente, no aparece aunque yo me atrevería a apuntar que muy pocas plazas públicas gestionadas por la administración tienen un coste real inferior a los 3000€ que acaban saliendo en su mayor parte del presupuesto público.
Siguiendo con el informe, el 87% de las residencias públicas obtienen una calificación de “muy bien” frente a un 84% de las concertadas y un 73% de las privadas.
Hasta aquí todo muy bien pero, ¿se atrevería alguien a dar el siguiente paso y plantear una comparación “coste/resultado” entre los diferentes tipos de residencia? O sea, comparar cuánto le cuesta a la administración el mantenimiento de las plazas públicas y concertadas (y a los mayores la estancia en una residencia privada) viendo después el nivel de servicio que se recibe por ese precio. Para poder hacer esa comparación necesitaríamos para empezar algún dato más que no nos ofrece el informe ya que sería conveniente considerar por separado las residencias públicas gestionadas por la propia administración y aquéllas que tienen la gestión encomendada a una empresa.
Imaginemos que, después de obtener esos datos llegásemos a la conclusión que una plaza en una residencia pública gestionada por la administración cuesta 3.200€ al mes, una pública gestionada por una empresa 2.000€, una plaza concertada 1.700€ y una privada 1.500€. Sigamos imaginando y pensemos que descubriéramos que el nivel de calidad es parecido entre los tres primeros tipos y baja un poco en el cuarto. ¿Se imaginan cómo ayudaría a todos a comparar y a elegir?. Por desgracia no sabemos cuánto le cuesta a las administraciones una plaza de las públicas gestionadas directamente y, también por desgracia, a parte de iniciativas como las de Eroski, no tenemos estudios objetivos que nos permitan comparar los centros.
Si no se acompaña la comparación “objetiva” con una reflexión de “coste”, podría parecer que las residencias privadas cuestan más y son peores. Estoy seguro que muchas personas de las que han leído el informe sin más información, pensarán que las residencias públicas, por poco más de 1.100 Euros, dan mejores servicios que las privadas que encima son más caras. Estas personas acabarán, seguramente con la idea de que los empresarios del sector están haciendo algo incorrecto. Esto no sólo no es cierto sino que además puede abonar argumentos contrarios a la prestación privada de servicios de atención a mayores, un elemento sin el cual no será posible el desarrollo del sistema de dependencia.
domingo, 24 de mayo de 2009
viernes, 24 de abril de 2009
CONTRADICCIÓN IMPASIBLE
Esto de asistir a jornadas y congresos sobre el desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia se está empezando a convertir en un agradable pasatiempo. Una buena jornada tiene siempre a políticos, a poder ser de partidos diferentes que ofrecen datos, (con muchos números y gráficos) totalmente fiables aunque contradictorios entre los de unos y otros. Se acusan sin nombrarse de deslealtad y reclaman la cooperación de todos para que el desarrollo de la Ley sea un éxito. A veces, un representante de profesionales o patronales incomoda a las administraciones recordándoles que están aplicando mal la Ley al dar tantas ayudas económicas. Menos a menudo, un orador ocurrente mantiene la atención del público durante unos minutos e incluso les hace reír. Casi siempre, vuelves a casa con la idea de que algo se está haciendo pero no todo lo que se podría.
El II Foro Nacional de Derechos Sociales y Dependencias organizado en enero por el Consejo General de Diplomados en Trabajo aportó una novedad interesente que yo denominaría “la contradicción impasible”. En la mesa de presentación, Don Pedro Cerolo, concejal socialista del ayuntamiento de Madrid, hizo un encendido alegato a favor de los servicios sociales públicos de gestión directa. Su idea principal: en tiempos de crisis es cuando uno se sitúa de verdad a favor de los servicios públicos, esto es, contra la privatización de los mismos (posición progresista y de izquierdas) o a favor del recorte de gastos y la entrada de empresas (posición que defienden los “talibanes de lo privado”). Lo que tienen que hacer las administraciones, según Pedro Cerolo, no es concertar plazas o dar a gestión los centros públicos, sino inspeccionar y comprobar a fondo a las empresas que prestan servicios sociales para evitar abusos. En resumen, una opinión que he escuchado mil veces en diferentes foros y que he discutido en algunos de ellos.
Pero lo curioso y divertido no fue la intervención del concejal sino que, en las horas siguientes, los representantes del gobierno de Aragón y Baleares (correligionarios suyos) nos hablasen de las nuevas leyes de servicios sociales que están redactando y que acaban con la prohibición de concertación con la iniciativa privada y la gestión indirecta de centros públicos. O sea, que lo bueno es cambiar las Leyes para poder dar entrada a las empresas en el campo de la atención pública a mayores.
¿Se han vuelto los gobiernos aragonés y balear en “talibanes de lo privado”? No lo creo aunque nada comentaron de las palabras del diputado madrileño ante la que permanecieron en posición de “contradicción impasible”.
Como en tantas ocasiones se ha observado. La diferencia del discurso no la marca la ideología o el partido a que se pertenece sino el hecho de tener o no responsabilidades de gobierno. Los gestores públicos (sean de las siglas que sean) saben que tienen que garantizar con fondos públicos que los ciudadanos reciban los servicios e intentan que esto suceda de la forma más eficiente. Los políticos de la oposición saben que todavía hoy funciona el espantajo de “la privatización”.
Quizás un día el señor Cerolo sea concejal o consejero de servicios sociales. No me cuesta nada imaginarle entonces, firmando un concierto de plazas mientras escucha a Presuntos Implicados cantar “cómo hemos cambiado”.
Autor: Josep de Martí
El II Foro Nacional de Derechos Sociales y Dependencias organizado en enero por el Consejo General de Diplomados en Trabajo aportó una novedad interesente que yo denominaría “la contradicción impasible”. En la mesa de presentación, Don Pedro Cerolo, concejal socialista del ayuntamiento de Madrid, hizo un encendido alegato a favor de los servicios sociales públicos de gestión directa. Su idea principal: en tiempos de crisis es cuando uno se sitúa de verdad a favor de los servicios públicos, esto es, contra la privatización de los mismos (posición progresista y de izquierdas) o a favor del recorte de gastos y la entrada de empresas (posición que defienden los “talibanes de lo privado”). Lo que tienen que hacer las administraciones, según Pedro Cerolo, no es concertar plazas o dar a gestión los centros públicos, sino inspeccionar y comprobar a fondo a las empresas que prestan servicios sociales para evitar abusos. En resumen, una opinión que he escuchado mil veces en diferentes foros y que he discutido en algunos de ellos.
Pero lo curioso y divertido no fue la intervención del concejal sino que, en las horas siguientes, los representantes del gobierno de Aragón y Baleares (correligionarios suyos) nos hablasen de las nuevas leyes de servicios sociales que están redactando y que acaban con la prohibición de concertación con la iniciativa privada y la gestión indirecta de centros públicos. O sea, que lo bueno es cambiar las Leyes para poder dar entrada a las empresas en el campo de la atención pública a mayores.
¿Se han vuelto los gobiernos aragonés y balear en “talibanes de lo privado”? No lo creo aunque nada comentaron de las palabras del diputado madrileño ante la que permanecieron en posición de “contradicción impasible”.
Como en tantas ocasiones se ha observado. La diferencia del discurso no la marca la ideología o el partido a que se pertenece sino el hecho de tener o no responsabilidades de gobierno. Los gestores públicos (sean de las siglas que sean) saben que tienen que garantizar con fondos públicos que los ciudadanos reciban los servicios e intentan que esto suceda de la forma más eficiente. Los políticos de la oposición saben que todavía hoy funciona el espantajo de “la privatización”.
Quizás un día el señor Cerolo sea concejal o consejero de servicios sociales. No me cuesta nada imaginarle entonces, firmando un concierto de plazas mientras escucha a Presuntos Implicados cantar “cómo hemos cambiado”.
Autor: Josep de Martí
martes, 24 de febrero de 2009
PICOS, PALAS Y AZADONES..
Cuentan que el Gran Capitán, requerido por Fernando el Católico a presentar las cuentas detalladas de los gastos que había tenido durante una victoriosa campaña que culminó con la conquista de Nápoles, molesto por tener que entrar en detalles, presentó un documento entre jocoso e irónico que empezaba diciendo picos, palas y azadones, cien millones de ducados y seguía con frases como por reponer las campanas averiadas a causa del continuo repicar a victoria, ciento setenta mil ducados. Desde entonces “las cuentas del Gran Capitán” o la frase “picos, palas y azadones, cien millones” se utilizan como expresión irónica de toda justificación de gastos desorbitados, incoherentes y arbitrarios.
No sé por qué me ha venido a la cabeza esta anécdota cuando he leído una noticia aparecida en el Heraldo de Soria de 28 de diciembre de 2009 según la cual la Diputación Provincial se gasta una cuarta parte de su presupuesto de servicios sociales en mantener 350 plazas en 5 residencias públicas. Esto representa 16,8 millones de Euros.
Sólo hace falta sacar una calculadora para averiguar que cada una de las 350 plazas públicas le cuesta a la Diputación 4.000 Euros al mes y que cada empleado de una residencia del Burgo de Osma, de la que el artículo entra en más detalle, supone casi 3.000 Euros mensuales al erario público soriano.
Es indiscutible que las administraciones han de garantizar que haya plazas residenciales de calidad para personas dependientes. También lo es, que existen diferentes modelos de gestión entre los que puede optar cada administración para cumplir con su obligación. Pero no lo es menos que los poderes públicos están obligados por la Constitución a gastar de acuerdo con principios de eficiencia y economía.
Pongamos que, en vez de elegir la gestión pública se optase por contratar empresas para gestionar las residencias o, directamente por concertar plazas. Es muy posible que por 1.800 Euros/mes, encontrásemos más de una empresa (y más de dos) dispuestas a construir y gestionar centros. Pues bien, en ese caso, en vez de dar atención a 350 personas, con el mismo dinero se podría llegar a las 777.
Sin duda, si la Diputación no lo hace es porque es prisionera de su pasado. Es su día construyó residencias públicas y las empezó a gestionar directamente. Convertirlas hoy en centros de gestión privada generaría con seguridad conflictos laborales y de otros tipos que dan mucho miedo a los gobernantes. Es más sencillo gastar en el cuidado de 350 personas lo que cuesta cuidar a 700 que coger el toro por los cuernos y afrontar la situación. Los 350 no atendidos no son conscientes y no se quejarán.
También quedaría la opción de exigir cuentas a la gestión pública para saber cómo puede costar 4.000€ al mes la plaza pero correríamos el riesgo de que nos dijesen: sillas, camas y edredones, cien millones
No sé por qué me ha venido a la cabeza esta anécdota cuando he leído una noticia aparecida en el Heraldo de Soria de 28 de diciembre de 2009 según la cual la Diputación Provincial se gasta una cuarta parte de su presupuesto de servicios sociales en mantener 350 plazas en 5 residencias públicas. Esto representa 16,8 millones de Euros.
Sólo hace falta sacar una calculadora para averiguar que cada una de las 350 plazas públicas le cuesta a la Diputación 4.000 Euros al mes y que cada empleado de una residencia del Burgo de Osma, de la que el artículo entra en más detalle, supone casi 3.000 Euros mensuales al erario público soriano.
Es indiscutible que las administraciones han de garantizar que haya plazas residenciales de calidad para personas dependientes. También lo es, que existen diferentes modelos de gestión entre los que puede optar cada administración para cumplir con su obligación. Pero no lo es menos que los poderes públicos están obligados por la Constitución a gastar de acuerdo con principios de eficiencia y economía.
Pongamos que, en vez de elegir la gestión pública se optase por contratar empresas para gestionar las residencias o, directamente por concertar plazas. Es muy posible que por 1.800 Euros/mes, encontrásemos más de una empresa (y más de dos) dispuestas a construir y gestionar centros. Pues bien, en ese caso, en vez de dar atención a 350 personas, con el mismo dinero se podría llegar a las 777.
Sin duda, si la Diputación no lo hace es porque es prisionera de su pasado. Es su día construyó residencias públicas y las empezó a gestionar directamente. Convertirlas hoy en centros de gestión privada generaría con seguridad conflictos laborales y de otros tipos que dan mucho miedo a los gobernantes. Es más sencillo gastar en el cuidado de 350 personas lo que cuesta cuidar a 700 que coger el toro por los cuernos y afrontar la situación. Los 350 no atendidos no son conscientes y no se quejarán.
También quedaría la opción de exigir cuentas a la gestión pública para saber cómo puede costar 4.000€ al mes la plaza pero correríamos el riesgo de que nos dijesen: sillas, camas y edredones, cien millones
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