Mayo 2007
Uno de los debates que se reiteran con más insistencia cuando se habla de la atención a personas dependientes es el del coste de la atención. Sabemos que, según la comunidad podemos encontrar una plaza en residencia privada a precios que oscilan entre los 1.300 y los 3.000 euros/mes. La diferencia se justifica por lo variado de las normativas, calidades y en condicionantes de mercado. También sabemos que la mayoría de comunidades autónomas concierta plazas con la iniciativa privada estableciendo para ello un precio público que tiene oscilaciones altísimas de una comunidad a otra, pero ¿tiene justificación esa oscilación?. Ahora que tenemos un Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia que establece un común para todo el Estado, puede plantearse una pregunta: ¿estaría justificada la existencia de un precio público común?, y un paso más allá ¿Cuál debería ser ese precio público?
Sobre esas cosas iba yo cavilando cuando un amigo me envía una noticia sacada de un periódico según la cual construir una plaza penitenciaria cuesta 90.150 € y que a la administración pública le cuesta de media 60 euros al día la manutención de un interno en un centro penitenciario (sin imputar amortizaciones). El artículo (El Periódico, 17-09-2006) no tiene desperdicio, dice que en las prisiones hay masificación “hay seis personas por celda”. Las palabras del político buscan justificar la construcción de más cárceles.
Mi amigo me dice que en la residencia que dirige cobra la plaza pública de alta dependencia a 53,01€, que con ese precio tiene que afrontar las amortizaciones y una ratio de personal que supera el 0,5. Tiene contratados médico, enfermero, trabajador social, fisioterapeuta, psicólogo, educador social y otro personal. Además, él paga todos los salarios cada mes aunque tarde algo más en cobrar parte del precio público.
Sé que comparar, por el motivo que sea, una cárcel y una residencia suena fatal, pero hay un aspecto en el que sí puede hacerse. Son entornos que sustituyen (por motivos diametralmente opuestos) el domicilio de personas y en los que trabajan profesionales cualificados. Aunque sólo sea por eso debería poder establecerse un sistema objetivo de valorar cuál es el coste del servicio y, aunque sólo fuese por estética, en ninguna comunidad debería existir un precio público por dar atención las 24 horas del día a una persona dependiente menor al “coste neto” que tiene para la administración el mantenimiento de un recluso en un centro penitenciario.
jueves, 24 de mayo de 2007
martes, 24 de abril de 2007
Benchmarking. ¿Quién lo está haciendo mejor?
Abril 2007
Últimamente he disfrutado mucho asistiendo o participando en congresos y jornadas sobre la Ley de Dependencia y, en cada uno de esos actos, hay alguna mesa en la que representantes de tres o cuatro comunidades autónomas explican su sistema de contratación de atención domiciliaria, su original programa para que las empresas creen plazas en suelo público u otras iniciativas por el estilo. Siempre cada uno lo hace basándose en las “peculiares características” de la comunidad autónoma de manera que parece que en cada sitio se hace lo que “toca hacer”. Y yo me pregunto ¿no hay algún sistema que nos permita, de una forma objetiva, comparar las diferentes formas de gestionar de manera que podamos saber qué funciona mejor (y qué peor)?.
Lo primero que habría que comparar de una forma objetiva, a mi forma de ver, son los planes que se idearon a finales de los noventa y que hoy ya son una realidad: el “Plan Velocidad de Madrid”, el “sistema alemán” de Castilla la Mancha y el “Plan 9000” (después llamado “Plan Blasco”) de la Comunidad Valenciana. En los tres casos se nos presentaron como una forma de trasladar a la iniciativa privada el coste de la inversión en la construcción de residencias de forma que las administraciones sólo gastasen en servicio. En los tres casos se han construido y funcionan residencias y, también en los tres casos, cuando viajas por la comunidad en cuestión, escuchas opiniones más o menos favorables a la experiencia. ¿Podemos saber cuál de los tres programas es mejor? Para hacerlo deberíamos obtener datos básicos de los mismos que nos permitiesen, con la perspectiva del tiempo transcurrido cuál ha sido el sistema más eficaz y eficiente (qué sistema ofrece una mayor calidad a igualdad de gasto público), y cuál ha tenido efectos más positivos desde la perspectiva de los ayuntamientos que cedieron en algunos casos el suelo, la comunidad autónoma, los usuarios y las empresas . Quizá estaría bien tener un “grupo de control” formado por alguna comunidad que sólo utiliza el concierto.
Creo que sería fundamental, ahora que creamos un sistema de dependencia de ámbito estatal, que desde un ámbito no público (ni con posible vinculación partidista) se empezasen a hacer esas comparaciones ya que parece que la gran discusión sobre la Ley de Dependencia es la financiación pero, una vez se empiece a repartir dinero la verdadera duda será ¿está gastando mi comunidad autónoma el dinero de la dependencia de la forma más racional posible?. Difícilmente podremos saberlo si no disponemos de herramientas objetivas y fácilmente nos podremos ver embaucados por gestores poco eficientes que culpen “al otro” de la falta de recursos
¿Sería osado intentar hacer una comparación objetiva entre las residencias públicas gestionadas por la administración y las dadas a gestión privada?
Últimamente he disfrutado mucho asistiendo o participando en congresos y jornadas sobre la Ley de Dependencia y, en cada uno de esos actos, hay alguna mesa en la que representantes de tres o cuatro comunidades autónomas explican su sistema de contratación de atención domiciliaria, su original programa para que las empresas creen plazas en suelo público u otras iniciativas por el estilo. Siempre cada uno lo hace basándose en las “peculiares características” de la comunidad autónoma de manera que parece que en cada sitio se hace lo que “toca hacer”. Y yo me pregunto ¿no hay algún sistema que nos permita, de una forma objetiva, comparar las diferentes formas de gestionar de manera que podamos saber qué funciona mejor (y qué peor)?.
Lo primero que habría que comparar de una forma objetiva, a mi forma de ver, son los planes que se idearon a finales de los noventa y que hoy ya son una realidad: el “Plan Velocidad de Madrid”, el “sistema alemán” de Castilla la Mancha y el “Plan 9000” (después llamado “Plan Blasco”) de la Comunidad Valenciana. En los tres casos se nos presentaron como una forma de trasladar a la iniciativa privada el coste de la inversión en la construcción de residencias de forma que las administraciones sólo gastasen en servicio. En los tres casos se han construido y funcionan residencias y, también en los tres casos, cuando viajas por la comunidad en cuestión, escuchas opiniones más o menos favorables a la experiencia. ¿Podemos saber cuál de los tres programas es mejor? Para hacerlo deberíamos obtener datos básicos de los mismos que nos permitiesen, con la perspectiva del tiempo transcurrido cuál ha sido el sistema más eficaz y eficiente (qué sistema ofrece una mayor calidad a igualdad de gasto público), y cuál ha tenido efectos más positivos desde la perspectiva de los ayuntamientos que cedieron en algunos casos el suelo, la comunidad autónoma, los usuarios y las empresas . Quizá estaría bien tener un “grupo de control” formado por alguna comunidad que sólo utiliza el concierto.
Creo que sería fundamental, ahora que creamos un sistema de dependencia de ámbito estatal, que desde un ámbito no público (ni con posible vinculación partidista) se empezasen a hacer esas comparaciones ya que parece que la gran discusión sobre la Ley de Dependencia es la financiación pero, una vez se empiece a repartir dinero la verdadera duda será ¿está gastando mi comunidad autónoma el dinero de la dependencia de la forma más racional posible?. Difícilmente podremos saberlo si no disponemos de herramientas objetivas y fácilmente nos podremos ver embaucados por gestores poco eficientes que culpen “al otro” de la falta de recursos
¿Sería osado intentar hacer una comparación objetiva entre las residencias públicas gestionadas por la administración y las dadas a gestión privada?
sábado, 24 de marzo de 2007
EL COSTE DE LA PROFESIONALIZACIÓN
Marzo de 2007
Hace unos años me invitaron a hablar en el acto de presentación de una normativa sobre residencias que se acababa de aprobar en una comunidad autónoma. El responsable político en su intervención explicó el gran avance que supondría la nueva reglamentación por la apuesta que hacía por la profesionalización del sector, entendiendo como tal la contratación de más personal con titulación universitaria (en aquél caso, médicos, enfermeros, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas). Cuando acabó la explicación del político una persona del público dijo que en la zona de montaña en la que tenía su residencia no había ningún terapeuta ocupacional y que el único médico tenía incompatibilidad para trabajar fuera de la seguridad social. La respuesta, en tono tranquilizador fue que, en la aplicación de la nueva normativa, se actuaría desde la administración con flexibilidad y realismo ya que lo importante era que cada vez la atención a mayores fuera más “profesionalizada”.
Durante un tiempo pensé que el problema de encontrar determinados profesionales sería algo circunscrito entorno rural, pero estaba equivocado. Hoy resulta casi imposible encontrar a un (o una) diplomado en enfermería dispuesto a trabajar en una residencia con el salario que establece para ese profesional el convenio colectivo vigente.
Hablando con el gerente de un colegio de enfermería supe que, si se está dispuesto a pagar 2.100 Euros al mes es fácil encontrar a enfermeros/as dispuestos a trabajar en una residencia. Incluso supe que algunos colegios no aceptan en sus bolsas de trabajo ofertas de empresas por debajo de esa cantidad. Cuando le comenté que el salario base de un DUE en el convenio estatal era en 2006 de 1.073,66 € me dijo que ya lo sabía y que no lo consideraba como digno de un profesional. Su razonamiento era que lo que se debe tener en cuenta es el trabajo y no dónde lo desempaña, o sea que, el salario de un diplomado en enfermería de una residencia privada no puede ser la mitad del de una residencia pública o de un hospital. Independientemente de la validez o no del argumento, lo que es indiscutible es que la ley de la oferta y la demanda hace que el salario convenio se convierta, en el caso de algunas categorías, en algo meramente testimonial.
La recientemente aprobada Ley de Dependencia hace una nueva apuesta por la calidad y la profesionalización de la atención a personas dependientes mediante la determinación de las cualificaciones profesionales idóneas, los programas y las acciones formativas que sean necesarios. Supongo que eso quiere decir formar a los gerocultores de forma que acaben obteniendo un título reconocido en toda España, aumentar el número de profesionales y formarlos para que se especialicen en el cuidado a personas dependientes. Quizás incluso, exigir que todos los enfermeros del sistema tengan la nueva especialidad en geriatría. La duda es: ¿se ha tenido en cuenta que en toda persona que se forma y se especializa se genera una legítima expectativa de ganar más dinero?
Si los números están hechos pensando que un gerocultor seguirá ganando 800 euros al mes y una enfermera 1.073 tendremos que elegir una entre varias opciones: metemos más dinero en el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia; aplicamos criterios de “flexibilidad” olvidándonos de la profesionalización; optamos por dar dinero a los cuidadores dejando de lado la atención profesional o, sencillamente nos olvidamos del cuarto pilar del estado de bienestar.
Hace unos años me invitaron a hablar en el acto de presentación de una normativa sobre residencias que se acababa de aprobar en una comunidad autónoma. El responsable político en su intervención explicó el gran avance que supondría la nueva reglamentación por la apuesta que hacía por la profesionalización del sector, entendiendo como tal la contratación de más personal con titulación universitaria (en aquél caso, médicos, enfermeros, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas). Cuando acabó la explicación del político una persona del público dijo que en la zona de montaña en la que tenía su residencia no había ningún terapeuta ocupacional y que el único médico tenía incompatibilidad para trabajar fuera de la seguridad social. La respuesta, en tono tranquilizador fue que, en la aplicación de la nueva normativa, se actuaría desde la administración con flexibilidad y realismo ya que lo importante era que cada vez la atención a mayores fuera más “profesionalizada”.
Durante un tiempo pensé que el problema de encontrar determinados profesionales sería algo circunscrito entorno rural, pero estaba equivocado. Hoy resulta casi imposible encontrar a un (o una) diplomado en enfermería dispuesto a trabajar en una residencia con el salario que establece para ese profesional el convenio colectivo vigente.
Hablando con el gerente de un colegio de enfermería supe que, si se está dispuesto a pagar 2.100 Euros al mes es fácil encontrar a enfermeros/as dispuestos a trabajar en una residencia. Incluso supe que algunos colegios no aceptan en sus bolsas de trabajo ofertas de empresas por debajo de esa cantidad. Cuando le comenté que el salario base de un DUE en el convenio estatal era en 2006 de 1.073,66 € me dijo que ya lo sabía y que no lo consideraba como digno de un profesional. Su razonamiento era que lo que se debe tener en cuenta es el trabajo y no dónde lo desempaña, o sea que, el salario de un diplomado en enfermería de una residencia privada no puede ser la mitad del de una residencia pública o de un hospital. Independientemente de la validez o no del argumento, lo que es indiscutible es que la ley de la oferta y la demanda hace que el salario convenio se convierta, en el caso de algunas categorías, en algo meramente testimonial.
La recientemente aprobada Ley de Dependencia hace una nueva apuesta por la calidad y la profesionalización de la atención a personas dependientes mediante la determinación de las cualificaciones profesionales idóneas, los programas y las acciones formativas que sean necesarios. Supongo que eso quiere decir formar a los gerocultores de forma que acaben obteniendo un título reconocido en toda España, aumentar el número de profesionales y formarlos para que se especialicen en el cuidado a personas dependientes. Quizás incluso, exigir que todos los enfermeros del sistema tengan la nueva especialidad en geriatría. La duda es: ¿se ha tenido en cuenta que en toda persona que se forma y se especializa se genera una legítima expectativa de ganar más dinero?
Si los números están hechos pensando que un gerocultor seguirá ganando 800 euros al mes y una enfermera 1.073 tendremos que elegir una entre varias opciones: metemos más dinero en el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia; aplicamos criterios de “flexibilidad” olvidándonos de la profesionalización; optamos por dar dinero a los cuidadores dejando de lado la atención profesional o, sencillamente nos olvidamos del cuarto pilar del estado de bienestar.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)