PLAZAS LIBRES EN RESIDENCIAS

Últimamente, cada vez que hablo con un propietario de residencia sale a la conversación el que, por primera vez en mucho tiempo, casi todos los centros tienen plazas vacantes. Quizá esto es más cierto en capitales como Madrid o Barcelona, pero es algo que se va extendiendo por otras ciudades.

Es cierto que se está produciendo la apertura casi simultánea de todas las residencias que se proyectaron hace unos cinco años, cuando la opinión dominante era que debían construirse establecimientos de alta calidad en las capitales de provincia, pero también lo es que, muchas de las personas que hoy hubiesen sido clientes de una residencia, murieron a causa de la guerra civil por lo que, durante unos años y, por motivos puramente demogràficos, se produce una pasajera contracción de la demanda.

También influye en la situación actual el que algunas comunidades autónomas embarcadas en proyectos de aumento de la cobertura pública (léase “plan velocidad”, “sistema alemán”, “plan 9.000” o “Acogimiento residencial”) se planteen hacer reajustes en el más tradicional sistema de concierto, lo que para muchas residencias asentadas supone una reducción en un tipo de ingresos que ya se consideraban seguros.

Un síntoma de la preocupación existente es la convocatoria que hace la patronal catalana ACRA a todos sus asociados a una reunión que lleva por título “¿Está en peligro el futuro de nuestro sector?”. Otro, el gran movimiento que se produce en las estructuras accionariales del sector. Y no me refiero sólo a cadenas que cambian de manos o que se reestructuran a fondo, sino también del floreciente mercado de la compra/venta/traspaso de residencias de pequeño y mediano tamaño. Al menos tres empresas se dedican, casi en exclusiva a la intermediación (con más éxito en comunidades autónomas cuya legislación no obligue a adaptarse a nuevas normativas cuando se cambia de dueño) y sólo hay que leer con atención esta publicación o portales como Inforesidencias.com para ver que las transacciones crecen.

Con toda seguridad, cuando se abran las residencias que están en estado avanzado de construcción (700 en 2005 según el estudio de la Federación Nacional) habrá un parón en el aumento de oferta ya que en muchos círculos se habla de la necesidad de reflexionar.

¿Será la situación una travesía del desierto en que quedarán cuerpos por el camino? No lo creo, pero si es así, esperemos que pronto nos llueva el maná de la Ley que prevea la financiación de la dependencia.

Autor del post Josep de Martí

DESNUTRICION Y RESIDENCIAS

Hacía mucho tiempo que una noticia referida a residencias no tenía tanta repercusión como el estudio elaborado por la SEGG (Sociedad Española de Geriatría y Gerontología) y la Federación Española de alimentación y Dietética (FESNAD), y lo más curioso no es el resultado del estudio sino la forma en que los medios de comunicación lo han reflejado.

Para aquellos a los que no ha llegado la polémica, resulta que se publicó que el estudio decía que entre uno y dos tercios de las personas ingresadas en residencias padecen desnutrición (con titulares como “Un tercio de los mayores que viven en residencias padecen anorexia”). Lo curioso es que había periódicos en los que las residencias salían bien paradas ya que en ellos se informaba que los mayores mejor alimentados eran los que vivían en sus casas “seguidos de los que viven en residencias”, mientras que otros ponían más el peso en lo de la mitad de residentes desnutridos. Incluso un rotativo como “El Periódico de Catalunya” se hico eco de la noticia dos veces y con dos enfoques contradictorios.

En los días sucesivos no faltaron quejas de muchas residencias, comunicados de prensa de asociaciones, empresas e incluso representantes de comunidades autónomas como la asturiana, en los que se cuestiona el informe por no coincidir con otros realizados con anterioridad o por considerar que dar los datos de forma telegráfica y sin matizaciones desprestigia a todo un sector en el que la mayoría trabaja bien.

Creo que en este caso hay que dejar de lado el contenido del estudio en sí y fijarnos en un curioso detalle. Si leemos las diferentes noticias publicadas parece que haya dos estudios y no uno ¿a qué se debe esto? Pues yo creo que se hicieron dos presentaciones. En la primera se destacaba lo mal nutridos que estaban los ancianos que vivían solos y lo bien que estaban los que vivían con sus familias (seguidos en orden de bienestar por los que vivían en residencias). ¿Resultado? Poca relevancia mediática. La segunda presentación hizo hincapié en lo mal nutridos que están los mayores que viven en residencias y ¡Bingo! Páginas y páginas de tinta. El que el informe indique que los que están ingresados en hospitales están peor nutridos que los que viven en residencias (siempre según el estudio), no merece titulares. Como tampoco los merece otro estudio hecho público durante las mismas fechas según el cual el 30% de los mayores que viven en residencias valencianas padecen sobrepeso.

Es triste que todavía nuestro sector tenga tanto de “carnaza mediática”.

Quizá mi análisis sea erróneo y tenga que pedir disculpas. Por desgracia, no lo creo.

DISPERSIÓN NORMATIVA

Desde hace unos veinte años, las comunidades autónomas son competentes en todo aquello que afecta a servicios sociales y, en consecuencia a las residencias de mayores. La consecuencia es que cada comunidad ha ido creando un modelo diferente en el que varía el sistema de autorización, las condiciones arquitectónicas, los requisitos de personal e incluso el concepto mismo de lo que se conoce como residencia.

En la actualidad, algunas comunidades establecen requisitos diferentes para residentes válidos y asistidos, otras no lo hacen o establecen no dos, sino varios niveles de dependencia. Las hay que concretan exigencias específicas según el tamaño de la residencia o que consideran “sociosanitario” un servicio que en otra comunidad sería puramente social o quizá “algo sanitario”. También existen diferentes medidas para saber quién es “mayor” a los efectos de poder ingresar en una residencia y para saber quién es dependiente (cada comunidad utiliza los tests validados que consideran más adecuados o crean los suyos propios). Esto lleva a que en la actualidad no se pueda hablar de España cuando se trata de requisitos normativos.

¿Tienen relevancia las diferencias? Si consideramos que, sólo en lo que respecta a personal (o sea dejando a un lado lo arquitectónico), de una comunidad a otra el número mínimo de personal puede doblarse y dependiendo de donde estemos se exigirá o no enfermería, terapeuta ocupacional, trabajador social, animador u otros profesionales, la respuesta sólo puede ser positiva. Si quieren ver alguna de las diferencias entren en los cuadros que hay en el capítulo de reglamentación de www.inforesidencias.com.

La tendencia, además viene siendo el incrementando los requisitos (especialmente los arquitectónicos, de personal y de acreditación de calidad) y el endureciendo del régimen sancionador (algunas prevén sanciones de 300.000 Euros, cierre, inhabilitación y publicación en la prensa de las sanciones a cargo del sancionado).

Con toda seguridad la existencia de normativas tan dispares y el también dispar grado de exigencia de las mismas sea una de las causas del amplio abanico de precios que se cobran en residencias privadas de diferentes comunidades (sólo hay que ver el artículo publicado recientemente en Negocios y Gestión Residencial).

¿Hace falta armonizar las normativas? La respuesta no es sencilla. Por supuesto que la administración autonómica está más cercana al ciudadano y puede crear modelos más ajustados a cada realidad. No obstante, quizá deberíamos ponernos de acuerdo todos en el número de servicios higiénicos necesarios, la amplitud de los comedores o el número de auxiliares que se necesitan como mínimo para dar un buen servicio, y en eso no creo que seamos tan diferentes los catalanes de los canarios o los riojanos.