A VUELTAS CON EL IVA "¿UNA MUY BUENA NOTICIA?"

Hace pocos días, al mirar el correo electrónico, el título de un mensaje estuvo a punto de alegrarme el día: "Muy buena noticia para el sector catalán: El IVA de las plazas colaboradoras ".  El mensaje me lo enviaban desde ACRA, (Associació Catalana de Recursos Assistencials), una entidad que no es muy dada a los títulos rimbombantes.  Después de leer el mensaje entendí que lo que yo entiendo por una "muy buena noticia" difiere de lo que entienden en ACRA.

Este es el mensaje

La Generalitat elaborará un informe jurídico considerando las plazas colaboradoras como plazas de la red pública, equiparándolas así a nivel tributario con las concertadas 

Después de muchos años reivindicando la aplicación del tipo superreducido de IVA a todos los servicios de dependencia, ayer representantes de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) mantuvieron una reunión con la Directora General del ICASS, Carmela Fortuny, que mostró la disposición de la Generalitat de ponerse junto a ACRA, al considerar las plazas colaboradoras como plazas dentro de la red pública, tal y como ya pasa con las plazas concertadas. Hasta ahora, Cataluña es  la única Comunidad Autónoma que cuenta con una diferenciación en las plazas que la Administración contrata con el sector privado dependiendo si estás se han generado antes o después de la aplicación de la Ley de la Dependencia.  

En este sentido, Fortuny anunció que desde el ICASS se elaborará un informe jurídico para dar base legal a este argumento, que equipararía a nivel tributario las plazas concertadas y colaboradoras, cosa que significará que las 18.000 plazas colaboradoras existentes pasen a tributar al 4% del tipo superreducido de IVA. ACRA considera éste como un paso imprescindible en el camino del reconocimiento de los servicios asistenciales como servicios de primera necesidad, con todas las consecuencias positivas que esto tiene que comportar tanto para los usuarios, como para la reactivación económica de un sector capaz de garantizar una ocupación estable y localizada.

PEVS y privadas

Aun así, la reivindicación de ACRA sigue siendo la aplicación del tipo superreducido a todos los servicios de dependencia y, una vez resuelto el tema de las plazas colaboradoras, también se tendrá que revisar la tributación de las plazas ocupadas por usuarios con Prestación Económica Vinculada a Servicio (PEVS), así como la de las plazas privadas.

En cuanto a las primeras, este martes pasado tuvo lugar otra provechosa reunión, en este caso en Madrid, con el Director General del Imserso, César Antón, quién aceptó el hecho de pedir al Gobierno central que, mientras no se consiga el IVA superreducido para todos los servicios de dependencia, haga una corrección de errata del Real decreto-Ley 20/2012, en el sentido de eliminar el requisito legal que exige que para aplicar el tipo del 4%, las PEVS tengan que cubrir un 75% del precio del servicio, dado que este requisito es de imposible cumplimiento en Cataluña.

Mientras que, en cuanto a las plazas privadas, la Asociación espera contar próximamente con otro informe jurídico a través de la FED, así como conseguir las firmas necesarias para poner en marcha una iniciativa legislativa popular para solicitar al Gobierno que todos los servicios de atención a la dependencia tributen al tipo de IVA superreducido.

He leído y releido el mensaje intentando encontrar la "muy buena" noticia y lo que he sido capaz de encontrar es "la semilla de lo que podría llegar a ser una muy buena noticia".

Pasados unos día, hoy  UPIMIR, (Unión de Pequeñas y Medianas Empresas de Cataluña) dice en el foro de Inforesidencia que Desde nuestra patronal nos congratulamos al poder informar que gracias al esfuerzo de nuestro departamento legal, el cual en Julio informo a la Conselleria de la manera legal que existia de que las plazas colaboradoras tributasen un IVA de solo el 4 % hoy se nos ha comunicado que dicha informacion sera la utilizada para en breve poder modificar tal tributacion impositiva. Buen trabajo. Tienes mas informacion en nuestra web 

Quizás con la edad me vuelvo cínico y desconfiado pero, cuando alguien parece cambiar de opinión sobre algo me gusta entender la motivación de ese cambio.  Me cuesta creer que las cosas pasen "porque sí".

Veamos los antecedentes.

La importancia que tiene el IVA de las plazas en residencias colaboradoras en Cataluña no viene tanto de la cifra en sí, sino del hecho de que siempre se ha considerado por parte de la Administración que el precio máximo que puede cobrar una residencia que atiende a un residente "de colaboración" es una cantidad "IVA Incluido".  Esta interpretación ha hecho que en las dos últimas subidas del IVA las residencias colaboradoras hayan tenido que, bien asumir ellas la subida bajando el precio (lo que les ha hecho perder un 3%) o encontrar fórmulas creativas les permitiesen evitar esa merma.

Durante este tiempo, tanto ACRA, como yo mismo, hemos argumentado, por un lado que el precio de las tarifas públicas debería entenderes "más IVA" y por el otro que todos los servicios de atención a la dependencia, sin importar quién los recibe, quién los presta y quién los paga, deberían estar sometidos al IVA superreducido del 4%.

La Generalitat, hasta ahora ha sido refractaria a estas argumentaciones y ahora, de repente apoya que las plazas de colaboración se asimilen a las de concierto en lo que a aplicación de IVA se refiere, y pasen a someterse al 4%.

¿Qué dudas me plantea todo esto?

En primer lugar, lo que se nos está diciendo es que la Generalitat redactará un informe jurídico para dar base legal al argumento de que las plazas de colaboración se pueden equiparar a las concertadas.  Pero, ¿No sería mejor esperar a dar la buena noticia a tener ese informe jurídico?  .  Yo creo que el informe existe, bien en papel o como esquema en la cabeza de algun jurista del Departament, y lo que el informe dice es que las plazas de colaboración son equiparebles a las Prestaciones Económicas Vinculadas más que a las concertadas.  No olvidemos que en un concierto la residencia factura el 100% del precio de estancia a la administración y que, tanto en las PEV como en las colaboradoras, se factura el 100% al residente (aunque una parte lo pague la administración).  No olvidemos, tampoco que tanto el PEV como el Programa de Suport a l'Acolliment Residencial tienen caràcter de prestación económica que, teóricamente, recibe el usuario, no la residencia.  Me gustará mucho ver el informe jurídico que ahora nos anuncian y, espero de todo corazón que encuentren argumentos lo suficientemente contundentes como para que el receptor de ese informe, o sea el Ministerio de Hacienda, lo acepte.

Ahí está la segunda mi segunda duda.  Aceptemos que se elabora el informe y que ICASS dice que lo que hasta ahora era una cosa, ahora será fiscalmente otra.  A partir del mes siguiente las residencias cambian el tipo de IVA y pasan del 10 al 4%. ¿Qué diría Hacienda?  ¿Aceptaría el informe y rebajaría su recaudación o pondría pegas?  Yo creo que Hacienda leerá con interés el informe jurídico y después abrirá el BOE de 12 de julio dónde dice que el IVA del 4% sólo cuando los servicios se presten en plazas concertadas en centros o residencias o mediante precios derivados de un concurso administrativo adjudicado a las empresas prestadoras, o como consecuencia de una prestación económica vinculada a tales servicios que cubra más del 75 por ciento de su precio.  ¿Cuál sería entonces el papel del ICASS?

Esto me lleva a la tercera duda que es la del calendario.  En Cataluña en cincuenta días estaremos votando en unas elecciones de las que saldrá un Parlament que elegirá a un nuevo gobierno.  O sea que, o se dan mucha prisa o entre encargar el informe, tenerlo, difundirlo, convencer a Hacienda y aplicar el nuevo tipo, nos vamos mucho más allá de Navidad.

¿Será entonces Carmela Fortuny la Directora General del ICASS? ¿Será Josep Lluís Cleries el Conseller?  Quizás sí, quizas no.  Lo que está claro es que quien ahora genera la noticia no sabe con seguridad si estará en la silla cuando esta pueda surtir efectos.

Y aún me queda una última duda que yo llamaría efecto bumerang. ¿Sería posible que, una vez aceptado que el IVA de las plazas de colaboración es del 4% la Generalitat también aceptase que los precios de la Cartera de Serveis se deben entender todos "sin IVA"?  Si así lo hiciese podría producirse una perversión tal  que podría suponer una merma adicional de unos 40€ al mes.

Me explico.

Imaginemos un usuario de plaza colaboradora que paga IVA incluido  1.650€ al mes.  Esto quiere decir que lo que paga es 1500€ más el 10% de IVA.

Qué dos escenarios podrían suceder:

1.  La Generalitat sigue aceptando que el precio de 1.650€ es "IVA Incluído" con lo que el ciudadano pagaría lo mismo pero con un desglose diferente 1.586€ más el 4% de IVA .  En ese caso la residencia vería un incremento real de 86€ al mes por residente.

2. La Generalitat decide que el precio  debe considerarse "Más IVA".  En ese caso podría decir, "El ciudadano te seguirá pagando los 1.500€ sobre los que se aplicará un IVA del 4% con lo que pasa a pagar un total de 1.560€.  En ese caso la residencia no gana ni pierde y es el ciudadano el que pasa a pagar 90€ menos al mes.

Ahora pongámonos en los zapatos de un político ¿Qué prefieres, subir 86€ al mes lo que cobran unos centenares de residencias o bajarles 90€ al mes lo que pagan 18.000 personas?  A tí no te va a costar nada ya que en ambos casos quien ingresará menos es otra administración.

Esta cuarta duda es la que me da más miedo.

Creo que la solución al problema es la que plantea, entre otros ACRA:  La aplicación del tipo superreducido (4%) a todos los servicios a la dependencia con independencia de quien los preste.  Pero eso es algo de se debería regular a nivel estatal.  Esa sí sería una "muy muy buena noticia".

Lo que yo veo ahora es una maniobra muy inteligente por parte de la Generalitat.  Darán un golpecito en el hombro del sector de las residencias en forma de un informe que, si dice lo que quieren que diga, servirá para que las residencias hagan algo que, si Hacienda acepta podría beneficiarlas,  y si Hacienda lo no acepta, permitirá desviar la atención hacia un tercero. Encima, se quedan en la manga la carta de convertir todo en algo con efecto neutro para las residencias pero que pueda venderse como un descuento de 90€ para 18.000 personas.

Si me estoy equivocando y resulta que mi cinismo no me ha dejado ver lo bueno de la noticia, me alegraré  por las residencias de ancianos y dejaré esta entrada para que todo el mundo vea lo mal que analicé la situación.  Si en cambio no me he equivocado lo sentiré mucho.

LAS DOS CARAS DE LA MONEDA

Después de años diciendo que la Ley de la Dependencia era insostenible, que los datos de base (el Libro Blanco de la Dependencia) no parecían correctos, que era imposible que triunfase si para hacerlo dependía de un acuerdo anual entre el Estado y cada comunidad autónoma, y muchas otras cosas.  Ahora que los hechos parecen darme la razón me entristece no haberme equivocado.

La reforma de la Ley del pasado mes de Julio, que muchos han dicho que la mataba no pasa de ser un intento por maquillar el cadáver. Y eso es aún más triste.

Los datos que va publicando el Sistema de la Dependencia parecen incontestables.  Los de Septiembre han reflejado 4.801 beneficiarios menos que el mes anterior, 4.354 solicitudes y 7.953 dictámenes menos, 4.459 grandes dependientes y 2.298 graves dependientes menos que en los dictámenes del mes anterior o 6.188 prestaciones y servicios menos, algo que ha hecho decir al presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que la Ley muere de inanición y que, ante esta situación sólo caben dos valoraciones posibles: o se trata de una demolición cruel y calculada de la Ley de dependencia o bien se ha cometido una torpeza de tal calibre que exigiría la dimisión de más de un responsable ministerial.

Pero, ¿son realmente esas las dos únicas explicaciones a lo que sucede?  El gobierno no parece resignado a a aceptar que la Ley haya muerto o que ellos la estén estrangulando.  Por eso, en vez de fijarse en si los números han bajado en el último mes prefieren ver el vaso medio lleno al decir que De enero a septiembre de 2012, las solicitudes han aumentado en más de 21.000 y las resoluciones de valoración se han incrementado en más de 27.000. “Además, a 1 de septiembre, y con respecto al 1 de enero, hay 43.000 beneficiarios más y menos personas en lista de espera. Por tanto, el Sistema sigue incorporando dependientes e incrementando resoluciones y beneficiarios. El Sistema está vivo y, aunque los dependientes moderados no se incorporarán hasta 2015, confío en que la situación económica prospere”.

No cabe duda que al tomar la decisión de recortar la Ley de Dependencia el gobierno debió prever que habría contestación pero, ¿Fue una decisión adecuada en su contexto?  Está claro que para muchas personas y para la Asociación de Directoras fue una decisión, por lo menos equivocada.  Parece como si se hubiese decidido quitar el dinero de la dependencia para dárselo a los bancos.  Pero de nuevo aquí hay otra posible explicación.  El gobierno defiende que, cuando ellos llegaron “Las Administraciones habían gastado 2.700 millones de euros más de lo estimado; había 400.000 dependientes más de los previstos, de ellos 225.000 grandes dependientes; y la deuda a la Seguridad Social por los cuidadores en el entorno familiar ascendía a más de 1.000 millones de euros”. Como consecuencia, actualmente hay más de 300.000 personas que están a la espera de recibir servicio o prestación. 

O sea que, si les creemos, ni siquiera están sacando el dinero de la Dependencia para gastarlo en otra cosa, sino que, sencillamente han reformado la Ley para que ésta deje de generar deuda o para que la genere en menor medida.

Las dos preguntas claves son ¿Podría haberse mantenido la Ley tal como estaba? y ¿Serán suficiente la reforma introducida para mantenerla en el tiempo?

Entiendo que, desde la perspectiva de algunos familiares de dependientes que están cobrando la prestación económica, aunque sea en su versión reducida, y que están viviendo una situación económica muy difícil, la opción de continuar recibiendo, aunque sean 200 euros al mes (más la pensión íntegra del mayor) y tener al dependiente en casa continuará siendo preferible a un servicio profesional sometido a copago.  Pero continuo pensando que la Ley tiene por función garantizar que las personas dependientes reciban servicios de calidad que les permitan mantener la máxima autonomía durante el mayor tiempo posible.  Hoy en día las prestaciones económicas para el cuidado familiar siguen suponiendo el 45% del total (el 68% en Baleares y el 60% en Cataluña).  Por eso, existe un tramo enorme para aumentar las atenciones profesionales.

En poco tiempo hemos oído a la Fundación Iniciativas diciendo que la atención a la dependencia podría crear 600.000 puestos de trabajo o al Presidente de la FED hablando de la obligación ética de atender a los Dependientes con atención profesional y evitar que se hunda todo un sector.  En ambos casos la clave la centran en que los ahorros que generen las medidas tomadas sobre la Ley sean reinvertidos en la atención a los dependientes.

Si oímos lo que dice el secretario de Estado, "Ahorrar en dependencia para invertir en dependencia".  Parece que la cosa podría ir en el buen camino pero, cuando se leen las previsiones sobre cómo serán los próximos presupuestos las incógnitas vuelven a aparecer.

Espero que el Presidente del Gobierno lea esta frase aparecida en una noticia en el Diario el Pais refiriéndose al estudio de la Fundación Iniciativas

La Ley de Dependencia podría crear más de 600.000 empleos antes de 2015 "No hay otro sector donde se pueda conseguir un crecimiento tan rápido y con tan poca inversión" asegura Ángel Rodríguez Castedo, uno de los autores del estudio. El documento arguye que se puede conseguir hasta 300.000 empleos en un año con una inversión de 6.000 millones de euros al año, una cifra que consideran poca, comparada "por ejemplo con los más de 34.000 millones destinados a financiar Bankia"

UN SISTEMA ESTABLE Y SOSTENIBLE

Justo antes del verano tuve la ocasión de asistir en la misma semana a la inauguración de una residencia de mayores con presencia del Presidente de la Generalitat, a una conferencia del conseller Cleries y me tocó impartir una charla sobre la situación de la acreditación de residencias en Cataluña.

Han pasado tres meses y la sensación que tengo es que hemos "encapsulado" el discurso de forma que, debido a que aquí la administración no ha publicado su decreto de acreditación, todo lo que dijeron las autoridades y yo mismo podría decirse, sin cambiar una coma, hoy mismo, hace seis meses o dos años.  Ahora la situación económica es peor, la administración debe un mes a los centros concertados pero las palabras sobre el marco de relación entre la administración y el sector son las mismas

La Generalitat tendría que haber aprobado su decreto de acreditación de residencias hace cuatro años y sigue sin hacerlo.  Ahora, con unas elecciones convocadas para el 25 de noviembre el horizonte se ha alejado considerablemente pero ya antes del verano me hizo gracia escuchar a Josep Lluís Cleries, a quien aprecio, decir que no era necesario esperar a nadie más para que Cataluña saque adelante su decreto de acreditación y que, en uso de su competencia exclusiva en materia de servicios sociales lo haría.  Yo pensé "¿por qué lo dice?  Lleva casi un año en el gobierno y, si hubiese querido lo habría hecho ya tres veces.  En vez de decirlo, ¿por qué no lo hace?".

La respuesta la obtuve en ese mismo acto.  Se trataba de a presentación de la propuesta de acreditación que elaboró Antares Consulting por encargo de la Fundación Edad y Vida.  Una propuesta que, tras analizar los modelos inglés, francés, sueco y  el sociosanitario de Cataluña, recomienda crear un sistema, no puramente de acreditación sino de clasificación.  La base del mismo es que no son necesarios los mismos requisitos de acreditación para cuidar a una persona con gran dependencia que a un dependiente moderado.  Por ese motivo, la propuesta propugna que se establezcan tres niveles de forma que algunas residencias geriátricas asistidas podrían acoger sólo a usuarios de baja dependencia y algunas otras a los de alta.  El sistema prevé un plazo de adecuación de forma que todas las residencias que se pudieran y quisieron adaptar tuviesen tiempo para hacerlo.

Como  en casi todos los actos a los que asisto, lo más interesante estuvo en los "corrillos del café".

Nadie puede atacar el estudio desde su vertiente técnica pero algunos me dijeron que veían que, si se adoptase, supondría en la práctica que casi nadie querría ir a las residencias acreditadas "de nivel bajo".  La reflexión es obvia, ¿por qué ingresar en esta residencia durante un tiempo si después tendré que cambiar una o dos veces a centros más especializados?  Mejor entro directamente en una de "alta dependencia" que me cobre mi módulo de "baja dependencia".

No sorprenderá a nadie que la mayoría de los asistentes al acto de presentación, muchos de ellos responsables o propietarios de residencias, mirasen la propuesta exclusivamente en primera persona: ¿Cómo me afecta esto a mí?

Las residencias que llevan más de quince años abiertas, sea cual sea su tamaño, y las que tengan menos de 50 plazas, sea cual sea el año de apertura, tendrían serias dificultades para ser clasificadas como de alta dependencia.  Por un lado por los requisitos arquitectónicos y por otro porque hace falta una cierta "masa crítica" para que los modelos de gestión sean eficientes.

Por eso, detrás de una propuesta, en apariencia neutra, se esconde una apuesta clara por un modelo de sector de atención a mayores.

Un modelo basado en una acreditación de un único escalón en la que todos los centros acreditados se entienden preparados para poder dar atención a todo tipo de residentes a igual precio puede llevar a la existencia de un sector con residencias de diferentes tamaños y tipos.  En ese sistema no existe un incentivo para la especialización ni para atender los casos más complicados. Las empresas que han hecho grandes inversiones en la creación de grupos asistenciales pueden ver que se enfrentan a una competencia que tienen gastos inferiores a los suyos.  A la administración un sistema de un único escalón con un sector atomizado le puede interesar para reducir costes y "mantener a raya" a un sector a veces díscolo.

En definitiva, que el gobierno se encuentra ante una disyuntiva y tiene que tomar una decisión.  Debe tener en cuenta que la opción que tome sea sostenible, que se pueda aplicar equitativamente y, algo que a veces se olvida, debe considerar qué quieren los usuarios y cuánto están dispuestos a pagar por obtenerlo.

Sea como sea necesitamos de un sistema.  No de una interinidad permanente.  Algo estable, que pueda durar quince o veinte años y que permita a los que puedan adaptarse a él hacerlo y a los que no, una salida no traumática.

Empecé a escribir esto antes de la convocatoria de las elecciones/plebiscito del 25 de Noviembre y ahora, mientras lo repasaba no hacía más que pensar que, dada la situación, el gobierno que salga de las urnas no tendrá ni entre sus trescientas primeras prioridades el redactar el decreto de acreditación y el sistema estable y sostenible del que hablo.  De todas formas, soñar es gratis.