EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA SE APUNTA AL "BAILE DEL ENDOSE DE LAS PEVS"

Las Prestaciones Económicas Vinculadas (PEV), esas prestaciones económicas que reciben los dependientes para que puedan pagarse servicios acreditatos, llevan un tiempo siendo centro de atención por un pequeño matiz: ¿Quién debe cobrarlas?.

Según el texto de la Ley de Dependencia parece que es el ciudadano quien debiera hacerlo ya que se trata de una prestación económica y lo más lógico es que la cobre el beneficiarios.  Ahora bien, existe la posibilidad de que, si este beneficiario se encuentra viviendo en una residencia, en vez de pagarle a él (o ella) para que a su vez pague a la residencia, la administración pague directamente a la residencia.

Los que levan unos años en el sector recordarán que esta discusión se tuvo hace unos quince años cuando se implantó el sistema de "colaboración" (Programa de Suport a l'Acolliment Residencial), que se parece mucho a la PEV.  Entonces algunas residencias se quejaban de que algunos residentes cobraban la ayuda pero no la pagaban a la residencia.  Se pensó entonces en que los residentes podían "endosar la prestación" como si fuese un cheque de forma que cobrase directamente el centro.  Fue pasando el tiempo y, con el sistema de entonces, en el que cada año había una convocatoria, el sistema de pago directo se acabó imponiendo.

A medida que se ha ido desarrollando y aplicando la Ley de Dependencia (LAPAD) y que en Cataluña las PEV han ido tomando relevancia estadística la cuestión se vuelve a plantear:  Algunas residencias, que han visto como en casos puntuales un residente o sus familiares no les pagaban la PEV, preferirían cobrarla directamente pero muchos otros temen que si se efectua el endose la Generalitat puede dejar de ser diligente en los plazos de pago.  Tienen cierto fundamento ya que, en las ocasiones en que la Generalitat ha anunciado una suspensión en el pago (Septiembre de 2011 y Julio de 2012), ésta no ha afectado a las PEV com sí lo ha hecho con la colaboración, concierto y contratos de gestión. Ver lo que dije en Agosto de 2012.

La situación se plantea peculiar.  ICASS ha invitado mediante carta a las residencias acreditadas a dar los datos bancarios para recibir directamente el dinero.  Algunas residencias lo han entendido como una presión, pero desde ICASS nos han asegurado de que no hay presión sino opción. 

El resultado es que existe algo de confusión.  Las residencias están optando pero las que prefieren no endosar se sienten un poco intranquilas.

Ahora el Ayuntamiento de Barcelona entra en el baile enviando a las residencias que acogen a usuarios de un programa de atención urgente a personas mayores un mail en el que les dicen textualmente "Entendemos que es importante para nuestro servicio que las residencias donde se ubican las plazas de SAUV hayan aceptado el endose".

¿Que quiere decir que "es importante"?  ¿Y por qué puede ser importante para el Ayuntamiento de Barcelona un aspecto burocrático de gestión de una prestación sobre la que no tiene ninguna competencia? Si, "es importante" lo te dice una persona corriente se puede entender una cosa, si te lo dice quien, en una situación como la actual, te está ocupando algunas plazas de la residencia es fácil entender "Como no aceptes el endose olvídate de las plazas de SAUV".

Entiendo que ante "lo importante" que es para el Ayuntamiento las residencias receptoras del mensaje hayan corrido a aceptar el endose.

Lo que no acabo de entender es cómo pueden lCASS, el Ayuntamiento o las residencias decidir cómo se cobran o dejan de cobrar las PEVs.  En mi ignorancia creo que de alguna manera habría que hacer participar al beneficiario de la ayuda y que deberían ser el o la dependiente quien decidiese cobrar directamente o que se pague al centro.  ¿Escuchar la opinión del beneficiario de la prestación?  Eso sí es importante.

¿NEUS QUÉ?

Como opinador amateur llevo unos cuantos años intentando desentrañar lo que se esconde detrás del nombramiento de un político determinado para ocupar  cargos de responsabilidad que después afectan al sector de la dependencia.

Así, en octubre de 2010 deduje que a Zapatero lo de la dependencia no le importaba un ápice y por eso había nombrado como ministra a la estrambótica Leire Pajín.  Ese desinterés lo arrastraba desde que en 2006, cuando se estaba ultimando la redacción de la Ley de Dependencia, creó el  increíble Ministerio de Educación, Política social y Deporte y puso al frente a Mercedes Cabrera, alguien tan gris que he tenido que buscar en Google para recordar su nombre.  En 2011, llegado Rajoy, me pregunté quién era Ana Mato, pensé que tampoco al nuevo presidente le importaba demasiado esto de la dependencia y por eso había puesto al mando a alguien con perfil político bajo y sin conocimientos demostrados en el campo.

En Cataluña, cuando Artur Mas nombró a Josep Lluis Cleries como conseller de Benestar Social y Famlia, muchos nos alegramos.  Era un político experimentado, director general de acción cívica en un gobierno anterior y parlamentario avezado en la denuncia de los desaguisados del tripartito.  Sabía perfectamente lo que era la atención a la dependencia y se manifestaba ferviente defensor de la cooperación público/privada.

El entorno en que le ha tocado trabajar a Cleries, durante estos dos años ha sido el peor imaginable. Administrar el final del espejismo con el descubrimiento de la deuda oculta que dejaba el tripartito, una Ley de Dependencia que se ha caía a pedazos, la necesidad de cumplir un objetivo de reducción de déficit verdaderamente doloroso y las constantes tensiones de tesorería favorecidas por un cuestionable sistema de financiación autonómico.  Aun así, y a pesar de haberle criticado en diferentes ocasiones, creo que se le puede considerar el mejor conseller de servicios sociales que hemos tenido en esta Generalitat.

Es cierto que ahora ha sido sustituido y deja pendientes muchas cosas, entre ellas, no ha elaborado la norma de acreditación (llevamos cinco años esperándola),   y debe el dinero correspondiente a  los conciertos de mayo de 2012.  También es cierto que su política de comunicación y relaciones públicas ha sido muy mejorable. Pero aún así, su actitud perseverante dentro del gobierno ha conseguido que las cosas no hayan sido aún peores para el sector geroasistencial.

Y aquí llegamos a la cuestión de fondo. ¿Por qué ha decidido Mas sustituir al mejor conseller de Benestar Social por una tal Neus Munté que hasta hoy nadie conocía dentro de este sector?  En primer lugar.   Digo que ha elegido a "una tal" porque me ha resultado bastante difícil encontrar algo sobre ella en internet.   Según la web del Parlament se trata de una parlamentaria  que no tiene "Ninguna actividad profesional, laboral o empresarial desarrollada y ningún cargo público ocupado actualmente, aparte de su actividad como miembro del Parlamento".  He podido saber que es licenciada en derecho, que tiene un Máster en Derecho Público y Organización Admnistrativa y, como único dato destacable, que es de UGT y que ocupó en ese sindicato el cargo de Secretaria de Política Institucional.   O sea, que pasamos de un paladín de la cooperación público/privada a una sindicalista que, según el periódico ARA se enmarca en la línea más socialdemócrata de Convergència.

Sin duda un cambio como éste debe tener una motivación, y he intentado en vano descubrirla . En el poco tiempo que ha pasado me han llegado diferentes explicaciones.  Según una de ellas, el propio Cleries habría pedido ser sustituido (no me la creo), según otras se trata de una concesión que hace Mas a Esquerra Republicana al quitar del gobierno a un político que les incomodó mucho poniéndoles constantemente en evidencia en el Parlament cuando era consellera Carme Capdevila.  Yo me decanto por otra explicación que puede ser verdaderamente dolorosa.  Creo que Cleries fue "demasiado buen conseller de lo suyo" lo cual supuso en ocasiones tener que enfrentarse con Economía o con Salud en defensa de los intereses de Benestar (léase, pago de los conciertos).  Hoy mismo he sabido que los centros colaboradores y concertados han cobrado puntualmente.

Me temo que Mas ha decidido poner en el lugar de Cleries a alguien con menos envergadura política, alguien más "decorativo", aceptado por parte de sus nuevos compañeros de aventura y menos "molesto" si hay que tomar decisiones dolorosas como volver a suspender algún pago.  ¿Y quien mejor que una backbencher convergente?

Cuando he sabido que era sindicalista de UGT me ha entrado un pequeño escalofrío.  ¿Puede alguien comulgar a la vez con la "Plataforma contra las retallades" (de la que forma parte UGT) y con el gobierno que se ve obligado a aplicarlas?  A mí  me costaría un poco.  Por otro lado, ¿Seguirá la sra Munté, que se ha manifestado continuista, apostando por la cooperación público/privada, por la flexibilidad y la confianza, o volverá a los momentos en que se consideraba que "esto de la dependencia debe ser básicamene público"?

Personalmente deseo lo mejor a Cleries y, ciertamente también a Neus Munté.  Espero que ese perfil bajo que tiene ahora se eleve rápidamente, que sepa defender los intereses de su departamento dentro del gobierno y que entienda con rapidez que la mejor atención a los dependientes se alcanza garantizando una financiación adecuada y la elección del prestador que sea más eficaz y más eficiente con independencia de que sea público o privado.

Bienvenida al sector y ahora, a trabajar.

PARECE QUE EL CAMBIO DE COPAGO VA EN SERIO

Hace unos días pensaba que eso de subir el IPC la parte del copago de los usuarios de residencias catalanas manteniendo el precio que cobran las residencias colaboradoras se quedaría en agua de borrajas. Después de hablar con unos y los otros pensé que era una táctica de la Generalitat para que las residencias dejasen de pedir el poder subir ese IPC.  El planteamiento era claro:  "Si queréis subir el IPC a los usuarios lo podéis hacer, pero yo os bajaré lo que os pago en una cantidad equivalente, de forma que, al final, cobraréis lo mismo".

Como en mi cabeza seguían sonando las palabras del Conseller Cleries en un acto reciente ("Flexibilidad y confianza" como principios en la relación entre su Departamento y el sector), me costaba mucho entender cómo se le podía dar la vuelta a una propuesta realizada desde las asociaciones de residencias volviéndola contra ellas mismas.  Pensé entonces que todo se quedaría en agua de borrajas, pero me equivoqué.

Hoy me han hecho llegar la circular que ha enviado la Asociación Upimir a sus asociados en la que se hacen eco de una reunión mantenida con la Directora General del ICASS el día 27 y en la que les confirmó que su intención era modificar el copago de "algunos" residentes, amparándose en el artículo 67.1 de la Llei de Serveis Socials de Catalunya.  

Lo primero que ahora me ha sorprendido es que la Generalitat, en vez de reunir a la Taula Tècnica (donde normalmente se reúne con los representantes de las residencias), ha decidido llamar por separado a las asociaciones e ir informando a cada una (sin entregarles documento alguno) de su decisión.  Así que, como en otras ocasiones, cada asociación redacta su circular y la envía a sus asociados con lo que "ha entendido que les han dicho".  Esta es la circular de Upimir se explica la intención de la Generalitat.  Subir a los residentes que ocupan plaza de colaboración,  que no están pagando lo máximo permitido en la cartera del serveis, un 2,9% su aportación y restar esa cantidad de lo que paga la Generalitat.

Con independencia de quién se vaya a quedar con lo que supone la medida (sean las residencias o el ICASS), lo que está claro es que, para cambiar lo que paga el usuario haría falta un procedimiento.

Entiendo que el único supuesto en el que casi no haría falta hacer nada sería si se hubiese optado por subir el IPC a las cantidades correspondientes a copago y dejarlo a disposición de los prestadores.  En cualquier otro supuesto haría falta, cuanto menos una notificación y, si queremos ser muy escrupulosos, una modificación de la cartera de serveis.

Digo que podría no haberse hecho nada porque el Programa de Suport a l'Acolliment Residencial, o sea, todo lo de las residencias colaboradoras, viene de lo que existía antes de la Ley de Servicios Sociales de 2007.   Se trata, pues, de una figura a extinguir y  por ello tiene un encaje un poco peculiar en el sistema actual.  Me explico:  Una persona acogida en una residencia colaboradora, en teoría, no está recibiendo un servicio sino una prestación económica.  La residencia no está prestando un servicio público en forma de concierto (la única forma contemplada por las Leyes de Dependencia y Servicios Sociales para que se preste un servicio en un centro privado) sino que tiene firmado un acuerdo con ICASS que le compromete a acoger a una serie de usuarios a un precio pactado, cumpliendo unas condiciones y siguiendo una serie de las instrucciones del ICASS.

La última vez que ICASS se dirigió por escrito a las residencias colaboradoras, a finales de 2008 (cuando ya estaba en vigor la Llei de Serveis Socials de 2007), les hizo llegar un documento titulado "Instrucciones para entidades colaboradoras"  en el que se les explicaban, entre otras cosas, la gestión de listas de espera, el ingreso de los residentes, la comunicación de los traslados,  el cómo obtener la contraseña para relacionarse con ICASS por internet,  la modificación del grado de dependencia y ¡sorpresa!  qué se podía y no cobrar al residente.  Esto decían las instrucciones:  "Las aportaciones económicas llevan incluido el IVA, por tanto el centro no puede cargar ningún importe por este concepto.  Excepto la actualización del IPC, en ningún caso, el usuario y/o su familia abonarán, por los servicios mínimos obligatorios una cantidad superior a la establecida en la resolución de la concesión de la ayuda económica".

O sea, que en las últimas instrucciones escritas que han recibido los centros colaboradores, ICASS les dice que pueden actualizar lo que cobran por los servicios mínimos aplicando el IPC a la parte que cobran del residente.

Insisto, que, en la medida en que el Programa de colaboración es algo que vive en la transitoriedad, si la Generalitat hubiese querido, sin decir nada hubiera podido permitir que las residencias colaboradoras cobrasen el IPC a los residentes.

¿Y si alguien hubiese dicho que eso suponía superar el coste de referencia para el servicio de residencia asistida previsto en el Decreto de Cartera de Serveis? La respuesta podría ser que, al no tratarse de una prestación de servicio en residencia pública o concertada, no sería de aplicación el punto de la cartera de serveis referido a los servicios de residencia asistida (1.2.3.3.2.)  sino el 2.1.10 referido a la prestación económica vinculada.  Al fin y al cabo, el programa de colaboración se parece mucho más a una PEV que a un concierto.

Sé que la solución que propongo tendría sus implicaciones ya que haría surgir a la superficie que, según para qué, estamos considerando las plazas de colaboración como servicio o prestación económica.  Pero, aplicando los principios de "flexibilidad y confianza" seguro que se encontraría una solución.

Saliendo de especulaciones y volviendo al mundo real:  ¿qué pueden y deben hacer las residencias?

Las patronales dicen muy bien que, hasta que no haya una instrucción por escrito del ICASS no hay que hacer nada.  Pero, ¿y las residencias colaboradoras que no reciben circulares de las patronales ni leen este blog y que lo único que tienen es la instrucción escrita de ICASS que les dice que pueden subir el IPC?

Yo entiendo que si cumplen con la instrucción recibida no pueden ser sancionadas ni sufrir efecto adverso alguno.  Las residencias, como los ciudadanos, están afectadas por lo que las administraciones les comunican directamente o a través de los diarios oficiales.

Si una residencia ha actuado siguiendo el criterio escrito recibido de la administración.  Que espere al nuevo criterio mientras se rige por el vigente.