Hace unas semanas que no consigo quitarme esta frase de la cabeza y es que en poco tiempo he impartido varias conferencias ante auditorios diferentes teniendo en común que siempre comparto mesa con algún representante de la administración. Mi discurso suele ser bastante parecido: "hemos desnaturalizado la Ley de Dependencia tanto que la hemos convertido en un zombi que se parece a la ley que habíamos querido pero sin espíritu"; "estamos en una situación de crisis tan profunda que es necesario replantear la forma en que aplicamos la Ley más allá de la supresión de la retroactividad", "quizás deberíamos plantearnos una moratoria de forma que en 2011 no entre la dependencia moderada, considerar la diferenciación entre costes hoteleros y asistenciales a la hora de determinar el copago o reducir considerablemente la cuantía de las prestaciones económicas no profesionales para desincentivarlas y hacerlas verdaderamente excepcionales".
Mis intervenciones suelen provocar reacciones diversas. Entiendo que algunas personas que ilusamente se creen las promesas de los poderes públicos se nieguen a aceptar "recortes". Lo que me llama poderosamente la atención es que haya personas con algún tipo de responsabilidad que todavía esté utilizando argumentos como "no se puede poner la excusa de que no hay dinero para limitar las prestaciones de la Ley de Dependencia". Esto es lo que escuché a Dña. Emilia Caballero, Adjunta Primera del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, con la que compartí mesa en una sesión sobre aspectos jurídicos de la Ley de Dependencia que tuvo lugar en Alicante el día 10 de junio. En esa misma jornada escuché de boca de D. Joaquín Martínez, Secretario Autonómico de Autonomía Personal y Dependencia de la Generalitat Valenciana que cuando la Comunidad reconoce una prestación económica para el cuidador, el coste de la misma se la reparten a partes casi iguales entre comunidad y estado (paga un poco más el estado) pero que cuando se reconoce un servicio de residencia la comunidad paga tres cuartas partes del coste. El debate entre estos dos ponentes resultó interesante ya que la Sra. Caballero vino a decirnos que se recibían tantas quejas sobre la Ley de Dependencia en esa comunidad que ellos concluían con que la aplicación estaba siendo muy deficiente.
Unos días antes, el 2 de junio en Tarragona, varias personas después de mi intervención en una Jornada sobre Dependencia en el ámbito de la discapacidad me dijeron que el problema es que yo era muy pesimista y que no se debería hablar de recortes en esta ley cuando vamos tan atrasados con relación a otros paises europeos. Yo les pregunté si leían los periódicos o veían la televisión ya que quizás no eran conscientes de que estamos en una situación desconocida de incertidumbre e inseguridad frente al futuro ellas me dijeron que había otros sitios para recortar y que siempre pagan los más débiles.
Unos días antes, el 19 de mayo, asistí a unas jornadas sobre acreditación y calidad en Cataluña y escuché de boca de la Sra. Pilar Solanes, subdirectora del ICASS, cuáles eran las claves del sistema de acreditación de Cataluña. No hubiesen resultado sorprendentes si su intervención no hubiese sido precedida por la de la Directora General, Carolina Homar que anunció, cariacontecida que era más que probable que el tijeretazo fuese a llegar a la sanidad y a los servicios sociales vía reducción de gasto en prestaciones/conciertos.
La frase de Soros es muy importante. Quien quiera leer la presentación de la Sra Solanes convendrá conmigo que los criterios de acreditación incrementarán los costes de prestación de servicios y quien haya escuchado a la Sra. Homar estará de acuerdo con que, durante un tiempo, va a haber menos dinero para hacer las cosas. ¿NO es incongruente? Yo creo que sí.
A nadie nos gusta que las cosas no vayan bien pero hace falta hacer algo. Yo creo que la idea de que estamos en una situación difícil y que hace falta hacer más con menos debería ser la premisa de todo lo que nos digan los políticos, pero no sólo el presidente del Gobierno sino todos. Esa idea debería imperar en todas las decisiones que se tomen con relación a la Ley de Dependencia y debería llevar a criterios de acreditación imaginativos que permitan no incrementar costes, criterios de copago lo más equitativos posibles en los que quién pueda pague verdaderamente más y así con todo.
Si no lo hacemos, seguiremos bailando sin música o lo que es peor con la música de la orquesta del Titanic.
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