La propuesta lanzada por la Generalitat en la reunión de la mesa técnica de personas mayores del pasado 18 de febrero da mucho que pensar y sobre todo genera cautela.
Empezando por lo más positivo, la Administración podría hacer lo que considerase oportuno sin tener en cuenta la opinión de nadie, por lo que hacer pública su propuesta y dar unos días para recibir pareceres de los afectados es algo bueno. Si somos un poco maliciosos también podemos pensar que estas dos semanas de "consultas" no son más que una dilación totalmente innecesaria cuando los representantes de las residencias ya han dejado clarísima su opinión y cuando, buena parte de lo que tendría que hacer la Generalitat es cumplir aquello a que se comprometió a finales de 2008.
Pasando al fondo del asunto, las propuestas de ICASS tienen varias caras. Por una está la gestión de ocupación de plazas concertadas y los pagos (en otras palabras, pagar los atrasos y evitarlos en el futuro), por otra el aumento de tarifa y, finalmente la cuestión de la acreditación, la difícil situacion de los centros privados que actualmente no son concertados ni colaboradores y, finalmente, la posibilidad de poder cobrar como servicio "a la carta" el uso de dormitorio individual.
Vayamos por partes:
Que se agilice la cupación y el pago de las plazas concertadas. Perfecto.
Que se suba el precio de concertación y colaboración, bien, pero con reparos. Hace un año, en otra mesa técnica la Generalitat hablaba de aumentar los precios un 8% en 2009 y otro 8% en 2010. Ahora, tras no haberlo hecho propone una subida de "hasta el 8%" con unas condiciones tan rebuscadas que, con casi toda seguirdad, nadie o casi nadie llegará a cumplir íntegramente.
Yo creo que la Generalitat tiene una hoja de cálculo tipo acces con la que, sabiendo de antemano cuánto puede gastar como máximo, va haciendo sus números. El primer escenario es una subida del 8% para todas las plazas, el resultado es que no hay suficiente dinero. Piensan durante un rato en sólo subir a los concertados, pero ven que no es denfendible y, tras varios intentos piensan en subir un IPC+3% a todos así como un 5% adicional a unas cuantas residencias y, ¡Bravo! el resultado cuadra. Ahora sólo queda saber qué es lo que hay que pedir para que sólo unas pocas residencias puedan conseguirlo.
Si tengo razon en esa teoría, todo lo demás cuadra. Además, así entendemos perfectamente una posición tan sumamente complicada de interpretar y de aplicar.
El IPC+3% de subida lineal esta claro y no necesita de mas explicaciones. Lo complicado empieza con los "Bonus".
Veamos, tenemos un "Bonus A" al que sólo acceden las residencias que acrediten que en enero de 2010 cumplín los requisitos de capacitación de los gerocultores que exige la norma estatal para finales de 2011. O sea, que en plena crisis, avanzamos en casi dos años la obligación de cumplir algo que, en teoría no debería ser obligatorio hasta que la Generalitat apruebe su decreto de acreditación. ¿Y qué tiene que hacer una residencia para "capacitar" a los auxliares?, pues un proceso en el que la Generalitat tiene un gran protagonismo y que, aunque muchas residencias han empezado, muchas otras todavía no. Además, aunque hubiesen empezado el proceso, da igual, porque se exige un cumpliendo del 35% objetivo desde el mes pasado.
El punto 7 del documento difundido dice que la Generalitat "realizará acciones" para que se agilice el proceso. Yo creo que la Generalitat tendría muy fácil que todas las residencias cumpliesen con ese criterio de capacitación. Sólo tendría que aplicar la norma estatal de acreditación (Resolución de 2 de diciembre de 2008) que en un punto dice expresamente "También se podrán admitir, con la transitoriedad que las administraciones competentes establezcan en sus normativas de acreditación, los certificados de acciones de formación profesional para el empleo impartidas en cada Comunidad Autónoma". Imaginemos que, la Generalitat quisiese facilitar al máximo la acreditación de los centros estableciendo mecanismos que permitiesen reconocer la capacitación a todas las gerocultoras que hubiesen participado en alguna "acción de formación para el empleo". Si quisiese podría hacerlo, sólo tendría que dictar su norma de acreditación con una interpretación muy amplia para las trabajadoras actuales y centrando la exigencia de títulos en las que se contraten a partir de ahora.
También pide el documento de la Generalitat para cobrar el "Bonus A" cumplir a fecha Enero de 2010 las exigencias de personal que la norma estatal de acreditación exigiria para el 2011. Eso quiere decir, respecto al Grado 2, subir de 450 horas anuales de gerocultor por residente a 484 (supone aumentar un gerocultor por cada 52 residentes de grado 2). En en el Grado 3 la norma estatal pide 502 horas anuales de gerocultor por residente, pero en Cataluña en la actualidad ya se están pidiendo 580 por lo que la norma estatal no tiene relevancia.
¿Es complicado? Pues esto es sólo el principio.
Aquellos visionarios que hubiesen conseguido en Enero pasado los objetivos de 2011 en lo que respecta a cualificación y ratio, recibirán como premio un incremento del 2%, con lo que llegarían al 5%.
Para alcanzar el 8% de subida tendrían además que cumplir con unos indicadores de calidad. Pero aquí también hay gato encerrado.
Si alguien lee el documento "Guía pra la obtención del reconocimiento de aplicación de modelos de mejora de calidad asistencial 2010" verá que para obtener ese reconocimiento hay que presentar una "memoria certificada por una entidad auditora de reconocido prestigio" que acredite que la residencia ha recogido datos en los años 2007, 2008 y 2009 referidos a unos indicadores y que en un porcentaje del 80% de los mismos ha obtenido una mejora de resultados.
El documento dice textualmente que "es necesario que las entidades dispongan de información acumulada que permita la comparativa de los datos de 2007 y 2008 con los de 2009".
Y ¿Cuáles son exactamente esos indicadores que nos permitirán cobrar un 3% más? NO se sabe.
Según la guía "Los indicadores se harán públicos en el momento que el marco para la calidad asistencial en los centros residenciales y de atención diurna a personas mayores entre en vigor".
Para los impacientes el documento pone algunos ejemplos orientativos pero, hasta que llegue el "Marco para la calidad", sólo podemos esperar que todos aquéllos datos que recogimos en 2007, 2008 y 2009 nos permitan cumplir los indicadores. Curiosamente, el "Marco para la calidad" es el otro documento que difundió la Generalitat el pasado 18 de febrero, pero no nos habla de indicadores concretos.
Como para obtener el "Bonus B" se deben tener "datos acumulados sobre el 100% de los indicadores". Si la administración no quisiese pagar a nadie ese Bonus sólo tendría que ser imaginativa a la hora de determinar los indicadores.
Creo que las residencias que estarán mejor preparadas para cumplir con los requisitos del "BonusB" serán aquéllas que tengan una certificaición de calidad tipo ISO ya que, con casi toda seguirdad dispondrán de cualquier indicador razonable que pida la administración.
¿No sería mucho más sencillo otorgar el Bonus a las empresas que dispongan de una certificación de calidad tipo ISO, EFQM, Joint Comission de manera que la Generalitat se pudiese descargar de la responsabilidad de crear un modelo, habiendo ya algunos creados? ¿No marcaría esto una línea clara que pudiesen seguir las residencias en vez de dar la sensación de seguir un rumbo errático?
Siguiendo con el documento, éste no olvida a las residencias privadas que llevan esperando desde finales de 2008 al decreto de acreditación y que ven como se les llevan a los residentes sin posibilidad de hacer nada.
Según el documento, éstas podrán quedarse con los residentes privados que lleven más de seis meses ingresados y obtengan la ayuda de la Ley de Dependencia siempre que cumplan con las "condiciones transitorias de acreditación correspondiente y no tengan pendiente de resolver ningún tipo de incidencia con el servicio de inspección". Para el resto de residencias privadas según el documento "se buscará el mecanismo para que puedan acceder a tener residentes de prestacion vinculada durante 2010". O sea, que su futuro depende de la meticulosidad y la rapidez con la que se "busque" ese mecanismo.
Veo un problema grave de entrada y dos de indefinición:
El problema de entrada es que las trabajadoras sociales llevan más de un año informando a casi todos los solicitantes que, si pretenden obtener ayuda para seguir viviendo en una residencia en la que ya están ingresados, deben asegurarse de que ésta sea colaboradora o concertada ya que si no es así tendrán dificultades para tramitar el PIA. Por eso habrá pocos que lleven más de seis meses y ahora soliciten la ayuda.
Los problemas de indefinición son los siguientes: en ningún sitio se definen las "condiciones transitorias de acreditación", y tampoco lo que significa una "incidencia con el servicio de inspección" (¿es una incidencia sólo un expediente sancionador o también una acta con plazo de cumplimiento u otras actuaciones?). Además ¿qué es eso de "buscar mecanismos"?
¿No sería mucho más sencillo volver a la situación de 2008 y decir que las residencias privadas pueden acoger a beneficiarios de prestación vinculada hasta que se apruebe la norma de acreditación, aunque la cuantía de ésta será inferior a la que recibirán los dependientes que elijan ingresar en una residencia colaboradora o en una plaza privada de una residencia concertada?
Y si queremos dar un paso más. ¿No se podría incluso establecer una transitoriedad más larga definiendo que todas las residencias autorizadas pueden acoger beneficiarios de prestaciones vinculadas durante los próximos diez años? Si se hiciese así se retornaría al ciudadano el protagonismo ya que éste podría escoger entre ir a una residencia pública o concertada (o ponerse en lista de espera), tomar una prestación vinculada "normal" para acudir a centros acreditados o una "reducida" para acudir a cualquier residencia autorizada. El juez supremo sería el ciudadano y, si alguna residencia cerrase, lo haría porque no consigue el favor del público. Además costaría menos dinero.
Otro aspecto más incidental pero que puede llegar a tener una gran repercusión, si se le busca una redacción más inteligible es el que se pueda cobrar una cantidad adicional por el uso por parte de "clientes púbicos" de habitaciones individuales, con una sumperfície un 25% mayor a la establecida por la normativa y con baño individual. Si esto se concreta, debería especificarse si ese "plus de individual" es libre o está tasado.
Para acabar, hay una parte sorprendente. Según el documento se podría ofrecer como "servicio a la carta" la existencia de un "sofá cama" para que pueda pernoctar un familiar.
Viendo el documento en su conjunto, creo que la Generalitat debería apostar por la opción más sencilla posible. Una que permitiese a cualquier residencia saber a priori, cuál será la subida que se le aplicará y que marcase una línea clara de futuro. Este documento no marca esa línea y busca únicamente una forma en la que distribuir una cantidad de dinero escasa.
Espero que las patronales presenten sus alegaciones y la Generalitat reciba una gran dosis de inspiración que le permita mejorar estos documentos.
Encuentro que los indicadores del ICASS deberían ser pautas generales, no fórmulas cerradas.
ResponderEliminarCada residencia debería poder escoger cómo calcular su propia mejora en los campos que exige el ICASS, puesto que la realidad de cada residencia depende de su organización, si poseen sistema de gestión de calidad, el tipo de aplicativo que utilicen... un sinfín de factores que hace imposible estandarizar indicadores.
ICASS debería exigir un control de estos indicadores y evidencias de que se gestionan correctamente, con evidencias de las actuaciones encaminadas a la mejora.
Excelente artículo, felicidades.
Una de las muchas PIMES privadas que por culpa de la Ley de Dependencia ,ayuda vinculada a plaza concertada nos vamos a ver en la obligación,sí, OBLIGACIÓN, de cerrar a no muy largo plazo.
ResponderEliminarNunca hemos tenido expediente sancionador, si han puesto plazo para cualquier divergencia leve se ha cumplido de sobra el plazo y se ha "mejorado" lo susodicho con el buen asesoramiento de nuestros queridos inspectores pero a la hora de ofertarnos ayuda economica publica nos la deniegan por ser totalmente privada y sin capacidad para hacernos colaboradora,los usuarios no pueden elegir si prefieren estar en un centro con pocos usuarios,tipo familiar pues la atención,lógicamente es más individualizada sin perder la calidad de los servicios que precisa el ingresado , de respirar un aire puro y limpio y tener unas vistas exteriores desde su alcoba a jardines o similares,que la cocina sea "casera" con todos sus controles higienicos y elaborados por una dietista nutricionista,que el médico , enfermeras y el personal que les atienda los conozca por su nombre y sepa de qué dolencia física o mental padece cada uno y los trate con un infinito cariño.
Eso se lo deniegan a la persona que recibe la ayuda pues ya digo que no puede elegir si desea seguuir manteniendo esa atención o no,le arrancan de repente de su casa y se lo llevan a otra o le retiran la prestación ,sin contar que ésta podría servirle para ocupar esa plaza que viene ocupando desde hace años y todo por negar la ayuda a una Pime privada sin capacidad para concertar plazas.