DUMPING SOCIAL Y LIBRE COMPETENCIA

Desde hace unos años intento asistir a los principales “saraos” que se organizan en nuestro sector: congresos, encuentros y jornadas organizados por entidades de prestigio en los que siempre aprendes algo nuevo mezclado entre muchas cosas que has oído repetir cientos de veces.
Una de esas aseveraciones repetidas es que ninguna empresa debiera presentarse a concursos por debajo de un cierto precio ya que quien lo hace perjudica a todos y se acaba perjudicando a sí mismo. Siempre se habla de un “precio de coste” por debajo del cual las administraciones no deberían nunca convocar un concurso. Por supuesto que desde la tribuna nunca se menta al pecador y siempre es, después de las conferencias, cuando alguien te dice que, al final eso lo hacen todos y que quien denuncia es el primero que ha ganado un concurso “no-sé-dónde” a “no-sé-cuántos” euros.
Tantas veces lo había oído que al final lo había creído. Pero ahora resulta que el Consejo Nacional de la Competencia tiene bajo sospecha a varios sectores entre los que se encuentra el de la atención domiciliaria acusados de pactar precios mínimos, o sea, por utilizar prácticas contrarias a la competencia. Como el instrumento que utilizan para llegar a esa conclusión es una serie de convenios colectivos, los sindicatos también han entrado en la polémica defendiendo que ese pacto de precios mínimos es la única forma de evitar el “dumping social”, o sea, contratar a precios que sólo se pueden mantener pagando a los trabajadores por debajo del convenio.
La cuestión es si en un convenio colectivo las empresas y los sindicatos pueden pactar que, ninguna se presente a concursos públicos por debajo de un determinado precio. Según los sindicatos no sólo pueden sino que las autoridades de defensa de la competencia no tienen ninguna competencia para meterse y mucho menos para sancionar a patronal y sindicatos. Según defensa de la competencia (tanto a nivel autonómico, nacional y europeo) los convenios podrán establecer las condiciones laborales pero de ninguna forma establecer las tarifas a las que las empresas podrán vender sus servicios.
Así las cosas, si algún día las empresas se pusiesen de acuerdo, como tantas veces he oído, para no presentarse a concursos por debajo de un precio determinado, podrían ser sancionadas. O sea, que sólo nos queda apelar al buen sentido de nuestros gobernantes para que piensen que, si externalizan es porque ellos no saben prestar el servicio de forma eficiente. Ellos saben perfectamente lo que cuesta y lo que supone “recortar”. El problema es que si tenemos que esperar que la respuesta venga del buen sentido de nuestros gobernantes, vamos “apañaos”.