Para los que creemos que debería existir una cierta homogeneización de normativas entre las diferentes comunidades autónomas en lo que a funcionamiento de residencias se refiere, la ley de dependencia se presenta como un proyecto esperanzador. Al fin y al cabo, si se establece un Sistema Nacional de dependencia” con unos baremos y una financiación común, lo más lógico será que los requisitos de autorización, funcionamiento y (sobre todo) dotación de personal de las residencias, sean uniformes.
Por desgracia, las evidencias demuestran que las cosas no van por ahí. En cuestión de pocas semanas, la comunidad Valenciana ha publicado su nueva normativa de autorización y condiciones de los servicios de mayores. Cantabria ha anunciado que hará lo propio antes de que acabe este año, y Cataluña continua con la preparación de su nueva ley de servicios sociales, con capítulo de protección a la dependencia incluido y que conllevará un desarrollo reglamentario novedoso.
En los numerosísimos actos que se están celebrando respecto a la futura Ley de Dependencia, la necesidad de racionalizar y, hasta cierto punto unificar las normativas se da por descontado. Cuando después hablas con cargos de comunidades autónomas te dicen que “algo se hará” pero da la sensación de que piensan en un futuro indefinido y que esto no va mucho con ellos.
No sé si es que no se acaban de creer que la ley de la dependencia vaya en serio o pueda llegar a salir adelante, o quizá están tejiendo estrategias para futuras negociaciones cuya sutileza se me escapa. Lo realmente cierto es que si se mantiene la enorme disparidad normativa, el funcionamiento del futuro Sistema Nacional de Dependencia producirá efectos perversos.
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