En un arranque de sinceridad que nos ha dejado a todos sobrecogidos, Mercedes Cabrera, Ministra de Educación, Política Social y Deporte (el nombre del ministerio no es una broma), ha dicho que la actual coyuntura económica que atravesamos puede que tenga alguna influencia en el despliegue de la ley de dependencia. O sea, que no habrá suficiente dinero en los próximos años para mantener el recién creado sistema.
La crisis que no se podía llamar por su nombre sirve ahora como perfecta excusa para admitir algo que, incluso si hubiese seguido la bonanza económica, hubiera acabado pasando.
La Ley de Dependencia reconoce a todas las personas que dependan de otra para realizar las actividades básicas de la vida diaria el derecho subjetivo a ser valoradas y a recibir prestaciones (económicas y de servicios) según su grado y nivel de dependencia. En otras palabras, con esta Ley, cualquier persona que necesite vivir en una residencia geriátrica o recibir ayuda en su casa, la tendrá a cargo del erario público aunque tendrá que “co-pagar” una parte.
Para redactar la Ley de Dependencia se hicieron unos cálculos sobre cuántas personas necesitarían ayuda y cuánto costaría la misma pero el tiempo ha demostrado que hay más personas dependientes de las previstas y que los costes de los servicios tienden a subir por encima de la inflación. La consecuencia es un sistema que se ha vuelto tempranamente insostenible.
Durante el primer año de aplicación, en el que básicamente se empezó a valorar y a redactar planes individuales, fuimos testigos de un agrio enfrentamiento entre el gobierno y las comunidades autónomas gobernadas por el PP con continuas acusaciones de incumplimientos y deslealtad.
Ahora que las orejas del lobo nos acarician la nariz las acusaciones partidistas se incrementan y, sabiendo que “esto” no se podrá mantener como estaba previsto, parece que nuestros gobernantes están más preocupados en no aparecer como culpables que en resolver realmente el problema.
Lo cierto es que ha llegado el momento de aceptar que existen serias dificultades y de tomar decisiones desagradables pero necesarias para capear el temporal y salvar el sistema de atención a la dependencia.
Por supuesto, existe una opción drástica: derogar la Ley y volver al sistema de protección no universal de la dependencia desde la competencia en servicios sociales de las comunidades autónomas. Se podría establecer un aumento ajustado de las transferencias del estado para tal fin y decir “lo intentamos, pero no fue posible”. Cada uno culparía al contrario, algunos a la crisis internacional y, a otra cosa.
También podría optarse por un gran engaño: mantener la Ley, hacer un desarrollo restrictivo y confuso rebajando a la vez la financiación de forma que, en la práctica se perdiese la esencia. Para evitar que se produjese descontento, la opción tendería a incrementar al máximo las prestaciones económicas para el cuidado no profesional en el entorno familiar. O sea, repartiría pequeñas cantidades de dinero entre mujeres de mediana edad para que se quedasen en casa cuidando a un dependiente, fuera de las listas del paro. Nadie comprobaría nada y en apariencia tendríamos un sistema de atención a la dependencia aunque sin profesionalización ni trazas de calidad.
Quizás la opción más audaz, y por ello menos probable, sería que los dos grandes partidos se sentasen y llegasen a un acuerdo que permitiese salvar el proyecto desde una perspectiva amplia ahorrándonos a los ciudadanos polémicas estériles.
El acuerdo podría contener los siguientes puntos:
- Modificación de la disposición adicional primera de la Ley de forma que la efectividad del derecho de las personas valoradas en el grado de dependencia moderada y en el de dependencia severa, grado 1 se pospusiese sine die o durante un período largo de tiempo. Esto supondría aplicar un a moratoria atendiendo durante los próximos años a los dependientes con mayor afectación y dejando para una segunda fase a los demás.
- Redacción del Real Decreto de copago basándose en los siguientes puntos:
o Separación clara de los costes de manutención-hoteleros de los que son estrictamente de dependencia. En principio el sistema de atención a la dependencia no debería cubrir costes de manutención-hoteleros.
o Establecimiento de un sistema de copago que, en determinados niveles de renta permitiese el pago del 100% del precio de referencia.
o Exclusión de las prestaciones económicas para dependientes con un nivel de renta superior a unos límites establecidos.
o Establecimiento de un sistema de “resarcimiento” mediante el cual la administración pudiese recuperar a la muerte del dependiente una parte del dinero pagado para su cuidado personándose en la sucesión como interesado con un crédito preferente. Habría un mínimo exento y un porcentaje máximo.
o Establecimiento de un copago de los familiares obligados a prestar alimentos a la persona dependiente. Éste dependería del grado de parentesco, capacidad económica y cargas familiares habiendo siempre mínimos exentos. Podría establecerse un mecanismo para que los obligados pudiesen negarse al copago familiar, mecanismo que conllevaría la incapacidad para poder recibir donaciones o heredar del dependiente.
Se trata de medidas reversibles que supondrían aumentar las posibilidades de sostenibilidad del sistema en estos tiempos de crisis y que requerirían para ser efectivas modificar la legislación civil y fiscal así como establecer una cooperación estrecha entre la Agencia Tributaria y las comunidades autónomas.
Como con toda seguridad, en un primer momento aparecería un gran rechazo, sería indispensable el acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas y, muy necesario, el del resto de partidos, sindicatos y patronales, poniendo el acento en que las medidas son la única vía de mantener el sistema y suponen una mejora sustancial respecto a la situación que existía antes de la Ley de Dependencia.
El sistema está hoy en sus inicios y, en las actuales circunstancias, crear unos cimientos sólidos en el apoyo a los que tienen un mayor nivel de dependencia es la clave para que, en un segundo momento, pueda atenderse con calidad y eficiencia a todas las personas dependientes. No lo desaprovechemos.
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