¿QUÉ PASA CON LAS TABLAS SALARIALES DE 2011?

Cuando en 2007 se firmó el V convenio colectivo estatal de servicios a las personas dependientes, España todavía vivía el frenesí del crecimiento basado en créditos baratos y precios inmobiliarios crecientes. Acababa de entrar en vigor la Ley de Dependencia (LAPAD) y todavía no nos habíamos dado cuenta de que los efectos positivos para el sector que prometía eran sólo cantos de sirena. Así las cosas, pensando que el futuro era prometedor, patronal y sindicatos pactaron las siguientes subidas:


- Para 2008, IPC de 2007, más 0,7 puntos.

- Para 2009, IPC de 2008, más 1,3 puntos.

- Para 2010, IPC de 2009, más 2 puntos.

- Para 2011, IPC de 2010, más 2 puntos.

Como la llegada de la crisis vino acompañada con niveles bajos de inflación (alrededor del 1% durante tres años), las subidas establecidas en el convenio se fueron aplicando sin que supusiesen un problema insalvable. Pero las cuentas de las empresas se iban enturbiando por diferentes motivos: el aumento de paro femenino lleva siempre aparejada una reducción de demanda de servicios privados de atención a la dependencia (residencias geriátricas asistidas, centros de día para personas mayores, teleasistencia y ayuda a domicilio SAD); la aplicación real de la Ley de Dependencia incentiva que los grandes dependientes, aunque necesiten servicios profesionales, se queden en sus casas a cambio de prestaciones económicas; la restricción de crédito unida a la morosidad administrativa lleva a muchas empresas a sufrir crecientes tensiones de tesorería; la subida del IVA en un punto ha incrementado el precio de las residencia privadas; la administración ha congelado los precios de concierto de plazas o ha aplicado subidas inferiores a las que prometía el convenio a los trabajadores.

Todo esto ha llevado a que, a la hora de establecer las tablas salariales de 2011 la parte empresarial de la mesa que negociadora esté planteando una revisión. No es posible en la situación actual aplicar un 5% de incremento salarial (IPC+2%).

El entuerto que plantean los empresarios es real, lo peor es que ante sí tienen a unos sindicatos que más que ver la situación como un problema a solventar, han encontrado un campo de batalla para luchar entre ellos.

UGT, que no firmó el convenio colectivo en 2007 ha encontrado una piedra que tirar a la cabeza de CCOO culpándola de haber pactado lo que ellos denominan un convenio nefasto. Sólo hay que mirar los carteles que han difundido en los centros de trabajo de Andalucía.

CCOO en una noticia publicada en su web da su versión de lo ocurrido y, como UGT, se niega a renunciar a la subida pactada en el convenio.

La duda, técnica es si se está abriendo una nueva negociación de convenio o se está pactando la aplicación del actual. La cuestión de fondo es si en la situación actual el sector puede aguantar una subida del 5%.

La patronal en sus comunicados está siendo muy suave, hablando de "acercamiento" a los sindicatos y de llegar a acuerdos. Esperemos que lo consigan o que la solución que se alcance sea la más beneficiosa para todos. Mientras tanto, las residencias se preguntan qué hacer mientras salen las tablas salariales.

Sirva para ilustrar el tema un gráfico aparecido en una noticia de la web de CCOO en el que se refleja la evolución del salario de las gerocultoras y el IPC.

La calidad del gráfico es la original y no se ve demasiado bien.  En color rojo están los salarios de las gerocultoras y en verde el IPC.

Lo cierto es que, si este gráfico fuese acompañado por el de la evolución de los precios privados y públicos de las residencias para 3ª edad, algo que puede obtenerse gracias al buscador de residencias de ancianos de Inforesidencias.com, veríamos que para quien busca residencia geriátrica en Madrid o Barcelona, los precios se han reducido en los últimos años.  Esto puede ser visto de diferentes formas pero, sea como sea, nos puede llevar a un callejón sin salida.

Autor del post Josep de Martí

INTERVENCIÓN JUDICIAL DEL INGRESO EN RESIDENCIAS: EL JUGUETE DE FISCALES Y JUECES

El día 1 de febrero de 2011 hará veinte años que empecé a trabajar en el sector de la atención a personas mayores.  Muchas cosas han cambiado desde entonces pero una sigue inalterable: Todavía no hemos resuelto el problema jurídico que se genera cuando una persona con demencia ingresa en una residencia.

Lo más curioso es que existen Leyes pensadas para regular el internamiento involuntario para recibir tratamiento psiquiátrico pero nunca se les ha ocurrido a nuestro gobernantes plantear una Ley para el ingreso "sin voluntad" en residencias.  Y es que no es lo mismo forzar a una persona a quedarse en un psiquiátrico, cuando vemos claramente que esa persona no quiere hacerlo, que hacer lo mismo con alguien que sufre demencia en una residencia.  A partir de aquí surgen las dudas ¿Es la residencia un centro abierto o cerrado?, ¿Es lo mismo ingreso que internamiento?, ¿Tiene relevancia que la persona reciba o no un tratamiento?..

Como esas dudas llevan años sin resolverse, aunque se trate de algo que afecta derechos fundamentales y debería tener la misma solución en toda España, cada Fiscalía, cada Audiencia y casi cada Juzgado han ido creando sus formas de actuar, diferentes de un lugar a otro e incluso cambiantes dentro de cada lugar.

Me acuerdo con cierta añoranza de mis tiempos de inspector cuando exigíamos a las residencias que comunicasen al juzgado el ingreso urgente de residentes con demencia.  En algunos casos me decían las residencias que el juzgado de su pueblo les  comunicaba que no hacía falta que comunicasen nada; en otros que sí había que comunicar pero que debía hacerlo el médico ya que el director de la residencia no estaba legitimado; en otros, que según los residentes el juzgado contestaba o no. Y, lo más curioso, un Juzgado de Barcelona especializado en incapacidades e internamientos, que cambiaba totalmente de criterio según la persona que ocupaba el cargo de juez.

También recuerdo que en una ocasión fui invitado por la patronal Castellano Manchega de residencias a impartir unas clases en cuatro ciudades de esa hermosa comunidad (Toledo, Guadalajara, Talavera de la Reina y Alcázar de San Juan).  Pues bien, cuando pregunté qué hacían cuando ingresaba un residente con demencia la respuesta dependía de si "a la Fiscalía de la zona le interesaba el tema más o menos".  En una zona una Fiscal había enviado circulares a las residencias, había hecho reuniones y tenía establecido un circuito de documentos.  En otra, nada por el estilo.

Hay libros en los que aparecen la disparidad de soluciones aportadas por las Audiencias Provinciales de distintas provincias (Protección Jurídica de los Mayores, Diez temas jurídicos de Portal Mayores o Internamientos civiles y derechos fundamentales de los usuarios de centros sanitarios, sociales y sociosanitarios).

En mi humilde opinión lo que pasa con el ingreso de mayores con demencia en residencias es que ses algo parecido a un juguete que se le regala a un niño.  Al principio hace mucha ilusión pero al cabo de unos días se aburren del mismo y lo arrinconan.  Así, algunos Fiscales y Jueces ven que en algunos casos se han producido abusos e intentan abordar la cuestión entendiendo que hay que aplicar la misma norma al internamiento psiquiátrico que al ingreso social.  Entonces empiezan a trabajar denodadamente: envían al forense a visitar a los residentes, piden informes, intentan aplicar el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (cosa totalmente imposible porque los plazos son irreales) y, al cabo de un tiempo, salvo que en su zona sólo haya una residencia, se les empiezan a acumular los expedientes.  Un día se dan cuenta de que, en la mayoría de los casos, la autorización del ingreso  no supone una mayor protección jurídica sino una mayore producción de papel y gestiones administrativas y, poco a poco empiezan a priorizar otras cosas.

Escribo eso al hilo de una noticia aparecida en el Faro de Vigo que explica los problemas que están apareciendo al exigir la Fiscalia que un juez ratifique los ingresos en residencias de personas con demencia. 

Vale la pena leer la noticia ya que dice que esa obligación viene de la Ley de Dependencia y la Ley Gallega de Servicios Sociales.  Eso no es cierto:  Repito, la competencia sobre derechos fundamentales es del Estado y la regulación sobre internamientos que ahora exigen en Vigo está en la Ley de Enjuiciamento Civil.

A las residencias que estan viviendo esas situación les recomiendo paciencia.  El niño se aburrirá del juguete.

A nuestros gobernantes les pido acción: El número de personas con demencia no para de crecer ¿Podrían legislar una solución específica para el ingreso en residencias que de verdad supusiese una protección para quien la necesite sin convertirse únicamente en un procedimiento burocrático estéril?

CATALUÑA APUESTA POR UNA PRESTACIÓN VINCULADA GENERALIZADA

El Govern acreditará centros privados para aliviar las listas de espera de la dependencia

El nuevo Conseller de Benestar y Familia, Josep Lluis Cleries, quiere tomar medidas rápidas y drásticas para acabar con la situación de miles de personas con gran dependencia que esperan las ayudas de la dependencia.

Para ello anuncia que acreditará residencias privadas y utilizará la fórmula de la prestación económica vinculada al servicio aprovechando las residencias privadas existentes.

Si Cleries aprueba rápidamente una norma de acreditación flexible y permite a los ciudadanos elegir entre las diferentes residencias existentes pagando una parte de la estancia en las mismas la residencia y el resto el dependiente es muy posible que la precaria situación del sector mejore sustancialmente. Se puede garantizar la subsistencia en estos momentos difíciles de muchas residencias que, si hubiera seguido la errática actitud del anterior gobierno, se habrían visto abocadas al cierre.

Ahora sólo falta que se pongan a trabajar y podamos ver ese decreto de acreditación bien pronto.

En el enlace superior aparece la noticia de la Vanguardia.