Una de las tareas más difíciles que puede desarrollar un ser humano es la de gobernar la vida de otros seres humanos. Bueno, gobernar "bien" la vida de otros.
Me imagino lo complicado que debe ser tener todo un país en la cabeza, sopesando las decisiones, sabiendo que gastar en una cosa supone no poder gastar tanto en otra o, algo no desdeñable: que ser capaz de encontrar a alguien capacitado para encabezar un ministerio o una secretaría de estado puede suponer que las políticas a desarrollar tengan más o menos éxito, pudiendo llegar el titular a hacer sombra al propio líder.
Como aficionado a la política, me parece que los momentos de crisis (sustitución de ministros) son muy interesantes.
Me pareció muy significativa en 2008 la creación del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Por un lado nos daba señales claras de que "eso de la dependencia" no le preocupaba lo suficiente como para que tuviese entidad propia, además, frente al Ministerio Pupurri puso a una persona que parecía preparada y decidida a ser la Ministra de Educación pero que se había encontrado con que, de propina le habían metido dos cosas más. Después resultó que la Sra. Cabrera era una de esas políticas grises pero que van haciendo. Incluso nos sorpendió un día con un arranque de sinceridad cuando dijo que la crisis económica podría llegar a tener algún efecto en el desarrollo de la Ley de Dependencia.
Cuando la política social, y por ende la dependencia, pasó a depender de Sanidad y se puso a la cabeza a Trinidad Jiménez pensé que nuestro sector iba a ganar espacio en la agenda del presidente. Trinidad Jiménez puede ser muchas cosas pero no es gris: ella nunca hubiese dicho que la Ley de Dependencia se podría ver afectada por la crisis. Ella dice que los presupuestos de dependencia seguirán creciendo, mete la tijera en forma de anulación de la retroactividad, reduce el Plan Concertado y después nos convence de que no ha habido recorte.
¿Qué quiere decir ahora que Leyre Pajín sea la nueva Ministra? A mí he ha cogido totalmente descolocado. Una cosa es dar a un ministerio "perfil político" pero otra es sólo darle ese perfil. Me cuesta mucho creer que entre las filas socialistas, entre los políticos/técnicos que gobiernan desde ese partidos en grandes ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas.. no haya encontrado nuestro Presidente del Gobierno a una persona con una trayectoria en la que hubiese experiencia en gestión política de algo relacionado con la sanidad o los serivicios sociales. O a alguien que gozase de una autoridad profesional que, a priori le hiciese merecedor de confianza.
A mi entender el Presidente ha optado por la fidelidad política por encima de todo lo demás. No creo que con el nombramiento haya persequido un arreglo a la deficiente aplicación de la Ley de Dependencia o, por lo menos la búsqueda de un sistema de relación con las comunidades autónomas que permitan aplicar la actual ley de una forma más pacífica.
No me cabe duda de que en la mente del Presidene la Ley de Dependencia no ocupa más que un especio residual. Estoy convencido de que el hecho de que esté sirviendo para repartir dinero entre las familias en vez de prestar servicios ya le parece bien porque lo ve como una medida contra la crisis más que contra la dependencia.
Por eso Zapatero ha elegido a una luchadora más que a una gestora, y supongo que la victoria a que aspiriará la Sra. Pajín no será la de la mejora de la Ley de Dependencia sino la de las elecciones del 2012.
Como a menudo me equivodo, espero hacerlo esta vez también. En este foro no hablo de fútbol pero yo fui de los que pensé que Guardiola no llegaría a ver la Navidad, cuando lo nombraron entrenador en verano.
Si la Sra. Pajín gana seis copas, aceptaré mi error desde este blog.
sábado, 30 de octubre de 2010
viernes, 17 de septiembre de 2010
CONCIERTO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN CATALUÑA
La Generalitat ha aunciado en Julio que piensa convertir las 14.000 plazas de colaboración en concertadas mediante un sistema en el que "invitará" a las residencias colaboradoras a presentar una oferta en la que deberían acreditar que cumplen unos determinados requisitos.
Primero dijo que las invitaciones se empezarían a enviar en Septiembre y que empezarían por las más grandes (las que tienen más plazas colaboradoras), ahora dicen que será en Octubre y que empezarán por las que no tengan sanciones pendientes ni expedientes sancionadores abiertos.
Ante estas manifestaciones de voluntad pública me gustaría hacer tres reflexiones:
1. Sobre la credibilidad de los actuales responsables del Departamento
En los últimos tres años, el Departament d'Acció Social i Ciutadania, a través de la consellera o la directora general del ICASS ha ido haciendo anuncios que después no se han sustanciado en nada. Por ejemplo, en diciembre de 2008 dijeron que durante 2009 se podrían acreditar nuevos centros colaboradores (no fue así), que antes de finalizar 2009 habría un decreto de acreditación (tampoco fue así). Estos incumplimientos de la palabra dada no tenían ninguna relación con la crisis económica debido a que no hubiese costado dinero abrir la convocatoria o sacar un Decreto que parece tienen preparado hace meses.
Hubo residencias que creyeron lo que dijo la Generalitat y esperaron poder acreditarse durante 2009. Hoy son de los que no pueden ingresar, a pesar de cumplir los requisitos para ser colaboradores, ningún residente beneficiario de la Ley de Dependencia. Incluso ven como sus residentes actuales tienen que irse a otros centros cuando solicitan la ayuda ya que, desde servicios sociales les dicen que tienen que ingresar en un centro colaborador o concertado para poder tramitar la ayuda.
Estas residencias no podrán presentarse a la nueva concertación ya que, como está sometida a "invitación previa", quedarán excluídas sin remisión.
Algunas de ellas piensan: "Si no hubiese creído a la administración me hubiese presentado como centro colaborador antes de acabar 2008 y ahora no se estarían yendo los residentes".
2. El abuso del sistema negociado sin publicidad
Las administraciones públicas están obligadas, cuando contratan a aplicar unos principios que intentan garantizar que contraten el mejor servicio y al mejor precio. Entre estos principios están los de concurrencia o transparencia.
Sin embargo Acció Social i Ciutadania utiliza un sistema, que la ley permite con ciertas cautelas, que es el "negociado sin publicidad", esto le permite invitar a los licitadores entre aquéllos que ella considere adecuados.
Cuando, en abril de 2009 convocó 1500 plazas de concierto pudieron presentarse a la licitación todas las residencias que pensaban que cumplían los requisitos y querían hacer una oferta. Fue un ejemplo de cómo deben hacerse las cosas (aunque también hubo detalles cuestionables). El problema fue que se generó tanto trabajo para el servicio de contratación que parece que ya no están dispuestos a volver a utilizar ese sistema de nuevo. Lo cierto es que la documentación que se tiene que presentar (y debe ser estudiada por los funcionarios) es igual de voluminosa para comptrar dos mesas que para contratar un concierto de 500 plazas. Si se presentan 200 residencias a uno de esos "concursos" el servicio se bloquea.
Entiendo que, a pesar de ello, la Generalitat debería dar la oportunidad de presentarse a todas las residencias que cumplan con los requisitos que ella determine.
3. Violación del principio de presunción de inocencia y surgimiento de un caso de indefensión
Si fuese cierto que las residencias que tengan un expediente sancionador abierto no serán invitadas a concertar, estaríamos ante un a violación clara del principio de presunción de inocencia.
Una residencia puede tener un expediente sancionador abierto que, durante su tramitación se archive (porque no se habían probado suficientemente los cargos o porque la corrección de las deficiencias se consideró suficiente para proponer el archivo). De hecho e principio de presunción de inocencia establece que todos somos inocentes salvo que se demuestre lo contrario (mediante una resolución administrativa o judicial). En esos casos, si el mero hecho de tener el expediente abierto hace que la administración no "invite" se produce una clara violación de este principio.
Pero es aun más grave ya que, si sucede, la víctima no podrá hacer nada ya que no tendrá nada que recurrir. Si va a la administración ésta le podrá decir que ella invita a quién considera más adecuado y que no le tienen que dar explicaciones porque no tiene la consideración de interesado en un expediente que no conoce porque es "sin publicidad".
Ante esta situación, no es de extrañar que surjan opiniones totalmente contrarias a la concertación que propugnan que ninguna residencia debiera aceptar la invitación.
Yo creo que cada cual debe hacer su valoración pero que, sea como sea, no se están haciendo bien las cosas.
Primero dijo que las invitaciones se empezarían a enviar en Septiembre y que empezarían por las más grandes (las que tienen más plazas colaboradoras), ahora dicen que será en Octubre y que empezarán por las que no tengan sanciones pendientes ni expedientes sancionadores abiertos.
Ante estas manifestaciones de voluntad pública me gustaría hacer tres reflexiones:
1. Sobre la credibilidad de los actuales responsables del Departamento
En los últimos tres años, el Departament d'Acció Social i Ciutadania, a través de la consellera o la directora general del ICASS ha ido haciendo anuncios que después no se han sustanciado en nada. Por ejemplo, en diciembre de 2008 dijeron que durante 2009 se podrían acreditar nuevos centros colaboradores (no fue así), que antes de finalizar 2009 habría un decreto de acreditación (tampoco fue así). Estos incumplimientos de la palabra dada no tenían ninguna relación con la crisis económica debido a que no hubiese costado dinero abrir la convocatoria o sacar un Decreto que parece tienen preparado hace meses.
Hubo residencias que creyeron lo que dijo la Generalitat y esperaron poder acreditarse durante 2009. Hoy son de los que no pueden ingresar, a pesar de cumplir los requisitos para ser colaboradores, ningún residente beneficiario de la Ley de Dependencia. Incluso ven como sus residentes actuales tienen que irse a otros centros cuando solicitan la ayuda ya que, desde servicios sociales les dicen que tienen que ingresar en un centro colaborador o concertado para poder tramitar la ayuda.
Estas residencias no podrán presentarse a la nueva concertación ya que, como está sometida a "invitación previa", quedarán excluídas sin remisión.
Algunas de ellas piensan: "Si no hubiese creído a la administración me hubiese presentado como centro colaborador antes de acabar 2008 y ahora no se estarían yendo los residentes".
2. El abuso del sistema negociado sin publicidad
Las administraciones públicas están obligadas, cuando contratan a aplicar unos principios que intentan garantizar que contraten el mejor servicio y al mejor precio. Entre estos principios están los de concurrencia o transparencia.
Sin embargo Acció Social i Ciutadania utiliza un sistema, que la ley permite con ciertas cautelas, que es el "negociado sin publicidad", esto le permite invitar a los licitadores entre aquéllos que ella considere adecuados.
Cuando, en abril de 2009 convocó 1500 plazas de concierto pudieron presentarse a la licitación todas las residencias que pensaban que cumplían los requisitos y querían hacer una oferta. Fue un ejemplo de cómo deben hacerse las cosas (aunque también hubo detalles cuestionables). El problema fue que se generó tanto trabajo para el servicio de contratación que parece que ya no están dispuestos a volver a utilizar ese sistema de nuevo. Lo cierto es que la documentación que se tiene que presentar (y debe ser estudiada por los funcionarios) es igual de voluminosa para comptrar dos mesas que para contratar un concierto de 500 plazas. Si se presentan 200 residencias a uno de esos "concursos" el servicio se bloquea.
Entiendo que, a pesar de ello, la Generalitat debería dar la oportunidad de presentarse a todas las residencias que cumplan con los requisitos que ella determine.
3. Violación del principio de presunción de inocencia y surgimiento de un caso de indefensión
Si fuese cierto que las residencias que tengan un expediente sancionador abierto no serán invitadas a concertar, estaríamos ante un a violación clara del principio de presunción de inocencia.
Una residencia puede tener un expediente sancionador abierto que, durante su tramitación se archive (porque no se habían probado suficientemente los cargos o porque la corrección de las deficiencias se consideró suficiente para proponer el archivo). De hecho e principio de presunción de inocencia establece que todos somos inocentes salvo que se demuestre lo contrario (mediante una resolución administrativa o judicial). En esos casos, si el mero hecho de tener el expediente abierto hace que la administración no "invite" se produce una clara violación de este principio.
Pero es aun más grave ya que, si sucede, la víctima no podrá hacer nada ya que no tendrá nada que recurrir. Si va a la administración ésta le podrá decir que ella invita a quién considera más adecuado y que no le tienen que dar explicaciones porque no tiene la consideración de interesado en un expediente que no conoce porque es "sin publicidad".
Ante esta situación, no es de extrañar que surjan opiniones totalmente contrarias a la concertación que propugnan que ninguna residencia debiera aceptar la invitación.
Yo creo que cada cual debe hacer su valoración pero que, sea como sea, no se están haciendo bien las cosas.
sábado, 7 de agosto de 2010
OBSERVATIORIOS ARROJADIZOS
Aunque al común de los mortales no se lo parece, un observatorio puede ser mucho más que un edificio coronado por una cúpula de a que emerge un telescopio.
Desde hace años, no existe área de actividad, por baladí que sea, que no disponga de su propio “observatorio”. Los tenemos flamantes como el de la violencia de género, curiosos como el de convivencia escolar e incluso exóticos como el Observatorio Experimental Piloto de Iniciativas de Paz y Desarrollo en Territorios de Minorías Étnicas (quien crea que es broma que Googlee un poco).
Lo llamativo es que cuando hablamos de la Ley de Dependencia, la astenia que se vive a la hora de desarrollar aspectos básicos (normas autonómicas de acreditación y copago, por ejemplo), se torna en frenesí cuando se trata de crear observatorios que de forma directa o indirecta observen la aplicación de la Ley. Así, hay algunos de carácter institucional como el de Personas Mayores o el de la Discapacidad que ya existían. Surgieron iniciativas autonómicas como la Gallega donde antes de las últimas elecciones anunciaron la creación de un Observatorio Permanente para la Dependencia e incluso Ayuntamientos como el de Fuenlabrada que creó su Observatorio Municipal de la Dependencia. Fuera de la administración vemos que la Universidad de Valencia tiene su ONDEP, Observatorio Nacional de Dependencia, FEAPS también tiene el suyo y la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales su Observatorio Para el Desarrollo de la Ley de Dependencia (que se ha hecho famoso con controvertidos informes en que ponen notas a las comunidades autónomas o desvelando cuáles “hacen caja con la ley”).
Al lado de estos observatorios “oficiales” y “denunciantes” recientemente ha aparecido una nueva modalidad que yo denominaría como “observatorio arrojadizo”. En Madrid, se ha creado uno, del que forman parte los sindicatos mayoritarios, asociaciones de vecinos y una asociación de consumidores, en la presentación del cual han anunciado que una de sus finalidades es denunciar los reiterados incumplimientos de la Ley por parte de la Comunidad de Madrid.
Me parece perfectamente lícito y beneficioso que los ciudadanos “vigilen” a las administraciones ya que creo que los poderes públicos deben ser muy escrupulosos cuando gestionan lo que es de todos y sabemos que lo hacen mejor cuando se sienten controlados. Lo que me produce risa es que sean los sindicatos, financiados con dinero público, quienes se constituyan en vigilantes y me produce aún más risa, rozando la carcajada, cuál ha sido la reacción de la Comunidad de Madrid: “lo más lógico sería crear un Observatorio Social para la Dependencia de carácter Estatal y no uno en cada región”. O sea, otro más.
Si vemos los antecedentes no es descabellado pensar que acabaremos con diecisiete observatorios autonómicos, otro estatal, uno de los sindicatos, otro de las patronales y catorce o quince más de diferente pelaje. Me pregunto, ¿tendría éxito un metaobservatorio que se dedicase a observar los observatorios?
Por cierto, para los que no hayan googleado, el Observatorio Experimental Piloto de Iniciativas de Paz y Desarrollo en Territorios de Minorías Étnicas, no es español sino colombiano, pero con un nombre así no podía resistirme a referirme a él.
Desde hace años, no existe área de actividad, por baladí que sea, que no disponga de su propio “observatorio”. Los tenemos flamantes como el de la violencia de género, curiosos como el de convivencia escolar e incluso exóticos como el Observatorio Experimental Piloto de Iniciativas de Paz y Desarrollo en Territorios de Minorías Étnicas (quien crea que es broma que Googlee un poco).
Lo llamativo es que cuando hablamos de la Ley de Dependencia, la astenia que se vive a la hora de desarrollar aspectos básicos (normas autonómicas de acreditación y copago, por ejemplo), se torna en frenesí cuando se trata de crear observatorios que de forma directa o indirecta observen la aplicación de la Ley. Así, hay algunos de carácter institucional como el de Personas Mayores o el de la Discapacidad que ya existían. Surgieron iniciativas autonómicas como la Gallega donde antes de las últimas elecciones anunciaron la creación de un Observatorio Permanente para la Dependencia e incluso Ayuntamientos como el de Fuenlabrada que creó su Observatorio Municipal de la Dependencia. Fuera de la administración vemos que la Universidad de Valencia tiene su ONDEP, Observatorio Nacional de Dependencia, FEAPS también tiene el suyo y la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales su Observatorio Para el Desarrollo de la Ley de Dependencia (que se ha hecho famoso con controvertidos informes en que ponen notas a las comunidades autónomas o desvelando cuáles “hacen caja con la ley”).
Al lado de estos observatorios “oficiales” y “denunciantes” recientemente ha aparecido una nueva modalidad que yo denominaría como “observatorio arrojadizo”. En Madrid, se ha creado uno, del que forman parte los sindicatos mayoritarios, asociaciones de vecinos y una asociación de consumidores, en la presentación del cual han anunciado que una de sus finalidades es denunciar los reiterados incumplimientos de la Ley por parte de la Comunidad de Madrid.
Me parece perfectamente lícito y beneficioso que los ciudadanos “vigilen” a las administraciones ya que creo que los poderes públicos deben ser muy escrupulosos cuando gestionan lo que es de todos y sabemos que lo hacen mejor cuando se sienten controlados. Lo que me produce risa es que sean los sindicatos, financiados con dinero público, quienes se constituyan en vigilantes y me produce aún más risa, rozando la carcajada, cuál ha sido la reacción de la Comunidad de Madrid: “lo más lógico sería crear un Observatorio Social para la Dependencia de carácter Estatal y no uno en cada región”. O sea, otro más.
Si vemos los antecedentes no es descabellado pensar que acabaremos con diecisiete observatorios autonómicos, otro estatal, uno de los sindicatos, otro de las patronales y catorce o quince más de diferente pelaje. Me pregunto, ¿tendría éxito un metaobservatorio que se dedicase a observar los observatorios?
Por cierto, para los que no hayan googleado, el Observatorio Experimental Piloto de Iniciativas de Paz y Desarrollo en Territorios de Minorías Étnicas, no es español sino colombiano, pero con un nombre así no podía resistirme a referirme a él.
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