LO QUE SE ENCONTRARÁ LA LEY DE DEPENDENCIA

La Ley de la Dependencia (o de la “Autonomía personal”, o de los “seis mil millones de Euros”), sigue su penosa gestación después de haberse aprobado ya el texto del proyecto de ley el día 21 de abril. Digo penosa porque a cada paso queda más enjuta y enclenque. Lo que se anunció como un derecho universal, de universal tendrá el nombre y nada más. Eso será así si hacemos caso al ministro Caldera que en El País de 8 de Diciembre dice que “la admisión al sistema [de dependencia] tiene un filtro en función de la renta y patrimonio. Los que puedan permitirse una asistencia privada no serán incluidos”. Yo creía que algunos servicios públicos, como la sanidad y la educación, eran universales porque se accedía a ellos con independencia del nivel de renta. Incluso creo recordar que en alguna de las innumerables ocasiones en que se nos había explicado desde el gobierno esto de la futura Ley, se nos decía que todos los dependientes podrían acceder al sistema aunque los que pudiesen colaborarían mediante copago en el sostenimiento del mismo. Quizás lo entendí mal.

Espero que lo del “filtro” haya sido un desliz del ministro y que, efectivamente el futuro sistema no establezca barreras de entrada por motivos de renta ya que, en ese caso, el intento de dejar entrar a la clase media en el sistema tendría serios riesgos de fracaso.

Sea como sea, todavía falta que el proyecto de Ley se presente a las Cortes y que éstas lo discutan. El PP ofrece un pacto de estado sobre dependencia y, salga lo que salga se nos avisa de que poner en marcha el sistema llevará unos ocho años. Lo que está claro es que 2006 será el año en que se discutirá en serio la Ley. ¿Mi pronóstico? Aunque espero equivocarme, creo que al final el Sistema Nacional de Dependencia será un sistema de transferencia de fondos a las comunidades autónomas, con una norma básica muy laxa y tantos sistemas reales como comunidades. ¿Llegará a suponer el mantenimiento del sistema el 1% del PIB?, lo dudo. De todas formas, lo sabremos en 2014.

Otro aspecto importante que está trayendo cola es el IV convenio colectivo estatal de residencias y atención domiciliaria y lo que ello comporta para la relación entre asociaciones patronales. De momento la constitución de la mesa de negociación ha sido polémica ya que tenemos una acta firmada por los sindicatos, y las patronales FNM y LARES en que se dice que CEAD ha aceptado una asignación de representantes. Por otro lados CEAD nos dice que no han aceptado de ningún modo el reparto, que están disconformes con el sistema utilizado para acreditar la representatividad de cada patronal y que estudian impugnar la constitución de la mesa.

La pugna no tendría mayor relevancia en otras circunstancias, pero ahora sí. Desde el lado sindical ha habido huelgas en Madrid y Aragón intentando conseguir mejores condiciones, y, en la Comunidad de Madrid se ha firmado un convenio con subidas del 7% durante tres años consecutivos lo que ha soliviantado a parte de las residencias, llegándose a exigir la dimisión del presidente de la patronal madrileña AMRTE. Casi todos los empresarios admiten que los salarios son bajos y que cuesta mucho encontrar profesionales preparados que quieran trabajar en el cuidado de personas mayores, pero a la vez ven que existe una relación directa entre los salarios que se pagan y los costes de prestación del servicio (unos costes en los que el primer capítulo es el de personal). Querer ver sólo un lado de la ecuación no es en absoluto razonable pero dar solución al problema puede resultar muy complicado. Sobre todo si pensamos que los cálculos de coste del futuro Sistema Nacional de Dependencia se han hecho basándose en costes actuales y con incrementos ajustados a inflaciones previstas de forma que un aumento muy por encima de IPC de salarios y una reducción considerable de jornada llevarían al traste todos los cálculos efectuados y, posiblemente, la viabilidad misma del sistema.

Otro factor con el que se encuentra el recién aprobado proyecto de Ley es el de la ligera disminución de la demanda objetiva que se producirá durante los próximos años ocasionada por el bache demográfico de los que murieron de niños o no nacieron en los años de la guerra civil. Aún así, es muy posible que otros factores como los bajos niveles de paro femenino y el aumento de renta de los mayores compensen esa circunstancia haciendo que la demanda se mantenga firme. Una cuestión que empezará a dilucidarse durante en 2006 es si la promoción de productos de licuación patrimonial (rentas vitalicias, hipotecas inversas, pensiones hipotecarias..) llegarán a notarse como factores de aumento de demanda solvente. Estos productos (algunos nuevos, otros no tanto) no se están promocionando únicamente como medio de financiación de la dependencia sino más bien como obtención de más recursos para la época de madurez. Aún así pueden tener una gran importancia como creadores de opinión, no olvidemos que, entre las cosas que se nos han dicho de la futura Ley, aparece una vinculación del patrimonio del dependiente en el copago futuro del servicio ¿no viene esto a ser una especie de hipoteca inversa pública? ¿Querrán gestionar directamente las administraciones ese sistema o lo harán instituciones financieras o aseguradoras por encargo de aquellas?

¿Será en el lado de la oferta dónde se produzcan cambios llamativos? Vivimos en un momento en el que, por primera vez existe un número elevado de plazas libres en residencias privadas. Esta puntual sobreoferta no puede solucionarse con una bajada generalizada de precios ya que los márgenes de beneficios tampoco son muy elevados. Así las cosas, la nuevas residencias se preparan para aguantar durante más tiempo del previsto antes de alcanzar el punto de equilibrio mientras que los centros más consolidados, acostumbrados a ocupaciones superiores al 90% se ajustan para subsistir con otras algo inferiores.

En esta situación, seguro que en los próximos doce meses veremos alguna fusión/adquisición entre los grandes y alguna toma de posiciones por parte de empresas hasta ahora ajenas al sector, también continuará el rosario de inauguraciones de aquellos centros que fueron pensados hace cuatro o cinco años cuando los expertos decían que hacían falta miles de nuevas plazas. Hoy, casi todos los grupos han hecho una “parada de reflexión” en sus políticas de expansión, pero, claro, ésta afecta a nuevos proyectos, no a los que ya estaban en marcha.

Las residencias pequeñas y las micro-residencias seguirán viviendo entre unas administraciones que parecen dispuestas a asfixiarlas y muchos clientes que las prefieren a pesar de no poder ofrecer algunos de los servicios y espacios que las más grande sí tienen. Muchos de estos centros de menos de 25 plazas se enfrentarán también, como ya está sucediendo en los últimos años, a la finalización de sus contratos de alquiler y las negativas de renovación por parte de propietarios de inmuebles que han multiplicado su valor en los últimos años.

Otra incógnita que quizá empiece a despejarse el año que empieza es cómo se comercializarán las nuevos productos inmobiliarios dirigidos a personas mayores válidas. Un paseo por cualquiera de las últimas ferias y jornadas nos permitía hacernos a la idea de la gran cantidad de “edificios”, “complejos” e incluso “ciudades” para mayores que se están construyendo sobre todo en las grandes ciudades y en las zonas de costa. Hasta ahora sabemos que los apartamentos para mayores en ciudades empiezan a tener cierta aceptación (sobre todo cuando son de venta de forma que se convierten en una inversión) pero, ¿tendrán éxito esas nuevas promociones? ¿Serán españoles o extranjeros los que acaben viviendo en esos apartamentos y bungalows?

Quizás otro cambio que se irá produciendo en el sector, y en el que no puedo ser neutral, es el del uso de internet por parte de las personas que buscan un servicio (residencia, atención domiciliaria) o un trabajo. Durante 2005 Inforesidencias.com ha celebrado su quinto aniversario alcanzando el medio millón de visitas anuales y las 10.000 búsquedas de servicio. También durante este año han aparecido más webs dirigidas al sector de la atención a personas mayores y rara es la residencia que no disponga de su propio sitio en internet. Creo (y espero) que, a medida que se extienda la sociedad de la información se generalizará el uso de la red como primer medio de búsqueda de servicios.

Fuera del mundo de las residencias, y entrando en los servicios a domicilio, sin duda las administraciones seguirán apostando por la extensión de la teleasistencia. Mientras tanto la atención domiciliaria privada continuará con su peculiar convivencia con la competencia desleal de la economía sumergida y la búsqueda de nuevos campos de actividad, mientras mira de reojo la evolución de la ley de autonomía personal.

MOVIMIENTO EN LAS CÚPULAS

Cuando Amma y Gerogestión anunciaron en junio de 2005 que integraban sus negocios para crear el tercer operador nacional del sector de la promoción y gestión de servicios gerontológics a casi todos nos cogió por sorpresa ya que, a priori, parecía que eran empresas con perfiles muy distintos. La operación, desde un principio tuvo matices poco comunes ya que, casi siempre, detrás de una fusión se esconde una adquisición y, casi siempre el más grande acaba asimilando al pequeño, transformándose a la vez en el proceso. Por eso resultaba sorprendente que la nueva empresa tuviese su sede en Valladolid y no en Pamplona o que siguiese como director general Benigno Maújo y no alguien de la órbita de Amma. Al fin y al cabo la empresa navarra tenía al principio una participación del 66% en la resultante.

En los últimos días algo ha pasado que ha vuelto las cosas a la ortodoxia de lo esperable, aunque con alguna sorpresa. Primero la salida de Benigno Maújo (director general de Gerogestión antes de la fusión) hizo que apareciesen las inevitables quinielas en las que muchos coincidíamos. Unos días después hemos sabido que las quinielas iban erradas al conocer el nombramiento de Rafael Iglesias, hasta hace poco director general de Sanyres, y el regreso de la sede central de la nueva Amma/Gerogestión a Pamplona.

Y es que muy pocos podían imaginar que la salida de Iglesias de la empresa cordobesa y su sustitución por Javier Romero, pudiera tener algo que ver con los movimientos en la cúpula de la nueva Amma/Gerogestión.

Parece que la opción elegida por los accionistas ha sido la de aumentar el protagonismo de Caja Navarra en la gestión del grupo aunque prefiriendo que el proceso lo lidere alguien que no pueda ser vinculado a ninguna de las empresas fusionadas. Un proceso en el que el mayor reto será sin duda, armonizar dos formas de hacer manteniendo un ritmo de aperturas que, en los próximos años hará multiplicar el número de camas del grupo.

Una incógnita es ahora qué hará Benigno Maújo, un verdadero activo para el sector que ha ejercido en su carrera responsabilidades en el sector público y privado. Tendremos que estar atentos ya que parece que las consecuencias de la fusión pueden seguir produciendo “efectos rebote” en las cúpulas.

Lo que está claro es que en este sector pasa lo mismo que en cualquier otro y que movimientos así, pasada la sorpresa inicial, no son más que síntomas de un proceso de maduración y cambio que nos deparará, seguro, novedades más grandes.

¿Hablaremos el mes que viene de otra sorpresa?

CONVENIO DE MADRID Y POSIBLES CONSECUENCIAS

Tras una larga negociación, con huelgas y manifestaciones incluidas, el convenio colectivo de la comunidad de Madrid ha sido finalmente firmado pactándose una subida salarial del 7% (o, sea un 24% acumulado) durante tres años.

El presidente de la patronal Madrileña, AMRTE, ha recibido desde la firma un alud de críticas de parte del sector. La Federación Nacional se ha sumado al rechazo enviando una carta a las residencias madrileñas acusándole de hundir al sector, y un grupo de asociados ha pedido la celebración de una asamblea para acordar su destitución.

D. Pascual Berlanga, presidente de la asociación madrileña, se defiende acusando a quiénes le acusan y, mediante otra carta titulada “no te dejes manipular, quieren engañarnos” apunta a intereses no confesados por parte de la Federación Nacional y algún miembro de la propia AMRTE. D. Pascual ve en la subida salarial pactada una solución mejor para el sector que las otras propuestas que se barajaban en la mesa de negociación y que hubiesen supuesto cinco puntos adicionales de incremento. Para sustentar su posición ha hecho circular un cuadro comparativo entre la última propuesta existente y la finalmente aprobada.

Quizá cuando se publiquen estas líneas ya se haya producido la asamblea de AMRTE y sepamos si la mayoría de residencias secundan el razonamiento del presidente o, por el contrario lo censuran llegando incluso a destituirlo en el cargo. Sea como sea lo que está claro es que el convenio está aprobado legalmente y tendrá vigor hasta 2008.

Quien piense que los trabajadores están contentísimos con el nuevo convenio sólo tiene que entrar en el foro de Inforesidencias.com y verá que la mayor parte de las intervenciones, en una discusión que se ha abierto al efecto, son contrarias a lo pactado. Hay críticas a los sindicatos por “haberles vendido” a cambio de muy poco y acusaciones de “pasteleo”. ¿Qué subida pretendían los que critican el convenio? Eso no lo dicen en el foro.

Si algo claro puede sacarse de toda esta situación es que, el hecho de que se haya negociando a la vez un convenio para la comunidad de Madrid y otro estatal (que no se aplicará en esa comunidad ni en otras seis que tienen convenio propio) puede producir un grado de “contaminación” entre ambos que no traerá efectos positivos.

¿Será la subida marcada en el convenio de Madrid la que seguirá el estatal? A priori podría parecer que sí debido a que en la parte sindical de la mesa se sientan las mismas organizaciones en ambas negociaciones. En cambio también hay claros indicios de que puede no ser así. Actualmente el convenio estatal lo están negociando la FNM y LARES después de no haber aceptado la CEAD el sistema de cuantificación de representatividad utilizado para la constitución de la mesa. José Joaquín García, vicepresidente de la FNM, que dirige la negociación por la parte patronal, está entre los que con más ímpetu han criticado el convenio de Madrid por lo que parece que no aceptará subidas como las establecidas pero, ¿podrá resistirse? ¿se producirá conflicto colectivo, manifestaciones y huelgas? Con los antecedentes en la mano podemos esperar que no.

Otro aspecto de la situación actual que puede llevarnos a reflexión es la consecuencia del convenio de Madrid en el futuro Sistema Nacional de Dependencia.

Cuando llegue a existir ese sistema (o, deberíamos decir, si llega a existir), un órgano nuevo que se llama Consejo Territorial de la Dependencia donde estarán representados el Estado y las comunidades autónomas, decidirá qué baremo se aplica para calcular la dependencia, qué catálogo de servicios y prestaciones corresponderá a cada nivel, cuál será la intensidad de la intervención y los requisitos de calidad de los servicios. Después el Estado pactará con cada una de las comunidades autónomas un convenio en el que se establecerán las necesidades de cobertura y servicios así como la financiación (la idea es que por cada euro puesto por el Estado haya, como mínimo, otro puesto por la comunidad autónoma). Todo ese sistema permitirá la existencia de un derecho subjetivo y universal a ser atendido en caso de dependencia. Pero ¿cuánto costará el sistema? Aquí es donde entra la negociación del convenio de Madrid.

Existe una memoria económica y varios estudios que sitúan el gasto, cuando se ponga la totalidad del sistema en funcionamiento, en alrededor de un 1% del Producto Interior Bruto español. Pero, ¿tienen en cuenta estos estudios que durante los próximos años pueden producirse incrementos salariales muy por encima del la inflación? ¿tienen en cuenta que la existencia de convenios colectivos autonómicos o provinciales pueden suponer que el coste de prestación de servicios difiera entre comunidades autónomas? Espero que sí, porque si no es así puede que el sistema nazca con una anemia que acabe matándolo antes de poder desarrollarse.